Por Rodolfo Hamawi*

(para La Tecl@ Eñe)

El gobierno nacional, en un nuevo arrebato de dogmatismo neoliberal, ha puesto la mira en uno de los ecosistemas más virtuosos y frágiles que aún conservamos: el sector editorial. Bajo el pretexto de «liberar los mercados» y «bajar los precios», se intenta desregular la actividad librera mediante la derogación de la Ley 25.542, conocida como la Ley de Defensa de la Actividad Librera. Pero lejos de ser una medida inocua de actualización comercial, se trata de un hachazo directo a la diversidad cultural que nos distingue como país.

Esta ley, sancionada en el año 2001, no es un capricho proteccionista. Es el resultado de una profunda reflexión sobre el valor del libro como bien cultural. Su núcleo es el precio único de venta: un mecanismo simple pero efectivo que garantiza que un mismo título cueste lo mismo en una gran cadena de supermercados que en una pequeña librería de barrio en cualquier lugar del país. Lejos de ser una traba, esta norma es el andamiaje que permite a la Argentina ostentar un modelo de diversidad editorial inédito en la región.

¿Cuántos países pueden presumir de editar más de treinta y un mil títulos al año, de los cuales cerca de dieciocho mil llegan a la cadena comercial? Muy pocos. Y aún menos pueden jactarse de tener más de dos mil librerías y quinientas editoriales activas, muchas de ellas pequeñas o medianas, que publican desde ensayos filosóficos hasta poesía experimental. Esta riqueza no es casual; es el fruto de décadas de políticas públicas que entendieron que el libro no es un simple producto de góndola.

Sin embargo, el actual gobierno parece dispuesto a dinamitar este entramado en nombre de una libertad mal entendida. La desregulación propuesta no traerá consigo una «lluvia de libros baratos» para el pueblo, como algunos ingenuos o malintencionados pretenden hacer creer. Por el contrario, lo que se avecina es una purga silenciosa. Sin el precio fijo, los grandes jugadores —Coto, Carrefour, Día y, sobre todo, las plataformas digitales como Mercado Libre— podrán utilizar el libro como un simple «gancho» comercial. ¿Qué significa esto? Que venderán los títulos más masivos a precio de costo o incluso por debajo de él, asumiendo la pérdida temporal con tal de atraer clientes que luego comprarán electrodomésticos, alimentos o ropa con altos márgenes de ganancia.

El problema no es la rebaja en sí, sino la selección que esta conlleva. Los supermercados sólo pondrán en sus góndolas los best sellers que giren rápido. ¿Y el resto? ¿Qué pasa con los miles de títulos de poesía, ensayo histórico, narrativa experimental o literatura regional? Esos no tienen cabida en una lógica de rentabilidad de metros cuadrados. Ahí es donde la librería tradicional, la de barrio, la especializada, cumple su rol insustituible: no sólo vende, sino que recomienda, exhibe, sorprende y crea comunidad. Si les arrebatamos la posibilidad de vender los títulos de mayor rotación —los únicos que les permiten equilibrar sus cuentas—, las obligamos a desaparecer.

Es cierto que, en el primer momento de la guerra de precios, el consumidor podrá ver una rebaja en algunos títulos. Pero esa ilusión durará lo que tarde el gigante en devorar al pequeño. La experiencia global demuestra que, una vez eliminada la competencia, los precios se disparan. El objetivo final no es abaratar la cultura, sino concentrar el negocio en pocas manos. El mercado no se autorregula mágicamente cuando hablamos de bienes culturales; tiende al monopolio, y el monopolio siempre termina fijando precios abusivos

Este escenario no es una hipótesis apocalíptica; ya ocurrió. Cuando Gran Bretaña abolió el precio fijo del libro en la década de 1990, el paisaje editorial cambió para siempre. Desaparecieron más de mil librerías independientes. Si replicamos ese camino, la Argentina dejará de ser un faro editorial para convertirse en un apéndice de las grandes trasnacionales.

Por todo esto, debemos oponernos con firmeza a este nuevo intento de destrucción de nuestra industria nacional. Los libros son bienes comerciales, sí, pero ante todo son bienes públicos. A través de ellos circulan nuestras culturas, identidades, debates e historias. Son el espejo donde los pueblos se reconocen y la brújula que les señala el futuro. Atacar a las librerías es atacar la memoria colectiva.

Este no es un tema que afecte únicamente a editores, distribuidores o libreros. Es un asunto de salud democrática y soberanía cultural. Por eso, desde los lectores, los docentes, los estudiantes, debemos alzar la voz. Resistir esta medida es resistir la homogeneización del pensamiento. Defender las librerías es defender la posibilidad de que, mañana, un libro incómodo, extraño o maravilloso encuentre su camino hasta nuestras manos. No dejemos que nos arrebaten ese derecho.

23 de julio de 2026.

*Fue Director Nacional de Industrias Culturales. Autor del libro «Libros y Gobiernos».

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