Por Daniel Rosso*

(para La Tecl@ Eñe)

La exclusión del excremento

Desde el comienzo de los tiempos, los sectores que defienden al privilegio en la Argentina definen implícitamente a la democracia como la suma de todas las partes menos una.

Ese “menos una” es, para ellos, el mal absoluto que hay que excluir. Slavoj Zizek lo llama el excremento. La exclusión del “desecho” ha sido gestionada, a lo largo de nuestra historia reciente, con distintas metodologías: desde las proscripciones del Peronismo, en la década del 50, hasta el terrorismo de Estado a partir de 1976. Para estos sectores hay democracia si hay exclusión: hay libertad si previamente se la restringe. La mutilación es lo que hace posible el cuerpo de la democracia.

De allí que el lawfare es una nueva forma de uso de la violencia política para excluir al “menos una” de la democracia. Normalizar la república exige eliminar una de sus partes. Los nombres de ese excedente varian históricamente: los caudillos federales, el yrigoyenismo, el peronismo, el kirchnerismo, el sindicalismo, los piqueteros, entre otros.

La denuncia: la articuladora interna del lawfare

El lawfare o guerra jurídica, la confluencia entre algunos jueces, una parte del periodismo, los grandes poderes económicos globales, un sector de la dirigencia política y fracciones de los servicios de inteligencia, posee un componente interno que lo articula: la denuncia como práctica discursiva. Esta ha sido expropiada del campo de la investigación periodística rigurosa, del discurso político emancipatorio y de las argumentaciones serias de los fiscales, y reutilizada como una pieza clave de los procedimientos acusatorios del lawfare. Por supuesto: en esa apropiación ha habido una transformación de lo apropiado. El objetivo de la denuncia en el lawfare ya no es la búsqueda de la verdad: es la producción de culpabilidad. Por eso, esa práctica discursiva ha hecho un largo camino: de ser un instrumento de las dirigencias nacionales y populares para poner límites a los poderes concentrados, ha pasado a estar al servicio de estos últimos y en contra de los dirigentes que expresan con sus políticas a  los sectores populares.

Por eso, la denuncia, un medio legitimado en la lucha por “la verdad”, pasó a integrar la maquinaria de producción de falsedades. No se trata de la cultura popular obteniendo legitimidad de la cultura dominante, como sugiere Bourdieu. Es al revés: es la cultura dominante ganando legitimidad a través del uso de un medio previamente utilizado por la cultura nacional y popular.  

Ese medio legítimo, la denuncia, es reapropiado y utilizado como un articulador interno de las esferas donde se produce el lawfare: la acusación puede originarse en la política, en el periodismo, en los servicios de inteligencia, en los fondos buitre o en la justicia pero, en su tránsito por el resto de las esferas, va articulando a cada una de éstas para la producción de la culpabilidad y la  exclusión del “menos una” de la democracia. Es a través de esa práctica discursiva que se articulan los distintos actores de la guerra jurídica. En paralelo, nace la reacción: porque es también a través de la denuncia, nuevamente reapropiada por el campo nacional y popular, que comienzan a quedar en evidencia los mecanismos del lawfare.

El sujeto del lawfare: los culpables

La guerra jurídica produce un sujeto: los culpables. Lo hace, como ya vimos, a través de la denuncia que, como articuladora de los actores que integran la maquinaria de las acusaciones, es el procedimiento interior de producción sistemática de culpabilidad.

A la vez, estos mecanismos acusatorios requieren, para su funcionamiento, de escenarios políticos hegemonizados por concepciones morales: éstos se constituyen y sostienen produciendo “culpables” como contraste. Por eso, el lawfare y los discursos morales tienden a co-constituirse.

En la misma línea, el lawfare, para generar culpables en serie, cuenta con un modo de producción abreviado de pruebas: éstas y las denuncias tienden a estar superpuestas. Es decir: para los sectores fuertemente influidos por estas concepciones acusatorias, la denuncia ya contiene en sí misma la prueba de lo que denuncia. Las prácticas discursivas de esta guerra jurídica son tautológicas: el culpable lo es porque ha sido definido como culpable. De allí que se constituya un doble sistema de pruebas: el que se origina en el interior del lawfare y el que produce con el tiempo el sistema judicial como maquinaria fundamentada.

Dos ejemplos recientes de esta doble temporalidad: en las causas del dólar futuro y del plan Qunita, las denuncias y “las pruebas” superpuestas, se derrumbaron ante las pericias y evaluaciones posteriores. Pero ello no fue sin consecuencias: los declarados inocentes en segunda instancia, transitaron un tiempo siendo considerados culpables por una parte de la sociedad, tras haber sido definidos como tales por los mecanismos de la guerra jurídica. Es decir: hay una producción de “culpables temporarios”, que el primer sistema acusatorio consagra y que dura hasta que llega el segundo para derogar esa culpabilidad.

Los regímenes de desaparición y de visibilidad

A la guerra jurídica, como ya adelantamos, es necesario pensarla en la saga de las metodologías de supresión de ese “menos una” de la democracia.

Uno de los procedimientos más salvajes y perversos de exclusión tuvo lugar durante la dictadura: la desaparición de personas que fue, entre otras cosas, un mecanismo de sustracción de toda visibilidad de las víctimas. En cambio, en los regímenes donde predomina el lawfare, sucede lo contrario: en lugar de desaparición hay visibilización extrema de los perseguidos. ¿Por qué la diferencia? Porque el lawfare, en oposición a la dictadura, no tiene al sistema represivo en su centro de gravedad sino al aparato de medios hegemónicos: de allí que en lugar de desaparición haya visibilización intensa. ¿Visibilización para qué? Para estigmatizar y luego destituir, marginar, excluir o encarcelar. La desaparición es una exclusión en primera instancia, la visibilización extrema es una exclusión a través de una secuencia de movimientos.

Por lo cual, el lawfare es el rearmado del sistema de dominación con el mismo objetivo de la dictadura pero con un procedimiento inverso: en lugar de la desaparición, o sea, en lugar de la eliminación de los cuerpos a través de su invisibilización, procede hipervisibilizándolos para destituirlos, excluirlos y encarcelarlos.

Entonces: si bien la guerra jurídica supone la articulación a través de la denuncia de varias esferas, el rol de una de ellas, la de los medios hegemónicos de comunicación, es estratégico. Son los que producen la visibilidad y estigmatización de los cuerpos que son acusados y culpabilizados como paso simultáneo a la búsqueda de su exclusión.

Recorte de ilustración del libro «Lawfare o la continuidad de la política por otros medios»

Medios hegemónicos y disputa preelectoral

Una cosa ha llamado la atención en los últimos días: esos medios hegemónicos, protagonistas de la guerra jurídica, han tenido un rol significativo en el proceso de discusión de las listas legislativas del Frente de Todos. A través de voces en off, algunos operadores gubernamentales han instalado candidatos y han hecho correr versiones sobre las preferencias presidenciales, sacando la discusión de la orgánica de la coalición y depositándola en estos medios opositores.

De ese modo, a través de una hibridación extraña, estos medios han sido, en simultáneo, quienes continuaron con las operaciones destituyentes y descalificatorias de la actual administración y, a la vez, el instrumento de sectores internos de la coalición de gobierno para intentar imponer sus candidatos sobre el de los otros sectores. Es decir, estos medios han detentado un doble rol: operadores políticos contra la coalición gobernante y, al mismo tiempo, aliados de un sector contra otro en la lucha interna por las candidaturas y los posicionamientos de esa misma coalición.

Hace apenas unos días, vimos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, vestida de blanco y sentada en un sillón blanco, denunciando el lawfare a través de un alegato público. Mientras ello sucedía, uno de los componentes de ese mecanismo de exclusión, los medios hegemónicos de comunicación, tomaba su discurso, lo intervenían, lo diseccionaban e intentaban estigmatizarlo. Todo en tiempo real.

En esa oportunidad vimos a la Vicepresidenta, otra vez, disputando el sentido de lo que sucede en la Argentina desde el interior beligerante del sistema de medios hegemónicos. Desde adentro de ellos y en oposición a ellos. Polemizando en las mismas entrañas del dispositivo. Discutiendo con él en el mismo proceso en el que éste intentaba transformarla en el “menos una” de la democracia argentina.

Sólo unos pocos días después, ese grupo de voceros de la coalición de gobierno al que nos referíamos más arriba, trasladaba parte de la disputa sobre la conformación de las listas del Frente de Todos desde las orgánicas políticas hacia las páginas y pantallas de estos medios hegemónicos. Es decir: un mismo sujeto mediático actuaba, para distintos sectores de la coalición, alternativamente como adversario y como aliado. Alguien podría decir que son las dos cosas: adversarios políticos y aliados funcionales. Puede ser. Sin embargo, da la impresión que en esta falta de definición en común acerca de qué son los medios hegemónicos para el Frente de Todos, reside una parte importante de la explicación de la carencia de políticas públicas de comunicación en la Argentina. Nos tocará pensar, luego de las elecciones, que es lo que debería venir después del lawfare: seguramente algo más que puntos suspensivos.

Buenos Aires, 28 de julio de 2021.

*Sociólogo, docente y especialista en Comunicación. Ex Subsecretario de Medios de la Nación.

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