Por Rodofo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

Una mañana nos levantamos y nos encontramos con que el gobierno de Mauricio Macri habilita el debate por el aborto. Otra mañana, que dice que el Estado paga millones en obispos católicos. Cualquier desprevenido podría decir que es un gobierno progresista, laico o, al menos, liberal en el buen sentido. Pues no. A Macri y su gobierno no les interesa ni el aborto ni lo que el Estado paga por los purpurados. Va por otra cosa, por desviar la atención, sembrar divisiones en la oposición y por presionar al que, hoy por hoy, considera su principal opositor, el Papa Francisco, no porque Bergoglio decidiera confrontar con Macri, sino porque el gobierno tomó la encíclica Laudatio Sí para hacer todo lo contrario: atacar a los trabajadores, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a las comunidades indígenas, al sólo fin de beneficiar a una élite, mientras se alía con países como EEUU e Israel, seriamente cuestionados por las violaciones al Derecho Internacional de los DDHH y al medio ambiente. Otro tanto puede decirse de las denuncias de corrupción contra dirigentes sindicales, que buscan disciplinar al movimiento obrero detrás de la poda de derechos que pretende Macri, a quien no sólo no le interesa terminar con la burocracia sindical, sino que la necesita. O del apoyo a homicidas uniformados. A este gobierno no le importan los pibes que mueren –porque, además de pibes, son pobres- y tampoco le importan los policías –que tarde o temprano tendrán una sanción por sus crímenes-. Lo que le importa es atizar el enano fascista que toda sociedad padece, para generar miedo y, a su vez, prometer “seguridad” con medidas represivas de neto corte autoritario, antidemocrático e ilegal. La regla de oro se aplica una vez más: un Estado que se achica para controlar a los ricos es también un Estado que se agranda para controlar a los pobres -porque eso de que las cárceles son sólo para los pobres, es la más pura de las verdades-.

Otra mañana nos despertamos –si es que pudimos dormir- y vemos que el gobierno envió a uno de los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal –Gustavo Hornos, que dirige una comisión sobre cárceles- a través del Servicio Penitenciario Federal un listado de presos que, dice, estarían en condiciones de acceder al arresto domiciliario, con el argumento del hacinamiento en las cárceles. El remitente fue el Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH. El mismo incauto –y, lamentablemente, hay muchos- podría decir que al gobierno le preocupa la situación carcelaria. Pues no, para nada. No sólo no le preocupa sino que hace todo lo posible por deteriorarla aún más -seamos justos, a ningún gobierno le interesó-. Ese listado es sólo el caballo de Troya dentro del cual se esconde casi un centenar de represores, torturadores, desaparecedores, a quienes el gobierno intenta beneficiar. Y como le salió mal aquel asunto del 2×1, intenta esta vía, desde hace unos 8 meses. Aquel fallo de la Corte -que el Secretario de DDHH Claudio Avruj defendió públicamente, como también defendió la muerte de un pibe por balas policiales- podría haber significado dejar en libertad a un número nada desdeñable de represores. Afortunadamente la sociedad respondió de manera contundente en contra de ese fallo, al igual que varios jueces y fiscales provocando una especie de sublevación judicial.

Como suele suceder con las medidas del macrismo, ya salieron funcionarios a bajar el tono diciendo que son los jueces los únicos que pueden disponer una domiciliaria. Ellos intentan. Y si pasa, pasa. El listado es el resultado de las reuniones que funcionarios macristas –entre los que debemos contar especialmente a Claudio Avruj y Germán Garavano- mantuvieron con abogados defensores de represores y organizaciones que claman por la libertad de los represores y el cierre de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Al poco tiempo de haber asumido el cargo, tanto Avruj como Garavano se pronunciaron a favor del arresto domiciliario para represores. Pasaron más de dos años de su gestión y aún no se los escuchó pedir por el paradero de los pibes nacidos en cautiverio de sus madres, ni por la información que las FFAA aún retienen sobre el destino final de las víctimas. Pequeños detalles que hablan claramente de lo que Avruj llama “nuevos paradigmas en DDHH”.

El asunto no es si corresponde dar arresto domiciliario a represores, dado que es una posibilidad que suceda, siempre que se den algunas pautas, como la edad avanzada o el estado de salud. Agregamos que la prisión domiciliaria sólo podría otorgarse si existen controles permanentes y efectivos para que el reo no burle la prisión, cosa que ha sucedido bastante. El asunto es que el Poder Ejecutivo insiste en inmiscuirse en funciones judiciales deteriorando aún más la independencia de poderes. El asunto es que, con estas medidas y pronunciamientos, el gobierno macrista hace gala de su menosprecio a las víctimas y familiares y a los organismos de DDHH, no los escucha, no quiere escucharlos, no le interesa el dolor, la repulsión y hasta el miedo que tales medidas generan. Y que ya generaron, porque el gobierno daña con sus actos y sus dichos. El asunto es que el gobierno ha pactado con sectores que extrañan la picana. Algunos jueces manifestaron su desacuerdo y hasta su malestar por la jugada, mientras nietos recuperados alertaron sobre posibles represalias de parte de los eventuales beneficiados, como es el caso de Guillermo Pérez Roisinblit que habló de su temor a sufrir agresiones de parte de su apropiador. O lo que sucede en Mar del Plata, el barrio donde el represor Etchecolatz está detenido se convirtió en un desfile de uniformados fuertemente armados que vigilan a los vecinos, en lugar de controlar si el torturador evade la detención. Desde que Etchecolatz fue trasladado a esa casa, algunos sobrevivientes fueron amenazados. Avruj hizo mutis por el foro.

Los jueces no pueden decidir los arrestos domiciliarios exclusivamente con la ley nacional, porque los crímenes de lesa humanidad lesionaron a toda la sociedad, a la comunidad internacional, porque una decisión puede afectar seriamente no sólo un proceso, sino la vida de muchos. Por eso es que, en caso de corresponder un arresto domiciliario, los jueces deben asegurar medidas de control para que no se burle la prisión y, además, cerciorarse que la medida no ponga en riesgo la integridad de personas, sobre todo la de testigos, sobrevivientes y víctimas directas.

Ahora, desde nuestro lugar, tenemos que reflexionar sobre un punto. Durante años hubo impunidad hasta que pudimos reabrir los juicios dentro del marco legal existente. Siempre hemos exigido juicio y castigo. Nuestro país es ejemplo de la incidencia del Derecho Internacional en el Derecho Interno. Al abrirse los juicios y actuar en ellos, estamos aceptando las reglas de juego. Lo más importante es que los juicios existen, que lo que sucedió merece investigarse, juzgarse y condenarse legalmente, que los crímenes cometidos fueron parte de un ataque sistemático contra la población civil para llevar a cabo una persecución política contra opositores y que no hay excusas para no hacerlo. Pero aceptamos las reglas, y eso significa que habrá juicios que nos satisfagan y resultados que no (una absolución, por ejemplo). Habrá condenas menores que las que solicitaremos y consecuencias un tanto amargas, como el caso del médico de la ESMA Jorge Magnacco, responsable de varios crímenes, entre los que se cuenta el ocultamiento de niños nacidos en cautiverio de sus madres. Magnacco fue beneficiado con la libertad condicional por haber cumplido dos tercios de la condena -que aún no está firme-. Si tenemos en cuenta cuáles son las reglas de juego, estaremos en mejor condición de realizar todas las acciones políticas necesarias para mantener viva la memoria y reclamar verdad y justicia. Y para que un gobierno que día a día se vuelca más al negacionismo no nos tome de boludos con sus “nuevos paradigmas”.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2018
*Abogado. DD.HH

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Por Rodolfo Yanzón*

(para La Tecl@ Eñe)

Con aroma a campaña electoral, Clarín publicó el pasado 27 de julio una entrevista al Secretario de DDHH, Claudio Avruj, realizada por la periodista Natasha Niebieskikwiat, en la que abordó distintos temas. https://www.clarin.com/politica/claudio-avruj-reclamo-familiares-victimas-guerrilla-legitimo_0_ukq5DZK89.html

Analizó el rol de la Secretaría DDHH al recibir testimonios de venezolanos sobre presuntas violaciones a los DDHH en ese país, un modo de dejar en claro el posicionamiento de Macri en el contexto internacional; de la mano de Trump, el FMI hace campaña para el macrismo aportando no sólo dólares sino también declaraciones. Y, para enlazar aliados, Avruj justificó la declaración de Hezbolla como organización terrorista en expresiones dadas por el embajador israelí en nuestro país.

Al preguntársele por la identificación de soldados muertos en las islas Malvinas, Avruj habló de héroes y de las conversaciones con el embajador británico. No dijo nada sobre las torturas padecidas por los soldados ni de la causa penal en la que están imputados militares argentinos. Cuando habla de héroes oculta víctimas de violaciones a DDHH.

Sobre el reclamo para indemnizar a víctimas del accionar de organizaciones armadas (aquí sí utilizó la palabra víctima), Avruj se refirió e hizo suya la denuncia presentada por la hermana de un conscripto fallecido durante el intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa por parte de Montoneros, auspiciada y promovida por abogados defensores de procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad: María Laura Olea dejó su cargo de secretaria del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi, para defender a genocidas, y Ricardo Alberto Saint Jean, hijo del represor Ibérico Saint Jean y uno de los voceros de los militares presos.

La denuncia es apadrinada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, un grupo de letrados de extrema derecha que reivindica la dictadura, de estrechos vínculos con el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que nuclea a algunos de esos abogados y a profesionales de grandes grupos económicos. La Asociación escribió días atrás una carta al Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Oscar Ojea, en la que le reclamó por los militares presos y le achacó una “desmedida ponderación” a las Abuelas de Plaza de Mayo, preguntándose qué servicio brindaron a la patria en el “encuentro de la verdad que sana”.

Tales son quienes están detrás de la denuncia que Avruj hizo suya.

Saint Jean también defendió al comisario Carlos Sablich, condenado por torturas impuestas a personas detenidas acusadas del secuestro de Mauricio Macri, quien, siendo candidato a Presidente y mientras se debatía la condena de Sablich en la Cámara de Casación, reivindicó al torturador en el programa de Mirtha Legrand.

Los denunciantes dicen que se indemnizó a gente que atacó el regimiento. Lo que no dicen -y tampoco lo hace Avruj, puesto que está en campaña, y la mentira y el ocultamiento son armas predilectas de Cambiemos- es que para acceder a ese tipo de indemnizaciones debe haber una resolución fundada en elementos de prueba por la que se confirma, no la calidad de atacante, sino la de víctima del accionar ilegal de la represión ilegal que, por cierto, no comenzó el 24 de marzo de 1976, sino mucho antes. Entre los antecedentes que dan por tierra la institucionalidad y el orden constitucional aludidos por Avruj, se puede mencionar que el sistema judicial calificó de crimen de lesa humanidad la masacre de Trelew (22 de agosto de 1972); que en febrero de 1975 María Estela Martínez de Perón delegó en las FFAA todo lo relativo a la denominada “lucha contra la subversión”, fecha en la que comenzó a funcionar el centro clandestino de violaciones, torturas y desapariciones, conocido como la “escuelita de Famaillá” en Tucumán, en el marco del “operativo Independencia”; los reglamentos secretos militares de 1968 (vigentes hasta 1995) en los que se preveía y por los cuales se aplicó la tortura como método entre las acciones para generar terror entre la población; que desde ese año 1968, sin interrupción, el Batallón 601 del Ejército infiltró partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones sociales, entre otras, para perseguir, detener y hasta torturar a militantes políticos; que la Directiva 404 de octubre de 1975 del Ejército incluyó entre las organizaciones a “combatir” a organismos de DDHH, la CGT de los Argentinos, agrupaciones de base, Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y a las juventudes políticas argentinas; y que durante la recuperación del regimiento en Formosa en 1975, se aplicaron torturas y se mató gente indefensa.

Sin embargo, Avruj dice que, como había un gobierno constitucional, se trataba de defender a la patria, la institucionalidad y la democracia. A las familias de quienes murieron como consecuencia del ataque al regimiento se les otorgó una pensión, se los reconoció desde el primer minuto, hubo un proceso penal, un juez y un fiscal que investigaron y abogados que representaron intereses de las víctimas. Todo lo contrario a lo sucedido con las víctimas del terrorismo de Estado, que no comenzó el 24 de marzo de 1976, como Avruj pretende hacer creer, probablemente como un modo de justificar las muertes y actos represivos de su propio gobierno, como si un gobierno surgido de las urnas no pudiera violar los DDHH e, incluso, cometer crímenes de lesa humanidad o genocidio.

La periodista de Clarín le preguntó si en un nuevo gobierno de Macri podría haber una ley reparatoria para las FFAA y Avruj dijo que estaban trabajando en eso. Luego preguntó cuánto dinero “dio” el Estado en indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado. Avruj habló de “exageración” en el gobierno de CFK, que habilitó un resarcimiento a quienes fueron privados de libertad entre 1955 y 1983 por cualquier causa política. Hay que aclararle a la periodista de Clarín que no se “dio” dinero, sino que, en base a un imperativo legal y luego de los procedimientos de prueba ya mencionados, se otorgaron indemnizaciones en concepto de reparación a las víctimas. Algo muy distinto, por no decir opuesto, a lo sostenido por Clarín.

Lo que a Avruj le molesta, como a todo su gobierno, es la existencia del sindicalismo, de la izquierda y del peronismo, como también la censura a las políticas represivas impulsadas por las dictaduras que lo sucedieron y por el gobierno de Arturo Frondizi, con su plan CONINTES, antecedente de los métodos aberrantes de la última dictadura.

La periodista le preguntó sobre la relación de Macri con los organismos de DDHH, a la que calificó de “batalla campal”. Avruj dijo que siguen alineados a definiciones partidarias e ideológicas, equivocadas para él. Es decir, que si los organismos de DDHH se hicieran macristas por arte de birlibirloque, no estaría mal. Lo que subyace en el discurso del macrismo -reproducido aquí por medio de Avruj- es el mismo espíritu que alimentó las políticas represivas antes aludidas: odio a los sindicatos y a la política como herramienta de cambio de la clase trabajadora. En definitiva, un odio visceral a que los trabajadores se organicen para evitar que les arrebaten sus derechos, que les licúen sus salarios, que los dejen en la calle sin miramientos, como pretende el macrismo.

Trató la detención de Milagro Sala y de Santiago Maldonado (la periodista dijo que era el artesano cuya desaparición se denunció, aunque finalmente apareció ahogado). Ambos casos, para Avruj, están cerrados e implícitamente avaló lo realizado, como también hizo cuando el policía Chocobar mató por la espalda a un supuesto ladrón. Por razones similares es que también atribuyó a un mayor trabajo de la policía, sobre todo de la bonaerense, el aumento de la sobrepoblación carcelaria, lo que no le impidió referirse a los militares mayores de 70 años que, según él, deberían estar en sus casas en lugar de presos en las cárceles, a pesar de haber cometido los crímenes mas aberrantes de la historia argentina.

Avruj utilizó la misma táctica que Vidal al justificar el aumento del desempleo: hay más gente buscando trabajo porque la población aumentó y hay más presos porque la policía cumple mejor su trabajo, con lo que, además, avala las detenciones que se producen, en su inmensa mayoría, en los barrios pobres del conurbano bonaerense. 

 “Avruj es la cara del cambio de enfoque en derechos humanos que encarna Macri” escribió la periodista, mientras que Avruj dijo que su desafío es “consolidar el cambio cultural en la agenda de DDHH”. Eufemismos del negacionismo que pretenden instalar y que, a esta altura, no sorprende. Y, por cierto, Clarín sería el cambio de enfoque en la libertad de expresión y del derecho a la información que encarna Macri; un eufemismo de complicidad en el saqueo y en desmantelamiento de los derechos de las mayorías.

Buenos Aires, 5 de agosto de 2019

*Abogado, DDHH

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