Por Rodolfo Yanzón*
(para La Tecl@ Eñe)

El oficialismo hace alarde permanente de su desprecio por la ley, sobre todo, la que protege derechos humanos. Los diputados del interbloque Cambiemos, el inefable Fernando Iglesias, el radical Mario Negri, el presidente del bloque PRO Nicolás Massot, y Pablo Tonelli, piden que el Poder Ejecutivo intente todas las vías a su alcance para remover a Eugenio Raúl Zaffaroni de su cargo de juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por haber dicho que esperaba que el gobierno se fuera cuanto antes. Mencionan cierta inhabilidad moral y una reiterada desvalorización de los principios democráticos. Aluden equivocadamente a la Comisión Interamericana durante la dictadura –no a la Corte- y  a su actuación en relación al genocidio en la Argentina, que Massot pretende dejar en el olvido. Entre el raconto sobre la trayectoria de Zaffaroni, mencionan sus declaraciones sobre Santiago Maldonado, de quien afirman que se ahogó solito. También aluden a interferencias de Zaffaroni sobre el sistema judicial.

Estas líneas no tienen como objetivo defender a Zaffaroni, sino analizar las acciones del oficialismo. Si bien quienes reclaman la remoción del juez aluden a actos y declaraciones del pasado, el disparador de la presentación fueron sus declaraciones sobre el gobierno de Macri. Zaffaroni fue muy crítico con la política económica y aclaró que se trataba de un deseo personal, que se fuera cuanto antes para que hiciera el menor daño posible. Tales declaraciones son pasto para las fieras pero de ningún modo expresiones antidemocráticas –sin dejar de lado la inconveniencia de haber sido proferidas por un juez- ni un llamado a la interrupción del mandato. Sucede que los diputados oficialistas equiparan a Macri con la democracia. Hasta ahí tales expresiones podrían ser tenidas como devolución de favores a quien les dio empleo y exposición pública al menos por unos años. Sin embargo, la presentación -suscripta por representantes de las fuerzas mayoritarias que integran el oficialismo- es parte del ataque a opositores (partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos) para aportar al relato de cambio por el que se quiere ocultar una vuelta a las primeras décadas del siglo XX, tanto en lo económico como en debilitar derechos esenciales.

El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, recordó en una nota publicada en Infobae, el aniversario 73 de la liberación de Auschwitz por parte de los soviéticos. No menciona ni a Auschwitz ni a los soviéticos, pero sí a Fernando De la Rúa y a Mauricio Macri, a quienes considera que hicieron aportes para concientizar sobre la gravedad de esos crímenes. El aporte de Macri fue haber recibido al Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu, uno de los principales responsables de los crímenes contra el pueblo palestino. Avruj menciona a las víctimas del Holocausto – palabra cuyo significado alude a sacrificio religioso-, pero no se hace justicia a las víctimas ni se les rinde completo homenaje si no se dice que el nazismo y el fascismo comenzaron a perseguir a opositores políticos, que los campos de concentración fueron utilizados para encerrar a esos opositores y que luego la persecución se dirigió hacia otros grupos, entre ellos a los judíos. Sin embargo para Avruj esas otras víctimas carecen de importancia, porque la persecución política forma parte del gobierno macrista, pero no para luchar contra ella.

El mismo día en que se cumplían seis meses de la desaparición de Santiago Maldonado, Avruj tuiteó “El cambio que llevamos adelante necesita de nuevos paradigmas. Tenemos que apoyar a los policías que luchan por cuidar la vida de todos”. Se refería a Luis Chocobar, el policía procesado por matar por la espalda a una persona y que fue recibido, felicitado y apoyado por Mauricio Macri en la casa de gobierno. A seis meses de lo de Maldonado, Macri reivindica la represión ilegal y la muerte y se  entromete en la labor judicial al exigir del juez una decisión favorable al homicida. Patricia Bullrich dijo que ni siquiera se había tratado de una legítima defensa, porque actuó cumpliendo su deber. La actitud del gobierno de Macri no sorprende, es la misma que tuvo con los gendarmes que persiguieron a Maldonado y con los prefectos que mataron a Rafael Nahuel. Para acompañar activamente al gatillo fácil, Macri cuenta con la colaboración de buena parte de medios y periodistas que hablan de un pobre policía embargado por haber salvado a un turista.

A seis meses de Maldonado, el Gobierno decidió no acusar a encubridores del atentado de la AMIA, a pesar de la opinión de los abogados, a quienes se les quitó el poder para que pudiera alegar un hombre de Daniel Angellici, operador del macrismo ante los jueces. Todo sucede con poca difusión de los mismos medios que machacan con el pacto con Irán y las inexistentes responsabilidades penales de funcionarios del gobierno anterior, varios de ellos presos.

Al relato autoritario, la represión ilegal y el aval al gatillo fácil, se le agrega la persecución política sobre opositores, sindicalistas, abogados, jueces y organizaciones sociales y de derechos humanos; la existencia de presos políticos y la campaña antimapuche, que el gobierno impulsa con acuerdo de autoridades chilenas para estigmatizar a sus integrantes como terroristas sin ningún derecho. La noticia de que la Fiscalía Nacional de Chile imputara a Carabineros de haber adulterado prueba para acusar a mapuches, no hizo mella en la Ministra Patricia Bullrich y Mauricio Macri en su afán persecutorio.

Especial atención merece el caso de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de Chile, sobreviviente de la dictadura de Pinochet, refugiado en nuestro país desde 2010 bajo la protección de la Convención Internacional de Refugiados. En diciembre de 2015 el gobierno de Macri inició conversaciones con la pinochetista Unión Democrática Independiente (UDI) de Chile –el segundo de Claudio Avruj, Hernán Schapira, es uno de los principales actores del acuerdo-, para hacer cesar el status de refugiado de Apablaza Guerra, lo que se produjo en diciembre pasado con el argumento de haberse presentado ante las autoridades consulares chilenas para prestar su testimonio como víctima de prisión política y tortura en su país. El gobierno de Macri –a instancias del pinochetismo- entiende que esa circunstancia sugiere que el mismo Apablaza Guerra se acogió voluntariamente a la protección de su país de origen y, en consecuencia, no necesita la protección internacional. La defensa interpuso recurso que tratará un juez en lo contencioso administrativo. Pero aún sin estar firme la decisión, el 2 de febrero de 2018 el Gobierno notificó a Apablaza Guerra que lo expulsaba de la Argentina por tener antecedentes en su país –se lo acusa sin pruebas de haber matado a Jaime Guzmán, senador pinochetista, por el solo hecho de haber pertenecido al FPMR- y por actividades terroristas -que no detalló-. El día anterior el diario El Cronista difundió que la decisión de expulsarlo era un favor de Macri al Presidente electo Sebastián Piñera. Apablaza Guerra recibió el apoyo de los organismos de derechos humanos, sobre todo porque la acción del gobierno lesiona gravemente principios esenciales de la Convención de Refugiados. Sin embargo, Macri decidió no sólo quitarle protección, sino también dejar de lado cualquier planteo de extradición –que es la forma legal para que un país reclame a otro para juzgar a una persona- echando mano a la expulsión, cuyo trámite es violatorio del derecho de defensa, a partir de la modificación por decreto de Macri, conculcando derechos de los migrantes. El Cronista termina su nota diciendo que este favor a Piñera es un anuncio de lo que sucederá con Facundo Jones Huala, quien sería enviado a Chile, aún si la extradición fuera rechazada.

Estos son los nuevos paradigmas de los que habla Claudio Avruj y con los que se pisotean cotidianamente derechos esenciales, y por los cuales diputados oficialistas no quieren que Zaffaroni continúe siendo juez de la Corte Interamericana. Convengamos que decir que cuanto antes se vaya este gobierno es, cuanto menos, un deseo en defensa propia, en defensa de la democracia y los derechos humanos.

Buenos Aires, 2 de febrero de 2018
*Abogado. DD.HH

Ver nota relacionada:
Arrestos domiciliarios a genocidas. Avruj, Garavano: “Nuevos paradigmas en DDHH” – Por Rodolfo Yanzón

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Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

Con aroma a campaña electoral, Clarín publicó el pasado 27 de julio una entrevista al Secretario de DDHH, Claudio Avruj, realizada por la periodista Natasha Niebieskikwiat, en la que abordó distintos temas. https://www.clarin.com/politica/claudio-avruj-reclamo-familiares-victimas-guerrilla-legitimo_0_ukq5DZK89.html

Analizó el rol de la Secretaría DDHH al recibir testimonios de venezolanos sobre presuntas violaciones a los DDHH en ese país, un modo de dejar en claro el posicionamiento de Macri en el contexto internacional; de la mano de Trump, el FMI hace campaña para el macrismo aportando no sólo dólares sino también declaraciones. Y, para enlazar aliados, Avruj justificó la declaración de Hezbolla como organización terrorista en expresiones dadas por el embajador israelí en nuestro país.

Al preguntársele por la identificación de soldados muertos en las islas Malvinas, Avruj habló de héroes y de las conversaciones con el embajador británico. No dijo nada sobre las torturas padecidas por los soldados ni de la causa penal en la que están imputados militares argentinos. Cuando habla de héroes oculta víctimas de violaciones a DDHH.

Sobre el reclamo para indemnizar a víctimas del accionar de organizaciones armadas (aquí sí utilizó la palabra víctima), Avruj se refirió e hizo suya la denuncia presentada por la hermana de un conscripto fallecido durante el intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa por parte de Montoneros, auspiciada y promovida por abogados defensores de procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad: María Laura Olea dejó su cargo de secretaria del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi, para defender a genocidas, y Ricardo Alberto Saint Jean, hijo del represor Ibérico Saint Jean y uno de los voceros de los militares presos.

La denuncia es apadrinada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, un grupo de letrados de extrema derecha que reivindica la dictadura, de estrechos vínculos con el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que nuclea a algunos de esos abogados y a profesionales de grandes grupos económicos. La Asociación escribió días atrás una carta al Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Oscar Ojea, en la que le reclamó por los militares presos y le achacó una “desmedida ponderación” a las Abuelas de Plaza de Mayo, preguntándose qué servicio brindaron a la patria en el “encuentro de la verdad que sana”.

Tales son quienes están detrás de la denuncia que Avruj hizo suya.

Saint Jean también defendió al comisario Carlos Sablich, condenado por torturas impuestas a personas detenidas acusadas del secuestro de Mauricio Macri, quien, siendo candidato a Presidente y mientras se debatía la condena de Sablich en la Cámara de Casación, reivindicó al torturador en el programa de Mirtha Legrand.

Los denunciantes dicen que se indemnizó a gente que atacó el regimiento. Lo que no dicen -y tampoco lo hace Avruj, puesto que está en campaña, y la mentira y el ocultamiento son armas predilectas de Cambiemos- es que para acceder a ese tipo de indemnizaciones debe haber una resolución fundada en elementos de prueba por la que se confirma, no la calidad de atacante, sino la de víctima del accionar ilegal de la represión ilegal que, por cierto, no comenzó el 24 de marzo de 1976, sino mucho antes. Entre los antecedentes que dan por tierra la institucionalidad y el orden constitucional aludidos por Avruj, se puede mencionar que el sistema judicial calificó de crimen de lesa humanidad la masacre de Trelew (22 de agosto de 1972); que en febrero de 1975 María Estela Martínez de Perón delegó en las FFAA todo lo relativo a la denominada “lucha contra la subversión”, fecha en la que comenzó a funcionar el centro clandestino de violaciones, torturas y desapariciones, conocido como la “escuelita de Famaillá” en Tucumán, en el marco del “operativo Independencia”; los reglamentos secretos militares de 1968 (vigentes hasta 1995) en los que se preveía y por los cuales se aplicó la tortura como método entre las acciones para generar terror entre la población; que desde ese año 1968, sin interrupción, el Batallón 601 del Ejército infiltró partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones sociales, entre otras, para perseguir, detener y hasta torturar a militantes políticos; que la Directiva 404 de octubre de 1975 del Ejército incluyó entre las organizaciones a “combatir” a organismos de DDHH, la CGT de los Argentinos, agrupaciones de base, Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y a las juventudes políticas argentinas; y que durante la recuperación del regimiento en Formosa en 1975, se aplicaron torturas y se mató gente indefensa.

Sin embargo, Avruj dice que, como había un gobierno constitucional, se trataba de defender a la patria, la institucionalidad y la democracia. A las familias de quienes murieron como consecuencia del ataque al regimiento se les otorgó una pensión, se los reconoció desde el primer minuto, hubo un proceso penal, un juez y un fiscal que investigaron y abogados que representaron intereses de las víctimas. Todo lo contrario a lo sucedido con las víctimas del terrorismo de Estado, que no comenzó el 24 de marzo de 1976, como Avruj pretende hacer creer, probablemente como un modo de justificar las muertes y actos represivos de su propio gobierno, como si un gobierno surgido de las urnas no pudiera violar los DDHH e, incluso, cometer crímenes de lesa humanidad o genocidio.

La periodista de Clarín le preguntó si en un nuevo gobierno de Macri podría haber una ley reparatoria para las FFAA y Avruj dijo que estaban trabajando en eso. Luego preguntó cuánto dinero “dio” el Estado en indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado. Avruj habló de “exageración” en el gobierno de CFK, que habilitó un resarcimiento a quienes fueron privados de libertad entre 1955 y 1983 por cualquier causa política. Hay que aclararle a la periodista de Clarín que no se “dio” dinero, sino que, en base a un imperativo legal y luego de los procedimientos de prueba ya mencionados, se otorgaron indemnizaciones en concepto de reparación a las víctimas. Algo muy distinto, por no decir opuesto, a lo sostenido por Clarín.

Lo que a Avruj le molesta, como a todo su gobierno, es la existencia del sindicalismo, de la izquierda y del peronismo, como también la censura a las políticas represivas impulsadas por las dictaduras que lo sucedieron y por el gobierno de Arturo Frondizi, con su plan CONINTES, antecedente de los métodos aberrantes de la última dictadura.

La periodista le preguntó sobre la relación de Macri con los organismos de DDHH, a la que calificó de “batalla campal”. Avruj dijo que siguen alineados a definiciones partidarias e ideológicas, equivocadas para él. Es decir, que si los organismos de DDHH se hicieran macristas por arte de birlibirloque, no estaría mal. Lo que subyace en el discurso del macrismo -reproducido aquí por medio de Avruj- es el mismo espíritu que alimentó las políticas represivas antes aludidas: odio a los sindicatos y a la política como herramienta de cambio de la clase trabajadora. En definitiva, un odio visceral a que los trabajadores se organicen para evitar que les arrebaten sus derechos, que les licúen sus salarios, que los dejen en la calle sin miramientos, como pretende el macrismo.

Trató la detención de Milagro Sala y de Santiago Maldonado (la periodista dijo que era el artesano cuya desaparición se denunció, aunque finalmente apareció ahogado). Ambos casos, para Avruj, están cerrados e implícitamente avaló lo realizado, como también hizo cuando el policía Chocobar mató por la espalda a un supuesto ladrón. Por razones similares es que también atribuyó a un mayor trabajo de la policía, sobre todo de la bonaerense, el aumento de la sobrepoblación carcelaria, lo que no le impidió referirse a los militares mayores de 70 años que, según él, deberían estar en sus casas en lugar de presos en las cárceles, a pesar de haber cometido los crímenes mas aberrantes de la historia argentina.

Avruj utilizó la misma táctica que Vidal al justificar el aumento del desempleo: hay más gente buscando trabajo porque la población aumentó y hay más presos porque la policía cumple mejor su trabajo, con lo que, además, avala las detenciones que se producen, en su inmensa mayoría, en los barrios pobres del conurbano bonaerense. 

 “Avruj es la cara del cambio de enfoque en derechos humanos que encarna Macri” escribió la periodista, mientras que Avruj dijo que su desafío es “consolidar el cambio cultural en la agenda de DDHH”. Eufemismos del negacionismo que pretenden instalar y que, a esta altura, no sorprende. Y, por cierto, Clarín sería el cambio de enfoque en la libertad de expresión y del derecho a la información que encarna Macri; un eufemismo de complicidad en el saqueo y en desmantelamiento de los derechos de las mayorías.

Buenos Aires, 5 de agosto de 2019

*Abogado, DDHH

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Por Horacio González*

(para La Tecl@ Eñe)

La decisión argentina sobre Venezuela alineada al grupo de Lima no parece satisfacer los criterios necesarios y por supuesto exigentes, para preservar al gobierno de Alberto Fernández de los acechos cada vez más duros de una derecha amorfa pero efectiva, minoritaria pero decidida, enfermiza pero que muestra una neurosis eficaz, lanzando ensoñaciones represivas por doquier, pero confiando que una inquietante locura haya ganado al pueblo argentino. Esto no así. Hay un pueblo argentino en estado amortiguado y sorprendido por el debilitamiento de sus áreas militantes más decididas, reemplazadas en plazas públicas por alquimistas, manosantas y augures de la catástrofe, cuando no por la pluma de nonagenarios con su imaginación hace tiempo derrotada. Por momentos, el gobierno deja la impresión de que empresarios, comunicadores y patanes de distinta proveniencia, le levantan con una manopla ensordecedora el gigante de la opinión pública. Ante el cual un arrebato comprensible de prudencia obligaría a hacerlo retroceder. Entonces le confía a Daer un acuerdo con los empresarios, duda sobre las medidas a emplear en un caso socialmente tan sensible como la ocupación de tierras por los que surgen del último escalón de la sobrevivencia, y disimula el horrible agravio que ha recibido por parte de las fuerzas policiales, que no necesitan explicar ya nada, todos los peritajes están a su favor. Es claro que no podemos desconocer que es el gobierno que dio asilo a Evo Morales, y no es menos cierto que es un gobierno democrático en la tempestad, con su capacidad de movilización que está intacta, pero por razones comprensibles no se puede expresar. Pero asombra que concluya ahí el razonamiento y que se piensa como una gran obra de la imaginación hacer un 17 de Octubre con «avatares virtuales». Por un lado, los que tenemos la decisión de apoyar al gobierno como un a priori casi kantiano. Porque el mundo se ha vuelto irracional, al punto que no alcanza decir que se aproxima el gran florilegio de las derechas, sino que vendría más bien una oscuridad política que mixturaría en el mismo alambique neotecnologías de inmovilización social, racismos arcaicos y unas ciencias políticas escritas por verdugos esdrújulos de las democracias que quedan en pie. Pero en cuotas generosas recibimos una sorpresa tras otra. ¿Es cierto que es mejor retroceder paso a paso hasta trazar una raya de deshonra sobre la arena? ¿Es cierto que el valor institucional de por sí sería un escudo protector si no se le agregan conductas más enérgicas y decididas? El gobierno dijo que no estaba de acuerdo con el Grupo de Lima pero no se iba de él. Ahora se entiende esa ambigüedad, que acaba de romperse al aceptar el sectario informe Bachelet. Y nuevamente, un velo de ambigüedad recubre el gobierno. No es que jueguen con nuestro apoyo, pues lo apoyamos de todas maneras y no tenemos otra autoridad que la de nuestra opinión libre, que no se exenta en ningún momento de ver los obstáculos siniestros que se yerguen contra Fernández. ¿Pero no sería mejor tomar el toro por las astas en vez de seguir haciendo verónicas que parecen surgidas de cálculos políticos defensivos de alta profundidad política, pero que en realidad anuncian la resignación de valores esenciales que el gobierno nacional sabe que debe mantener? ¿Para qué esa escisión del voto condenando el bloqueo y aceptando que en Venezuela se violan derechos humanos? El concepto de derechos humanos no es una abstracción histórica. ¿Pensaríamos que es el mismo, desde Aristóteles hasta Chomsky, desde el Tirano de Siracusa hasta Trump?  No, tiene historicidad, tramas de singularidad que lo sustentan, modalidades específicas en que son esgrimidas por personajes que se aprestan todos los días para violarlos, y como ejemplo, el reciente brote de «comprensión de Rosenkrantz. Es cierto que el tema es dificultoso, recorre los límites últimos de la política. Pero ante estos hechos que cargan graves símbolos de la actualidad, no se puede responder con cálculos diplomáticos de menor cuantía. El gobierno está en peligro, eso lo sabemos y por eso lo apoyamos. Pero no se salvará si juega continuamente a los dados, a ver qué conviene hacer cada día agónico según venga la mano de los poderes que gruñen y destilan veneno desde sus guaridas, las mismas que están atacando con insistente cotidianeidad a Venezuela. ¿No era mejor, en todo caso, abstenerse en el tema, tan «bacheletizado», y plantear ante Venezuela un tipo de relación franca, valiente, diciendo realmente lo que se piensa de un gobierno que se defiende ante fuerzas provocativas cuyas demás terminales son las que en la Argentina reclaman al gobierno de Fernández que diluya todavía más los compromisos históricos que todos vimos que se habían tomado? Ante un cielo lleno de nubarrones, no parece mejor instituir un desánimo ordenado antes que una vigorosa advertencia que ponga en un plano superior la soberanía de juicio y eleve la justicia de estas decisiones tan vitales. Si la política es un conjunto incesante de opciones que nunca nos dan respiro, notamos con alarma que demasiadas opciones que van apareciendo se parecen a la de las almas atemorizadas que ven en la quietud la realización de sus existencias políticas.

Buenos Aires, 6 de octubre de 2020.

*Sociólogo, escritor y ensayista. Ex Director de la Biblioteca Nacional

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Por Rocco Carbone*

(para La Tecl@ Eñe)

En la saga de los golpes de Estado recientes en América Latina, Paraguay cuenta con el oscuro privilegio de haber sido el primer país del Cono Sur en descerrajar un golpe en 2012 en contra de un gobierno popular-reformista. Federico Franco, el Jeanine Áñez paraguayo, asumió la presidencia interina del país con un acto nítido, directamente proporcional al hecho golpista: la represión a la concentración popular que se estaba desarrollando en junio de 2012 en la Plaza de Armas de Asunción. Luego de su interregno, al contrario de lo que pasó hace poco en Bolivia, la hegemonía política fue retomada por el Partido Colorado -con Cartes, el amigo de Macrì primero, y Abdo Benítez después-, que antes de 2008 había gobernado autoritariamente -escamoteando toda inclinación a sostener un sistema pluripartidario- a lo largo de seis décadas, con una dictadura de 35 años metida adentro: el stronato. De esto desciende que en Paraguay la democracia se reconstituyó sobre la base de la violencia que significa un golpe a un gobierno popular y reformista.

Paraguay acaso sea el país más desigual del Cono Sur. El 90 por ciento del territorio cultivable está en manos de 12.000 grandes propietarios. Apenas un ejemplo: Tranquilo Favero, un terrateniente brasiguayo de matriz stronista, es el dueño de un millón de hectáreas de soja y factura unos 1500 millones de dólares al año. Y el 10 por ciento restante se reparte entre 280.000 productores pequeños y medianos. Además, en la medida en que la frontera de la soja avanza, amasa grandes capitales y arroja a la indigencia a las grandes mayorías: se trata de la expulsión de la población campesina. Estos breves ejemplos ponen el dedo sobre una evidencia: una exacerbada presión sobre la tierra. El Estado colorado se organiza sobre un modelo económico concentrador de la riqueza con consecuencias mortíferas en términos de desigualdad económica y social. A lxs desigualadxs el coloradismo les aplica los instrumentos tradicionales del poder político: ejército, policía, poder judicial, burocracia, cárcel y emigración forzada (por eso mismo en Buenos Aires resuenan por la calle las vibraciones del guaraní). El movimiento campesino se resiste a la violencia del Estado colorado y al despojo de tierra por parte de los agroexportadores. Este sistema de cosas en la lengua nacional ha producido una frase socialmente estridente: “campesinado sin tierra”. Tan estridente porque el campesinado vive de la tierra, con la tierra y entonces esas pocas palabras en realidad significan otra cosa: “campesinado sin vida”. Denuncian el poder mortífero sobre un enorme conglomerado social: el movimiento campesino, sujeto para el cual la tierra es un espacio cultural: un espacio de conocimiento del ser humano, un espacio de vida que es espacio ecológico, un espacio social que es político y económico también. El movimiento campesino con la tierra desarrolla técnicas productivas de acuerdo a su forma de ver y entender el mundo. Esa tierra entonces para el movimiento campesino en verdad es un espacio filosófico del cual, en los últimos años, fueron arrancados como yuyos (esto es: desaparecidos), más de 200 militantes sociales campesinos.

El dolor paraguayo es resistido por un ejército revolucionario en pleno siglo XXI: el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Este aparente anacronismo debería ser motivo de una profunda reflexión cultural por parte de las fuerzas populares paraguayas, de parte de las organizaciones de derechos humanos, del sistema de partidos, de parte de una lengua reflexiva nacional y del presidente Abdo Benítez, quien debería escrutar con su gobierno las razones por las cuales en Paraguay existe en la actualidad un ejército revolucionario. La existencia del EPP habla de la violencia sistemática de un Estado sobre el campo popular urbano, campesino e indígena, y de la ineficacia –cuando no inexistencia– del Estado de derecho real en Paraguay. Un ejército revolucionario se organiza cuando un Estado se manifiesta a través de la muerte, de la violación sistemática de los derechos humanos, a través de la violencia y la negación de la vida de los sectores populares. O incluso lo digo mal: emerge cuando el Estado entrena agentes de lucha por la Propiedad contra lxs que no tienen ninguna, ni siquiera la de su propio cuerpo en harapos; cuando a esos sectores se les niega el derecho a un pedazo de tierra, a un hilo de vida digna, cuando se les niega un hilito de educación y de salud, una pizca de ejercicio de los derechos humanos fundamentales que hacen a la vida. El Estado paraguayo cuida los intereses y los privilegios de minorías concentradas: en términos de clase, capitales y negocios. Por eso la emergencia del EPP, que opera en el territorio nacional desde 2006, cuando se manifestó con un ataque a la comisaría de Huguá Ñandú. Y mal seguirían haciendo las fuerzas populares paraguayas, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales, sus emergentes más emancipadores, y el propio Estado colorado en seguir considerando al EPP más un problema securitario que un emergente de una cuestión social acuciante. Sindicar al EPP como una organización criminal-terrorista y perseguirlo con las Fuerzas de Tarea Conjunta de Paraguay -un órgano mixto de militares y policías creado en 2013 para perseguir específicamente a lxs integrantes de esa emergencia revolucionaria- implica activar el signo securitario, que además en siete años no logró articular resultado significativo alguno, excepto el de ajusticiar y desaparecer a menores. Entender al EPP como organización revolucionaria en lucha por el derecho a la vida de un sector abandonado, relegado, denigrado, desaparecido del suelo paraguayo -las grandes mayorías populares, campesinas, urbanas, indígenas- implicaría reconocer una cuestión social de larga data en Paraguay. Es de incumbencia de la más alta reflexión de todas las organizaciones sociales, populares, sindicales, de derechos humanos, políticas, culturales paraguayas, del propio EPP y del Estado colorado (que es responsable de su accionar) considerarla, con vistas a resolverla políticamente.

La consideración del EPP en tanto organización criminal-terrorista a combatir manu militari por medio de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) produjo el 2 de septiembre el muy deshonroso resultado de dos niñas asesinadas. Dos niñas de once años, ciudadanas argentinas: Lilian Mariana y María Carmen Villalba. Los militares tomaron por asalto el campamento de la organización revolucionaria ubicado en Yby Yaú (Concepción) y ajusticiaron a las dos menores, quienes habían viajado a Paraguay para visitar a sus familias junto con Laura Villalba (madre de María Carmen y tía de Lilian) y su prima de 14 años Carmen Elizabeth Oviedo Villalba de 14 años. Posteriormente, las autoridades paraguayas presentaron a Lilian y María Carmen como integrantes del EPP y el propio presidente Abdo Benítez -fiel a su linaje: hijo del secretario privado de Stroessner- encomió al operativo asesino con el calificativo de “exitoso en contra del EPP”. “Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal”, apuntó desde su cuenta oficial de Twitter.

Las dos niñas eran sobrinas de la presa política Carmen Villalba, una de las mayores dirigentes del EPP, a quien en 2010 le asesinaron un hijo de doce años: Néstor Oviedo Villalba. Además de asesinar a las dos menores, hijas de militantes revolucionarios presos, el Estado infanticida paraguayo, hirió a la otra menor, Carmen Elizabeth (conocida cariñosamente como Licha), con una bala en la cadera. Licha quedó aislada junto a su tía Laura en medio de una zona parecida a una montaña maestra, ubicada entre Concepción y Amambay. El 23 de diciembre último, antes de la medianoche, en la zona de Cerro Guasu fue detenida su tía Laura Villalba. El operativo corrió por cuentas de Comando de operaciones de defensa interna (CODI) y la fiscalía la imputó en tanto supuesta integrante del EPP, por terrorismo, asociación terrorista, homicidio doloso en grado de tentativa y violación de la Ley de armas en contra, sin que el Estado paraguayo haya dado prueba a la opinión pública de la supuesta peligrosidad de Laura, quien ahora está encarcelada en un cuartel militar. Según se consignó en una conferencia de prensa convocada en Buenos Aires por Nora Cortiñas hoy a la mañana, Laura está siendo interrogada y hostigada psicológicamente. Pero la pura verdad de este operativo la expresó el capitán de navío Oscar Chamorro, jefe de las FTC en una entrevista de Radio Monumental del 24 de diciembre (https://monumental.com.py/la-lupa/24/12/2020/hermana-de-carmen-villaba-estuvo-en-el-ultimo-enfrentamiento-con-las-ftc/). Ahí el militar sostuvo sin pudor que Laura Villalba es “responsable” de ocuparse de los cuidados de los hijos de la familia Villalba, del “lazo familiar entre el número uno y el número dos de este grupo terrorista” y de “estar saliendo de una zona donde hubo un enfrentamiento”. En Paraguay, como se ve, el Estado puede perseguir a alguien por ser hermana de y a partir del supuesto de pertenecer a una organización revolucionaria, contrabandeada por una lengua desaparecedora como “criminal”.

Con la detención de Laura nos enteramos también de que hace poco menos de un mes unxs campesinxs de Amambay vieron cómo un grupo de la FTC capturó a Licha. Desde entonces se desconoce su paradero. Las palabras de la lengua que usamos tienen el signo de un Estado que además de situarse dentro de la (ir)racionalidad infanticida, nos recuerda las más oscuras prácticas dictatoriales latinoamericanas. Se trata aquí menos del paradigma securitario llevado adelante por el Estado colorado que de una desaparición forzada. Estamos también frente a la lucha de una organización revolucionaria que repone el sentido vitalista de lxs condenadxs de la tierra paraguaya y latinoamericana. El Estado colorado debe ser desteñido a la mayor brevedad por las organizaciones sociales-populares, las organizaciones de derechos humanos, los partidos políticos que defienden el valor indeclinable de la vida, para hacer de Paraguay y de nuestra América un lugar donde la palabra justicia no sea propiedad de unxs pocxs sino la viga maestra de los asuntos comunes de todo un continente. Y mientras tanto una consigna inamovible, propia de una lengua libertaria: aparición con vida de Carmen Elizabeth.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2020.

*Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET

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Por Jorge Giles*

(para La Tecl@ Eñe)

En la tarde del último sábado 27 de febrero, la oposición al gobierno de Alberto Fernández colgó  bolsas mortuorias en la histórica Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.

Cada una de ellas con nombres relevantes de la vida política argentina.

Llovieron las quejas, los lamentos y el repudio generalizado del sector de la sociedad siempre sensible a la defensa de la vida y los derechos humanos.

Sin embargo, desde el lado institucional y mediático de la oposición, apenas esbozaron una ligera molestia pero…terminaron justificando la presunta performance del terror. Así estamos en la Argentina.

No alcanza con que nos quejemos, nos lamentemos y repudiemos aquel hecho macabro. Es necesario, en primer lugar, no dejar que lo sucedido se caiga de la agenda del debate público, habida cuenta de la gravedad que le asignamos. Por varias razones distintas y complementarias.

La derecha en el mundo viene demostrando cómo se aprovecha de la pandemia y sus consecuencias, para rehabilitar y exacerbar sus políticas xenófobas y racistas de siempre. Sólo que esta vez intentan, desde ese posicionamiento del odio, construir un nuevo sentido común que empuje a la sociedad hacia un abismo igual o semejante al de las peores horas sufridas por la humanidad; fascismo, nazismo, dictaduras latinoamericanas mediante.

No estamos exagerando. Está pasando ahora mismo. Y no digamos, como algunos decían ingenuamente en los años setenta: “en la Argentina es imposible una dictadura como la de Pinochet”. No sólo fue posible; fue más trágica.

Sabemos de las diferencias entre una etapa política y otra. Sabemos de las relaciones de fuerza a nivel social. Pero también sabemos que nuestra historia enseña que es un error fatal dejar que crezca el huevo de la serpiente allí donde se manifieste.

Hay una latencia de muerte impiadosa en esta nación que habitamos. Hay un odio atávico a todo lo que sabe a nacional y popular, peronista, feminista, marxista, el mundo LGBTIQ+.  Ese odio no se extingue; puede aletargarse por algún tiempo, pero ante determinadas circunstancias y estímulos, se expresa en toda su obscena y cruel desnudez.

“Lo peronista” representa, para la derecha nativa, aquello que para la derecha europea son los gitanos, los  judíos, los negros africanos, los inmigrantes, los sudacas. Y así como el fascismo de mitad de siglo XX construyó a su enemigo antes del zarpazo mortal de Hitler y Mussolini, habrá que advertir entonces que en nuestro continente están lanzadas las fuerzas de la derecha más feroz bajo el mismo esquema de ataque a la democracia.

Construido “el enemigo”, van por su aislamiento social y su posterior aniquilamiento; por las circunstancias que hacen al perfil de nuestro país, no necesariamente será un aniquilamiento físico, pero sí moral, cultural y político.

Sucedió recientemente con Bolsonaro y con Trump, agitadores con mucho poder, que estimularon el odio contra el diferente como forma de llegar a conquistar el Estado.  

Algo se rompió esa tarde del último sábado de febrero de 2021. Se cruzó un límite impuesto por la democracia. La derecha opositora marcó la cancha donde quiere disputar el año electoral y su  después. Están convencidos que deben radicalizar sus posiciones; para ello se muestran explícitamente referenciados en la muerte, justo en este país donde ya hubo 30.000 bolsas mortuorias con cuerpos ultrajados en su interior y donde se apilaron, esas bolsas, con los cadáveres de hombres, mujeres y niños, muchos niños, después del bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. La misma plaza, el mismo odio.

Los que tenemos la piel marcada por aquellos dolores, no podemos olvidarnos de Videla advirtiendo  mucho antes del 24 de marzo de 1976 que “si tenemos que matar a un millón de personas lo haremos” y al general golpista Ibérico Saint Jean afirmando que “primero vamos a matar a todos los subversivos, después a sus colaboradores, después a los indiferentes y por último a los tímidos”.

El ministerio de educación de la dictadura difundió en 1976 un Instructivo para “detectar subversivos en la enseñanza de los hijos”. Un párrafo es suficiente: “el llamado “trabajo grupal”, impulsado por la subversión, sustituye la responsabilidad personal y puede ser utilizado para despersonalizar al chico, acostumbrarlo a la pereza y facilitar así su adoctrinamiento. Para erradicar esta pesadilla, los padres deben participar, vigilar y presentar las quejas que consideren convenientes”

Eso se llama construcción del sentido común. No son excesos verbales ni exabruptos ni jolgorio derechista. En los países de la América Latina, la derecha se convierte rápidamente en fascista cada vez que se siente amenazada por un gobierno al que llaman populista.

Ya no están los genocidas blindados; pero la cría civil de aquella dictadura, sigue operando. Y no podemos convivir sumisamente con quienes niegan la vida en democracia. Dentro de la ley, todo;  fuera de la ley, nada. 

La Argentina ya vivió la experiencia de la mutación de un comité partidario en un “comando civil”  que salía a cazar peronistas. Estamos hablando de hechos que, por ser parte de nuestro bagaje histórico, debieran recordarse a la hora de analizar la realidad que afrontamos.

En términos políticos esa derecha irá ocupando todo el espacio posible para aumentar su volumen electoral y su capacidad de maniobras desestabilizadoras de la democracia. La perspectiva parece ser la profundización de un antagonismo creciente entre esas fuerzas, dirigidas y manipuladas por el macrismo en cualquiera de sus versiones, los grandes medios hegemónicos de comunicación y los instrumentistas del quirófano judicial, de un lado; del otro, un Frente de Todos que deberá actuar inteligente y rápidamente para representar todo el arco social que se identifique con una democracia participativa, una cultura popular y un ejercicio activo y permanente de la memoria colectiva.  

No quedará lugar para pretendidas representaciones del “centro” ideológico. Del centro hacia la izquierda del espectro político, el Frente gobernante deberá tener políticas que los representen a todos y todas. Y eso hay que hacerlo ahora, no por ser un año electoral, sino porque estamos en pandemia y en tiempos de pandemia e incertidumbres es sabido que anidan los peores fantasmas. La disyuntiva es de hierro: gana la muerte o gana la vida; gana el olvido o gana la memoria.

Si elevamos la vista para mirar el mundo nos encontraremos con escenas diarias de confrontación social por variados motivos, pero casi siempre cruzadas por el denominador común de enfrentar a quienes defienden la vida y la salud de los pueblos y los negacionistas que pugnan por imponer sus desvaríos anti vacunas.

El mundo está en plena transformación.

Estados Unidos, sumido en la peor crisis política social desde su conformación como nación, afronta el desafío de impedir que las consecuencias de su puja interna provoquen la escisión de algunos estados, incluida la probable desintegración como nación. El imperio norteamericano se desmorona ante el avance de un mundo que es cada vez más multipolar, pese a su oposición. Y con un dato novedoso e impactante que marcará toda esta etapa: esta vez el multilateralismo es traccionado y conducido por China y Rusia.

Lo que está en juego es el destino de la humanidad misma. Por eso mismo, si algo se rompió aquella tarde de febrero, el Estado deberá impedir con la fuerza legítima que le otorga la ley y la Constitución, cualquier atisbo de semblanza pro-genocida.

Nos queda como hombres y mujeres de a pie, recrear la memoria diariamente, fortalecer el “Nunca más”, defender los derechos humanos sin renunciar un centímetro todo lo construido en democracia y defender y fortalecer al gobierno nacional para ejecutar una por una las decisiones expresadas ante el Congreso de la Nación por el presidente Alberto Fernández.

Hay que crear comunidad allí donde estemos y nos pretendan fragmentar socialmente. Hay que volver a recrear la idea de que somos un pueblo, una nación, una patria grande, sabiendo que la pandemia vino para quedarse mucho tiempo. Podríamos tranquilizarnos diciendo que el virus del Covid-19 es un suceso extraordinario y que luego de la vacunación masiva volveremos a nuestra vieja “normalidad”. Lo siento; pero si así se piensa es porque no se entiende que esta pandemia es apenas un indicador de que el planeta ha dicho “basta”.

O cambiamos el mundo mejorando las condiciones de vida; o los que descienden de aquellos que arrojaban  cadáveres al río y al mar, ganarán la partida. No nos merecemos ese final. Pero tampoco nos merecemos, por historia y por convicción democrática, hacernos los desentendidos y los superados con los que apuestan al odio y la muerte.

Buenos Aires, 6 de febrero de 2021.

*Periodista y escritor. Su último libro publicado es «Mocasines, una memoria peronista», editado por la cooperativa Grupo Editorial del Sur (GES)

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, el derecho internacional se ocupaba de las relaciones entre Estados, pero no de lo que éstos podían hacer con sus habitantes. En las décadas siguientes se fueron poniendo en vigencia tratados –leyes internacionales- que configuraron el sistema universal y los tribunales regionales (europeo, americano, africano). El relato de este proceso es la historia del derecho internacional de los Derechos Humanos.

Pero hay otra historia de los Derechos Humanos, que es la de su gestación ideológica, que explica cómo se desarrolló la idea de estos derechos, pues sin una idea previa no hubiesen podido concretarse en leyes.  

Por cierto, las dos historias no son independientes, sino que después de 1948 se siguen entrelazando hasta el presente. Los diversos tratados internacionales –como cualquier ley- no pasan del deber ser normativo al ser real en el mundo, es decir, no cobran eficacia plena en forma automática. Si los tratados de Derechos tuviesen plena eficacia en el plano del ser, viviríamos en sociedades ideales, pero esto dista de ser realidad. En estos –como en general respecto de todos los derechos- la eficacia se obtiene por lucha, como decía Jhering en el siglo XIX.

Y en materia de Derechos Humanos, la lucha continúa porque las propias disposiciones de los tratados siguen siendo materia de controversias interpretativas, distorsiones, tergiversaciones y racionalizaciones, es decir que son materia de confrontaciones de poder envueltas en diferentes sistemas de ideas. Los tratados son instrumentos, pero esta rama del derecho –como todo el derecho- siempre fue y sigue siendo lucha y, en particular, lucha ideológica.    

Cuando preguntamos por la historia de la gestación de la idea de los Derechos Humanos, se nos suele ofrecer el relato o narración de una paulatina toma de conciencia de la especie humana que, impulsada por el motor de la razón, habría atravesado sucesivas etapas de creciente madurez, en un proceso cuyo origen y delantera la tuvo Europa, que asumió la función de punta de lanza de este continuo curso progresivo.

Así, nos relatan que las primeras vueltas del motor de la razón se dieron en Grecia, de allí pasó a Roma y, luego de una etapa más o menos oscura, retomó su ritmo y desde 1492 se extendió a América. Luego, la revolución industrial europea perfeccionó la idea de un ser humano consciente de su libertad, configurándose un Occidente que se expande al mundo, frente a un Oriente un poco atrasado.  

Esta es la historia oficial, eurocéntrica o –más claramente dicho- colonial, que desde la literatura infantil y adolescente nos enseñaron de diversas maneras. Creemos que su más fino narrador –no superado hasta hoy- fue Hegel en sus famosas Vorlesungen o Lecciones sobre la filosofía de la historia universal.

Según la narración hegeliana, nuestra región no tuvo historia hasta 1492, porque estaba habitada por millones de originarios que se desintegraron al soplo del europeo, pues eran débiles, como nuestra geografía, húmeda, con montañas que, al no correr como las europeas, hacen que todo se pudra, incluso todo lo que se trae, hasta el mismo europeo se debilita en ella. También no dice que los africanos subsaharianos –negros- son peores que nosotros, pues es difícil reconocer en ellos la humanidad, por lo que se les hizo un favor esclavizándolos, dado que así estarán mejor que en sus tribus.

Hegel

Hay algo demasiado contradictorio en esta narración: no es coherente que el soplo de la razón que impulsa lo que Hegel llama el espíritu (el Geist) que anunciaría lo que hoy llamamos Derechos Humanos, legitime la supresión de millones de originarios y la esclavitud de los africanos. ¿Qué clase de razón es esta, que motoriza un espíritu genocida? ¿Esto es un espíritu o un espectro?

Todo indica que debe haber otro relato o narración, pero no porque el de Hegel sea del todo falso, pues si bien omite datos (los ausenta), en general los restantes son verdaderos: acabaron con millones de indios, esclavizaron africanos, todo lo cual es verdad, sólo que los interpreta (relata, narra) desde su posición de prusiano del siglo XIX. Es obvio que debe haber otra narración más coherente de los Derechos Humanos, que incorpore los datos ausentados por Hegel y relate de modo diferente los que éste menciona. Si desde el centro que colonizó nuestra región y luego el resto del planeta se relata esta historia, no pueden faltar las narraciones de los colonizados y, en efecto, hay narraciones que reconstruyen esa historia desde Oriente y desde África y, por supuesto, también desde nuestra región.

Esto obedece a que el historiador selecciona hechos del pasado, pero no todos (no le interesa si a Colón lo picaron los mosquitos), sino sólo los que son significativos desde su presente y en el lugar en que relata su historia. Desde ese ser-ahí le otorga significación (lo toma en cuenta) y significado (lo interpreta). Y desde nuestro ser-aquí no podemos dejar de caer en la cuenta de que la selección e interpretación (significación) de los hechos del relato eurocéntrico, pretende narrarnos que el colonialismo gestó la idea de los Derechos Humanos mientras cometía las peores violaciones de esos mismos derechos.       

Si este relato se repite entre nosotros, es porque el poder colonialista nos condiciona para pensar, valorar y adquirir saberes conforme a su epistemología, nos limita como sujetos de conocimiento y valoración. Llamamos colonialidad a ese condicionamiento que nos limita el conocimiento, como el efecto colonizador de nuestro equipo psicológico.  

Pero nuestro ser-aquí es golpeado con una vivencia cotidiana demasiado brutal que nos expulsa del cómodo dejarnos llevar por el se dice (on dit, das man) del relato de la colonialidad. No podemos eludir que no sólo estamos aquí, sino que somos en un continente que los europeos llamaron América y que luego subestimaron agregándole Latina, en sociedades muy estratificadas, con enorme concentración de riqueza (con los coeficientes de Gini más altos del mundo); con selectiva distribución de la sanidad y de la educación; donde los más ricos en melanina se concentran en los estratos pobres, en las cárceles y en los muertos violentos; con muy marcada discriminación de género y violencia contra mujeres y personas de orientación sexual no binaria; con culturas originarias marginadas y sitiadas por explotaciones agrícolas y mineras que las privan de sus medios de supervivencia; con sectores poblacionales que carecen de alimentación adecuada y de proteínas en los primeros años de la vida; con sistemas represivos de alta letalidad, con desapariciones forzadas, torturas, etc.

Recibimos este fuerte cachetazo de la visión presente, sabiendo que el presente es sólo una línea que separa el pasado del futuro –recordemos la aporía agustiniana-, pero que nos exige una explicación que obliga a dirigir la vista hacia el pasado, del que emerge otra narración diferente, que muy cerca en el tiempo nos muestra los asesinatos masivos de aldeas en Centroamérica y las desapariciones forzadas y ejecuciones clandestinas en las dictaduras sudamericanas, productos del neocolonialismo de seguridad nacional.

Si nuestra vista se aleja más en el tiempo, vemos repúblicas oligárquicas, masacres de campesinos del Farabundo Martí, la guerra del perejil de Dominicana, la campaña al desierto argentina, la represión de Canudos en Brasil, la vergonzosa guerra de la Triple Alianza, la esclavitud apenas abolida en 1888, nuestros latifundistas sometiendo la región al neocolonialismo oligárquico.

Saltando otros muchos crímenes estatales de letalidad masiva, si nos extendemos hasta el colonialismo originario, nos aparece el desbaratamiento de los sistemas políticos y económicos originarios, el etnocidio del Anáhuac y el Tawantisuyo, la muerte por explotación y contaminación de millones de originarios en servidumbre y el transporte esclavista.

Desde aquí no podemos menos que resignificar estos hechos como medio milenio de violaciones de Derechos Humanos, ni tampoco dejar de observar que el colonialismo originario jerarquizó racialmente nuestras sociedades: en la base los indios y negros, un poco más arriba los mestizos y mulatos, luego los hijos de los europeos y en la cima estos últimos, sin contar con la previa subhumanización de media población, debida a la fortísima misoginia traída por el colonizador. No se explica que Europa haya gestado la idea de los Derechos Humanos, cuando su colonialismo subhumanizó a la mayor parte de la humanidad: el 50% de mujeres más todos los colonizados del mundo.   

Nuestras independencias llevaron a los blancos descendientes de europeos a ocupar el lugar de éstos, pero hacia abajo nada cambió. Por eso pretendieron imponer modelos estatales copiados a los colonizadores, en los que no cabían los indios ni los negros y siguieron adelante cometiendo masacres, porque esos modelos no podían funcionar sin negarlos o eliminarlos. 

Los modelos estatales del norte resultaron de la lucha de las burguesías contra las noblezas, que nada tienen que ver con nuestro aquí, donde nunca hubo monarca ni nobleza, sino elites racistas de sociedades estructuradas como inmensos campos de trabajo forzado. Por eso, nuestras luchas no son del todo clasistas, pues las clases capitalistas surgieron en la etapa que en el norte generó el proletariado, pero que aquí no se dio, en razón del desarrollo periférico de nuestro capitalismo. Nuestras sociedades siguen siendo marcadamente racistas, lo que se observa en la riqueza de melanina en los barrios precarios y las prisiones, en contraste con las universidades, el funcionariado y los barrios residenciales de nuestras urbes.   

Todo esto obliga a revisar la usual clasificación de los Derechos Humanos por generaciones, según la cual los habría de primera generación (individuales), de segunda (sociales) y de tercera, el principal de los cuales es el derecho al desarrollo progresivo. Para nosotros, este último es el primero, porque llevamos medio milenio de subdesarrollo colonial, hasta al tardocolonialismo financiero actual.

Como consecuencia del subdesarrollo sufrimos un genocidio por goteo en acto, con los índices de muertes violentas más altos del mundo en algunos países, con muertos por deficiencias sanitarias y atención selectiva de la salud, por suicidios, por inseguridad laboral, por falta de infraestructura vial, etc. Si sumásemos todos los cadáveres anuales que produce el subdesarrollo, veríamos que no es para nada exagerado hablar de un genocidio por goteo y a veces por canilla libre.

Pero escribiendo desde el fondo del sur, no faltará quien observe que no todos somos indios, negros, mulatos ni mestizos, lo que es verdad. ¿Pero entonces, quiénes somos? Aunque la colonialidad dificulte asumirlo, la verdad es que somos el producto de muchas más subhumanizaciones del colonialismo planetario.

Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, Diego Rivera

Si ponemos a Hegel de cabeza, veremos que narra desde la superioridad de la burguesía de una Europa poderosa, pero oculta que su continente, encerrado por turcos y árabes en el siglo XV, se volvió poderoso y colonizador merced a la colonización y al esclavismo genocidas cometido aquí, que lo proveyó del oro y la plata que generaron sus burguesías y su revolución industrial. Desde esa posición, subestima todas las culturas anteriores a la europea: los orientales por teocráticos, los árabes por sensuales, los judíos por sometidos, los latinos europeos por no alcanzar su nivel de fineza.  

Lo que sucede es que la narración del norte es la de todo el colonialismo planetario, de cuyas múltiples subhumanizaciones provenimos todos los habitantes de nuestra región que no somos indios ni negros, aunque la jerarquización racista de nuestras sociedades se lo oculte a muchos. No olvidemos que marginados eran también los propios colonizadores, provenientes del sur de la Península recién reconquistada; lo eran los prófugos traídos por los portugueses; los chinos esclavizados por el Pacífico; los judíos de los progroms europeos; la emigración masiva expulsada del sur europeo atrasado en la acumulación de capital; los emigrados de la disolución del imperio otomano; los armenios víctimas del genocidio; todos los que llegaron escapando de las guerras mundiales y, sin duda, omitimos otros.

Muchos de los descendientes de los que llegaron son víctimas fáciles del condicionamiento de la colonialidad, porque su pobreza de melanina les hace creer que están destinados al privilegio en las sociedades racistas. Muy pocos lograrán los privilegios, pero nuestras sociedades no superarán su subdesarrollo mientras no caigan en la cuenta de que nuestra narración debe ser la otra, la del sur, la de nuestro aquí.

Por último, no podemos dejar de señalar que la narración desde aquí tiene otro importante efecto sobre nuestra perspectiva de los Derechos Humanos, pues nos obliga a reparar una enorme ausencia que oculta la narración colonial: nuestra idea de estos derechos se gestó y se sigue gestando en las múltiples tácticas de resistencia y de supervivencia a sus violaciones.

Nuestra idea de Derechos Humanos se empezó a gestar con los indios cimarrones, los palenques y quilombos de esclavos prófugos, las sublevaciones de los indios, la revolución de Túpac Amaru, las luchas por la independencia; se continuó con las resistencias populares, las huelgas y una larga lista de tácticas de resistencia y supervivencia que llega hasta las Madres de Plaza de Mayo, sigue hasta el presente y seguirá enriqueciéndose en el futuro, como valiosísimo bagaje cultural latinoamericano. Esta es la verdadera historia no oficial de la gestación de la idea de nuestros Derechos Humanos. Como indicamos al principio citando a Jhering: el derecho es lucha.

Buenos Aires, 10 de marzo de 2021.

*Profesor Emérito de la UBA

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Por Luis Bruschtein*

(para La Tecl@ Eñe)

Las políticas de género, las políticas de medio ambiente y las de derechos humanos han formado parte del peronismo. Desde el principio se impulsaron los derechos de la ancianidad, como se decía en su momento y los derechos de los niños. Evita fue una defensora de los derechos de la mujer y Perón fue un adelantado al plantear la problemática del medio ambiente y la ecología.

El peronismo insertó esa política de ampliación de derechos sobre su plataforma de base socioeconómica, las llamadas tres banderas: justicia social, independencia económica y soberanía política. Para muchos, el peronismo es una construcción doctrinaria acabada, redonda desde un punto de vista teórico, que da respuesta a todas las problemáticas. Pero a lo largo del tiempo y de las mismas intervenciones de Perón, se mostró más como una fuerza cuyo eje teórico esencial es dar lugar a los intereses populares, captarlos, representarlos y desarrollar un discurso que interprete esas problemáticas.

Esas tres banderas más las ideas de la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación marcan los andariveles del peronismo en el imaginario popular que representa. Una estructura dogmática no hubiera resistido los cambios drásticos que impusieron el desarrollo tecnológico y la globalización neoliberal. En ese transcurso estallaron los paradigmas del capitalismo industrial así como las fórmulas para superarlo.

No es una carcasa vacía para disputar el poder, como quería verlo el menemismo. Esa visión hubiera llevado a la extinción del peronismo. Pero tampoco es un dogma cerrado, porque eso también hubiera marcado su final.

Su fuerza reside en la característica del vínculo con los sectores populares. Se alimenta y se transforma sobre la base de esa conexión cuyas características se van transformando en el marco de esas tres banderas y las dos grandes ideas.

El peronismo fue cambiando, algunas veces de la mano de Perón, y otras por su propia dinámica frente a las transformaciones de la realidad. Pero no puede ser antipopular ni enrolarse en propuestas neoliberales, dependientes o elitistas porque si rompe ese vínculo, lo cual se ha intentado más de una vez con mayor o menor fuerza, desaparecerá, o entrará en un proceso de degradación.

El peronismo no es una fuerza testimonial. Por el contrario, es una máquina aceitada para disputar el poder, pero no por el poder mismo sino para convertir las propuestas populares en conquistas. Estructura y mecanismo provienen de su origen. Perón no fue un teórico al estilo de Marx, Heidegger o Benjamin, pero fue un gran conductor, un estratega enfocado en la disputa de poder con las cartas que tenía en la mano. Y su carta más fuerte siempre fue el respaldo de la base social peronista, desde el 17 de octubre y después durante los 18 años de su exilio. Hay un maridaje entre esos dos factores que dieron forma al peronismo: su aptitud para disputar poder y su ligazón con los sectores populares.

Es una descripción que trata de ser respetuosa de la historia del peronismo, con sus transformaciones y sus internas volcánicas.

La incorporación a esa programática popular, en ese contexto, de la nueva generación de derechos de minorías sexuales y las políticas de género así como la participación protagónica en la defensa de los derechos humanos, es un síntoma de más peronismo y no de socialdemocratización del peronismo como algunos lo plantean.

Esta crítica provino de sectores del peronismo que disintieron y disienten con estos lineamientos que reafirman el sentido de aquellas primeras luchas que impulsaron Perón y Evita a contrapelo del sentido común hegemónico, como el voto femenino o la ecología.

Casi todas las conquistas sociales de los trabajadores habían sido propuestas desde antes por socialistas y comunistas. Y cuando se concretaron a partir del 45, muchos de ellos se incorporaron al peronismo, que construyó su propia identidad sobre la base de esos y otros afluentes.

Hay una ligazón entre la política de ampliación de derechos y las fuerzas políticas populares. No quiere decir que solamente las fuerzas populares las pueden asumir, sino que ellas no pueden dejar de asumirlas, porque de esa forma se completan, desarrollan su fuerza ante las nuevas realidades y logran mantener esa conexión enriquecedora, pero también cambiante con el universo de lo popular.

No se cambia una cosa por otra. Estos derechos no reemplazan al impulso de justicia social, independencia económica y soberanía política, sino que lo completan, lo alimentan y agregan fuerza, como fue al principio.

La derecha se proyecta a su vez sobre estas situaciones. Su estrategia ha sido encarar estas temáticas en forma compartimentada, recortando las conexiones de lo cultural con lo económico y con lo político. Y así han aparecido propuestas internacionales y algunas ONG’s que tratan de utilizar estos nuevos derechos para confrontarlos con los movimientos populares.

Temáticas supuestamente ambientalistas se han esgrimido para impedir la utilización de tecnologías que aprovechaban las economías desarrolladas. Y trataron de usar la supuesta defensa de los derechos humanos como argumento para justificar invasiones o agresiones a gobiernos populares. En otros casos se manipularon las políticas de género para dividir y provocar.

Los peronistas que dicen que no es propio del peronismo la defensa de estos derechos, aluden también a estas prácticas de la derecha: argumentan que son temas que dividen y que por algo la derecha está tan interesada en difundir. Y muchos empiezan a dudar cuando ven efectivamente las políticas de género, ambientales o de derechos humanos que se difunden desde fundaciones de bancos o grandes trasnacionales o del mismo gobierno norteamericano.

Lo que busca esa estrategia es separar lo que junta el peronismo. El objetivo es descontextualizar esos reclamos de las luchas económicas y políticas, apartarlos de la disputa de poder. Porque el gran triunfo del peronismo fue juntarlas, para convertir las propuestas en conquistas. Si el movimiento popular abandona esas propuestas porque implican en su seno debates crispados, estaría haciéndole el juego a la derecha.

El territorio de esos derechos abrió nuevos escenarios que acribillan el sentido común hegemónico y por lo tanto generan controversias, espejismos, exageraciones y preparan el terreno para la trampa del divisionismo. Si esos debates son conscientes de que el único destino en el que sus aspiraciones puedan realizarse es aportando a la disputa por el poder, se convierten en fuerza y no en división. Esa ha sido la virtud del peronismo en muchos temas.

Buenos Aires, 17 de agosto de 2021.

*Periodista.

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Por Diego Tatián*

(para La Tecl@ Eñe)

La Plaza del 10 de diciembre último fue impresionante por muchas cosas, pero quisiera detenerme solo en una de ellas. Algo irrepetible, en efecto, volvió a manifestarse allí concerniente a la que tal vez sea la más urgente pregunta política de América Latina. Esa pregunta no es en mi opinión de orden económico ni estrictamente institucional, sino esta: ¿cuáles son las pasiones de la democracia –que la cuidan, la extienden, la hacen durar y la llevan a la plenitud de su promesa?

Ese interrogante encripta otros del mismo registro: ¿cómo es posible dotar a la experiencia democrática de una afectividad popular más fuerte y de sentido contrario al odio, el resentimiento, el deseo de venganza y la destrucción de las vidas más precarias que las brutales derechas vernáculas estimulan a través de las redes sociales y los medios de comunicación? ¿Cuál sería esa afectividad alternativa capaz de hacer prosperar y de construir una forma de existencia en común que no reduce su horizonte político al daño de las demás personas? ¿Qué afectos comunes, en fin, tienen la fuerza de sustraer la vida social de los mandatos que imponen el puro autointerés y el individualismo posesivo?

“Querido compañero Pepe Mujica; querida compañera Cristina Kirchner; querido compañero Alberto Fernández…”, comenzó Lula su discurso de casi diez minutos para enseguida decir que no leería lo que había preparado por escrito: “voy a intentar hablar despacito para que todo el mundo pueda entender”. El “querido compañero” o “querida compañera” como modo de trato mutuo expresa una rareza política que trastoca cualquier protocolo de las relaciones internacionales; trasunta un cariño que solo es posible si se ha compartido y se comparte una larga lucha en común. Cuando hayan transcurrido los años, será ese el tesoro perdido de las democracias que las generaciones por venir evocarán, como un don irrepetible del tiempo, para transitar las futuras adversidades políticas.

“Tuve la felicidad de gobernar Brasil en un período en el que…”, continuó. La palabra felicidad remite aquí no a otra cosa que haber coincidido en la historia con Néstor y Cristina; con Tabaré, Mujica, Chávez, Lugo, Evo, Correa, y hasta Lagos y Bachelet (que no suscitaron igual entusiasmo entre los miles de concurrentes). Si ese cariño y esa felicidad resultan en el discurso de Lula tan convincentes, tan fundamentales, tan importantes, es porque dotan a la política de un sentido y una afectividad que interrumpe la retórica burocrática de los tecnocratismos “competentes” y posibilistas, por un lado, y las pasiones de odio -en las que esas retóricas encuentran muchas veces su compensación emotiva-, por el otro.

En seguida Lula pronunció otra palabra importante, al hablar de la necesidad de construir una democracia “fraterna” –además de “justa”, “igualitaria” y “humanista”. El anacronismo de las tres mayores palabras atesoradas por la tradición revolucionaria (libertad, igualdad, fraternidad), ofrendan siempre una “esperanza en el pasado” que renueva una y otra vez sus promesas incumplidas y mantiene viva la pregunta por la emancipación humana.

Si libertad e igualdad son ideas que trazan el horizonte de la acción política emancipatoria, fraternidad es lo que provee a esa acción de una imprescindible inscripción afectiva común, sin la cual sería frágil, impotente e ineficaz. La expresión “fraternidad latinoamericana” es el reverso exacto del racismo -en el sentido más extenso del término (como desprecio de los otros y las otras)-, que perpetúa el privilegio y reacciona contra el avance de la igualdad económica y social. Libertad, igualdad y fraternidad -al igual que memoria, verdad y justicia- son palabras que se protegen entre sí y adquieren su significado pleno cada una por relación a las otras. La memoria de un viejo anhelo de fraternidad popular y el deseo de un internacionalismo latinoamericano por construir, acaso contribuyan más que nada a revitalizar los combates por la igualdad y las libertades que las minorías dominantes del dinero y el poder denuestan. Y acaso logren dotar a las luchas sociales con una afectividad -y por tanto con una efectividad- de la que los puros conceptos carecen.

El discurso de Lula, no únicamente por su contenido, ofrenda lo necesario para acompañar la vida de las ideas que orientan el mundo de anhelos y esperanzas populares: una fraternidad, un compañerismo, una felicidad de saber que nunca se está solo y finalmente algo que, creo yo, fue el centro de lo que vino a explicitar en Plaza de Mayo: una gratitud. “Vengo aquí para agradecer desde el fondo del corazón a cada hombre y a cada mujer de la Argentina que manifestaron su solidaridad conmigo cuando fui puesto preso en Brasil, por la misma persecución de la que fue víctima y es víctima la compañera Cristina en Argentina”. Y sobre todo, emocionado, llegar al centro de ese reconocimiento: la gratitud a Alberto Fernández por el “coraje” y el gesto sin cálculo de visitarlo en 2019, siendo ya candidato a Presidente, en la sede de la policía de Curitiba donde estaba preso.

Esa gratitud, que es la que se prodigan las personas cuando se cuidan mutuamente, no se hizo simplemente explícita ante el pueblo argentino que concurrió a la plaza por miles. También renovó un compromiso intenso y una confianza que solo es posible entre hombres y mujeres cuya acción política se halla animada por una idea de justicia en común: “Quiero decirte compañero Alberto: podés tener la certeza de que en cualquier situación, en cualquier situación -repitió-, este señor que está hablando ahora, con 76 años pero con la energía de un joven de 20, estará a tu lado para mejorar la vida del pueblo argentino”.

Esa trama preciosa de fraternidad, gratitud, confianza, coraje y compromiso lleva el antiguo nombre de amistad. Nada de eso sería posible en un palco compartido por Bolsonaro, Macri, Áñez, Piñera… ¿se imaginan? Lo que muchos filósofos clásicos encontraron en la palabra amistad es exactamente esa potencia contra el sometimiento que reduce a millones de seres humanos no únicamente al deterioro material de sus vidas sino también a la retórica que la dominación impone. Solo una afectividad como la que el viernes se vio en la plaza es capaz de impulsar y volver común las ideas de igualdad y libertad para hacer un boquete en la dominación, mirar por fin del otro lado, y mostrarla como lo que es.

Córdoba, 12 de diciembre de 2021.

*Doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en ciencias de la cultura (Scuola di Alti Studi Fondazione Collegio San Carlo di Modena, Italia). Investigador del Conicet.

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Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

Algunos debates internos nos hacen perder el norte de lo que verdaderamente importa, como sucedió con el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal respecto de los recursos de los represores y las querellas, contra la sentencia de noviembre de 2015 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, por la que se condenó a ocho represores por homicidios y desapariciones forzadas, en el marco de genocidio, y se absolvió a otros.

Lo verdaderamente importante es que la Sala II rechazó, de manera unánime, los planteos de los represores sobre la prescripción, la competencia de tribunales militares y la vigencia de las leyes de obediencia debida y punto final.

Importante es que confirmó, unánimemente, la responsabilidad de los imputados, las condenas, la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos -especialmente el de la desaparición forzada de personas- y revocó las absoluciones.

También hicieron lugar a la afectación al principio de congruencia que plantearon los represores porque durante el debate fue ampliada la acusación por hechos no incluidos en la acusación fiscal que dio inicio al juicio oral.

El punto que generó discordia y que los jueces votaron divididos, fue el de la calificación internacional de los crímenes. El primer voto fue de Alejandro Slokar, que sostuvo que el planteo sobre genocidio no afectaba a los recurrentes, dado que no causaba gravamen teniendo en cuenta lo anterior, es decir, que fueron probados los crímenes, la responsabilidad y la imprescriptibilidad, lo que se sostiene tanto con la categoría de lesa humanidad como con la de genocidio.

Sin embargo, Slokar sostuvo la calificación de genocidio diciendo que toda agresión a los partidos políticos era una agresión al grupo nacional, a su liderazgo. Dijo que si los represores sabían que estaban participando en la destrucción de un grupo humano, era genocidio y, para los perpetradores, la nacionalidad era lo occidental y cristiano, y no lo que se le oponía. Hay genocidio cuando se destruyen los lazos sociales de autonomía y cooperación, para transformar relaciones sociales dijo Slokar, que agregó que en todo grupo afectado se encuentran motivos políticos y que excluir el genocidio por tratarse de grupos políticos implica erigir una discriminación negativa al negar el carácter de víctimas de genocidio a quienes fueron perseguidos por razones políticas.

Por su parte, Guillermo Yacobucci consideró que se trataba de crímenes de lesa humanidad y recordó que así acusó el fiscal. Dijo que los jueces que calificaron de genocidio (Carlos Rozanski y César Álvarez) incurrieron en una notoria confusión que derivó en arbitrariedad, porque hay que diferenciar entre las calificaciones que se realizan en medios públicos o en el debate político o sociológico, y el significado normativo que impone el principio de legalidad.

Dijo que resulta admisible en el plano social, político o periodístico calificar de genocidas a quienes cometieron actos de intensa crueldad, porque expresa el disvalor de esos delitos que afectaron derechos fundamentales y valores esenciales de la humanidad. Pero es inadmisible en el plano normativo porque se pondría en trance un concepto elaborado por juristas durante casi un siglo, creando inseguridad al banalizar los conceptos y poniendo en crisis el principio de legalidad y las nociones del derecho internacional.

Los tratados deben interpretarse de buena fe, dijo Yacobucci, y los jueces están llamados a respetar la consolidación de los términos jurídicos, especialmente cuando se trata de describir un crimen con sus componentes específicos, cuestión que demandó una serie de debates a lo largo de los años.

El último en votar fue Carlos Mahiques, que compartió la opinión de Yacobucci sobre genocidio.

En mi libro “Rouge – una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura” trato brevemente esta cuestión. Y digo brevemente porque estoy convencido de que lo principal es el juzgamiento y la condena de los responsables. El debate sobre genocidio o lesa humanidad pertenece a quienes hemos trabajado en los juicios representando a sobrevivientes, familiares y organizaciones de derechos humanos. Los represores y sus compinches no quieren saber nada con ninguna de las dos calificaciones.

Creo que a partir de nuestra experiencia, la Argentina tiene el deber ético y político de impulsar la modificación de la Convención Internacional sobre Genocidio para que incluya a los grupos políticos, y que es aceptable que en los ámbitos periodísticos, políticos, sociales, sociológicos y académicos, se considere al caso argentino como genocidio. Por el contrario, no comparto pedir a los jueces que desconozcan el principio de legalidad, que no se atengan a lo que dice la ley, sobre todo cuando esa ley tiene implicancias en lo criminal y porque los jueces forman parte del brazo represivo estatal, que hoy, por fuerza de la lucha constante y no por conciencia o compromiso, intervienen en estos juicios.

Los argumentos para sostener el genocidio (destruir lazos y transformar relaciones sociales) también se aplican a los crímenes de lesa humanidad y, además, dado que en el caso argentino se persiguió a integrantes de organizaciones políticas y personas a ellas vinculadas, sostener la figura de genocidio en el ámbito judicial lleva inevitablemente a diluir lo político para sostener lo nacional, lo cual no sólo es, en mi opinión, una equivocación en términos jurídicos/judiciales, sino una visión política desacertada, porque lo que debe ponerse en primer plano es la militancia política y no cuánto afecta al grupo nacional. De lo contrario, volveremos a los primeros años posteriores a la dictadura en los que los sobrevivientes debieron invisibilizar sus pertenencias políticas, como quería el sistema, y no sólo el judicial. 

Que la persecución a grupos étnicos, religiosos o nacionales tiene un componente político, no cabe ninguna duda. Lo que creo desacertado es pensar que porque ello es así, los grupos políticos deben ser invisibilizados en un grupo más vasto, como es el nacional, sobre todo cuando no les importó la nacionalidad -de hecho, secuestraron, mataron y desaparecieron a personas de otras nacionalidades- y prueba de ello es la operación Cóndor, el acuerdo entre dictaduras para perseguir y eliminar a opositores políticos, integrantes de organizaciones políticas claramente definidas como enemigas de esas dictaduras, sin importar la nacionalidad. Por otra parte, hablar de discriminación negativa o de desigualdad ante la ley no hace más que reconocer que la persecución fue a grupos políticos.

Se dice que los grupos políticos no tienen la estabilidad de los nacionales. Puede ser. Pero quienes pensamos que se debe estar con los trabajadores, con los más vulnerables, con los desposeídos, sabemos que con los compañeros vamos hasta el fin de los días, no importa de dónde vengan; mientras que con muchos argentinos no hacemos ni media cuadra.

Buenos Aires, 14 de julio de 2022.

*Abogado DDHH.

La entrada Genocidio o Crímenes de Lesa Humanidad – Por Rodolfo Yanzón se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

Argentina 1985 cuenta uno de los episodios más emblemáticos de nuestro país. Y lo hace con humor, buenas actuaciones, ambientación y escenografía, y una banda de sonido que forma parte de lo más preciado de nuestra cultura musical.

Cuando una película pretende contar un hecho histórico inevitablemente surgen críticas sobre el modo en que se relata, los protagonistas y los hechos que no aparecen o por el modo en que aparecen. Y está bien, porque es una película que genera debate, tal vez porque utiliza el lenguaje de aquellos años, impregnado en buena parte del discurso militar por medio del cual la dictadura y los medios de comunicación justificaron la masacre para buscar impunidad.

La película invita al debate dejando en claro que en esos años los responsables mantenían poder y que no estaban dispuestos a ser juzgados. Mantenían el apoyo de los grandes empresarios, principales beneficiarios de la masacre. Si bien la película no hace referencia a este punto, sí alude a la complicidad de los medios de comunicación poniendo el ejemplo de Bernardo Neustadt, que junto a Mariano Grondona condujo Tiempo Nuevo, auspiciado por las “empresas a las que les interesa el país”.

Con excepción del Partido Intransigente, la Izquierda y minúsculos sectores del radicalismo y el peronismo –cuyo candidato presidencial en 1983 apoyó la autoamnistía de los militares-, la dirigencia política se opuso al juzgamiento. La película no ahonda en el tema aunque desliza al pasar que mientras el juicio a las juntas estaba en marcha, esa dirigencia apuraba negociaciones con el poder militar para acotar sus efectos. 

La película desnuda en parte la complicidad del sistema judicial, aunque no habla de cómo fue cómplice fraguando partidas de defunción en la Morgue Judicial, por mencionar un solo ejemplo. Por el caso de la morgue hubo una causa penal en la que se investigó a jueces, fiscales y funcionarios judiciales, que no llegó a nada, justamente por la complicidad de todo el sistema, con algunas excepciones.

La película recrea el momento en que Strassera y Moreno Ocampo piden a las Madres de Plaza de Mayo que se saquen el pañuelo para poder iniciar el juicio -las Madres fueron recibidas por primera vez por un presidente luego del 20 de diciembre de 2001-, dado que varios funcionarios judiciales lo habían exigido. En más de un juicio realizado después de 2007 se pudieron ver imágenes similares.

En una escena, un testigo sobreviviente dice que no declara porque no tiene garantías, dado que se cruza diariamente con sus secuestradores y torturadores. Moreno Ocampo/Lanzani dice que ellos le pueden garantizar seguridad, pero Strassera/Darín lo interrumpe para decir lo contrario, no pueden garantizarle nada, están solos en eso. Pero antes que eso sucediera, Strassera, ya fiscal ante la Cámara Federal, no quiere saber nada con juzgar a las juntas militares. Y eso la película lo expone cuando, ante la complicidad del Consejo Supremo de las FFAA, la Cámara Federal se debatía si se hacían cargo del juzgamiento.

Algunos criticaron la película porque faltaba el que, para ellos, era el héroe esencial de la historia: Raúl Alfonsín. Si bien es cierto que debe reconocérsele haber tomado la decisión de llevar a juicio a los integrantes de las juntas militares, también lo es que desde el primer minuto sostuvo la teoría de los dos demonios equiparando lo realizado desde el aparato estatal con lo hecho por las organizaciones armadas. Debe remarcarse, además, que él y su equipo pensaron que el juzgamiento debían realizarlo los mismos militares y que sólo ante demoras injustificadas intervendría la justicia civil. Siendo candidato presidencial, Alfonsín habló de tres niveles de responsabilidad: los que dieron las órdenes, los que se excedieron y los que actuaron por obediencia debida. Sólo los primeros y los segundos debían ser juzgados. Para el candidato radical la inmensa mayoría de los responsables debía quedar impune.

La casi totalidad del sistema judicial, cuyos funcionarios y magistrados venían de la dictadura, no quería saber nada con el juicio. Cuando la película relata el modo en que Strassera/Darín pensó cómo integrar el equipo que se haría cargo de la acusación, descartó infinidad de nombres y decidió (Strassera y Carlos Somigliana/Da Passano, principal protagonista de la historia) llamar a veinteañeros que terminaron poniéndose al hombro el armado de los centenares de casos que serían parte de la acusación. Esa parte del relato es uno de los mayores logros de la película.

La complicidad judicial lo toca al mismo Strassera, quien en dos oportunidades es señalado en el film por no haber hecho nada durante la dictadura. Y, la verdad, Strassera sí hizo, porque firmó dictámenes como fiscal dando visos de legalidad a homicidios cometidos por fuerzas militares y de seguridad y solicitando el sobreseimiento a favor de los perpetradores (en diciembre de 2016el juez Rafecas los declaró inválidos y procesó a los autores), y pidió el archivo de habeas corpus ante la falta de información por parte de las fuerzas militares y de seguridad.

La película resalta que la represión comenzó en 1975. Strassera/Darín se desvive por hacer decir a Luder que cuando firmaron los decretos de aniquilamiento, no significaba desaparición, tortura y muerte.

También pone énfasis en el sabor amargo que dejó la sentencia, tanto por las absoluciones como por las bajas penas, entre la que debe resaltarse la del brigadier Agosti, condenado a escasos cuatro años de prisión. Apenas conoció el veredicto, Strassera/Darín se puso a escribir las primeras palabras del recurso.

Otro logro de la película es la voz de los sobrevivientes, desde el primer testimonio, el de Adriana Calvo, que narró el parto de su hija Teresa en el piso de un auto estando secuestrada, pasando por el de Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, hasta el de Iris, mamá del negrito Avellaneda. Al fin y al cabo, los únicos héroes de esta historia son ellos, no sólo porque dieron testimonio de su secuestro y los tormentos que padecieron, sino fundamentalmente porque tomaron el compromiso de ser la voz de los que no pudieron estar, de sus compañeros desaparecidos. “Si salís de ésta, que no se la lleven de arriba”, le dijo el gordo Ardetti a Víctor Basterra estando cautivos en la ESMA. Y Víctor cumplió sobradamente, porque gracias a él se cuenta con material fotográfico que sirvió de prueba para condenar a decenas de integrantes de los grupos de tareas. Eran imágenes de varios represores y de personas que continúan desaparecidas, que pudo sacar del centro clandestino cuando los represores lo dejaban ir a visitar a su familia. Víctor declaró decenas de veces y fue pilar esencial en la lucha contra la impunidad.

Basterra aparece extraordinariamente personificado en la película, dado que el actor que lo representa es un calco de aquel Víctor de los ochenta. Pero lo extraordinario se acaba ahí, porque la película siembra un manto de duda sobre su actuación. Si bien se menciona que fue secuestrado y torturado y que tuvo que realizar trabajo esclavo, nada dice que fue vigilado por sus secuestradores hasta un año después de que Alfonsín asumiera como presidente, e ignora que la Cámara Federal argumentó que Víctor regresaba a la ESMA por propia voluntad por lo que absolvió por ese tramo de tiempo. La Cámara Federal no sólo utilizó el mismo discurso de la dictadura, sino que tomó más de uno de sus posturas justificatorias. Y ésta fue una de ellas. Pero Víctor, como todas las personas que fueron secuestradas, sabía que la dictadura no sólo se cernía sobre sus propias personas sino también sobre sus familias y allegados. “Los gobiernos pasan pero la comunidad informativa permanece” le había dicho uno de sus torturadores para advertirle que los servicios de inteligencia mantendrían sus miradas sobre él. Esta es la mayor crítica que debe hacerse a la película, porque de algún modo reproduce lo de la Cámara Federal, cuyos jueces no quisieron ver hasta dónde llegó el brazo del terrorismo de Estado.

Finalmente, si bien la película hace un relato sobre el juicio a las juntas haciendo hincapié en la labor de la Fiscalía, remarca que, a pesar de que luego llegaron las leyes de obediencia debida y de punto final del gobierno radical y los indultos del gobierno peronista, a partir de 2003 los juicios se reabrieron permitiendo juzgar y condenar a más de mil represores, y que esos juicios continúan. Los sobrevivientes, los familiares, los organismos de derechos humanos y la sociedad civil políticamente activa que los ha acompañado, son los protagonistas esenciales en la lucha de juzgarlos con jueces civiles en el marco de la Constitución Nacional y las leyes vigentes.

Bienvenido el debate, en épocas en las que los autoritarios se exhiben sin pudor, con el apoyo de grandes medios de comunicación, parte de la clase empresaria y de la derecha política; los mismos que en 1985 continuaban aplaudiendo a Videla y compañía.

Buenos Aires, 11 de octubre de 2022.

*Rodolfo Yanzón es abogado DD.HH., autor de Rouge -una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura. Representó a Víctor Basterra en los juicios por los crímenes de la ESMA.

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