Por Rodrigo Codino*

(para La Tecl@ Eñe)

Las prisiones y las deportaciones masivas en el modelo norteamericano

El encuentro entre el flamante Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su par, de El Salvador, Nayib Bukele, en abril de este año, podría ser considerado como protocolar, una reunión bilateral entre las máximas autoridades de dos países que se reunieron a fin de analizar los intereses comerciales que podrían vislumbrarse, una cumbre que se refiera a vínculos entre organismos multilaterales de crédito como el FMI, a la coincidencia de criterio sobre la crítica al rol de las Naciones Unidas o de la Organización Mundial de la Salud, a las denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el país centroamericano o, incluso, sin llegar tan lejos, a una simple visita de cortesía diplomática por parte del presidente salvadoreño teniendo en cuenta la asunción reciente del mandatario norteamericano.

Más allá de que todas estas hipótesis podrían resultar plausibles, existieron otros gestos y manifestaciones entre ambos que parecieran corresponder más a otra realidad: la inquietud continental debería prevalecer frente a semejante simpatía exteriorizada.

Si se considerara que a menudo aparece en el discurso oficial de las autoridades norteamericanas, la preocupación sobre las democracias o los derechos humanos en países de la región, una omisión deviene más que singular. En particular, porque el gobierno de El Salvador desde que Bukele es presiente de ese país, impuso un régimen de excepción durante años, privó garantías constitucionales, encarceló masivamente y de forma selectiva, utilizó la violencia ilegal a través de fuerzas de seguridad; existieron torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos sobre la población civil, bajo simples sospechas de participar en actividades delictivas.

Estos temas, no obstante, fueron ajenos en esta conversación.  Aunque pueda resultar curioso, pocas veces se registra un antecedente de un gobierno de la región que proclame abiertamente la utilización de estos métodos ilegales en una democracia.

Una vez más, la política exterior del país más poderoso de América muestra su selectividad sobre las críticas, denuncias o elogios como, así también, esta nación del norte hace saber a todos los países de nuestra región que la ley del más fuerte es la que define también el vocabulario que se utiliza.

Los conceptos dependen de quien tiene el poder de definirlos, como tantas veces se reitera, según la obra más conocida de Lewis Carroll.

Este segundo mandato del presidente de los Estados Unidos fue inaugurado con una agresiva respuesta a la problemática de la inmigración ilegal. Esta condujo, desde los primeros días del gobierno de Trump, a numerosas expulsiones de personas a sus países de origen.

Los gobiernos de la región, sin opción, debieron recibir a sus connacionales en sus aeropuertos, trasladados en aviones norteamericanos que deportaban a estos seres humanos sin papeles, todo ello, sin importar demasiado el tiempo que habían vivido en el norte, sus experiencias de vida, su arraigo o desarraigo, sus familias, sus condiciones laborales, etc. Esta política hacia inmigrantes indocumentados cumplía con una de las promesas electorales del republicano que le permitió, entre otras, para llegar al poder.

Los números de deportaciones importan en la inmediatez: el sueño americano tendrá el carácter de una pesadilla en lo sucesivo, al menos durante el mandato de Trump, aunque como todo es relativo, esto no dependerá de la economía formal a la que suele aludir respecto a la protección y generación de empleo para trabajadores estadounidenses, sino de otra, que es informal, que sigue dando réditos extraordinarios.

Esto último, tendrá un impacto en la mano de obra migratoria que sirve para transportar mercancías ilegales. Si es reemplazada, por otros medios, la disminución de extranjeros indocumentados podría considerarse como un éxito, a través de esta política migratoria, siempre y cuando no afecte aquellos negocios cuyos beneficios no dejan de aumentar considerablemente.

El diálogo entre Trump y Bukele resultó, finalmente, más que amistoso.

El americano, resaltó como un logro del país centroamericano la creación de la prisión que alberga la mayor cantidad de personas detenidas en el continente y además solicitó que se construyera otra de igual envergadura.

Del mismo modo, Trump requirió que se aceptasen -sin obstáculo alguno- a los deportados provenientes de Estados Unidos, en particular, de aquellos que se consideran como grupos socialmente conflictivos por su delincuencia -llamados los mareros salvadoreños- sin importar siquiera que, en realidad, muchas de estas personas nunca fueron sometidas a proceso penal o jamás conocieron su país de origen o el de sus padres, que residen en suelo americano desde hace muchos años y que su regularización tal vez como norteamericanos nacidos en su suelo, debería formularse como opción. Bukele, con beneplácito, aceptó el pedido.

Poco se difundieron otras cuestiones que pudieron ser de la partida de encuentro y que tienen trascendencia global. Uno de estos aspectos, concierne al aumento exponencial de la oferta y la demanda -en uno de los países por donde transita por vía terrestre o aérea- de la cocaína que llega hacia el primer consumidor mundial; la existencia de esta economía subterránea cada vez más próspera y su contracara: la afectación de derechos humanos por una violencia sin precedentes.

La guerra punitiva contra las drogas o contra el terrorismo sigue construyendo sus muros materiales y narrativos.

Un ejemplo a la vista de todos: la cárcel de Guantánamo no es más que un edificio construido en un enclave territorial y colonial norteamericano en Cuba. Sus detenidos fueron excluidos de las garantías consagradas en instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos.

Penas en las colonias, el aroma que se importa de Francia.

Roberto Petinatto, uno de los mayores exponentes del humanitarismo en el derecho penitenciario argentino, fue el artífice para que el penal de Ushuaia no pudiera seguir funcionando como centro de detención de delincuentes considerados peligrosos o de albergar a perseguidos políticos. Esta cárcel tenía como objetivo el destierro y encierro de seres humanos de por vida, en un lugar inhóspito, frío e inaccesible, es decir, aplicarles una pena de muerte en cuotas con máximo dolor y en lo posible, a largo plazo.

La mención de este importante funcionario de un gobierno nacional no es casual, pues el Código Penal argentino de 1921 había receptado una norma que permitía aplicar una pena indeterminada como accesoria a la última condena a aquellos delincuentes multireincidentes, lo que permitía desde ese entonces, como se venía haciendo, apelar a una de las instituciones punitivas más inhumanas concebida al finalizar el siglo XIX.

El origen de este castigo indeterminado se remontaba a una ley francesa de 1885: la pena de relegación perpetua de delincuentes irredimibles debía efectuarse en establecimientos penitenciarios radicados en las colonias de ese país.

Al momento en que se debatían las consecuencias de esta ley en Europa, fue seriamente cuestionada por un jurista belga, cuyo país o, mejor dicho, el rey de Bélgica, llamado Leopoldo II, poseía una colonia en África, el Congo. Este territorio servía para la extracción de una de las materias primas más valiosa que se comercializaba en el mercado mundial: el caucho.

Según el eminente doctrinario Adolphe Prins -cofundador de la Unión Internacional de Derecho Penal- aplicar una pena de este tipo no resultaba conveniente; enviar a las colonias a los reincidentes múltiples era absolutamente inútil porque estos humanos ya habían perdido todo resorte moral y, por tanto, ni siquiera servían para trabajar. En su reemplazo, propuso poblar las colonias con otras personas no menos despreciables que estos delincuentes y obligaría a los obreros desempleados crónicos, o a aquellas personas menos instruidas, a trabajar; castigaría a los desertores del ejército o resolvería la situación de vagabundos que deambulaban por las ciudades. Es decir, Prins ideaba una pena de destierro sin comisión de delito alguno a la que se anexaba otro castigo suplementario: el trabajo forzado. De esta manera, estos seres humanos inservibles en el continente tendrían el mismo trato que nativos en estos territorios colonizados.

En Francia, la ley que enviaba a sus prisioneros peligrosos por reincidentes a otros territorios fuera de la plataforma continental fue bien receptada por la doctrina, pues ya existía la costumbre de utilizar el destierro hacia territorios colonizados.

Una de esas colonias que se utilizaron, se encontraba en nuestro continente: Guayana había servido para recibir a estos prisioneros desde 1850 hasta 1938.

En la actualidad, es posible que se añore esta institución colonial como si se ignorase la historia de la dominación sobre otros pueblos que se consideraron inferiores y que debían asimilarse al humano europeo; la colonización francesa en nuestro continente sigue presente. La lucha de renombrados autores continentales como el poeta Aimé Cesaire o el psiquiatra y escritor Frantz Fanon, quedaron en el olvido: el concepto de negritud, que nació para que se escuchara la voz de colonizados con melanina, resultó insuficiente. La conquista de los derechos humanos que se proclama desde de la Revolución Francesa no los alcanzó nunca: la libertad, la igualdad y la fraternidad tenían solo un color.

El sello indeleble de la colonización de nuestro continente sigue intacto y se reinventa; solo la cáscara puede cambiar.

Hace apenas una semana, al finalizar este mes de mayo de 2025, el ministro de Justicia de Francia, Gérald Dalmanin, anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la selva de Guayana, cerca de la frontera con Surinam.

Este nuevo establecimiento penitenciario que se terminará de construir en 2028 costará 400 millones de euros, se llamará Saint Laurent du Maroni y albergará a detenidos con largas penas por delitos vinculados al narcotráfico como, asimismo, en un primer momento manifestó el Ministro, a aquellos delincuentes condenados por actos de terrorismo que tuvieran relación con un islamismo radicalizado.

Según el Ministro galo, esta prisión tendría 500 lugares, un régimen penitenciario estricto y un objetivo: alejar a estos delincuentes de cualquier posibilidad de daño, y que son considerados los más peligrosos de todos.

Después de atemperar sus primeras declaraciones, la máxima autoridad del gobierno francés en materia de justicia, señaló que la política criminal diseñada para el narcotráfico tenía esta estrategia: golpear a la criminalidad organizada en todos sus niveles. Guayana sirve como punto de transporte y traslado de la cocaína a Europa, dada su proximidad a los únicos tres países de América Latina que la producen: Bolivia, Perú y Colombia. Los datos estadísticos indican que el 30% de este alcaloide prohibido llega a Francia desde este Departamento de ultra mar.

Esta nueva prisión permitiría, según el titular de esta cartera, neutralizar definitivamente a quienes se encontraban a la cabeza de esta criminalidad e implicaría contar con la mejor cerradura para enfrentar la guerra contra el narcotráfico. Aunque esta última, precisó el Ministro, también requiere de la persecución penal de los consumidores en todo el territorio continental, es decir, a más de ocho mil de kilómetros.

Esta última afirmación, nos permite sostener, entonces, que la llave de esa cerradura pareciera no ser la indicada, pues los datos de la realidad desmienten cualquier avance victorioso en este conflicto bélico.

La construcción de la tercera cárcel de máxima seguridad francesa en nuestro continente, responde a una política criminal que imagina ilusoriamente que el encierro estatal es el único instrumento para controlar el tráfico de cocaína: un fracaso señalado desde distintos ámbitos, incluso por economistas o políticos ultraconservadores .

El 2023, el organismo de la ONU que se encarga de las drogas prohibidas señaló el récord en producción, distribución y consumo a nivel mundial de cocaína y en ese mismo año la tasa de homicidios intencionales en Guayana fue de 20,6 homicidios voluntarios por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa en todo el territorio metropolitano francés fue de 1,5 homicidios.

La utilización de las colonias -denominadas de otro modo- con el fin de recurrir al destierro o al encarcelamiento de por vida, invocando la intención de terminar con un flagelo, que utiliza como única herramienta al sistema penal, no es más que una ficción. Aquellos que lucran del comercio de mercancías ilegales de un mercado dorado, resultan indemnes a cualquier amenaza punitiva, gozan de protección como también blanquean capitales ilícitamente obtenidos.

Ahora bien, la cara y la contracara también es geográfica: en el norte las ganancias y en el sur las pérdidas.

La historia nos enseña que estos experimentos coloniales en nuestro continente recurren a cruzadas punitivas desde siempre y que estos muros encontrarán una humanidad con características recurrentes: el encierro de personas económicamente vulnerables y racialmente seleccionadas.

Vale recordar a menudo que las posibles respuestas, frente a la tragedia regional, sólo se encontrarán si escuchamos nuestras propias voces.

 Con razón, José Martí decía, en homenaje a Simón Bolívar, que los problemas latinoamericanos no podían encontrar otra solución que no proviniese de nuestros actores sociales, pero que no se podía seguir pensando en otras sociedades:

“América Latina no vive ni de Rousseau ni de Washington, sino de ella misma”.

Buenos Aires, 2 de junio de 2025.

*Doctor en Ciencias Penales, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda.

La entrada LAS NUEVAS CÁRCELES LATINOAMERICANAS: OTRO ENCIERRO COLONIAL – POR RODRIGO CODINO se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.