Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Alguna vez un personaje extremadamente reaccionario me dijo: “Soy tan conservador que, si Dios me hubiese pedido consejo, le hubiese respondido que era mejor dejar el caos”. Recuerdo esas palabras ahora, cuando la actual situación judicial en nuestro país es abiertamente caótica, en el auténtico sentido del desorden universal precedente al cosmos, es decir que produce la sensación de una regresión hacia el caos.

Aquí y en todo el mundo hubo dictaduras horripilantes, en las que cualquier habitante corrió el riesgo de ser asesinado, pero respondían a un “orden” criminal, sangriento, cruel, sucio, cobarde, repugnante, asqueroso, pero “orden” al fin.

Ahora y aquí, por lo general no corremos esos riesgos, sino el de ir presos que, si bien es menor, no por eso es menos repudiable, y tampoco es producto de un “orden” de aquellas características, sino del “desorden” caótico. Bajo el criminal “orden” genocida argentino, todos los habitantes fuimos potenciales desaparecidos, pero ahora, bajo el “desorden” caótico, todos somos potenciales presos. No se puede negar que es menos grave, pero eso no sirve de consuelo.

Podemos decir que estamos todos en libertad condicional y que, en cualquier momento, puede sernos revocada por un grupo de jueces ubicados en posiciones estratégicas y que invocan argumentos jurídicamente aberrantes, como una “traición a la Nación” sin guerra o la invención de “vínculos residuales” o sencillamente ninguno, porque la arbitrariedad no los necesita.  

La Corte Suprema tomó la gravísima decisión de habilitar la “presencialidad” en las escuelas, sin solicitar la opinión de ningún perito, es decir, con el solo conocimiento epidemiológico de sus jueces omniscientes.

También cuando se le hizo saber que la prueba decisiva para condenar a un ciudadano había sido la declaración de un testigo sobornado con un hotel, puso un sello que decía que eso no le interesaba.

Cuando se le observó que en trece causas había intervenido el mismo juez instructor y los mismos jueces de alzada y casación, después de demorar su decisión algunos años, reiteró que solo es competente cuando media sentencia condenatoria o prisión preventiva efectiva y que esos otros detalles no configuraban ninguna gravedad institucional.

La misma Corte consideró que el Consejo de la Magistratura no estaba compuesto en forma constitucional, que en verdad nadie sabe ni puede decir cuál es, porque la Constitución no lo dice. Pero dejó que funcionase así durante años hasta desempolvar el viejo expediente para tomar el control del Consejo, devolviendo vigencia a una ley derogada por el Congreso de la Nación. De ese modo, en el futuro no tendrá necesidad de “secuestrar” a otro senador para que no llegue a tiempo para votar la destitución de un juez molesto, y de paso, también podrá controlar el concurso en el caso de los jueces “trasladados” a dedo por un Ejecutivo.

Esa misma Corte fue la que quiso aplicar el cómputo del “2×1” a los genocidas que nunca habían estado en prisión preventiva y, ante el escándalo y la masiva manifestación popular, dos de sus jueces modificaron su criterio, pero nada menos que haciendo aplicación retroactiva de una ley penal más gravosa, so pretexto de acatar una “ley interpretativa”, que no existe en el derecho penal, pues las leyes penales las interpretan los jueces. Es la primera vez en toda nuestra historia en que se resolvió algo semejante, quizá siguiendo la doctrina alemana o soviética, pero de los años cuarenta.

Acaba de resolver que cualquier noticia, por infamante que sea, debe quedar en “Google” para siempre, aunque al parecer hubo un cambio de criterio extraño en el curso de la toma de decisión.    

Fueron sometidas a vejámenes ante las cámaras de televisión personas que podían haber ido a pie a prestar declaración indagatoria, sin que la Corte Suprema ni los jueces de mayor competencia -todos responsables de la superintendencia- llamasen la atención a quienes habían ordenado o tolerado esas nuevas picotas.  

El viejo truco de iniciar actuaciones por el mismo hecho con diferente calificación estuvo al orden del día, violando el elemental principio que prohíbe volver a enjuiciar al que fue absuelto o sobreseído. Tampoco llamaron la atención pretendidos sorteos, cuyos resultados desmienten todas las teorías de la probabilidad. Y menos aún las numerosas maniobras que hacen que todas las causas que interesan a los poderes fácticos vayan a dar a los mismos tribunales y pasen por los mismos dos jueces de casación, que visitaron quince veces a Macri, por antigua amistad o para jugar al paddle.

La regla es clarísima: se creó un fuero de atracción, como si fuese una quiebra o una sucesión, para que esos jueces persigan y condenen a los funcionarios del gobierno anterior al 2015 y encubran a los del gobierno del 2015 al 2019. Incluso se amenazó a pretendidos “arrepentidos” para que declarasen contra cierta persona, so pena de quedar en prisión preventiva efectiva, con la participación de un fiscal que se ampara en sus fueros para eludir su indagatoria por extorsión, mientras espera que el fuero de atracción absorba su causa y lo exima de toda responsabilidad.

Y ahora la enfermedad de Milagro Sala -la presa política por excelencia del país- hace que su caso vuelva a la primera plana, después de siete años de prisión arbitraria, durante los cuales ninguno de los poderes del Gobierno federal hizo nada por resolver la escandalosa situación del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy. Demás está decir que la Corte Suprema de la Nación no tomó ninguna decisión frente al caso, que duerme empolvado en algún cajón. Si Milagro está en arresto domiciliario es por disposición de la Corte Interamericana, a la que ahora desafía el Gobernador y manda personal a que se meta sin previo aviso en el cuarto de la enferma y la despierte para darle una cédula de notificación. 

Todos saben que el Gobernador hizo que su Legislatura ampliase el número de jueces del Superior Tribunal, para cubrir de inmediato esas vacantes con los diputados que habían votado la ampliación. Además de que en ese poder judicial todos parecen ser parientes, como el Gobernador aspira a una “re-reelección” inconstitucional, obliga a renunciar a seis de los nueve jueces del Tribunal.

Por efecto de un acuerdo espurio con el principal opositor, el gobernador dispone de la mayoría absoluta en la Legislatura, lo que le permite amenazar a toda la magistratura de la provincia con destituciones por juicio político. De los tres jueces que quedan en el Tribunal, uno fue el ministro de seguridad que detuvo a Milagro.

El Presidente de la República no puede indultarla, porque el inc. 5º del art. 99 de la Constitución Nacional solo lo habilita a hacerlo “por delitos sujetos a la jurisdicción federal” y Milagro es prisionera de la llamada “justicia” provincial.  

Lo cierto es que los jueces que mantienen presa a Milagro están incurriendo en graves delitos, admitidos por algunos de ellos en dichos “en off” pero divulgados, en que expresaron que lo hacen porque no se podría gobernar con ella libre. Queda claro, pues, que no son decisiones impugnables y opinables, sino resoluciones tomadas por el dolo directísimo de privar ilegalmente de libertad a una persona, es decir, que desde hace siete años –y hasta este momento- se está cometiendo un gravísimo delito continuo que nadie interrumpe.

El art. 5º de la Constitución Nacional manda que en las constituciones provinciales “se asegure su administración de justicia”; el 6º dice: “el Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno”.

El art. 29º conmina con “la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria” que las legislaturas provinciales otorguen a los gobernadores “facultades extraordinarias” o “la suma del poder público”. La omisión de la Legislatura de Jujuy para hacer cesar la sumisión de sus jueces al Gobernador implica que acepta que éste ejerza la suma del poder público y desconozca la forma republicana de gobierno, como lo demuestran los hechos.  

¿Pero la omisión de impulsar la intervención federal, al menos al judicial provincial, conforme al art. 6º constitucional, por parte del Congreso Nacional y del propio Ejecutivo como colegislador, no es acaso una suerte de participación o facilitación por omisión en el delito del art. 29 constitucional?

No es ningún argumento válido que el proyecto de intervención no obtendría la mayoría en el Congreso Nacional, porque incluso en ese caso, al menos salvarían su responsabilidad quienes impulsasen el proyecto o lo votasen nominalmente; hasta ahora el silencio o la omisión compromete a todos, si no jurídica al menos éticamente.

Digámoslo más claramente: se está cometiendo un delito de privación ilegítima de libertad en Jujuy, cuya Legislatura deja que su Gobernador ejerza la suma del poder público, lo que configura también el delito del art. 29 constitucional y, no obstante, los tres poderes del Gobierno federal permanecen impasibles: la Corte “cajonea” la causa y los otros dos ni siquiera tienen el mínimo gesto de impulsar la intervención prescripta por el art. 6º constitucional, cualquiera sea el resultado.

Si se pronunciase la Corte Interamericana ordenando al Estado hacer cesar la prisión de Milagro, el Gobierno federal no podría alegar su impotencia, porque se lo prohíbe la Convención Americana (art. 28). Sería lamentable que la intervención federal se dispusiese por imperio del derecho internacional, cuando al asumir todo funcionario nacional jura no solo cumplir la Constitución, sino también “hacerla cumplir”.      

Después de reflexionar lo anterior, ocupo en un café una mesa junto a la ventana y observo pasar a la gente. Nadie se da cuenta de estar en libertad condicional, aunque dentro de un rato cualquiera de esas personas pueda ser Milagro, o alguna de las otras víctimas del “lawfare”. Si se lo hiciese notar, algunas me dirían “yo no soy político, no tengo nada que ver” y hasta no faltaría quien me dijese “no sé nada de política ni me interesa”.

Pero, sé muy bien que mañana vendrán por los competidores en el mercado, por quienes protestan en las calles, después por empresarios pymes, por sindicalistas, por vendedores de empanadas caseras o de globos, y, como observaba Bertolt Brecht, luego será tarde. De todas formas, pienso que, conforme a la teoría del caos, este es inestable y al final se organiza. No es verdad que sea mejor regresar al caos y mucho menos decirle a Dios que se equivocó. Mejor tomamos el café mientras vemos cómo se puede organizar el caos para volver a la República. 

Buenos Aires, 9 de julio de 2022.

*Profesor Emérito de la UBA.

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es un tribunal; es obvio que está integrado por jueces; también es obvio que los jueces tienen la misión de resolver los conflictos que se les plantean; también pueden decidir si son competentes para resolverlos o si la competencia corresponde a otros jueces. En cualquier caso, deben resolver, porque no puede quedar un conflicto jurídico sin solución, dado que en ese caso lo dejarían librado a la fuerza y no al derecho.

Se supone que los jueces no sólo deben resolver los conflictos, sino también hacerlo en tiempo oportuno, es decir, antes de que el conflicto escale, adquiera mayores proporciones y perturbe más la convivencia democrática, pues los jueces sirven para conservar la paz interior.

Es para eso que el Estado tiene a estos funcionarios especializados y los dota de ese poder de decisión dentro del sistema de pesos y contrapesos que corresponde a la separación de poderes republicana.

Todo lo dicho no es más que una banalidad que comprende cualquier ciudadano que haya cursado la escuela primaria y más si alguna vez en el secundario le explicaron aquella vieja materia “instrucción cívica”.

En el caso de las candidaturas de Sergio Uñac y Juan Manzur se le preguntó a los jueces si estos ciudadanos estaban habilitados para ser candidatos a gobernador y vicegobernador respectivamente en sus provincias. La cuestión había sido resuelta por las máximas instancias de esas provincias y quienes se oponían a esas candidaturas la llevaron ante los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

No existe en el caso ninguna discusión acerca de hechos que hubiese que investigar o esclarecer: se trata de una cuestión de las que se llaman “de puro derecho” y que, en esta oportunidad, se resuelve limitándose a leer e interpretar la Constitución Nacional y las de las respectivas provincias.

Este conflicto fue llevado ante los jueces del máximo tribunal hace meses, mientras se convocaba a elecciones, se ponía en funcionamiento la trabajosa preparación del proceso electoral y se desarrollaban las consabidas campañas políticas en ambas provincias. Era del dominio público que se invertían recursos de los pueblos en esas campañas y que se estaba movilizando a la opinión, como corresponde a toda elección democrática. Los jueces del máximo tribunal federal veían avanzar este proceso sin pronunciarse, es decir, sin decidir el conflicto.

Hubo tiempo más que suficiente para que leyesen los textos de las Constituciones, hiciesen un análisis completo desde lo exegético hasta las mayores finezas de la hermenéutica jurídica, como también para que con la actual celeridad propia de la electrónica recogiesen la doctrina y los precedentes jurisprudenciales, nacionales y extranjeros. Pudieron hacerlo incluso disponiendo del adorno de las citas más exóticas.

En tal caso podían haber resuelto declararse incompetentes y decir que ya estaba resuelta por los tribunales de las máximas instancias provinciales, o bien declarase competentes, considerando que se trataba de un caso federal y tomar una decisión acorde a este criterio. En este último caso, sería la de considerar que Uñac y Manzur podían ser candidatos o que no lo podían ser. Nada de esto hicieron, es decir, no se pronunciaron, pese a ser público que el proceso electoral seguía avanzando conforme al cronograma establecido y se acercaba su culminación.  

Es verdad que los jueces de la Corte Suprema no tienen términos para decidir y bien podían no hacerlo, dejando pasar las elecciones y luego declarando que el caso había devenido abstracto. No era la mejor solución, por cierto, quizá éticamente objetable, porque si no se les imponen términos, es para que puedan priorizar sus decisiones en razón de la gravedad y urgencia de los conflictos en orden a resolverlos en tiempo oportuno y no arbitrariamente. De todas formas, lo éticamente objetable no siempre es jurídicamente objetable. Pero tampoco lo hicieron.

Era notorio que el proceso democrático avanzaba y eso urgía una solución, si es que no habían decidido que la cuestión se volviese abstracta por el paso del tiempo sin decisión de fondo.

Dispusieron de tiempo suficiente para resolver una cuestión de puro derecho, pero no lo hicieron. Tampoco lo han resuelto ahora, sino que, insólitamente decidieron suspender las elecciones provinciales, es decir, interrumpir el proceso democrático en las mismas vísperas de su culminación, sin responder lo que se les preguntó y, por ende, sin resolver el conflicto.

En lugar de decidir la cuestión planteada, resolvieron a mero título de medida provisional, “cautelar”, es decir so pretexto de “prudencia”, algo que no tiene precedentes por su “imprudencia”, es decir, interrumpir el proceso democrático, al parecer para darse más tiempo para leer las Constituciones, puesto que los meses anteriores no habrían sido suficientes para meditar acerca de esa lectura y de la adecuada interpretación de sus textos y dar una respuesta.

No es bueno abundar en tecnicismos ni latines que pueden oscurecer el razonamiento, cuando las cosas son tan claras que bien pueden entenderlas quien nunca haya leído ni el más pequeño libro de derecho.

Por eso, las banalidades expuestas al comienzo, comprensibles para cualquier ciudadano, son suficientes para valorar esta decisión de los jueces: (a) Dejaron avanzar el proceso democrático sin resolver lo que se les preguntaba. (b) Interrumpieron el proceso democrático en la inminencia de su culminación sin tampoco resolver lo planteado. (c) En lugar de la medida cautelar que interrumpe el proceso democrático, podían haber resuelto el fondo, pero no lo hicieron. (d) Los jueces de la máxima instancia federal, en lugar de usar el privilegio de no estar sometidos a términos para priorizar y dar decisiones oportunas, lo usaron para no dar ninguna solución e interrumpir el proceso democrático en dos provincias. (e) El resultado es que el conflicto sigue sin solución, nadie sabe si Uñac y Manzur pueden o no ser candidatos, pero el proceso democrático se interrumpió. (f) En síntesis, en lugar de resolver el conflicto, no se hizo más que agravarlo.

Quizá la correlación de fuerzas políticas impida que de momento el Senado Federal opere conforme al artículo 53º constitucional, pero la ciudadanía ya mismo puede opinar si lo anterior es la buena conducta prescripta por el artículo 110º.           

Buenos Aires, 12 de mayo de 2023.

Profesor Emérito de la UBA.

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Por Carlos Rozanski*

(para La Tecl@ Eñe)

Para comprender en su real dimensión el proceso de lapidación judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, hay que hacer un recorrido en el tiempo.

Así, hace seis millones de años, cuando los monitos bajaron del árbol, la forma de resolver los problemas con los de su misma especie fue la violencia. De ese modo comenzaba un extensísimo periodo de evolución hacia los actuales primates, quienes muchos siglos después, crearon los primeros Estados y con ellos la concentración del monopolio de la fuerza. De esa novedosa construcción institucional surgiría a su vez la intervención en la resolución de conflictos en reemplazo de la violencia cuerpo a cuerpo y de la ley del más fuerte.

Durante ese proceso, y para hacer posible la vida en comunidad, fue imprescindible elaborar normas que regulen la convivencia siendo éste uno de los recursos más importantes de la evolución. Eso permitió poner una barrera a aquellas tendencias que sin contención adecuada terminarían destruyendo al ser humano.

A su vez, hay que remarcar que ese avance hacia los actuales sistemas jurídicos ha sido lento y en muchos casos con notables retrocesos. Dichas regresiones en general  se debieron a razones políticas sumadas a la propia tendencia en el ser humano de reaccionar negativamente ante avances sociales positivos (backlash).

Igualmente, resulta interesante para comprender el contexto actual, recordar que el hombre primitivo desconocía los principios de causalidad y carecía de conciencia del yo. Su cosmovisión “prelógica” y ese desconocimiento de la causalidad, lo llevaba a explicar los hechos por vía sobrenatural.

Al respecto, cuenta Holman Bentley que, en el Congo, un obrero nativo estaba sentado expuesto al frío y la lluvia. Fue obligado a entrar en su casa y cambiarse de ropa. Ante eso y la indicación de que evitaría así una enfermedad, el hombre respondió: “Nadie muere por culpa de un viento frío, eso no tiene importancia; sólo se cae enfermo y se muere por el acto de un hechicero” (1).

De ese pensamiento mágico, se derivaban numerosas formas retributivas como el hechizo, consistente en ejecutar un acto para que se produzca el resultado buscado (por ejemplo pintar el animal que quiere cazarse). Otra de las formas era el aspecto negativo del tabú, que consistía en acarrear desgracias si se realizaba la cosa prohibida.

Hoy, en un proceso de involución cultural sin precedentes en el país, ha emergido un reducido sector de la sociedad que sostiene afirmaciones y argumentos compatibles con el pensamiento pre-civilizatorio similar al del obrero del Congo citado por Bentley. Así, personajes con notorias alteraciones de conducta que enuncian un pensamiento mágico-primitivo, han llegado a importantes cargos gubernamentales.  

Entre ellos, la diputada nacional Lilia Lemoine pone en duda la llegada del hombre a la luna y sostiene que la tierra es plana y que está rodeada de una pared de hielo. Igualmente, tiempo antes de ser electa, propuso para diagnosticar el COVID “agarrar a un enfermo de coronavirus, hacerlo toser arriba de una mesa y que después vaya otra persona a chupar la mesa y ver si se contagia o no se contagia”. Agregó que “es un test muy simple que lo podés hacer en tu casa” (SIC). Con esos antecedentes, el 7 de mayo de 2024, Lemoine fue designada como secretaria 1° de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva de la Cámara de diputados de la Nación.

A su vez, el también diputado nacional Alberto Benegas Lynch nieto (Bertie), sostiene que las ballenas se extinguen porque los océanos no tienen alambrado y propone su privatización. (2)

Afirmó además sobre la educación de los niños y el trabajo infantil que: “Libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo” Con esos antecedentes, Bertie fue designado presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados.

Por su parte Javier Milei propone crear un “mercado libre de adopciones de niños” (3) y se opuso como diputado a asistir a bebés con cardiopatías congénitas con el argumento de que era “un gasto para el Estado”. Finalmente, el 14 de mayo de 2022, en una entrevista pública, sollozando afirmó: “Moisés era un gran líder, y tenía unas pelotas grandes como una casa […] pero no era bueno divulgando. Moisés era tartamudo. Y entonces el Uno le manda a Aarón para que divulgue. Y esa es la realidad, Kari es Moisés y yo soy Aron”. (4). Con esos antecedentes, Milei asumió como Presidente de la Nación Argentina, cargo que aún ejerce.

De los ejemplos citados es posible inferir dos conclusiones centrales para estas líneas respecto de nuestra Cámara Baja.

La primera, que si bien en el proceso evolutivo de la humanidad, el pensamiento lógico científico se ha impuesto al mágico, no ha logrado reemplazarlo de manera total. Infinitos miedos así como diversos trastornos presentes en numerosos individuos, se resisten a diario a aquellos razonamientos que no logran calmar sus ansiedades y sufrimientos. Se aferran entonces a discursos que, aún carentes de todo sentido, les brindan una efímera pero efectiva calma.

La segunda es que los desvaríos y crueldad de los dirigentes de las extremas derechas del país así como de los de sus círculos íntimos,  desnudan una realidad no menos grave que es la disfunción institucional que caracteriza el momento que atravesamos. Surge obvio que el hecho de que una terraplanista integre una comisión de ciencia o que un personaje mesiánico y supremacista blanco presida el país, no es cuestión menor. Pone en evidencia la impotencia de quienes desde los mecanismos de control previstos en la constitución nacional y las leyes del país deberían frenar el avance de aquellos personajes delirantes que están causando hambre, enfermedad y muerte en la República Argentina.

En cuanto al restante poder del Estado, el judicial, la cuestión no se presenta menos compleja. Cabe recordar aquel fatídico 10 de septiembre de 1930 en que la Corte Suprema de Justicia convalidó el primer golpe de estado producido cuatro días antes. Desde ese entonces, el escenario judicial ha ido variando en sintonía con los vientos políticos. Hoy, reducida a su mínima expresión de tres miembros -récord mundial-, la corte acompaña sin objeciones el contexto particularmente cruel diseñado por el poder real y ejecutado por el presidente Milei y su runfla.  

Así se llega al 10 de junio pasado en que la Corte Suprema puso su sello a una nueva ignominia de Estado confirmando la condena de la ex presidenta Cristina Férnandez de Kirchner por hechos que nunca cometió.

El fallo es el final -provisorio- de una secuencia viciosa comenzada en 2016 bajo el gobierno de Mauricio Macri, primer mandatario del mundo con fuertes sospechas de pertenecer de manera orgánica a una organización mafiosa internacional. (5)

Así, a lo largo de nueve años desfilaron por el expediente 17 jueces y fiscales federales. Ninguno vaciló siquiera un segundo en las decisiones que tomó, en una persistencia tan obsesiva de negar lo obvio que sólo confirma la trapacería de la operación.

Es ilustrativo recordar un episodio sucedido durante el juicio ya que ayuda a comprender la obsenidad con que se desarrolló la operación contra Cristina Fernández de Kirchner y que culminó con el fallo de la Corte Suprema.

Así, el domingo 7 de agosto de 2022, el periódico Página 12 publicó en su tapa una foto de un equipo de fútbol llamado “Liverpool” en el que se observaban el fiscal Luciani junto al juez del tribunal, Gimenez Uriburu. Según surge de la nota, el equipo jugaba al fútbol en la quinta “Los Abrojos” propiedad de Mauricio Macri.

Al día siguiente, 8 de agosto, previo al inicio de la audiencia de alegatos prevista de manera virtual, el Dr. Carlos Beraldi, defensor de Cristina Fernandez de Kirchner, recusó a los Dres. Luciani y Giménez Uriburu a raíz de su estrecho vínculo personal que los obligaba a excusarse. Se sumó a la argumentacion el hecho de que las prácticas deportivas tuvieron lugar en la citada propiedad del ex presidente Macri. Luego de la presentación se dió inicio a la audiencia. En su transcurso, el juez recusado, Rodrigo Giménez Uriburu, insólitamente se exhibió ante la cámara que transmitía su imagen tomando de un mate con un escudo del equipo “Liverpool” motivo de la recusación.

El retrato del juez con ese exclusivo mate implica un nivel de violencia institucional que quedará como emblema de la impunidad con que se elaboró la operación contra la ex presidenta y del cinismo con que se concretó.

En ese sentido, la tobillera que le colocaron a CFK no fue puesta para evitar fuga alguna sino para disciplinamiento de un vasto sector de la comunidad. Es el trabajo coordinado de las más altas esferas de la economía nacional e internacional, que utilizan a un grupo de desquiciados con muy bajo nivel intelectual e inexistente caudal ético a quienes manipulan arbitrariamente. Algunas veces lo logran por monedas y otras por grandes sumas de dinero. Esos personajes resultan un instrumento imprescindible en esta sofisticada evolución del Lawfare.

Finalmente, es bueno recordar que los tribunales sobre los que escribió Franz Kafka en su extraordinaria obra “El proceso” no tienen calle ni número. Pueden ser de la Praga de 1914 o de la CABA de 2025. También puede ser cualquier edificio en el cual lo disparatado, la ambición y la crueldad de un sistema judicial corrupto permita la persecución y encarcelamiento de una ciudadana inocente.

Ante ello, ningún libro jurídico incluyó receta alguna para enfrentar con eficiencia un escenario absurdo y violento como el que instalaron quienes manejan los hilos de la extrema derecha gobernante en nuestro país. 

En la Argentina actual, los hechiceros judiciales han hablado. De las oportunas respuestas que podamos elaborar dependerán la salud, la alimentación y el futuro de gran parte de nuestra comunidad. Después, siempre es tarde.

Referencias:

1-W. Holman Bentley, “Life on the Congo”. Pranava Books, 2022).

2- 19/10/2023, en una entrevista para Filo News.

3- 18/10/2023 Dannan o muerte. LaRz Radio

4- 14 de mayo de 2022, entrevista de Viviana Canosa a Javier Milei, en la Feria del Libro de Buenos Aires

5- De Hitler a Milei. Curiosidades de mentes criminales. Rozanski Carlos, Ediciones Ciccus 2024, Pag. 135.

27 de junio de 2025.

*Ex Juez de Cámara Federal y ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de La Plata.

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Nunca hemos caído en la ingenuidad de creer que lo institucional está más allá de la política: todo es político,a condición de entender a la política como arte de gobierno -y también de negociación- y no en el despreciable sentido schmittiano de individualizar a un enemigo para aniquilarlo.

Lo institucional no hace más que señalar algunos límites elementales a la política, pero cuando se desmadra y pasa por alto todos esos límites es menester pensar con urgencia en reencausarla y desde la propia política reconstruir lo institucional. Es sencillo decir esto, pero difícil hacerlo, puesto que estas urgencias tienen lugar en situaciones de caos y en momentos de anomia, es decir, cuando las reglas anteriores dejaron de funcionar. Caos, desconcierto y anomia no son condiciones favorables para meditar con serenidad en la reconstrucción de los límites racionales de la política.

No descartamos que estas líneas tampoco sean resultado de un pensamiento sereno, pues lo contrario sería presumir de sujetos biológica o psicológicamente privilegiados que, por cierto, no lo somos, pero al menos es posible asegurar que son resultado de nuestro mayor esfuerzo en ese sentido. Esperamos haberlo alcanzado en alguna modesta medida.

Sin dar gritos de alegría –porque no es el caso- cabe observar que la política argentina parece despertar, dejar de estudiarse el ombligo y dar signos de un renacer de la racionalidad. Gobernadores en línea, oposición acallando sus rencillas internas, el Congreso de la Nación asumiendo una función de contención del autoritarismo ejecutivista de un titular que se considera depositario de la suma del poder público legislando por decretos. No es mucho, pero es bastante, especialmente frente a los errores, omisiones y prolongados silencios de los últimos tiempos: por algo se empieza, al menos por un incipiente acuerdo que indica tendencia a cierta unidad en base a la razón.

Reconstruir lo institucional implica reparar el modelo de Estado de derecho, es decir, a un Estado en que se aspira (aunque nunca se logre del todo) a que todos estemos sometidos por igual a las leyes, por oposición al Estado de policía, en que todos están sometidos a la voluntad arbitraria del mandón de turno. Si entendemos esto con suficiente realismo, veremos que debemos descartar la idea de que el modelo del Estado de derecho es como un aparato de calefacción que compramos por internet, viene un técnico, lo instala, lo enchufamos, accionamos un botón y funciona.

Esta imagen bucólica y estática del Estado de derecho es falsa, porque en la realidad política y social siempre hay privilegiados que se oponen al avance de la igualdad ante la ley, es decir, que resisten en defensa y ampliación de sus privilegios. De este modo, la contraposición Estado de derecho vs. Estado de policía es una constante lucha: por un lado, los que combaten los privilegios y pugnan por ampliar derechos y, por otro, quienes defienden los privilegios y quieren limitar los derechos. En definitiva, se trata de la vieja lucha por el derecho de Rudolf von Jhering, que no es ninguna dialéctica, porque no conoce síntesis; simplemente es una lucha constante y continua en la que hay avances y retrocesos.

Todo esto está hoy bastante confundido, porque hasta hace poco, quienes luchaban por la igualdad y la ampliación de derechos eran quienes sostenían discursos disruptivos y transgresores, pero fueron perdiendo esta característica, se fueron mostrando como serios, formales, aburridos burgueses achanchados entretenidos en la contemplación de sus ombligos, lo que hizo que los defensores de los privilegios se apoderasen de las formas disruptivas y transgresoras, las sobreactuasen al máximo y acabasen generando la anomia, porque el discurso negador de derechos asume en forma brutal y desmedida las formas tradicionales de los defensores de la igualdad jurídica. El caso más claro de esta pantomima entre nosotros es el lenguaje, la gesticulación, los insultos, los gritos, las metáforas perversas, las miradas y las expresiones faciales marcadamente histéricoformes del actual titular del poder ejecutivo.

Esto no es nuevo ni mucho menos: ¿Acaso ante la decadencia de la política de Weimar no fue disruptivo el nazismo? ¿Algo diferente no pasó con la segunda República española? Cuando quienes luchan por la expansión de los derechos dejan perder sus formas y se apoderan de ellas y la extreman hasta lo grotesco quienes defienden los privilegios, es inevitable que todo se confunda y cunda la anomia, es especial en nuestros días, cuando no solo todo un aparato mediático tradicional, sino también otro altamente tecnológico, se encarga de profundizar al máximo el desconcierto.

Se fue al diablo la institucionalidad en nuestro país y, sea como fuese, será la política misma que deberá reconstruirla para no volver a desmadrarse. Nadie más que la propia política lo debe hacer sobre la base de mínimas coincidencias racionales que la pongan nuevamente al frente de la lucha por el derecho. Parece ahora misión imposible, pero no lo es, porque no solo es posible, sino que se le impone como necesaria. Más tarde o más temprano lo hará, porque los pueblos y las naciones no se suicidan y, por cierto, lo mejor es que sea lo más temprano posible, para evitar mayores catástrofes.  

El diagnóstico institucional de nuestro Estado es el peor que hayamos conocido en tiempos de gobiernos que no sean de facto. El tan mentado e intocable presidencialismo muestra sus defectos descarnadamente, con un presidente que no respeta límite alguno: legisla por decreto, emite decretos de supuesta necesidad que implican reformas constitucionales, despide impunemente a miles y miles de empleados públicos, desfinancia por esos medios la salud y la educación –por todos los anteriores bastante cuidadas-, reprime policialmente manifestaciones públicas incluso contra jubilados y discapacitados, exhibe y goza con su crueldad, no solo rehúye al diálogo democrático sino que insulta a los opositores, los acusa de todos los males que él mismo provoca, promueve el odio y el aniquilamiento de la oposición, no miente, sino que alucina cifras en las que él solo cree en medio de su separación de la realidad, acusa al Congreso de la Nación de armar un golpe de Estado porque rechaza sus vetos, y podría seguir.

Los defectos institucionales –y el hiperpresidencialismo argentino lo es- no se notan demasiado hasta que llega el peor, y finalmente llegó un desaforado alucinado a cargo del ejecutivo unipersonal. Creo llegado el momento de volver a pensar si el presidencialismo es la mejor forma de gobierno republicano. No importa que de momento no haya ninguna posibilidad real de cambiarlo, pero de todos modos bueno es reflexionar, especialmente cuando el Congreso parece mostrar los primeros indicios de racionalidad política y la oposición deja de mirarse solo su ombligo.

Hay personas más o menos normales o por lo menos razonables, que pueden o no equivocarse, pero hay otras que muestran características particulares poco adecuadas al diálogo y a la convivencia democrática. Confiar semejante poder a una persona siempre resulta peligroso. El argumento de que alguien debe gobernar es incuestionable, pero siempre es mejor un gabinete que una persona, al menos no es tan riesgoso.

El argumento de que nuestra tradición está vinculada al liderazgo está bastante gastado, porque la experiencia histórica demuestra que lo que natura non da, Constitio non presta. A las pruebas nos remitimos. ¿Los gobiernos parlamentarios son débiles? Mentira: no era débil Merkel, no lo fueron otros líderes europeos: la capacidad de liderar es una condición individual particular de cierta empatía que no la crea ninguna Constitución, y que quien la posee se destacará en cualquier forma de gobierno.

Es verdad que un gobierno parlamentario es débil y problemático sin la llamada cláusula alemana, pero con ella se neutraliza el riesgo de quedar sin gobierno: cuando el Parlamento vote en desconfianza con el gabinete, bastará que la Constitución disponga que el gobierno igualmente permanece hasta que se organice otro. Nunca habrá acefalía con esta cláusula y, si perdura una situación inestable, será el presidente de la República parlamentaria el que podrá urgir a los legisladores, con el poder que le confiere la posibilidad de disolver el Parlamento y llamar a elecciones en forma inmediata. Creemos que nadie podrá discutir seriamente que esta solución se hubiese adaptado perfectamente para resolver la crisis del 2001 y también para salir de la que a todas luces estamos entrando.

¿Acaso tenemos hoy un ejecutivo fuerte en serio? No confundamos arbitrariedad con fortaleza: no es fuerte un ejecutivo que no tiene capacidad ni para impedir que en la propia sede del gobierno alguien filme o grabe en secreto. Más allá del contenido de esas grabaciones, por sí mismas están indicando una inadmisible vulnerabilidad de la propia seguridad del Estado. Nadie puede sentirse muy seguro si sabe que en la propia casa de gobierno alguien puede estar grabando o copiando planes de defensa o similares. Menos mal que de momento, al parecer, no tenemos amenazas visibles a nuestra seguridad exterior, pero, de todos modos, cuando el caos llega a este extremo no podemos dejar de sentir cierto frío por la columna vertebral. 

Pero la debacle institucional argentina no termina con lo anterior, sino que el presidencialismo y la incapacidad de diálogo ha puesto de manifiesto como nunca antes que tampoco tenemos un Poder Judicial, sino una magistratura fácilmente manipulable y ahora encabezada por un triunvirato llamado Corte Suprema, único en el mundo y que no es más que una oficina de producción fordista de resoluciones en masa, de las que los triunviros solo conocen una minoría insignificante, en tanto que el resto lo firman sin leerlo. Además de varias aberraciones, siguiendo el deplorable ejemplo de la región, con la mejor muestra de descaro practican el lawfare y, obedeciendo his master’s voice, mantienen presa a la presidenta del principal partido opositor, despachándose con unas pocas hojas garabateadas con aseveraciones huecas, para concluir que no hay gravedad institucional en que jueces y fiscales que la condenaron hayan visitado a su principal enemigo y jugado fútbol en su quinta.  

Es obvio que ningún partido podrá conseguir nunca los dos tercios de los votos del Senado Federal, salvo la hipótesis casi imposible de que haya triunfado en todas las provincias. Es claro que, en esas condiciones, la Constitución manda que la nominación de jueces de la Corte Suprema tenga lugar conforme a un acuerdo de partidos, pero esto es imposible cuando un energúmeno a cargo del ejecutivo declara, con pretendida voz cavernosa, que se propone fijar el último clavo en el féretro del opositor.

Intuimos que, a semejanza de la salida de la crisis del 2001, la solución empieza por los gobernadores que, aunque sea por razones de supervivencia, se alinean y muestran los dientes al ejecutivo nacional: siempre, desde 1853 y 1860, la cuestión federal estuvo marcada por el reparto de los impuestos, aunque no se hablase entonces de coparticipación federal. ¿Nos olvidamos de la aduana de Buenos Aires? Revive el federalismo nuevamente por esta vía; tampoco se trata de algo nuevo.

Conviene no perder la oportunidad de pensar en tener un Poder Judicial en serio y ante todo federal. Si cada gobernador propusiese a un ejecutivo racional, no al actual obviamente, dos candidatos a jueces de la Corte –un hombre y una mujer- para facilitar que éste respete el equilibro de género remitiendo al Senado los pliegos así seleccionados, se contaría con la mayoría de dos tercios y se podría integrar una Corte Suprema realmente federal, con un número de jueces similar a los de la mayoría de los tribunales de nuestra América, que se pudiese dividir en salas especializadas, en que cada juez conociese en serio la materia en la que decide, es decir, supiese lo que firma.            

Somos conscientes de que todo lo dicho parece ciencia ficción en este momento de caos, anomia, confusión y desconcierto. Pero no lo es: más tarde o más temprano la política deberá discutir estas cuestiones, simplemente por imperio de las circunstancias, es decir, por su propia supervivencia. La propia teoría del caos señala que éste es inestable y siempre tiende a organizarse. Discutirlas mientras el presidente corre a mendigarle dinero a Trump es disruptivo, es transgresor, importa recuperar no solo el contenido sino también las formas de la iniciativa de ampliación de derechos, pecado mortal a los ojos del patético ejecutivo mendigante, para quien la justicia social es un robo.  

Lunes, 22 de septiembre de 2025.

*Profesor Emérito de la UBA. Ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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La entrada Es inevitable que el caos se organice – Por Raúl Zaffaroni se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.