Por Carlos Rozanski*

(para La Tecl@ Eñe)

Sobre Cristina Fernández de Kirchner se han diseñado, elaborado y difundido una cantidad de discursos descalificantes como nunca antes en la historia de nuestro país. Para comprender las verdaderas razones de ese récord, es necesario ingresar, aunque sea brevemente, al concepto de discurso de odio y manipulación.

El objetivo central de los violentos, una vez seleccionada la/s víctima/s, es encontrar la manera más contundente y sostenida de desacreditar, denigrar y, si es posible, destruir literalmente a esa/s persona/s. Al mismo tiempo, buscan obtener en los destinatarios un estado de rencor y animadversión adecuados a los fines políticos de quienes articulan el plan. Esos fines no son otros que orientar en un sentido determinado el voto de la mayor cantidad de ciudadanos posible. Es bueno recordar que la Comisión Parlamentaria británica, en 2018 comprobó que la empresa Cambridge Analytica había estado al servicio de diferentes partidos políticos y candidatos presidenciales de los más variados países. En cada caso, se buscó influenciar a un porcentaje de votantes para direccionarlos hacia un candidato determinado en detrimento de aquel a quien demonizaban sistemáticamente. Tal el ejemplo de Hilary Clinton, a quien se calificaba de “corrupta” en las campañas donde participó la empresa citada. El resultado fue el triunfo del ultraconservador Donald Trump por escaso margen de votos.

En el mismo sentido, en esa investigación se mencionó a Mauricio Macri y su campaña, donde se buscó desacreditar y denigrar a Daniel Scioli a quien el citado Macri terminó venciendo en las elecciones de 2015 por un escaso 2 % de votos. De hecho, en el documental realizado sobre el tema (Nada es privado), se muestra que el CEO de Cambridge Analytica fue interrogado sobre su participación en una campaña “antikirchnerista”. Se ilustra el documental con la foto del propio Macri acompañado por Horacio Rodríguez Larreta.  

En Argentina, logrado el objetivo electoral en 2015, la banda delictiva liderada por Mauricio Macri se dedicó a saquear el país en cifras inéditas en la historia tanto democrática como dictatorial. Durante los cuatro años de su gobierno, Macri recurrió a la persecución mediático-judicial (al decir de Carlos Zanini), conocida también como “Lawfare” o “guerra judicial” que es una nueva forma de totalitarismo mediante el cual se reemplaza el concepto de guerra militar convencional, es decir la de pistolas, bazucas y bombas, por la de una modalidad cuyo contenido y estrategia es mediática-jurídico-judicial.

Los pilares centrales de esa nueva versión son los medios hegemónicos de comunicación, los Servicios de Inteligencia y el sector corrupto del Poder Judicial. El objetivo, en ese periodo 2015/2019, fue garantizar el saqueo planificado, mediante la persecución e incluso encarcelamiento de opositores y de todos aquellos que pudieran reaccionar ante ese nuevo e inédito desfalco que impactó y continúa impactando de manera brutal sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Cada pilar del Lawfare cumplió acabadamente su rol en el plan. Los servicios de inteligencia, en manos de dos importantes bandidos, espiaron y obtuvieron toda clase de información de los objetivos a perseguir, los que compartieron con los medios cómplices y con la rama corrupta del Poder Judicial. Así, desde canales de televisión (bonificados) a bares, restaurantes, clínicas privadas y hospitales públicos, se diseminó información falsa de manera cotidiana e ininterrumpida.

Durante esos cuatro años, periodistas altamente rentados demonizaron de las maneras más insólitas y variadas a los dirigentes de la oposición peronista, especialmente a quienes se vincularan con el llamado “Kirchnerismo”. Desde la atribución de hechos de corrupción hasta diagnósticos psiquiátricos realizados a Cristina Fernández de Kirchner (Nelson Castro y el Síndrome de Ubris), las mentiras se multiplicaron exponencialmente según la más pura ortodoxia nazi de comunicación. Se trató de una forma estudiada de transmitir una cantidad de veces una falsedad para instalarla como verdad en la mente de las personas y generar una falsa convicción. Así, se usan los mitos y prejuicios sobre la política para generar odio sobre quien benefició al pueblo, incluso en aquellos que fueron favorecidos por los odiados. Tal el caso de Cristina Fernández, en donde se suma, además, una profunda misoginia inherente al pensamiento nazifascista.

Valga la digresión para aclarar que el término Lawfare fue acuñado por el general de aviación norteamericano Charles Dunlap hace poco más de dos décadas. Sin embargo, la persecución de opositores y las mentiras reiteradas como metodología, fue ideada por el Ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebells en 1933. De ahí la famosa frase “calumnia, calumnia, que algo queda”. Y sabido es que la derecha de todas las latitudes abreva en el nazifacismo que caracterizó lo peor del siglo XX y cuyas consecuencias emocionales y materiales se siguen padeciendo. Debe recordarse igualmente que no es casual que el principal asesor de Mauricio Macri definió textualmente a Adolfo Hitler como “!Un tipo espectacular!. Era muy importante en el mundo!” (SIC) (Jaime Duran Barba 8/11/2013).

El propio Mauricio Macri, el 28 de septiembre de 2018, siendo presidente de la Nación, se manifestó en las redes tomando citas exactas del libro “Mi Lucha”, de Hitler. Pocos días después, denunciamos penalmente ese hecho junto a Eduardo Barcesat, Horacio Pietragalla, Jorge Elbaum y Guillermo Robledo. Sin ningún resultado, hasta la fecha, claro está.

Cabe igualmente recordar que Patricia Bullrich, Presidenta del PRO, fue condecorada el 23/7/2021 por Luis Chocobar, homicida por la espalda de Pablo Kukoc. Señaló emocionada en la ocasión: “Recibir un reconocimiento de Luis Chocobar me alienta» (SIC). La misma dirigente que siendo Ministra de Seguridad de la Nación, el 2/11/2018, había dicho: “El que quiere andar armado, que ande armado” (SIC). En este breve repaso, cabe también hacer mención al actual diputado José Luis Espert (Avanza Libertad), quien el 8 de noviembre de 2021, señaló que a los ladrones hay que “agujerearlos como un queso gruyere”, y agregó “es cárcel o balas, pero primero balas” (SIC). Finalmente, Javier Milei (Libertad Avanza), quien como diputado de la Nación señaló que está a favor de la venta de órganos, y que es sólo un mercado más (SIC 2022).   

En el periodo actual, a partir del cambio de gobierno en 2019, se produjo una modificación evidente en la orientación del Poder Ejecutivo (el reemplazo de un mafioso por el de una persona decente) y un cambio notable en la dirección de la Agencia Federal de Inteligencia. Personas inobjetables reemplazaron a corruptos como Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Sin embargo, esa modificación no alteró los pilares esenciales integrados por los medios hegemónicos y el sector corrupto del Poder Judicial. A ello, se debe agregar, aquellos “servicios” que aún se encuentran activos dentro y fuera de la Agencia.

En cuanto al poder judicial, el único integrante del sector corrupto que ya no está es Claudio Bonadío, fallecido en 2020. Las reflexiones presentes se realizan dejando siempre a salvo a aquellos integrantes del poder judicial y el Ministerio Publico que poseen fuertes convicciones democráticas pero que, de momento, se encuentran limitados en su posibilidad de alzar su voz contra el sector recalcitrante y corrupto de la famiglia judicial.

Finalmente, el Lawfare se enfoca hoy en mantener la impunidad de quienes saquearon el país y, simultáneamente, de intentar su regreso al poder en el 2023. En esos dos objetivos, el obstáculo más importante, sin duda, se llama Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está la clave de su criminal atentado.

No hay dudas que la derecha mandó matar a Cristina. Una derecha variable, multifacética y siempre violenta. La misma que se vistió de toga para convalidar golpes de Estado, perseguir, proscribir y estigmatizar. La misma que en nuestro país torturó, hizo desaparecer y mató. La misma que hoy, en su nueva versión recargada, intenta frenar un proceso irreversible de expresión popular que privilegie los intereses de los más vulnerables por sobre las miserias de los violentos insaciables.

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2022.

*Ex Juez de Cámara Federal y Ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.

La entrada ¿Quién mandó matar a Cristina? – Por Carlos Rozanski se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Carlos Rozanski*

(para La Tecl@ Eñe)

La investigación por el atentado a la Vicepresidenta de la Nación está cada día más contaminada. La oposición del fiscal Rivolo a que se investigue el intento de magnicidio junto a las denuncias por las amenazas  y la violencia propagadas desde la cuenta de Instagram del grupo “Revolución Federal”, como pretende el Juez De Giorgi, es muy grave. A su vez, la decisión de la jueza Capuccetti en sintonía con el fiscal, es más grave aún. Una tercera causa que se mantiene separada (en manos del juez Lijo por las bombas Molotov), completa un cuadro altamente preocupante. Quien acaba de decidir dándole la razón al fiscal y la jueza, es el camarista Llorens, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones y arquero del Liverpool, equipo que integran el fiscal Luciani y el juez García Uriburu que está juzgando a Cristina Fernández. Sus compañeros de sala, Bertuzzi y Bruglia, revocaron hace pocos días el procesamiento de Carlos Stornelli y Marcelo D´Alessio en la causa por Gas Natural Licuado. Es útil recordar también que el 24/9/2018, Carlos Rivolo y Carlos Stornelli pidieron al juez Bonadio imputar a Cristina Fernández de Kirchner por 913 hechos criminales. El mismo Rivolo criticó hace pocas semanas a Alberto Fernández por defender a la Vicepresidenta respecto de los ataques en la causa vialidad. El nombrado fiscal federal, luego de duras expresiones hacia el presidente, opinó sobre Cristina que: “Es un caso de corrupción extremadamente grave”. Respecto del alegato y pedido de pena a la Vicepresidenta, afirmó que: “El trabajo de Luciani y Mola ha sido brillante”. “Alrededor de 1.000 millones de dólares de corrupción”. “Un caso de corrupción monumental” (SIC). Es decir, quien critica fuertemente al presidente por opinar, se da el lujo de valorar y calificar el alegato de sus colegas en medio de una causa aún no resuelta. Sobre la manifestación popular de apoyo a Cristina, ese día de los alegatos de Luciani, señaló Rivolo en la señal de cable de noticias TN: “alguien debería decirles: Vayan a su casa” (SIC) (22/8/2022). A su vez, es el mismo fiscal que investiga el atentado con el cual se quiso terminar con la vida de quien él considera una corrupta extremadamente grave, Cristina Fernández de Kirchner. 

Desde el momento mismo en que se produjo el intento de magnicidio, surgieron las dudas, hoy certezas, de que no habría una investigación adecuada. La predominancia en el fuero federal de los sectores más reaccionarios y cómplices de la derecha hoy en campaña, encendía las alarmas. La rápida “pérdida” en menos de 24 horas, de una de las principales pruebas para esclarecer los entornos y alcances del atentado, los datos del celular del portador de la pistola, llevaba el amarillo inicial de las alarmas a un rojo intenso que parece definitivo.

A medida que los días transcurrían y se tomaba conocimiento de hechos graves previos y simultáneos al atentado, crecía el asombro y preocupación ante la evidente dirección que se imprimía a las actuaciones. No indagar a personajes como la vecina “servicial” de la víctima del atentado, desde cuyo departamento, en el piso de arriba, se tomaron imágenes de las veredas de la propiedad, señalaban un camino del cual no se retorna. ¿Qué decir sobre el resto de los personajes que rodean los hechos? De quien tomó las imágenes por ejemplo, o la letrada que “casualmente” alquila una pieza en ese departamento. O aquel carpintero que aprendió el oficio por YouTube y recibe una suma importante de dinero de un “fideicomiso” de Neuquén, según relata, ignorando que se trataba de una empresa del grupo Caputo. Según la supuesta factura, se trató de un pago de una cantidad indeterminada de “mesitas de luz” (SIC). Hablamos del mismo artesano de guillotinas que además fabricaba antorchas para atentar contra la casa de gobierno y que al día de hoy se pasea por los canales de televisión orgulloso de haberlas fabricado y llevado a la plaza. Es, además, nada menos que el fundador de “Revolución Federal”, ese grupo neonazi que la jueza y el fiscal rechazan investigar. O, finalmente, de citar como “testigo” – en lugar de imputada – a quien aparece en los chats como conocedora de detalles del atentado y sugiriendo a sospechados el camino a seguir.

Junto a los muchos jueces y fiscales decentes, hay en cambio juezas y jueces, fiscalas y fiscales, cuyo odio es visceral y está consolidado. Con sus decisiones encubren y convalidan los discursos violentos que son sólo el comienzo de secuencias trágicas en la historia de la humanidad. Le siguen los actos de odio y luego el “estado” de odio. El mismo que caracteriza una parte de nuestro poder judicial. Se trata de un grupo de magistrados y funcionarios que acompañan desde hace largas décadas, los momentos más tristes de nuestra historia judicial. Aquellos que el 10 de septiembre de 1930 desde la Corte Suprema y de la mano del Procurador General Horacio Rodríguez Larreta, convalidaron el primer golpe de Estado en nuestro país, hoy, con los recambios biológicos inevitables, siguen en sus despachos. Cumplen el mismo rol de servicio al poder real que integran gustosos e impunes.

Los lazos que unen a quienes conforman el sector corrupto de nuestro poder judicial, son mucho más fuertes y peligrosos de lo imaginable. Aunque se reitere el infantil discurso de que sólo se trata de compartir partidos de fútbol o paddle. Son lazos de oscuros e inconfesables intereses de poder. El odio y la codicia los amalgama, y su pertenencia los condiciona como a cualquier otra secta.

El Lawfare que algunos jueces y fiscales estimulan y garantizan, integra un trípode mafioso (junto a medios hegemónicos y “servicios”), que puede llevar al país a una crisis institucional sin precedentes. Ese sector está obsequiando decisivo tiempo tanto a la destrucción de valiosas pruebas, como a la generación cotidiana de “pescado podrido” y a editoriales negacionistas.

Hoy, como en la caja de Pandora, han salido todos los demonios y sólo queda la esperanza. Esperanza de que nuestros dirigentes asuman lo antes posible la gravedad de la situación, y además de exponer a los magistrados corruptos, generen las condiciones para que la máxima referente política del país retome el acercamiento físico con su pueblo y que lo haga con la seguridad adecuada. Después, siempre es tarde.

La Plata, 28 de septiembre de 2022.

*Ex Juez de Cámara Federal y Ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.

La entrada Odio Judicial – Por Carlos Rozanski se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Carlos Rozanski*

(para La Tecl@ Eñe)

Para comprender en su real dimensión el atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, es imprescindible ubicarse en el contexto en el que se produjo.

Durante el gobierno de Cambiemos (2015/2019), el país sufrió el mayor saqueo económico, lavado de dinero y fuga de capitales que registre la historia de la Argentina. La depredación pudo consumarse gracias a la coordinación de tres componentes definidos: poder judicial, servicios de inteligencia y medios de comunicación hegemónicos. Todos ellos, articulados por el “capobastone” presidente de la nación, Mauricio Macri.                                                                                   

Como señala Jorge Beinstein respecto de Macri: “No existen antecedentes de que un personaje sobre el que pesan fuertes sospechas de ser miembro orgánico de la N´drangheta, una de las organizaciones mafiosas más importantes y peligrosas del mundo, ocupe la primera magistratura de un país.” (1).

De ese modo, se conformó en Argentina la versión actualizada de la histórica escuela de Chicago, de Milton Friedman, en el formato de “Lawfare”. Se logró así la transferencia de ilimitados recursos económicos de los sectores más vulnerables hacia los de mayor concentración de riqueza. Traducido habitualmente como guerra jurídica o guerra judicial, el “Lawfare” es un concepto que surgió por primera vez en un ensayo del General de División (retirado) Charles Dunlap Jr., de la Fuerza Aérea de EEUU en 2001. Más recientemente, en su “Manual básico de Introducción a la guerra jurídica”, el propio Dunlap lo define entre otros conceptos como “el uso de la ley como un medio para conseguir lo que de otra manera tendría que conseguirse con la aplicación de la fuerza militar tradicional”.

En su implementación práctica, se trata del reemplazo de las armas convencionales –fusiles, ametralladoras, cañones…-, por mecanismos de manipulación individual y colectiva de la opinión pública, junto a la coerción judicial de persecución política que en nuestro país procesó y llegó a encarcelar opositores al régimen. En síntesis, los sectores más reaccionarios de la sociedad, lograron los mismos fines que en la dictadura genocida (el saqueo y fuga) con una metodología menos sangrienta.

Deteriorado por la brutalidad con que llevó adelante el despojo y las persecuciones que ordenó, Macri perdió las elecciones de 2019, asumiendo la presidencia Alberto Fernández. Sin la decisión de cambios reales en la estructura del Poder Judicial y con los sectores corruptos intactos, el Lawfare continuó vigente, teniendo desde 2019 la finalidad de garantizar la impunidad de quienes habían implementado el saqueo y al mismo tiempo la de intentar el regreso al poder en 2023.

En el nuevo esquema, los agentes de inteligencia que habían sido desplazados por la gestión de Cristina Camaño, se reconvirtieron ocupando su rol esta vez desde la marginalidad. Respecto de los medios hegemónicos de comunicación, continuaron sin dificultad la construcción cotidiana de subjetividad orientada a demonizar los sectores progresistas de la política del país. En esa ruta, Cristina Fernández de Kirchner, al aumentar cada día su caudal de aceptación popular y liderazgo excluyente, se erigió en el obstáculo mayor para el plan de regreso de la derecha al poder en 2023.

La imagen de la vicepresidenta, tanto al salir a sus actividades por las mañanas como en su regreso, en ese contacto amoroso con su pueblo, resultaba insoportable para el poder real. Se gestó de ese modo al atentado del 1° de septiembre. Detenido el autor material, comenzó una investigación judicial que aparentaba querer llegar a los autores intelectuales y financieros del crimen. Sin embargo, el tiempo demostraría de manera irrefutable que las verdaderas intenciones judiciales de Comodoro Py lejos están de semejante empresa. Piénsese, por ejemplo, en la vecina del piso superior de la vicepresidenta, quien ofreció su inmueble para reuniones y para la toma de imágenes del lugar donde se llevaría a cabo el atentado. En igual sentido que le “alquiló” una habitación a una letrada de miembros de los grupos violentos vinculados también al atentado. La señora Ximena de Texanos Pinto jamás fue indagada en la causa judicial. Si a eso se agrega que el primer día de investigación se “perdieron” los datos principales del celular de uno de los autores materiales y portador del arma cargada, el panorama aparece desalentador.

A su vez, la organización violenta de extrema derecha Revolución Federal, vinculada a los primeros detenidos y con antecedentes de actuaciones públicas de agresiones a la vicepresidenta víctima de los hechos, es investigada en otro juzgado federal, argumentando la jueza Capucetti que “no tiene relación” con lo investigado en el atentado. No debemos olvidar que el único fiscal del caso, Carlos Rivolo, en 2018, junto a Carlos Stornelli imputó a Cristina 913 hechos delictivos. Imputación que, además de evidenciar una falencia jurídica supina, exterioriza un odio irrefrenable hacia quien resulta hoy víctima del atentado y ya lo era en aquel momento de fiscales y jueces del Lawfare.

A su vez, hace pocas horas, fueron detenidos los dirigentes de “Revolución Federal”, mientras que quienes los financiaron -Grupo Caputo-, están libres y con tiempo más que suficiente para hacer desaparecer todo rastro que los pueda comprometer, aunque la ya existente evidencia los involucra de manera específica.

Por otra parte, es conocida la insuficiencia de recursos del juzgado de la Dra. Capucetti para investigar semejante expediente. Es sabido también que este déficit no se resuelve con una simple nota a los superiores de la magistrada ni a la Corte Suprema. Si causas de muchísima menor gravedad y trascendencia han tenido el triple o más de personal y funcionarios, la pobreza de recursos de este juzgado no sólo es llamativa. Se debe comprender en el contexto de falencias investigativas y animadversión hacia la víctima, por ejemplo de parte del citado fiscal Carlos Rivolo, y su compañero Stornelli, lo cual es de público y notorio.

El rol del Poder Judicial en una sociedad es indiscutible. Pero cuando dentro de ese poder opera una organización que garantizó el saqueo del país y luego la impunidad de los autores, es imprescindible hacer visibles esos mecanismos para poder desactivarla. Claro está que se debe contar igualmente con la decisión política de enfrentar esa organización. Máxime cuando está integrada, entre otros, por el propio Procurador General Interino y por fiscales federales y jueces federales de alta jerarquía que se reúnen con mafiosos y con ex servicios de inteligencia.

La pata judicial del atentado esta allí, está a la vista y son más de 8 los monos, los conocemos.

Nota:

Beinstein, Jorge. En “El lado oculto de la Famiglia Macri”, Ediciones Cicus 2019.

La Plata, 21 de octubre de 2022.

*Ex Juez de Cámara Federal y Ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.

La entrada La pata judicial del atentado – Por Carlos Rozanski se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Carlos Rozanski*

(para La Tecl@ Eñe)

Juntos por el Cambio, Pro, Avanza Libertad y La Libertad Avanza, es la nueva versión del horror. Es la actualización de las caracterizaciones más perversas que han emergido en las peores etapas de la humanidad. Son la derecha.

Las distintas facetas de sus expresiones y gestos, se han ido modificando en el siglo pasado y el actual con el fin de reponerse de los fracasos totalitarios experimentados, y resurgir de las oscuras cenizas. La Italia que supo saludar con su brazo en alto a Benito Mussolini, hoy saluda a su primera ministra Giorgia Meloni. Que por cierto no es ni calva ni usa el uniforme pardo del “Duce”. Se trata de un fascismo “aggiornado”, con el mismo odio fundacional pero con modos, a veces, más cuidados. Su xenofobia se replica en la versión local de la derecha, en boca de Cristian Ritondo, agrediendo en plena sesión a Cecilia Moreau al grito de “Venezolana”. O en su dedo índice de la mano izquierda entrando y saliendo en el orificio formado por su pulgar e índice derechos. Se trata de un símbolo gestual universal representativo del pene penetrando una vagina. Así, la escena casi dantesca de un Congreso Nacional hoy atacado por vándalos disfrazados de opositores, nos llena de dudas. No acerca de la magnitud de las agresiones ni su significado. Un diputado como Javier Milei, que promueve la venta de órganos, o un senador como Luis Juez que afirma que la democracia no le cambió la vida a ningún argentino, no generan dudas. El mismo Juez, representante de un pueblo al que calificó en televisión como “pueblo de mierda” (SIC). No, ni ellos, ni sus compañeros, ni los intereses que representan nos plantean dudas. La hesitación es respecto del otro sector, el agredido, el destinatario de la violencia. Cecilia Moreau y todos sus pares del oficialismo gobernante incluyendo las y los legisladores de la izquierda. No perdamos de vista que cuando Milei intensifica el tono de sus insultos, uno de sus preferidos es el de “zurdos de mierda”. Teléfono de Bertolt Brecht, por si se olvidan la preferencia histórica del nazifascismo a la hora de perseguir al progresismo en general y muy especialmente la izquierda marxista y a miembros de la colectividad judía independientemente de su filiación partidaria.

Es que ese universo no violento (oficialismo e izquierda), no muestra en esta emergencia el nivel de reacción adecuado y proporcional a las agresiones planificadas de una derecha cada día más violenta. Está demostrado que los comunicados de repudio, si bien imprescindibles ante ataques como los actuales, son absolutamente insuficientes para frenar a las disparadas hordas macristas. Remedios legales no faltan. Por el contrario. La legislación argentina es una de las más completas del mundo en cuanto a defensa ante violaciones a los Derechos Humanos. La Constitución Nacional actual le brinda la mayor jerarquía a los tratados y convenciones en la materia, por ejemplo, en la facultad de expulsar legisladores por inhabilidad moral.

El principal déficit surge, entonces, en la insuficiencia institucional para afrontar esas agresiones y darles respuesta. Y sin respuesta, las agresiones aumentan y los agresores se vuelven cada vez más violentos. Y como es sabido, detrás de cada uno de ellos está el verdadero objetivo de las irrupciones antidemocráticas neoliberales, que no es otro que el saqueo y la transferencia de recursos. Sí, transferencias de los más vulnerables a los sectores más concentrados y poderosos de nuestra comunidad. Y así como en los setenta el saqueo se garantizaba con balas, picana y autos verdes, hoy se viste de amarillo. Y, en el nombre de la República, la libertad o la meritocracia, construyen subjetividad desde los medios hegemónicos, operan desde los ex servicios y ejecutan desde los estrados judiciales. Elaborar rápidamente respuestas institucionales adecuadas y suficientes es el desafío más grande que atraviesa nuestra comunidad. Frenar el avance neofascista es lo que nos va a permitir no sólo afianzar en el 2023 la presencia popular en la casa de gobierno. Va a ser, además, la base para reformas estructurales que permitan tener una justicia verdaderamente democrática que garantice el fin de la impunidad a los violentos, racistas, xenófobos y misóginos que hoy gozan de los botines mal habidos.

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022.

*Ex Juez de Cámara Federal y Ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.

La entrada La peste amarilla – Por Carlos Rozanski se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Carlos Rozanski*

(para La Tecl@ Eñe)

Los integrantes de la coalición opositora de extrema derecha, Juntos por el Cambio, aumenta día a día el nivel de violencia de su actividad política. Es parte de la ya remanida estrategia con la que pretenden posicionarse para las elecciones de octubre. Desde la pública ponderación de Adolfo Hitler por parte del principal asesor de Mauricio Macri, Jaime Duran Barba, mucha agua ha pasado bajo el puente. Y en ella se han bañado sin el más mínimo pudor las principales figuras de esta derecha reiterativa en su despreciable pero efectiva descalificación y desconocimiento del “otro”.

La convocatoria del Presidente de la nación por Decreto 17/2023  a sesiones extraordinarias del Congreso (art. 63 Const. Nac.), expuso una vez más las peores miserias de una derecha que por sus propias carencias, se torna cada día más peligrosa para la vida en comunidad.

Hay que recordar que la convocatoria aludida es un mecanismo de la constitución nacional para que el congreso pueda sesionar en período de receso. La sesiones ordinarias están previstas de marzo a noviembre y cuando la vida comunitaria requiere el estudio y eventual sanción de nuevos proyectos de ley, el Presidente convoca a un período extraordinario para su tratamiento. En el caso, el decreto establece actividad desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero. Poco más de 30 días para mejorar, en algo al menos, la vida de los ciudadanos.

Este año, se trata de 27 proyectos, todos importantes, entre los que se destacan los de seguridad vial sobre alcoholemia cero, el plan nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030,  abordaje integral de la violencia institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios, Tratamiento del Acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación, de Prevención y Represión del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la creación de Universidades Nacionales, el de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la nación, Proyecto de Ley tendiente a asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de Down, para su hijo o hija en gestación o recién nacido/a y Solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El 6 de enero, la oposición anunció que no acompañará las sesiones extraordinarias ni votará ninguna ley que sea propuesta por el oficialismo (SIC).

No se trata en el caso de una diferencia de opiniones respecto de uno u otro proyecto. En realidad, ni siquiera interesa de qué trata cada uno. Y si, sólo para el análisis, nos detuviéramos un segundo en el listado, comprobaríamos que se trata de propuestas legislativas que buscan incidir en una mejor calidad de vida ciudadana. Claro está que todo aquello que implique una mejora para los sectores más vulnerables en materia de salud, educación y justicia (de eso se trata la mayoría de los proyectos), será percibido como una agresión por parte de quienes lucran y se solventan precisamente con la ignorancia, la enfermedad y la injusticia.

¿Es posible imaginar a los socios de Macri y Bullrich votando leyes que persigan el lavado de activos o contra el contrabando de armas para golpes de Estado en la región? ¿A los compañeros de María Eugenia Vidal votando la creación de Universidades Nacionales? Sin dudas que no.

Y finalmente, ¿quién puede pensar que a la derecha recalcitrante de Juntos por el Cambio le puede interesar una Corte Suprema amplia, sin monarcas y con buenos jueces? Semejante posibilidad significaría una debacle política de la cual ya no podrían reponerse. Por esas y muchas otras razones inconfesables, hicieron pública – el día de los reyes magos -, una decisión que no registra antecedentes en la historia legislativa de nuestro país, cual es la de un bloqueo “genérico” y generalizado a la actividad del Congreso de la Nación. Debe recordarse que el número de legisladores con que cuenta la coalición derechista nombrada -en ambas Cámaras- resulta definitoria tanto para lograr quorum para sesionar, como en aquellas deliberaciones que requieren el voto afirmativo de dos tercios de los miembros.

El bloqueo legislativo anunciado es una determinación que viola la Constitución Nacional y normativa expresa del Código Penal argentino que prevé penas de hasta 20 años de prisión. Claro que, para que se aplique el Código Penal a estos casos, se requiere jueces dispuestos a hacerlo. Ahí radica la raíz de la crisis actual y se impone un breve análisis.

Mauricio Macri comanda una organización criminal transnacional sin precedentes en la historia democrática del país. Ostenta el triste récord de ser el primer presidente de una nación que asume la magistratura sospechado fuertemente de pertenecer de manera orgánica a una organización mafiosa (N´drangheta, Jorge Beinstein, 2019).

Macri llegó al poder en el año 2015 y mediante un plan diseñado cuidadosamente, concretó en cuatro años el mayor saqueo económico y fuga de divisas que registren los anales de la región. Simultáneamente, efectuó una persecución sistemática de opositores, así como la instalación de magistrados seleccionados en cargos estratégicos del Poder Judicial de la Nación. De ese modo, la Agencia de Inteligencia del Estado (AFI), en coordinación con los medios hegemónicos de comunicación y el grupo de jueces y fiscales afines, llevaron adelante la tarea de vaciamiento y fuga (2015-2019). Luego, a partir de la asunción de Alberto Fernández, pusieron en marcha el actual período de consolidación del saqueo a partir de la impunidad y blindaje de sus autores directos y cómplices.

Esa metodología de Lawfare o guerra jurídica, debe ser comprendida en el contexto de una organización mafiosa -más amplia, que utiliza aquellos mecanismos modernos de persecución y blindaje para sus fines criminales.

En ese sentido, el obsceno sabotaje a la investigación del atentado a la Vicepresidenta de la Nación, con la “pérdida” de pruebas esenciales y de laxitud hacia posibles autores intelectuales, financistas y demás cómplices, es demasiado obvio. Hay que recordar que el fiscal a cargo de la investigación le imputó a Cristina Fernández (en 2018 junto a Carlos Stornelli), 913 hechos delictivos. A su vez, la jueza titular del juzgado, comparte la actividad en el Instituto de Seguridad de CABA entre otros, con Juan B. Mahiques y Marcelo Dállesandro (Lago escondido). Tan obvia es la obscenidad resumida, que cabe pensar que su ostentación es adrede.

Es una muestra de poder que decide exhibir la organización mafiosa. Debe recordarse también que mediante ello se logra un efecto altamente disuasivo sobre todo aquel que intente abandonar la banda así como a quien intente denunciarla o investigarla. Las iniciativas legislativas oficialistas, en especial las que apuntan a un proceso de saneamiento del Poder Judicial (ampliación de la Corte y juicio político a sus integrantes), representan un concreto peligro para la organización. Los jueces y fiscales involucrados serían rápidamente eyectados del sistema por una Corte decente que, además, colaboraría en las medidas para encaminar el Consejo de la Magistratura.

En síntesis, las consecuencias de la decisión anunciada por Juntos por el Cambio, de concretarse la amenaza, impactarán sobre todo el sistema democrático del país, violando como se dijo, la constitución y las leyes.

Se trata de una nueva horda pre civilizatoria conformada por una enorme organización criminal que si bien actúa en paralelo al Estado Nacional, simultáneamente lo hace desde el corazón mismo de la República. Ahí radica la mayor dificultad para repelerla. Así, desde la coalición opositora, legisladores, jueces, fiscales, ex servicios de inteligencia, poderosos grupos económicos dueños de la mayoría de los medios de comunicación masiva, políticos con y sin cargo actual, sincronizan a diario su actividad destituyente. Lo hacen con llamativa comodidad y ante un actual oficialismo que no ha podido o no ha sabido aún repeler con la energía necesaria, la agresión institucional que desde el 10 de diciembre de 2019 se padece en el país, y que en especial afecta, como siempre, a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Finalmente, hay que recordar que la elaboración de normas en un Estado tiene como principal objetivo regular la vida en común. Es el reemplazo de la violencia cuerpo a cuerpo donde en la época pre normativa, se imponía la ley del más fuerte. En esta etapa del Plan Condor III, el accionar de la horda macrista propone frenar el dictado de nuevas leyes y que de las existentes sólo se apliquen aquellas que aseguran la continuidad del saqueo económico y la impunidad de los responsables. Cuentan para ello con la ya descripta organización mafiosa.

Ante ese panorama, el desafío es para la dirigencia política progresista que deberá dar respuesta rápida y proporcional a la magnitud de la agresión mafiosa que lleva adelante la coalición opositora. Por el pueblo no debe preocuparse esa dirigencia ya que como lo ha hecho en los momentos más críticos de nuestro pasado reciente, tanto en la resistencia a la dictadura como en el apoyo a los juicios a los genocidas o en el rechazo al infame 2 x 1, responderá incondicionalmente dando sostén a cada una de las medidas que el gobierno decida tomar en ese rumbo.

Buenos Aires, 17 de enero de 2023.

*El autor es Ex Juez de Cámara Federal y Ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.

La entrada La horda – Por Carlos Rozanski se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Carlos Rozanski*

(para La Tecl@ Eñe)

Les niñes han sido abusados a lo largo de la historia de la humanidad. El abuso sexual es el crimen que más daño les genera y sus secuelas suelen acompañar la vida entera de las víctimas. La regla durante muhos siglos fue la impunidad de los agresores. Las tres palabras mágicas para esa impunidad fueron “los chicos mienten”. Con esa simple fórmula se descartaban los relatos e incluso los signos y lesiones exteriores que eran rápidamente racionalizados mediante explicaciones que no por absurdas dejaban de cumplir su cometido. Afortunadamente, hace pocas décadas se produjeron avances geométricos en los aspectos claves del fenómeno. Se comprobó que hasta determinada edad, les niñes no están en condiciones de fabular escenas de la sexualidad no vivida ni mentir para incriminar a otros. Gracias a ese y otros numerosos aportes de disciplinas como la psicología y el derecho, el abuso contra las infancias, una vez develado, es sencillo de identificar, determinar y en su momento sancionar. Sin embargo, la impunidad de sus autores sigue siendo elevadísima (se esclarece 1 de cada 1.000 hechos) lo cual es contradictorio con los avances en la materia. Esta realidad obliga a detenerse en las razones profundas que motivan que un fenómeno tan grave y dañino como el abuso sexual, continúe con tan alto indice de impunidad. Sucede que, zambullirse en la inmensidad de esas razones, somete aún al más avezado nadador/a a un sinfín de circunstancias riesgosas tanto para su vida profesional como personal.

Abundan los casos de psicologues, mediques, fiscales, policias, docentes, jueces y abogades que han sufrido los más encarnizados y variados ataques y persecusiones de parte de los agresores sexuales, sus profesionales asociados y funcionarios afines.

Si bien se trata de diversas razones que van desde el imaginario de género y edad hasta las falencias judiciales sistémicas y la corrupción, es necesario al menos destacar las más trascendentes. En ese sentido, el patriarcado juega un rol decisivo ya que es el contexto que define tanto las situaciones de abuso como la referida impunidad.

El patriarcado es un sistema de poder y dominación, y el abuso sexual contra las infancias es una problemática que afecta a grupos altamente vulnerables, y quienes tienen que investigar muchas veces pertenecen a los grupos que detentan ese poder.

En las últimas semanas se instaló fuertemente en los medios de comunicación un caso de abuso de parte de un adulto, que al momento del delito tenía 32 años, hacia un niño de 14. El caso ocupó rápidamente los principales espacios de canales de televisión y radios con variado tratamiento. La víctima, hoy adulto, relató las principales circunstancias del calvario que padeció. Una de las características más importantes del relato es el sufrimiento extremo sufrido en su infancia previa a los abusos. Si esa vulnerabilidad no es tenida en cuenta a la hora de pretender analizar el relato, difícilmente se podrá tener una visión genuinamente aproximada de lo sucedido. Y debemos decir “aproximada” porque el dolor, el sufrimiento, la soledad e impotencia de quienes desde su fragilidad son agredidos por los depredadores sexuales, son intransferibles. Únicamente la víctima tiene cabal dimensión del daño. Los observadores, aún los más expertos y empáticos, sólo pueden tener una aproximación que, si bien es imprescindible, nunca es completa. La conciencia de esa insuficiencia también es importante a la hora de opinar.

En los análisis mediáticos cada comunicador se expresa de acuerdo a diversos factores que inciden en su discurso. La directiva empresarial de tratar intensamente el tema no se discute. Es parte de la actividad y del compromiso laboral hacia el medio al que pertenece. Otro factor importante es la propia cosmovisión del comunicador. En ese sentido, si bien todos integramos un sistema patriarcal del cual provenimos, la actitud que asumimos cada día frente a los injustos es variada. Al respecto, el citado avance de las investigaciones sobre el tema, fortalecido por el movimiento feminista y su impronta social hoy indeleble, hace la diferencia. Esto explica que mientras algunos comunicadores se identifican con el denunciado en el discurso que “romantiza” la historia, otros logran una perspectiva que les permite ver y transmitir la verdadera dimensión del drama. En el caso, signado por la tragedia personal del niñe en su primera infancia, la de su victimización posterior por parte de una organización criminal parcialmente impune (boy lovers), y finalmente, de sucesivos adultos pedófilos que ante el develamiento no vacilan en recurrir a la descalificación, la mentira y la auto-victimización. Para los primeros, el daño, en el relato de los agresores, lo han padecido ellos y su única responsabilidad ha sido “enamorarse”.

Ante ese escenario, el rol del poder judicial es decisivo. Es allí donde llega una denuncia. Es en la puerta de entrada del sistema donde la víctima deposita su relato, su dolor, su esperanza. Y en la intervención estatal ante el abuso en las infancias, como sucede en general con los demás sectores vulnerables de nuestra sociedad, lo que define es la ideología. La cosmovisión de jueces y fiscales es la que guiará sus lapiceras hacia decisiones que marcarán en un sentido o en otro la vida de victimarios y víctimas. En el caso de Juan Martin Rago (Jey Mammón), se decidió su impunidad judicial aplicando un criterio sesgado de interpretación jurídica que remite a una vieja broma. Le preguntan a un abogado “cuánto es dos más dos y responde: ¿Cuánto quiere que sea?…”. Cuando un niñe no denuncia los crímenes que padeció, es porque no puede y no porque no quiere. Su demora no es producto de su decisión como tampoco lo fue ser violentado por adultos criminales. Y ese paso del tiempo, a la luz de la Constitución Nacional, jamás podría devenir en impunidad. La Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño (1989) ratificada por nuestro país muchos años antes del abuso al niñe Lucas, lo protege. Le garantiza a él y a todos les niñes abusades, que el crimen será investigado y sancionado. Ignorar tan alta norma y basarse en una inferior como es la de la prescripción, no es desconocimiento. Es un posicionamiento producto de un paradigma contrario a la protección integral y al interés superior que nuestra Constitución le promete a Lucas. El Superior Tribunal del Chaco (caso Alvarado/Pacce) y otros altos Cuerpos judiciales del país han fallado en ese sentido con claridad meridiana.   

La crisis extrema que hoy caracteriza la justicia en nuestro país es de dominio público. En ese sentido, el atravesamiento de corrupción de nuestros tribunales está marcado por intereses de índole político, económico y fundamentalmente de poder. Y de poder, el patriarcado sabe mucho. Por eso, hasta tanto se tomen las decisiones políticas necesarias, seguiremos horrorizándonos con condenas escatológicas (los Liverpools), prescripciones y revinculaciones forzadas de agresores con sus víctimas que dejan impunes aberrantes crímenes contra niñes y un tendal de sentencias que reafirman la vigencia del patriarcado y del poder hegemónico del capital. Todo ello ante la mirada impotente de buenos jueces y juezas anestesiados por la vigencia de un sistema perverso.

Esa crisis abarca el resto de las instituciones que no logran enfrentar las agresiones con la energía y creatividad que la emergencia impone (Congreso Nacional, Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo).

El Presidente de la nación advirtió en distintas oportunidades que no vino a hacer una revolución. Ante la degradación institucional actual y la violencia creciente de la derecha de la región, tal vez sea momento de repensar esas afirmaciones y encarar un cambio de estructuras que frene la violencia y disminuya las injustas desigualdades. Millones de niñes y adultes vulnerables se lo agradecerán. 

Buenos Aires, 6 de abril de 2023.

*El autor es Ex Juez de Cámara Federal y Ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.

La entrada Abuso, comunicación y revolución – Por Carlos Rozanski se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Carlos Rozanski*

(para La Tecl@ Eñe)

Desde el momento mismo del atentado a la Vicepresidenta de la Nación se sabía que la justicia federal no investigaría más que lo mínimo indispensable. Ese mínimo resultaron ser los tres “copitos” detenidos, Fernando Sabag Montiel, Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte. Durante los ocho meses transcurridos se confirmó la premonición. El obstáculo generado a partir de la investigación sobre la organización “Revolución Federal”, fue superado manteniendo separadas las causas. Así, la “pérdida” de los datos del celular de quien portaba el arma del hecho y la fuerte oposición a la unificación de los expedientes de parte de la Jueza Federal y el fiscal actuante, son una muestra que no por burda deja de ser elocuente. Se suma a la secuencia, la negativa a investigar la actividad de la vecina del piso de arriba de CFK, Ximena de Tezanos Pinto, quien facilitó su inmueble para tomar imágenes aéreas del lugar donde se intentaría el magnicidio. Cabe recordar que la nombrada alojaba (alquilándole una habitación) a la abogada de integrantes de Revolución Federal.

En situación de normalidad jurídica, esas y otras ilegalidades hubieran motivado el apartamiento de jueza y fiscal y la consiguiente investigación sobre su conducta. Pero en el estado actual del funcionamiento judicial, estamos muy lejos de ello. Baste reparar en que el panorama incluye a los cuatro miembros de la Suprema Corte, fuertemente sospechados e investigados por el Congreso de la Nación, así como a jueces y fiscales federales involucrados en operaciones de espionaje, persecución política, incriminación y hasta condena de inocentes. Si se tiene en cuenta que detrás de los sicarios materiales del atentado, como se sospechó desde un comienzo, se encuentran notables personajes de la derechista oposición política, las razones del encubrimiento aparecen como obvias. Máxime si se tiene en cuenta que esos personajes están asociados, a su vez, a las corporaciones multinacionales que facilitaron la fuga de los capitales obtenidos durante el saqueo en la gestión de Mauricio Macri.    

En las últimas horas se conoció un hecho de enorme impacto en el país, protagonizado por una joven, Ivana Bohdziewicz, y que puede significar un antes y un después en el escenario politicio y judicial de la Argentina.

Repacemos los hechos previos a la decisión de la nombrada Ivana. Como es de público conocimiento, el intento de magnicidio a CFK fue anunciado dos días antes por Gerardo Milman, jefe de campaña de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y diputado nacional. En una reunión en el bar Casablanca, el diputado relató a sus dos secretarias, textualmente: “cuando la maten voy a estar camino a la costa” (SIC). A raíz de haber sido escuchada esa conversación por un testigo, ambas asesoras fueron citadas a testimoniar al juzgado de la Dra. Capucetti. Inicialmente negaron su presencia en el lugar señalado, aunque luego, ante la exhibición de pruebas contundentes, aceptaron la existencia de la reunión. Ni jueza ni fiscal requirieron los celulares de las declarantes, dándole un tiempo esencial (dos meses) para borrar los rastros de la planificación del atentado.

Por investigación periodística de Irina Hauser en Página/12, se supo hace pocas horas que una de esas secretarias, Ivana Bohdziewicz, se quebró y con insistencia pidió declarar en la fiscalía del Dr. Carlos Alberto Rivolo. La fiscala Alejandra Mangano (el fiscal está de “licencia”) finalmente escuchó a la asesora de Milman, quien efectuó una de las revelaciones más importantes producidas desde el hecho criminal investigado. Señaló que con posterioridad al atentado, fue citada junto a su compañera Carolina Gómez Mónaco a las oficinas de Patricia Bullrich. Allí las esperaba el diputado Milman y un experto informático que procedió durante 4 horas a “limpiar” los celulares de la nombrada Gómez Mónaco, la testigo Bohdziewicz y el propio Gerardo Milman.

Esa información brindada por la testigo es quizás el dato más trascendente para avanzar hacia “arriba” en la investigación y confirmar los nombres de algunos de quienes planificaron y financiaron el atentado. Avance, como se dijo, imposible -por el momento-, dada la referida emergencia judicial que atraviesa el país. De mantenerse este escenario, ningún resultado auspicioso se obtendrá. Tampoco es posible esperar el avance del juicio político a los miembros de la Corte, en trámite en la cámara de diputados, ya que los legisladores opositores anticiparon públicamente su sabotaje al proceso. 

Hay que tener en cuenta que lo que está en juego es la propia estabilidad democrática, alterada seriamente ese 1° de septiembre a las 20,52 hs., y con ella, el futuro de millones de ciudadanos. No podemos obviar que la alianza opositora al actual gobierno tiene entre sus principales filas, nombres comprometidos con la planificación del atentado y su encubrimiento. Y como surge, igualmente claro, cuentan con la complicidad del sector más poderoso y reaccionario del poder judicial, identificado ideológica y políticamente con esa alianza.

Hoy la responsabilidad de intervenir está en manos del propio presidente de la Nación, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo, así como de ambas cámaras del Congreso. La Constitución Nacional y la legislación general, prevén herramientas apropiadas para situaciones como la descripta. En ese sentido, se impone comenzar en lo inmediato por brindar protección y contención integral a quien tomó la encomiable decisión ciudadana de presentarse ante la justicia, y hacer conocer una verdad durísima pero imprescindible para combatir la impunidad.

Buenos Aires, 8 de mayo de 2023.

*Ex Juez de Cámara Federal y Ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.

La entrada Atentado a CFK: encubrimiento y después – Por Carlos Rozanski se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Carlos Rozanski*

(para La Tecl@  Eñe)

La realidad actual de nuestro país muestra la aparición de personajes amorales de escasa capacidad de razonamiento que alcanzan a ocupar importantes espacios. Lugares en teoría reservados a ciudadanos sensibles, con importantes conocimientos y real compromiso ético. En el corazón de la comunidad en la que se gestó ese surgimiento, están las razones profundas que lo posibilitan y toleran. Los límites para llegar a conocer esas razones los anticipó Niezstche cuando afirmó que “el ser humano sólo alcanza la verdad que es capaz de soportar”. Sucede que esa realidad actual contiene verdades difíciles de aceptar porque nos interpelan a cada uno de nosotros y nos enfrentan a nuestra propia incapacidad para dar respuesta adecuada al desafío.

Así, el discurso de la derecha actual encarnada en personajes como Javier Milei o Patricia Bullrich, afecta los principios básicos de la lógica Aristotélica: identidad, no contradicción y tercero excluído. El primero de ellos referido a que algo no puede “ser” y “no ser” simultáneamente. El segundo, podemos ejemplificarlo en que una cosa no puede ser “blanco” y “no blanco” al mismo tiempo. Finalmente, el que afirma que dos proposiciones contradictorias no pueden ser verdaderas. Lo dicho se confirma en cualquier repaso que se haga de exposiciones de los nombrados, donde es posible advertir la violación de al menos uno de los recordados principios elementales de la lógica.

Esa afectación, a su vez, implosiona hasta los cimientos el edificio del pensamiento que permite a los seres humanos efectuar operaciones racionales que le den sentido a la realidad. Los discursos en cuestión y la reproducción anárquica de los mensajes liber-cambiemitas, amplificados por las redes sociales, alteran seriamente la posibilidad de muchos electores de efectuar juicios lógicos acordes a la responsabilidad social de emitir un voto.

En ese sentido, si bien la cepa milei-bullrich es novedosa en algunos aspectos, la esencia de ese tipo de comunicación (aunque con micrófonos más precarios) ya había sido expuesta con éxito por Joseph Goebbels en los albores del nazismo. Las consecuencias inconmensurables de las tragedias que sucedieron a esas prédicas, marcaron a fuego la historiografía del siglo XX. Fue así que para evitar la reiteración de semejantes desastres, las comunidades se esforzaron por diseñar mecanismos de control para enfrentar eventuales nuevas irrupciones como las que se producen en la región. Desde Convenciones Internacionales de Protección a los Derechos Humanos hasta normativa interna de los Estados, se intentó prevenir y sancionar todo atisbo de negacionismo en especial en Europa en aquellos países devastados por los genocidios. 

De ese modo, y planteado el escenario, teóricamente se deberían activar rápidamente esos mecanismos y la “normalidad” volvería a las comunidades. Según ese diseño, entonces, el sistema jurídico formal (justicia penal y demás fueros), los protocolos sobre juicios políticos a funcionarios e incluso la legislación sobre salud mental, se encargarían de desarticular cualquier intento descabellado y dañino para la democracia de parte de personajes como los de LLA o JxC.

Craso e ingenuo error. En el caso de nuestro país y la región, entre las muchas deficiencias del sistema actual se encuentra tal vez la que puede llevarnos a situaciones sin retorno en materia de pérdida de derechos esenciales. Sucede que, desde el sistema formal, se previeron respuestas que en su momento resultaban de avanzada y hoy aparecen como vetustas elaboraciones jurídicas que se estrellan contra la agiornada tecnología de comunicación neo-fascista que practican los cambiemitas libertarios. Es necesario advertir que toda la estructura jurídica y política pensada para combatir la criminalidad mafiosa que pueda poner en riesgo la democracia, presupone un funcionamiento judicial acorde. Pero, cuando desde la propia cabeza del poder judicial, la Corte Suprema de Justicia, se validan los atropellos de aquellos tribunales que integran propiamente la criminalidad, los remedios tradicionales resultan meros placebos.        

Fiscales y jueces corruptos ponen en práctica extorsiones brutales y persecuciones abyectas que incluso llegan a sentencias difíciles de imaginar en democracia. La anomia (tenue o nula adhesión a la norma) se apodera de la escena y se abre la caja de Pandora.    Emerge de ella una nueva modalidad de comunicación en la que es posible efectuar una convocatoria a la violencia y a la agresión sin sanción alguna, llegando a la audiencia con velocidad supersónica. Y entonces, una vez concretados los actos, se inicia el inmediato encubrimiento. Valga como ejemplo la incriminación, juzgamiento y condena así como el atentado a la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Ese encubrimiento es un grave delito planificado y ejecutado desde el corazón del propio poder judicial encargado de la investigación.  

El daño más importante que genera ese fenómeno es el que se produce a partir de que personas de esa calaña, que además de idiotas son malas, llegan a instancias de poder real. Recuérdese a Patricia Bullrich en su cargo de Ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Los homicidios de Santiago Maldonado (2017) y Rafael Nahuel (2017) así como la defensa del asesino Chocobar (2017), son trágicos resultado de esos verdaderos agujeros negros institucionales a los que aludimos. El 2 de noviembre de 2018 Bullrich difundió públicamente sobre seguridad su deseo de que “todo el que quiera andar armado ande armado” (SIC). En 2021, luego de validar los asesinatos por la espalda, Bullrich fue “condecorada” por el condenado Chocobar.

Aporta a este análisis el recuerdo de un hecho producido en 1995 en Estados Unidos en la ciudad de Pittsburgh. Un delincuente llamado McArthur Wheeler de 44 años, planeaba robar dos bancos de esa ciudad. Para lograr su impunidad se untó el rostro con abundante jugo de limón. Su convicción era que de ese modo sería “invisible” a las cámaras de seguridad de los bancos. Se basó en los experimentos escolares con ese líquido (jugo de limón) que llamaban “tinta invisible” con la que luego de escribir en un papel y al pasarle una vela encendida a cierta distancia, aparecía el texto redactado. Así, con ropa oscura y el rostro pintado, Wheeler, armado con una pistola y en tiempo récord, logró robar ambos bancos. También en tiempo récord, la policía de Pittsburgh lo fue a buscar a su casa y lo metió preso.   

El recuerdo nos trae a la actual coyuntura electoral de nuestro país donde bandidos idiotas que contradicen los principios éticos fundacionales de una comunidad y desafian toda lógica elemental, pretenden llegar al gobierno. Si bien eso no sucederá finalmente, no deja de ser una seria advertencia. La dirigencia política progresista (Unión por la Patria y el Frente de Izquierda), claramente opuesta a todo avance neofascista, debería lograr algún tipo de acercamiento entre ellos, y articular respuestas institucionales proporcionales a la agresión.

Como se señaló al comienzo, aceptar nuestra debilidad para responder con efectividad ante la violencia de las derechas actuales, nos causa dolor. Nos recuerda nuestras propias limitaciones originadas tanto en innatos rasgos narcisistas como en deformaciones dogmáticas de la politica clásica. Pero precisamente debemos tomar conciencia que la actual agresión fascista no es tradicional. Es cierto que defiende los intereses habituales de la derecha pero lo hace desde una estrategia de comunicación digital y nosotros estamos respondiendo desde dos latas de tomate unidas por un cable.

Milei y Bullrich difunden ignorancia en un sector de la población y es sabido que, como señaló Charles Darwin, “la ignorancia engendra más confianza que el conocimiento”. De allí proviene la extravagante decisión de un porcentaje de los votantes que, como se verá en poco tiempo, sólo es efímera.   

Finalmente, sabemos que el ser humano es capaz de cometer todo tipo de daño si se le garantiza impunidad. Entonces la pregunta obligada es de qué depende que se concrete ese daño. Intuimos que no nos va a gustar la respuesta. Sin embargo, en algún momento vamos a tener que interrogarnos ya que de las conclusiones que saquemos y las medidas que tomemos va a depender el futuro de las próximas generaciones.

La Plata, 11 de septiembre de 2023.

*Ex Juez de Cámara Federal y Ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.

La entrada EL PODER DE LOS IDIOTAS – POR CARLOS ROZANSKI se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Carlos Rozanski*

(para La Tecl@ Eñe)

Las invocaciones religiosas de Javier Milei han sorprendido en el país y recorrido el mundo. Lloró cuando su rabino, Axel Wahnish, mirándolo a los ojos, le anunció en la catedral metropolitana: “Dios tiene fe en usted, señor presidente” (SIC). Días después, designaría a su guía espiritual como embajador en Israel.

En sintonía con ese sendero, su primer viaje al exterior, como presidente electo de los argentinos, fue el 27 de noviembre de 2023 a la ciudad de Nueva York, más precisamente al cementerio de Montefiore. Fue a rezar ante la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder de la comunidad ultraconservadora Lubavitch, fallecido el siglo pasado.

Unos días después de su regreso, el 10 de diciembre, juró como presidente “por Dios, por la Patria y sobre estos Santos Evangelios” (SIC). El 12 de diciembre, Milei anunció públicamente que «después de tantos años de oscuridad y ocultismo, va a salir la luz» (SIC). Esto lo pronunció en el marco de la festividad judía de Janucá en el barrio de Recoleta. 

Igualmente, llorando, tiempo antes había dicho por televisión: «Kari es Moisés y yo soy el que divulga. Soy sólo un divulgador” (SIC). Instalaba de ese modo a su hermana Karina Milei como enviada de Dios en la tierra, hoy Secretaria General de la presidencia, y él se autoproclamaba su predicador.   

Se trata del mismo Javier Milei que comunicaba unos años atrás que estaba pensando en convertirse al judaísmo afirmando: “aspiro a llegar a ser el primer presidente judío de la historia argentina” (SIC).

La destrucción

Tanto el DNU 70/2023 como la Ley Ómnibus crean las Bases y son el Punto de Partida de un proceso de destrucción humana y ambiental que, de concretarse, generarían a la población un daño nunca antes visto desde la conquista genocida de 1492.

Milei inicia ese proceso afirmando en ambos textos que: “Argentina está inmersa en una grave y profunda crisis económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social sin precedentes, que afecta a todos los órdenes de la sociedad y al funcionamiento mismo del Estado.”. Y agrega que “la severidad de la crisis pone en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida…”.

Rápidamente, ante los legisladores,el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y con ese antecedente a la vista, afirmó que “si hay crisis económica, no hay constitución vigente” (SIC). Daba por terminada con estas palabras toda aspiración de debate racional, de intercambio de ideas o de posibilidad de reflexión acerca de las tragedias que se fomentan desde el nuevo gobierno. Este anuncio se producía ante la claridad de los artículos que componen el DNU y la ley ómnibus, y que derriban uno a uno los derechos y garantías que nuestra constitución ofrece a quienes habitan el país. Avances que fueron producto de duras décadas de luchas sociales por una vida digna, en las cuales decenas de miles de habitantes entregaron sus vidas.   

De ese modo, quien pocas semanas antes se había arrepentido públicamente de su pasado nazi, siendo hoy parte del gobierno, lanzaba su cínica admonición: olvídense de la constitución… Ese anuncio del representante del Poder Ejecutivo a los dos poderes restantes de la democracia, significó una novedosa maniobra de golpe institucional nunca antes ensayada en esos términos.  

Así, en un clima enrarecido por la prepotencia y la tozudes, el oficialismo arrastró a los diputados y diputadas de Unión por la Patria, del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) y a algunos legisladores pudorosos de otros partidos, a una discusión sólo aparente. Con personajes como el que propone alambrar los océanos para salvar ballenas y elefantes, o la diputada que culpa a las mujeres de perforar preservativos para tener hijos y comprometer a los padres, la extrema derecha teo-autocrática marca el ritmo. Una extraña danza de gestos bizarros (Espert poniendo cara de bebote), mezclada con bloqueos ilegales de micrófonos o con la orden del libertario a un ministro para que no dialogue con la izquierda, se apoderó del clima de los plenarios. Extraño escenario de discusiones estériles para unos y soñadas para otros. Por eso se afirma aquí que las discusiones son sólo aparentes.

La derecha extrema que gobierna el país no discute, no dialoga, no intercambia. Impone. Los autores intelectuales de los proyectos y sus firmantes, así como quienes los sostienen en el plenario, tienen cabal conciencia que son inviables. Saben en plenitud que se trata de una propuesta de sufrimiento, dolor y muerte. La historia está llena de ejemplos en los que esa caterva de protagonistas tuvieron sus momentos de extraordinario poder en los que el goce del daño que generaban acariciaba sus mentes particularmente perversas.

Baste recorrer los textos y recordar algunas de las normas contenidas en los proyectos para acercarse a la inconmensurable  tragedia que planifican.

Así, el proyecto libertario favorece la usura, la xenofobia, la violencia de género. Modifica la Ley de Glaciares para permitir la actividad minera en ambiente peri glaciar, desfinancia la Ley de Bosques, modifica la Ley de Fuego con la autorización de quema «tácita» (SIC). Deroga la Ley que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural en manos de extranjeros. En igual sentido, avasallan derechos previsionales, alimentarios, de medicamentos, de protección de la salud física y mental, laborales. En materia de comercialización, se deroga la ley de Abastecimiento, la de Compre Nacional, de Promoción Industrial, de Compre Argentino y de Góndolas. Deroga la Ley de alquileres.

Lo descripto es una apretada síntesis del universo de derechos esenciales conculcados por primera vez de una manera abarcativa, amplia, literal y explícita. Por otra parte, en la lectura detenida de los casi mil artículos que componen la canallada, es posible advertir el alcance y la vinculación del anuncio de Barra. Es que, no sólo se liquidan las Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos contenidas en el art. 75 inc. 22. Además, se pretende la suma del poder público en las facultades que se exige delegue el poder legislativo, de modo que lisa y llanamente se deroga la Constitución Nacional.

Si por vía de negada hipótesis, la facción fascista que representan los diputados oficialistas, sumada al número necesario de advenedizos arribistas triunfara, el contexto actual se complicaría notoriamente. Se concretaría el comienzo de una etapa de violencia extrema. Esa violencia  ocasionaría una “lesión grave a la integridad física y mental de una parte de la población del país así como el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial” (art II, b] y c] de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio-CN art. 75 inc. 22).

Es decir, el gobierno garantiza con estos proyectos, niñas y niños desnutridos, adultos mayores sin medicamentos, desempleadas y desempleados sumidos en la angustia y la depresión de ver en peligro su supervivencia y la de sus seres queridos. Milei y su equipo anuncian de ese modo un escenario de muerte.

No es posible, por el momento, saber si semejante elaboración siniestra se produce por ambición material de aumentar sus riquezas, por pura perversión o una combinación de ambas.

Las marionetas

Javier Milei es el primer presidente de la República Argentina que se asume como comunicador de una enviada de dios – su hermana, a quien asocia con Moisés – para traer luz a la tierra después de tanta oscuridad. Esta auto-descripción, en un contexto de tratamiento terapéutico, resultaría rutinaria y el personaje sería calificado como delirante, mesiánico o simplemente psicótico. Sin embargo, se trata del presidente de una Nación, que a poco más de un mes de gestión ha comenzado a concretar un plan de deterioro sin precedentes en la calidad de vida y derechos esenciales de la mayor parte de los habitantes.

Es obvio que detrás hay personajes de altísimo poder local y en el exterior que mueven los hilos. Desde los medios hegemónicos de comunicación y las enormes corporaciones internacionales, se pergeñó el plan que se conoce como “motosierra” o “anti casta” y que en realidad no es otra cosa que la tradicional transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los de mayor concentración de riqueza del país y el mundo.

La novedad, en este caso, es que se esté utilizando a una persona con notable vulnerabilidad emocional que además, exhibe un grado superlativo de maldad. La suma de esas características del Presidente de la Nación con las de su eventual reemplazante, vicepresidenta cultora del negacionismo ilegal, puede ser letal.

El único camino para frenar semejante retroceso es la consolidación de figuras progresistas de la política y de las diversas disciplinas que puedan aportar a una mejor comprensión de la gravedad de las amenazas y juntos elaborar una estrategia que permita contrarrestarlas con éxito.

Buenos Aires, 15 de enero de 2024.

*Ex Juez de Cámara Federal y Ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.

La entrada EL EXTERMINIO LIBERTARIO – POR CARLOS ROZANSKI se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Carlos Rozanski*

(para La Tecl@ Eñe)

El gobierno de Javier Milei es un fenómeno criminal complejo que hace más de dos años está saqueando el país y tiene en jaque a todo el arco político no corrupto. En la dirigencia opositora en general y en especial dentro de ambas cámaras legislativas, no ha pasado un día en que no se analicen estrategias para enfrentar esa criminalidad que, si bien no es original de La Libertad Avanza, presenta novedades que agregan dificultad a semejante desafío.

Así, los avances tecnológicos en materia de comunicaciones de masas multiplican geométricamente la posibilidad de manipulación de un importante sector de la comunidad. Con publicaciones en plataformas de redes sociales y un par de canales de streaming, los dueños del poder real llegan cada día a millones de usuarios a quienes convencen que aquello está mal está bien, que se está venciendo al demonio y que sufrir, tiene sus beneficios.

Frente a ello, es imprescindible desentrañar la mecánica perversa que llevó a Milei y a sus cómplices a la casa de gobierno desde donde digitan el mayor plan sistemático de eliminación de derechos que se haya intentado jamás en el país. En ese sentido, todo indica que quienes asesoran y dirigen a Milei, han tomado los cuerpos normativos más importantes del mundo en materia de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 CN) y respecto de cada norma, han elaborado una contranorma que la anule. De ese ejercicio surgieron por ejemplo el Decreto 70/23, la Ley Bases y los proyectos en trámite para encarcelar niñas y niños y esclavizar trabajadores.

Un dicho popular refiere que las comparaciones son odiosas y muchas veces es así. Pero sucede que en un momento como el que vive el país, de las comparaciones apropiadas y sobre todo de la memoria histórica, puede depender la continuidad de nuestra sociedad tal como la conocemos.

Detengámonos brevemente en lo que está sucediendo estos días. Para el 26 y 27 de febrero están fijadas dos sesiones claves  en el Senado de la nación. El jueves 26 se tratará el “Proyecto de Ley Penal Juvenil”, eufemismo con el que los libertarios denominan la criminalización de las niñas y niños. También se tratará la iniciativa para desproteger los glaciares (modificación Ley 26.639). Luego, el viernes 27, encabeza la agenda la llamada Ley de Modernización Laboral encaminada a legalizar y profundizar un sometimiento sin precedentes de la clase trabajadora.

Será el cierre del período de sesiones extraordinarias dispuesto por el Poder Ejecutivo, clave para el momento que vive el país y que resulta previo al discurso que pronunciará el presidente Javier Milei dos días después en la inauguración del año legislativo 2026.

Sin dudas serán mensajes triunfalistas ya que tiene asegurados los votos afirmativos para todos los proyectos, los que dejan atrás siglos de conquistas sociales fundamentales. El país estará ante un escenario impensable algunos años antes cuando Milei era apenas un panelista de televisión que se ufanaba de ser profesor de Tantra Yoga, integrar tríos sexuales y poder estar tres meses sin eyacular (1). Ese extraño personaje dirige hoy los destinos del país y como es sabido, con sus decisiones genera angustia, enfermedad y muerte en los sectores más vulnerables de la sociedad.

Para comprender en su alcance y gravedad el discurso que va a leer Milei el 1 de marzo, es útil recordar el que pronunció Adolfo Hitler ante el parlamento alemán el 23 de marzo de 1933 y el contexto de sus palabras.

Algunas semanas antes -el 27 de febrero-, se había incendiado el edificio del Reichstag (parlamento) y los nazis culparon rápidamente a un joven comunista holandés, Marinus van der Lubbe, de 24 años. Fue enjuiciado, condenado a muerte y guillotinado el 10 de enero de 1934. Cuarenta y ocho años después (en 1982), la justicia alemana determinó la inocencia del joven Lubbe y atribuyó al Partido Nazi la responsabilidad de haber orquestado, amparado, impulsado y encubierto el vital incendio del Parlamento alemán. La anulación legal del fallo quedó ratificada en el año 2008.

Ese siniestro se llevó a cabo para disciplinar a la oposición con lo que logró que un sector votara una ley que se denominó “Ley del Poder” la que habilitaba a Adolfo Hitler a legislar. El nombre técnico de la norma, en castellano es “Ley para Remediar la Aflicción de las Personas y el Reich” y su cita en estas líneas es pertinente porque refleja la promesa de Hitler de dar felicidad y libertad a los alemanes.

El crecimiento del partido nacionalsocialista alemán fue el antecedente de esa

votación. Así, en 1928 el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes (NSDAP) tenía 12 bancas; en 1932, obtuvo196, y en 1933, 288.

En su encendido discurso del 23 de marzo, Hitler hizo dos promesas que sintetizan una mecánica de manipulación comunicacional que se reitera hasta nuestros días en los regímenes totalitarios.

La primera es la de una rápida baja de impuestos. Lo expresó en estos términos: “La preconcebida reforma fiscal debe conducir a una simplificación en el reparto y de este modo a una disminución de gastos y de cargas. Por principio hay que levantar el molino de los impuestos en la corriente y no en el manantial…”. (2)

La segunda, es sobre el final donde concreta su duro mensaje  a los legisladores. Allí, vocifera Hitler: “El gobierno brinda a los partidos del parlamento la posibilidad de una evolución pacífica y de una inteligencia en el futuro resultante de ella. Pero el gobierno está también dispuesto y decidido a aceptar la notificación de la negativa y con ello el reto de oposición”. Y cierra con una advertencia tan violenta como premonitoria “Ahora, señores, elegid vosotros mismos entre la paz y la guerra”. (3)

La respuesta de los legisladores fue que con 444 votos a favor y 94 en contra, el Parlamento aprobó la ley que abrió el camino a Hitler para la naciente dictadura nazi. No obstante las intimidaciones, es remarcable la valentía de los 94 parlamentarios del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) que votaron en contra. Por su parte, los parlamentarios comunistas no pudieron estar presentes, debido a persecución previa, encarcelamiento o asesinato.

En ese sentido, es importante es recordar que, un día antes de la sesión, el 22 de marzo, se había inaugurado el primer campo de concentración en Dachau, en las afueras de Múnich. Ese centro, estuvo inicialmente previsto para alojar opositores políticos, siendo los internos principalmente alemanes comunistas, socialdemócratas, sindicalistas y otros opositores políticos del régimen nazi.

De ese modo, la aprobación de la infame ley habilitante fue consecuencia directa de semejante violencia, fundacional para la época e inspiradora sin dudas para los actuales esbirros de la extrema derecha local.

2026

Comprender en serio el riesgo social que significan Milei y su runfla implica una tarea dura y también muy dolorosa. Nos enfrenta a verdades que no siempre estamos en condiciones de aceptar. Al mismo tiempo nos arroja en el rostro nuestra propia impotencia para frenar a quienes están aumentando intencionalmente la mortalidad infantil, la de las vejeces y la de quienes, completamente desolados se quitan la vida para dejar de sufrir.

Milei está logrando una sociedad devastada, que es el campo más propicio para el saqueo de los recursos naturales de nuestro país. Ante ese panorama, la demora en poner en marcha una respuesta adecuada, resulta muy riesgosa.

Ello por cuanto si bien los hermanos Milei son peones fungibles que sin dudas serán reemplazados por sus amos cuando su desgaste sea irreversible, en el camino dejan un tendal. Es innegable que durante ese proceso, el daño social y cultural es inconmensurable y cuanto antes se logre frenar, antes se podrá iniciar la reconstrucción de un tejido que está siendo impiadosamente agredido.

Después, siempre es tarde.

Referencias:

1) Telefé, programa PH (Podemos Hablar), Andy Kusnetzoff (2018)

2) Carlos Alberto Rozanski. “De Hitler a Milei. Curiosidades dementes criminales”, Ediciones Ciccus, CABA 2024. Pág. 119

3) Ibid. Pág. 119

Miércoles, 25 de febrero de 2026.

*Ex Juez de Cámara Federal y ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de La Plata.

Seguí acompañándonos: Sumate a la campaña «Colaborá con La Tecl@ Eñe».

La Tecl@ Eñe viene sosteniendo, desde su creación en 2001, la idea de hacer periodismo de calidad entendiendo la información y la comunicación como un derecho público, y por ello todas las notas de la revista se encuentran abiertas, siempre accesibles para quien quiera leerlas. Sabemos que son tiempos muy difíciles, pero para poder seguir sosteniendo el sitio y crecer les pedimos, a quienes puedan, que contribuyan con La Tecl@ Eñe. Pueden colaborar con $5.000 ó $10.000. Si estos montos no se adecuan a sus posibilidades, consideren el aporte que puedan realizar.

Alias de CBU: Lateclaenerevista

La entrada 1933 – Por Carlos Rozanski se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.