Por Rafael Bielsa*

(para La Tecl@ Eñe)

El Escudo de las Américas (Shield of the Americas) es una iniciativa multinacional de cooperación militar y de seguridad lanzada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el 7 de marzo de 2026, durante una cumbre celebrada en el Trump National Doral de Miami (Florida), municipio incorporado donde nada es nacional sin el nombre propio «Trump». Su objetivo principal consiste en coordinar esfuerzos entre países del hemisferio occidental (que es como llama EE. UU. a las Américas desde la Doctrina Monroe), para combatir cárteles de la droga, organizaciones criminales transnacionales y redes calificadas como «narcoterroristas», mediante el intercambio de inteligencia, operaciones coordinadas y el empleo de capacidades militares, esto es, injerencia sin gerencia. La Coalición Anticárteles de las Américas (Americas Counter Cartel Coalition, A3C o ACCC) constituye la designación operativa formal de la misma iniciativa; fuentes oficiales la presentan como el núcleo o brazo ejecutivo del Escudo. Inicialmente reunió a representantes de aproximadamente 17 países; posteriormente se amplió hasta alcanzar 18 o 19 miembros (incluyendo a Colombia a partir de agosto de 2026). ¿Una coalición selectiva o una selección coactiva?

El 4 de agosto de 2026, el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) activó el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental (Joint Task Force Western Hemisphere, JTF-WHEM). Este organismo funciona como el «brazo ejecutor» o cuartel de mando táctico-operativo que sincroniza las capacidades militares estadounidenses con las de las naciones socias del Escudo de las Américas / A3C. Representa una transición institucional que reemplaza la Operación Lanza del Sur (Southern Spear), cuyas acciones llevaron al secuestro de Nicolás Maduro en enero de 2026, y se orienta hacia la interdicción marítima, el intercambio de inteligencia, el entrenamiento conjunto, las operaciones contra redes criminales y la respuesta a crisis. Informes oficiales del Departamento de Guerra de los Estados Unidos señalan que Argentina mantiene una postura cooperativa y favorable hacia las operaciones de seguridad regional estadounidenses. Gestión de gestos.

Hace más de 50 años, el 10 de junio de 1976, en el marco de la Asamblea General de la OEA celebrada en Santiago de Chile, el entonces secretario de Estado Henry Kissinger expresó al almirante César Augusto Guzzetti, canciller de la Junta Militar argentina: «Si hay cosas que tienen que hacerse, tienen que hacerlo rápido. Pero deberían volver rápidamente a los procedimientos normales». No especificó si el número era trescientos, tres mil o treinta mil, sin factos ni datos. Habiendo sufrido lo bailado, la expresión idiomática más adecuada resulta: «¡Tanto gre gre para decir Gregorio!».

Los daños ocasionados por el gobierno militar entre 1976 y 1983 fueron de tal magnitud que la ciudadanía asumió la necesidad de reparar sus consecuencias y de establecer garantías para que no se repitieran. Ese consenso democrático se expresó en un acompañamiento multipartidario y en un apoyo transversal a un conjunto de leyes que aún hoy constituyen pilares institucionales: la Ley de Defensa Nacional (23.554, 1988), que separa de manera nítida la defensa exterior de la seguridad interior, evitando la militarización de la política interna; la Ley de Seguridad Interior (24.059, 1991), que establece que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en conflictos internos, salvo casos excepcionales y siempre bajo control civil; y la Ley de Inteligencia Nacional (25.520, 2001), que busca transparentar y someter a control parlamentario la actividad de inteligencia, prohibiendo el espionaje político. Sin embargo, como ha ocurrido reiteradamente en nuestra historia, las buenas intenciones derivaron en resultados repelentes: la democracia argentina está atravesada por una casta marginal —para la que servir no sirve—, que prolifera en los arrabales de las plataformas digitales, exportando sus modalidades y practicando una diplomacia periférica. Desde allí engendran tormentas de incidencia, donde prevalece la brutalidad y se expanden adicciones que mutilan las instituciones, erosionando su sentido representativo y participativo.

Debatir sobre gobernanza, financiamiento, sectores prioritarios —energía, agua, agricultura, infraestructura, educación y salud— y sobre el impacto en la política exterior y de seguridad, constituye un ejercicio civilizatorio. Lo contrario es resignarse a padecer la ciclogénesis cotidiana de la guerra económica y el aislamiento a una escala sin precedentes, como la que Trump amenazó bajo el nombre de «Día D Económico» en la confrontación con Irán. La diferencia es clara: entre un logro civilizatorio y un retroceso bélico. El primero es como un núcleo de pangolines, cuyas escamas de queratina les han permitido sobrevivir a las inclemencias de la historia y que laten con vitalidad. Como canta Alain Delon en Los Aventureros (Jean‑Pierre Lang y François de Roubaix, 1967), es «algo que tiñe de azul nuestras quimeras». El retroceso violento, en cambio, se define por la ausencia: ninguna fórmula meditativa, ningún instrumento de la mente y la palabra, ninguna rutina circadiana, ninguna huella emocional de la niñez, ningún yo transpersonal trascendente. Solo quedan gritos y sobresalto.

Ante el horror de la destrucción provocada por la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras impulsaron un orden multilateral destinado a prevenir la repetición de semejante catástrofe, fundamentado en un derecho internacional que incorporaba el respeto a los derechos humanos. Dentro de ese marco, Estados Unidos —el país occidental más poderoso— fue construyendo las agencias con capacidad para operar en el exterior en materia de drogas y estupefacientes. La más conocida es la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA), dependiente del Departamento de Justicia, que cuenta con cerca de 90 oficinas en el extranjero distribuidas en alrededor de 70 países y actúa como fuerza policial de alcance internacional. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL), adscrita al Departamento de Estado, tiene presencia en más de 90 países a través de programas de asistencia y cooperación. La Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI), también dependiente del Departamento de Justicia, mantiene oficinas de enlace (Legats) en más de 60 países e interviene cuando el narcotráfico se vincula con delitos financieros, terrorismo o redes criminales globales. Con el Escudo de las Américas, Estados Unidos cambia abruptamente de rumbo. Elena Garro, la magnífica escritora que fue la primera esposa de Octavio Paz, decía que los norteamericanos eran como niños que juegan con artefactos ajenos: cuando los rompen, son los dueños quienes deben hacerse cargo de las consecuencias.

La llamada «Doctrina Monroe» ha reaparecido en el discurso estadounidense bajo la forma informalmente denominada «Corolario Donroe», un juego onomástico que alude a Donald Trump. Aunque Mary Shelley escribió que «nada es tan doloroso para la mente humana como un gran y súbito cambio», la política exterior del actual gobierno estadounidense no se inspira en la novela gótica británica. En un video difundido por el Departamento de Estado, Trump afirmó que «el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado». Hombre de ideas fijas, fiel a las líneas ya esbozadas en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, su administración ha retomado y actualizado aquellas orientaciones, priorizando la limitación de la influencia de actores extrarregionales, la integración de socios bajo liderazgo estadounidense y la reafirmación de la preponderancia de Estados Unidos en el área de responsabilidad del Comando Sur (América Central, América del Sur y el Caribe), según el análisis de Daniel Morales Ruvalcaba. La expresión «siempre hay un roto para un descosido», proviene de épocas en las que las prendas se remendaban constantemente y del ámbito de la costura y la reparación de ropa. En este caso hay varios, entre ellos el presidente argentino, en cualquiera de ambos rangos.

En materia de estupefacientes, y a la luz de las enseñanzas de la historia, resulta razonable suponer que este cúmulo de agencias transnacionales actuará de manera coordinada en el terreno, tanto más cuanto que Estados Unidos despliega sus instrumentos con una coherencia institucional superior a la de la mayoría de los países. Más aún si, además de intervenir en narcotráfico, estas dependencias amplían sus competencias y sus herramientas, pasando de los consumos problemáticos y las armas de uso civil a asuntos de afinidad política y armamento bélico. Argentina es refractaria a la coordinación entre sus propias oficinas, y a ello se suma una verdad elemental: nunca hay mayor intrusión que cuando mengua la solidaridad interna. Es muy difícil anticipar qué ocurre cuando una amenaza se enfrenta a otra, pero puede afirmarse que, sea cual fuere el resultado, ganará una amenaza, y que para quienes no formen parte de ninguna de las dos, todo será peor.

En Alien (Ridley Scott, 1979), esa magnífica película estadounidense (por producción, financiación y distribución) sobre la entrada de un intruso, Ripley (Sigourney Weaver) observa que la transmisión recibida no se parecía a un pedido de auxilio: «en realidad, se parecía a una advertencia». El peligro estaba anunciado, pero no había sido escuchado. Cuando un país se encuentra irresponsablemente endeudado, debería meditar sobre estas cosas, aunque se distraiga con el debate sobre la posible extinción de la rana pehuenche de pecho espinoso, en boca de Leonardo DiCaprio. En la película, la consecuencia última de haber permitido la entrada del intruso, fue la destrucción del grupo y la supervivencia solitaria.

23 de agosto de 2026.

*Abogado y escritor. Ex Canciller de la República Argentina.

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