Por Luis Lazzaro *
(para La Tecl@ Eñe)

El desembarco de Clarín en la filial argentina de Telefónica, concretada hace pocos días mediante una operación de U$S 1.245 millones de dólares, corona una historia de concentración y convergencia empresarial de varias décadas, con derivaciones múltiples en la escena política, la regulatoria, la del mercado de las comunicaciones y la del posicionamiento estratégico en el campo de las TIC.

El ciclo de la concentración convergente ha dado con esta movida su salto más atrevido y desafiante, exponiendo la centralidad política de la corporación. Esta actúa como un cortesano privilegiado del poder, sometiendo a su antojo el orden regulatorio de los gobiernos de turno, cambiando a estos cuando fuera necesario, o activando la muralla judicial para salvaguardar su condición hegemónica. La consideración del caso como si se tratara de una mera cuestión “de mercado” soslaya el marco conceptual indisoluble de la comunicación como un derecho social. Así lo reconoció en su fallo la Corte Suprema en 2013. Es cierto que, posteriormente, el decreto 267/15 de Macri desvinculó la TV paga de la regulación audiovisual, pero también es verdad que la ley 27.078 de Argentina Digital considera a los servicios TIC instrumentos para el derecho a la comunicación, sujetos al control de posiciones dominantes de mercado.

A fines de 2017 Cablevisión obtuvo el aval para adquirir Telecom, protagonizando una integración vertical de negocios que la convirtió en la quinta empresa más valiosa del país. La oportunidad de diversificar el escenario infocomunicacional durante la gestión de Alberto Fernández quedará para el olvido.

Ahora, el grupo se quedará con el 64% de la telefonía móvil -producto de la integración de Movistar(1) y Personal-, el 61% de las conexiones a Internet por banda ancha fija(2) (Telecom + Movistar), y el 40% de la TV paga, sector que marcha hacia un híbrido entre contenidos lineales y plataformas de streaming. También el 92% del tendido global de la telefonía fija -en baja- quedaría bajo su control. Estos porcentajes crecen en las zonas de mayor poder adquisitivo y concentración demográfica, así como en muchos mercados del interior, con control absoluto. Según Convergencia Research, Telecom ya tiene en unas 110 localidades una participación de mercado mayor al 60% de los clientes. Con la adquisición de Movistar sumará otras 90 localidades, en su mayoría en Gran Buenos Aires y unas 20 comunas de CABA.
La ley Argentina Digital obliga al regulador a verificar que ningún jugador acceda a posiciones con “poder significativo de mercado”, tales que le permitan fijar precios o servicios “a partir, por ejemplo, de su grado de integración vertical u horizontal”(3) . Teléfono para ENACOM.

Pero, además, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), según la ley 27.442, debe controlar “las concentraciones económicas, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, (…) que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado”(4) . Se verá qué hacen el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio con la granada.

En 2007 la fusión de Cablevisión y Multicanal se autorizó, pero poniendo condiciones que Clarín nunca cumplió. En el caso de operaciones internacionales como la fusión de The Walt Disney Company con Twenty-First Century Fox INC, la CNDC puso condiciones para restaurar la competencia efectiva en el mercado local de comercialización de canales deportivos del servicio básico de TV por cable debido a que la fusión violaba el artículo 8º de la ley. En 2022, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal rechazó en su totalidad el planteo formulado por Disney para dejar sin efecto el ingreso de terceros al negocio.

Estados Unidos registra una gran cantidad de casos de rechazo a propuestas de fusión o adquisición por violación de las normas de la competencia o por amenazar el “interés público”. En 2015, la FCC rechazó la fusión de Comcast Corporation con Time Warner Cable, por afectar el suministro de Internet de alta velocidad a más consumidores. Ese año, la FCC aprobó la fusión de AT&T y DirecTV a condición de que la fusionada ampliara su servicio de banda ancha y ofreciera tarifas reducidas a los suscriptores de bajos ingresos. En 2018, la FCC rechazó la fusión entre Tribune Media en Chicago y Sinclair, con sede en Maryland, objetando que la fusión dejaba en manos de una sola corporación a más de 230 medios de comunicación en todo el país.

El hecho consumado por Clarín desafía la expectativa del gobierno de Javier Milei de avanzar por su cuenta en la reconfiguración del escenario comunicacional a partir de socios internacionales (Starlink entre ellos) y de aliados locales, como el grupo Werthein (DirecTV, Sky, TyC), que le permitirían disputar los nuevos mercados tecnológicos, vinculados con la conectividad, la IA, las redes sociales y el 5G. Del otro lado también se muestran socios como David Martínez (Fintech) y la alianza con China en el despliegue de redes móviles de última generación. En el tire y afloje entre estos espacios de poder se juega la suerte de los dispositivos de formación de opinión pública con sus lógicas consecuencias en términos de la salud democrática.

Referencias:

1-Luego de la fusión Clarín controlará el 64% de la telefonía móvil seguido por claro con 36,8 según Observacom.

2-Grupo Clarín (Telecom) concentraba el 46% de los accesos fijos a Internet antes de controlar Movistar (Telefónica de España) con un 15%, con lo que asciende ahora a más del 60%, en tanto le siguen Grupo Telecentro con 12% y Grupo Supercanal con 7%, según CABASE

3-Ley 27.078, Artículo 4, inciso h.

4-Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia. Artículo 1

Buenos Aires, 28 de febrero de 2025.

*Docente titular de Derecho de la Comunicación. Ex AFSCA – ENACOM.

La entrada CONVERGENCIA Y CONCENTRACIÓN EN EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN – POR LUIS LAZZARO se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Daniel Cecchini*

(para La Tecl@ Eñe)

Es difícil aceptar que, en una sociedad que hace décadas impuso la consigna “Nunca Más” como un límite infranqueable, medio siglo después del golpe de Estado que inauguró la dictadura más sangrienta y devastadora de la historia se cuestione la existencia de 30.000 desaparecidos y se debata si lo que ocurrió en la Argentina fue una “guerra sucia” y no la instalación de un Estado Terrorista que aplicó un plan sistemático e ilegal para la eliminación de la disidencia política y social para así poder implementar un proyecto económico que apuntaba a destruir la industria, precarizar el trabajo y atar al país, en una situación de total dependencia, al carro del capitalismo financiero internacional.

Sin embargo, la cuestión ha sido instalada intencionalmente desde el poder con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos, que machacan sobre el tema con la participación en sus paneles de variopintos personajes, a muchos de los cuales no es difícil encontrarles un linaje que los emparenta con los actores civiles y militares del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y a quienes acompañan en la tarea lúmpenes de la política a los que la crisis de representatividad de la institucionalidad democrática ha puesto en lugares estratégicos del poder político.

Conviene preguntarse entonces si aquella dictadura, o mejor dicho sus verdaderos artífices y los intereses que representaban, se retiraron realmente derrotados cuando se recuperó la democracia en diciembre de 1983. Para responder a esta pregunta es necesario sincerar una realidad que contradice la supuesta épica que le canta loas a una sociedad que supuestamente resistió y obligó a retirarse a la dictadura. Porque aquel régimen no fue derrotado por una sociedad resistente, sino que implosionó debido a sus propios errores: el desastre económico y la delirante fuga hacia adelante que fue la guerra de Malvinas. Esto no quiere decir que no haya habido resistencias valientes, como la de los organismos de Derechos Humanos que hicieron conocer las atrocidades de los dictadores, o la de algunos sectores del sindicalismo – no todos – que encabezaron las movilizaciones de los trabajadores a partir de 1979. 

Para decirlo claro: no fue la sociedad argentina, esa “mayoría silenciosa” – como se la llamaba en los medios de comunicación de la época – la que derrotó a los dictadores del Estado del que se habían apropiado. Esa mayoría pasó todos esos años mirando hacia otro lado o paralizada por el terror. Fue la que acuñó esas frases terribles con que se aludía, en voz baja, a las desapariciones y justificaban el terror: “Por algo será” y “En algo andaría”.

Es esa misma sociedad – los hijos y nietos de aquella “mayoría silenciosa” – la que hoy está sujeta del mismo imaginario que “justificó” aquel golpe de Estado y ahora avala las políticas y la represión del gobierno mileísta: el descreimiento en la política como herramienta de transformación, la demonización de los partidos políticos tradicionales y de sus dirigentes, la necesidad de una “mano dura” contra el desorden y la criminalización de las protestas sociales, por señalar a solo algunos de sus elementos.

Una posible explicación de este aggiornado retorno al pasado puede buscarse en las que fueron las victorias silenciosas de los poderes que promovieron y perpetraron aquella dictadura, y plantaron como semillas para condicionar la débil democracia recuperada en 1983: la concentración mediática como herramienta de instalación de discursos hegemónicos, la falta de audacia de una corporación política renacida de sus cenizas y que prefirió preservarse a sí misma antes que producir cambios que inquietaran al poder, y la perversión del concepto de militancia, una práctica que pasó de ser un instrumento de cambio social a convertirse en un espacio tibio y “políticamente correcto”. Y no solo eso: dejó de ser un modo de vida en pos del objetivo de transformar la realidad y devino en un medio de vida para sus practicantes. Con las excepciones del caso, que siempre las hay.

La concentración mediática

Para sostener su programa económico y ocultar el plan sistemático de aniquilamiento de la disidencia política y social que necesitaba para aplicarlo, la dictadura implementó también una fuerte política de medios de comunicación, con la que buscó imponer un discurso (des) informativo único. En ese sentido, no solo utilizó una censura de prensa defensiva, sino que se puso a la ofensiva. Para ello contó no sólo con todo el aparato comunicacional del Estado –los medios públicos y las radios y los canales de televisión intervenidos-, sino también con el apoyo, al principio incondicional, de los medios privados más poderosos de la Argentina. 

Con el despojo al Grupo Graiver de las acciones de Papel Prensa para entregarlas a los dueños de Clarín, La Nación y La Razón, los dictadores construyeron una sociedad de conveniencia que les garantizó su complicidad. Para concretarla, los dictadores utilizaron presiones, amenazas, secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos. Paralelamente –y en pleno conocimiento de la utilización de estos instrumentos del terrorismo de Estado–, los propietarios de los tres diarios crearon una empresa fantasma con la única finalidad de quedarse con las acciones de Papel Prensa que los herederos y socios de David Graiver fueron obligados a entregar. Todos los implicados se beneficiaron con la maniobra. Los grupos económicos concentrados necesitaban a los militares para eliminar a la disidencia política y social. Los dictadores requerían medios cómplices de sus políticas y de sus acciones. 

Otros medios no fueron cómplices, pero tampoco se pusieron en la vereda de la oposición. Las amenazas, las desapariciones de trabajadores de prensa y los manejos con la pauta oficial fueron argumentos más que suficientes para callar total o parcialmente sus voces. En los primeros años de la dictadura, sólo The Buenos Aires Herald y La Prensa – desde veredas ideológicas diferentes – se atrevieron a publicar información sobre la desaparición de personas y sufrieron duras represalias. La resistencia informativa sólo podía desarrollarse desde la clandestinidad. En ese sentido, la agencia Ancla, creada por Rodolfo Walsh, fue un verdadero ejemplo.

Con el monopolio de la producción local del papel de diarios, Clarín, La Nación y La Razón no sólo instalaron una suerte de dictadura contra la libertad de expresión, que les permitió asfixiar a sus competidores haciéndolos quebrar o comprando sus empresas a bajo precio. Recuperada la democracia, los dos primeros utilizaron ese poder para extender sus tentáculos sobre emisoras de radio y canales de televisión abierta, como también más tarde pudieron casi monopolizar el naciente universo de las empresas de televisión por cable. Lo hicieron utilizando su poder económico, pero también presionando para eliminar toda legislación que se los impidiera.

Con ese tremendo poder de fuego comunicacional, ya en democracia no sólo impusieron sus propios discursos – que no eran ni son otros que los del poder económico concentrado – a la sociedad, sino que disciplinaron bajo amenaza de destrucción a los tres poderes del Estado. Funcionarios del Ejecutivo, diputados, senadores, jueces y fiscales comenzaron a temer sus operaciones de prensa. Héctor Magnetto sintetizó esas operaciones en una sola frase: “Ningún gobierno resiste cinco tapas en contra del diario Clarín”.

Los poderes disciplinados

No se puede hacer política con miedo si lo que se pretende es desafiar al poder económico para transformar la realidad. Y fue precisamente miedo lo que instalaron los medios concentrados en la corporación política argentina de la democracia recuperada: miedo a sus ataques, miedo a sus denuncias, miedo a un bombardeo de operaciones periodísticas que amenazaba con destruir sus carreras. Como en todos los casos, vale repetirlo, hubo y hay excepciones, pero no son más que eso, excepciones.

Más allá de los discursos encendidos de muchos dirigentes en la campaña electoral de 1983 y en los primeros tiempos de democracia, la mayoría de la corporación política renació tibia y temerosa de sacar los pies del plato. De alguna manera, la dictadura la había domesticado al punto que, como los animales sujetos a experimentos de reflejo condicionado, temiera rozar los límites de lo “políticamente correcto” – esto es: lo permitido por el poder – por el temor a una descarga eléctrica. Para que esto ocurriera, el papel de los medios hegemónicos fue fundamental. A eso se sumó, a partir de 2010 aproximadamente, la irrupción de las redes sociales, mucho mejor manejadas por la derecha política – que entendió de inmediato su poder – que por el progresismo.

Entre los gobiernos que se sucedieron desde diciembre de 1983 hasta hoy, muy pocos se atrevieron a desafiar seriamente a ese poder mediático. La mayoría terminó rindiéndose con armas y bagajes. Alfonsín comenzó denunciando sus operaciones periodísticas y terminó retrocediendo, y ni así pudo terminar su mandato. Carlos Menem se entregó desde el primer momento e implementó el plan económico que le fue impuesto. A Fernando De la Rúa lo ridiculizaron exacerbando su propia ridiculez al punto de destruirlo. Eduardo Duhalde tuvo aire porque le otorgó a Clarín la pesificación asimétrica que le reclamaba. Néstor Kirchner comenzó negociando y al comprobar que cuanto más entregaba era más lo le que pedían, intentó desafiarlo. Mauricio Macri fue blindado mediáticamente porque compartía los mismos intereses y Alberto Fernández practicó el deporte de recular en chancletas cada vez que Clarín lo atacaba, pese a que antes de ser presidente había sido uno de sus servidores más fieles.

En este repaso, los gobiernos kirchneristas fueron los únicos que buscaron romper ese cerco disciplinador que le imponían los medios hegemónicos como instrumentos del poder económico concentrado. Néstor Kirchner intentó la construcción de un conglomerado de medios para hacerles frente con el Grupo 23, que incluyó al diario Tiempo Argentino, el semanario Miradas al Sur, el Canal CN23 y Radio América. Cometió el error de poner al frente de esa construcción al empresario Sergio Szpolski, cuya única aspiración era enriquecerse a costa de la financiación estatal que recibía el grupo, al que terminó vaciando impunemente cuando se aproximaba el final del ciclo kirchnerista. 

Impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, y producto de un debate en todo el país, La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (N° 26.522), más conocida como la “ley de medios”, que apuntaba a acabar con la concentración mediática, fue quizás el mayor intento realizado en democracia para democratizar la comunicación y brindar alternativas informativas a la sociedad. Aprobada por el Congreso Nacional en un momento muy particular, jamás pudo ser implementada debido a los frenos a su aplicación que se impusieron desde el Poder Judicial, abundante en jueces y fiscales disciplinados, ya fuera por temor o por ligazón con los medios a los que afectaban las disposiciones de la ley. Terminó siendo letra muerta.

Cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la concentración mediática que nació de la complicidad de los dictadores con los propietarios de los grandes medios no sólo ha incrementado su poder, sino que crece con la fuerza de un cáncer que afecta a todo el cuerpo social. Desde ella se impone un sentido común a un gran sector de la ciudadanía que lo adopta de manera acrítica, sin siquiera darse cuenta de que va en contra de sus intereses cotidianos. 

Conscientes y temerosos de ese poder, representantes, funcionarios, jueces y fiscales, se someten también a sus mandatos porque entienden que oponerse a ellos pone en peligro su existencia como tales, en el marco de un sistema perverso donde la representación política y la función pública se han convertido en medios de vida y no en instrumentos para transformar la realidad y defender los derechos de los ciudadanos.

Es una de las grandes victorias, todavía vigente, de los socios civiles de la última dictadura, porque mientras subsista este orden de cosas, la institucionalidad seguirá siendo apenas un simulacro que hace inviable la existencia de una democracia real en la Argentina.

*Periodista.

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