Por Artemio López*

(para La Tecl@ Eñe)

Así como la coalición opositora Juntos por el Cambio, se encuentra en medio de un debate interno grave, debate que supone incluso la discusión sobre la continuidad del liderazgo de Mauricio Macri, el tipo de unidad que administra el Frente de Todos ha comenzado también a revelar diferencias profundas, distintas concepciones hasta hoy puestas en sordina pero que emergen mostrando sus límites.

Recientemente, y para nada casualmente en los albores del inicio de las negociaciones con el FMI en cuyas demandas o “condicionalidades” siempre está el cambio de la legislación protectora del trabajo bajo la demanda de normas flexibles, Roberto Lavagna eventual aliado del Frente de Todos, ha vuelto a la carga con su ya tradicional proyecto de reforma laboral, travestida esta vez como solemne “Programa económico” (lo sabemos, Roberto Lavagna normalmente es ampuloso)

En el proyecto del ex ministro de economía se insiste en reemplazar a las indemnizaciones por despido solventadas por la patronal, por un fondo integrado por el trabajador con parte de su salario, el que rige para la UOCRA y es el mismo que estaba en el corazón de la reforma laboral planteada por el macrismo en el año 2017 junto con la reforma previsional, proyecto que ni siquiera “los gordos” de la CGT avalaron por su indisimulable regresividad.

Al mismo tiempo El Pálido (brillante apelativo que empleaba Néstor Kirchner para referirse al economista) y como es habitual, apunta que el «nuevo empleo» debe ser flexible y precarizado, para así poder generar “empleo genuino”, para que “el otro 50%, el de los trabajadores que actualmente están desempleados, subempleados, y monotributistas, puedan trabajar dignamente”.

Se trata de una propuesta tan parecida a las ideas de Domingo Felipe Cavallo y Caro Figueroa en los años 90′, que es prácticamente igual, y que, para colmo del absurdo, cuando se aplicó la norma flexible durante la década menemista no generó más empleo, sino menos. Recordemos que Menem duplico el desempleo heredado del 7% hasta llevarlo al 14% en el año 1999.

Fue el intransigente abogado laboralista Héctor Recalde quién salió inmediatamente al cruce de esta nueva propuesta flexibilizadora cuando advirtió:

Si se deja sin efecto el sistema indemnizatorio al empleador le dará igual despedir o no, es decir el trabajador pierde la protección contra el despido arbitrario.

Al mismo tiempo el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, figura proveniente del círculo de mayor confianza de Alberto Fernández, advertía que, lejos de hacerlas desaparecer, el encarecimiento de las indemnizaciones a cargo del empleador era un mecanismo adecuado para evitar despidos arbitrarios.

Como se verá, la falacia hecha proyecto de Roberto Lavagna no resiste el más mínimo contraste con la historia reciente.

Recordemos que la informalidad laboral en el año 1975 era del 12%y el desempleo del 3%.

Tras el desembarco neoliberal con la dictadura, y en casi tres décadas de régimen neoliberal, el trabajo informal trepó al 50% en el lapso comprendido entre los años 1976-2003 y el desempleo pasó de aquel 3% al 24% en igual lapso.

Durante el kirchnerismo descendió la informalidad al 34% y el desempleo al 5,9% en el lapso comprendido entre los años 2003 y 2015, y trepó nuevamente al 10,4% el desempleo y al 36% la informalidad durante el gobierno neoliberal – saqueador de Mauricio Macri, entre los años 2016 y 2019.

Como se ve muy claramente, la informalidad laboral y el desempleo son una consecuencia del régimen de acumulación, del modelo socioeconómico, independientemente de la legislación laboral existente.

Esta evidencia empírica es la que que oculta el planteo “legalista” de Roberto Lavagna, que insiste en flexibilizar y profundizar la pérdida de derechos de los trabajadores como extravagante modalidad de generar “formalidad y empleo genuino” planteo que se da de bruces con toda la experiencia histórica reciente en nuestro país.

La pregunta surge evidente. ¿Son estas miradas contradictorias (las que propician la flexibilidad y a contrario sensu la de sus adversarios históricos), posibles de ser administradas bajo y por un mismo espacio político?

¿Puede el Frente de Todos gobernar con este nivel de tensiones internas ya no en torno a matices de gestión – lo que es habitual- sino en atención al plexo, a la médula de la política socioeconómica y el modelo de país?

Sobre el tipo de unidad requerida por un espacio popular- democrático para poder gobernar, fue Néstor Carlos Kirchner en el Congreso Ordinario de la CGT en el año 2008, el que sostuvo de manera taxativa: «Todos juntos para hacer un acuerdo a espaldas de la gente NO. Todos juntos para transformar la Argentina SI. Todos juntos para decir que hay que renunciar a principios fundamentales, todos juntos para bajar banderas, NO …».

Buenos Aires, 13 de agosto de 2020

*Director Consultora Equis

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Por Artemio López*

(para La Tecl@ Eñe)

El “flash” del ex senador-presidente (MC) Eduardo Duhalde, advirtiendo sobre la inminencia de un golpe de Estado, sorprendió, pero no tanto.

Existe un “estado de ánimo” particular que recorre a la oposición que como sabemos no se expresa solo ni principalmente en la coalición Juntos por el Cambio.

En efecto, cuando pierde elecciones la derecha conservadora argenta se repliega en los aparatos de medios y judicial, como garantía de continuidad de sus intereses, sus exigencias y su confrontación con el proyecto popular – democrático electoralmente triunfante.

Esta contradicción entre proyectos antagónicos está siempre sobre determinada , y hoy la contradicción dominante se instala en el aparato judicial asociado a los medios de difusión opositores, subordinado a los cuales se ordena y organiza la oposición política, nucleada fundamentalmente en la coalición de derecha conservadora Juntos por el Cambio.

De los aparatos judicial y de medios surge la “línea” de la oposición que, aunque no tiene “intelectuales orgánicos” activos que construyan su discurso e impulsen su práctica, tiene jueces y periodistas que cumplen esa estratégica función.

Descripto brevemente este escenario combinado de oposición – aparato judicial, de medios y coalición política-, volvamos a lo sugerido por Duhalde. En una perspectiva conceptualmente ampliada un golpe de Estado (calco del francés coup d’État) es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder, vulnerando las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad.

Como vemos, de ninguna manera el coup d’Etat se reduce a una asonada militar. El fragote puede asumir diversas formas, incluso la de un formato aparentemente “constitucional”, vía acefalía u otros recursos bastante habituales en la región.(1)

Para darle consistencia a la percepción de inminencia del sentido ampliado de la noción de golpe de Estado, la oposición inscribe ahora mismo páginas memorables. Por ejemplo, el reaparecido radical Ernesto Sanz, advertía la semana pasada que en apenas ocho meses de gobierno la oposición ya le estaba “soplando la nuca” al peronismo gobernante al tiempo que se preguntaba “¿Cuánto tiempo demora esto en explotar?”

La peronista Patricia Bullrich, tras finalizar la marcha del 17 A, advertía que ellos ya “están preparados para gobernar”, y en el mismo sentido el liberal Ricardo López Murphy sugería “Lo de ayer fue un aviso. Si no prestan atención a los vientos, tendrán tempestades”.

Replica así la oposición todo lo dicho por el “periodismo de guerra” (Julio Blanck dixit) de los medios opositores (la mayoría), los que descargan su furia contra toda medida desplegada por el gobierno, editorializando también las protestas en la calle, a las que – ¡ay! – con su editado intentan asignar “efecto multitud”, aunque se trate en rigor de concurrencias módicas.

Por otra parte, un segmento del poder judicial, del que no se excluye parte de la CSJN, despliega su batería contraria a las demandas oficialistas condensadas en su proyecto de “Reforma judicial”, preservando sus intereses corporativos bajo la invocación de una supuesta transparencia que solo ellos observan.

En este escenario de enfrentamiento frontal a través del trípode judicial-mediático-político, la oposición asume posiciones abiertamente destituyentes, atacando con furia a un gobierno que lleva apenas nueve meses de gestión en medio de una pandemia inédita en la historia reciente.

En el sentido que damos en este artículo, la advertencia de Eduardo Duhalde gana consistencia: No hay asonada militar disponible en la Argentina, pero sí se están creando las condiciones necesarias para un golpe en sentido ampliado, un coup d’Etat con fachada institucional.

La estrategia elegida para esta etapa de preparación golpista es la archi conocida teoría del “doble comando” o “doble agenda”, donde la autoridad presidencial quedaría lesionada, al ser construida por los “periodistas de guerra” apenas como una réplica grosera de los deseos de la vicepresidenta.

Disuelta la autoridad presidencial y como la historia reciente lo demuestra, se abre una coyuntura política incierta, donde cualquier aventura golpista está disponible, incluso con fachada institucional alterando la línea sucesoria natural.

Un verdadero coup d’Etat como el que nos advirtiera Eduardo Duhalde, quien, por cierto, de golpes institucionales sabe bastante.

Referencias:

1- El Coup d’Etat con fachada institucional se verificó mas de una vez durante la crisis de fines de 2001, tras la caída de Fernando de la Rúa y que culminó con la llegada de Eduardo Duhalde. En el medio, ocuparon el cargo el desplazado prontamente Adolfo Rodríguez Saá y los fugaces Ramón Puerta y Eduardo Camaño. En el mismo sentido las destituciones de Lugo, Dilma y Evo Morales asumieron también formatos de Coup d ‘Etat en el sentido que damos en esta nota.

Buenos Aires, 28 de agosto de 2020

*Sociólogo y analista político. Director Consultora Equis

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Por Artemio López*

(para La Tecl@ Eñe)

Se sabe, la búsqueda del “voto independiente” o “voto blando” fue la estrategia electoral que fracasó en el último lustro y hundió a las experiencias de “tercera vía”. Solo se mantuvieron activas y exitosas alternativas polarizadas, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos bajo los liderazgos de CFK y Macri.

De hecho el resultado de la elección del año 2019 constituyó la segunda elección más polarizada entre dos candidatos del período democrático iniciado en 1983 (solo superado por la elección de aquel año), con el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, acaparando el 88,52% de los votos positivos, casi 24 millones de votos obtenidos por ambas minorías sobre 27 millones de votos válidos totales.

La polarización extrema es entonces un hecho incontrastable. En este sentido, un dirigente no “busca” la polarización, se encuentra con ella y actúa en consecuencia (o no). El reconocimiento de la polarización “realmente existente” entonces no es una estrategia política “de diseño”, se trata de una estrategia política (y electoral) basada en “la evidencia”.

En este contexto, parece romántico, voluntarista y (¡ay!) muy equivocado, negar la existencia de un hecho social y objetivo como la polarización que recorre con fuerza el sistema de representación social, política y electoral en el país. Ahora bien, pretender “superarla” ya es una necedad de proporciones gigantes.

Con el voto del gobierno nacional en la ONU sancionando a Venezuela se pretendía superar la grieta – un voto aliado a USA, Gran Bretaña y al conjunto de la ultraderecha regional -.

No solo no se logró ese imposible efecto de superación, por el contrario, el voto del gobierno patentizó un notable desapego por el núcleo duro electoral del Frente de Todos, núcleo que implica un piso muy alto, equivalente al menos al 80% de los votos totales de la fuerza. Se trata de un error conceptual muy grande.

En efecto, más del 80% de los votantes del Frente de Todos tiene una imagen mala o muy mala de la política exterior norteamericana y en sentido contrario se expresan los votantes de Unidos por el Cambio donde tienen primacía las opiniones buenas o muy buenas. Así las cosas, el voto en la ONU fue un error estratégico grave también desde el punto de vista electoral.

El gobierno se desentendió del sentimiento extendido del extenso núcleo duro del Frente de Todos, donde prima el sentimiento anti norteamericano, favorable a la no injerencia en los asuntos de otros países y el rechazo a la sanción a Venezuela.

Si este episodio se reiterara y se constituyera finalmente como tendencia, política y electoralmente traería consecuencias muy negativas al Frente de Todos.

Como señalamos, la polarización existe y escapar de ella es estructuralmente imposible, solo queda elegir “en que polo” ubicarse: En la ONU el gobierno nacional votó como Unidos por el Cambio lo hubiera hecho en atención a su propia ideología y la de su base electoral.

La polarización existe y lo acontecido en el último lustro político, social y electoralmente en el país lo demuestra.

El docente universitario y militante de La Cámpora, Nicolás Vilela, en su nota “La decisión de Cristina”, señala con gran precisión lo sucedido:

“¿Cuál fue la gran discusión en estos años dentro del peronismo? El liderazgo de Cristina. La militancia decía que tenía que conducir para garantizar una oposición frontal y competitiva; el sector “dialoguista” decía que no, porque había que “darle tiempo” a Macri (es notable el eco tenebroso de estas palabras hoy) y porque la época de Cristina había terminado, motivo por el cual había que abrirse a nuevos liderazgos. Hay que decir que, “sinceramente”, la militancia tuvo razón. Cristina conduce. De manera soberana, inesperada, tomó la decisión de poner a Alberto a la cabeza de la fórmula. Nadie lo previó.

Ningún sector del peronismo ni del establishment fue a pedírselo: ni siquiera se lo imaginaban. Así que el celebrado “triunfo de la moderación” es un nuevo error de lectura de los analistas políticos. Si Cristina tuvo margen para elegir a Alberto, es porque no fuimos una oposición moderada y porque nuestra línea política conservó los votos y la representación de una parte importante de la sociedad. Esta es la secuencia que hay que subrayar: Alberto es candidato por decisión de Cristina, y Cristina tiene poder de decisión porque la militancia ganó el debate interno sobre el liderazgo.”

La polarización continúa y el liderazgo de Cristina, también.

Buenos Aires, 9 de octubre de 2020.

*Analista político. Director Consultora Equis

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El Gobierno Nacional culmina su primer año de mandato habiendo enfrentado de manera correcta la doble pandemia que resultara de la herencia del macriato y el Covid 19. En materia socioeconómica, y a pesar de los esfuerzos realizados en este primer año de gestión, la coyuntura es muy compleja. El gobierno tiene por delante dos grandes temas: Resolver el tema de carencia de empleo y hacer que los salarios, jubilaciones, pensiones y planes de ingresos varios evolucionen por sobre la inflación.

Por Artemio López*

(para La Tecl@ Eñe)

El Gobierno Nacional culmina su primer año de mandato habiendo enfrentado de manera correcta la doble pandemia que resultara de la herencia del macriato y el Covid 19.

Respecto a la segunda, el reciente inicio de la etapa de vacunación pone una bisagra decisiva a la estrategia gubernamental que se hizo paso entre la incerteza general y una oposición política y de medios cuyo solo objetivo fue obstruir todo intento de solución a los problemas enormes que supuso, y aún supone, enfrentar la pandemia más importante de la historia contemporánea y el operativo de vacunación más extendido de la historia nacional.

Para enfrentar la parálisis económica y social inducida por la pandemia el gobierno puso en marcha diversos planes de protección de los ingresos familiares y transferencia de ingresos a sectores sociales y productivos en problemas, cuyos emblemas fueron el congelamiento de tarifas, el IFE y el ATP que atendieron la necesidad urgente de empresas y familias afectadas por la crisis.

El total de la ayuda puesta en juego por el gobierno nacional para enfrentar la pandemia supuso el equivalente a 4,9 puntos del PBI. Inédito en la historia nacional.

Para enfrentar la herencia de los cuatro años de gestión macrista, sin duda el peor gobierno desde la recuperación democrática y probablemente de la historia nacional, el gobierno nacional puso también en marcha una exitosa renegociación de deuda con los acreedores privados que ganó plazos de pago y supuso un ahorro para la nación de 37.000 millones de dólares.

Por otra parte, logró empalmar jubilaciones y pensiones mínimas con el ritmo de la inflación -que bajó 20 puntos respecto al último año del gobierno de Macri- deteniendo la caída propiciada por el macrismo que supuso en cuatro años la pérdida de 20 puntos de poder adquisitivo en jubilaciones y pensiones, quedando para este año y sucesivos la recuperación del poder adquisitivo perdido y las mejoras respecto al ritmo inflacionario, materia pendiente que seguramente se logrará paulatinamente con la nueva fórmula de cálculo de actualización de jubilaciones y pensiones.

Como dato significativo para un segmento bastante extendido de la población (en especial mujeres jóvenes), el gobierno nacional dio impulso a la aprobación del IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), una antigua reivindicación progresista urbana, hoy convertida en ley nacional.

En materia socioeconómica y a pesar de los esfuerzos realizados en este primer año de gestión, la coyuntura es muy compleja.

Al respecto, ya lo había anticipado el INDEC – cuando el instituto difundió la información del tercer trimestre – que, en el cuarto trimestre de 2020, habría más de 45 puntos de pobreza. 

La pobreza por ingresos tiene dos componentes básicos: pérdida de los perceptores de ingreso en los hogares por desempleo en alza y/o, por otro lado, un nivel de ingresos familiar que no es suficiente para alcanzar el ritmo inflacionario y cae por debajo de la canasta ampliada que valoriza la línea de pobreza (hoy $52.000 mensuales para un hogar metropolitano tipo, de 4 miembros).

Son los dos grandes temas que tiene el gobierno nacional por delante.

Resolver el tema de carencia de empleo – habrá más de 12 puntos de desempleo abierto cuando se restituya la actividad económica y veamos cuánta gente que quiere volver a emplearse lo logra o no – y hacer que los salarios, jubilaciones, pensiones y planes de ingresos varios evolucionen por sobre la inflación.

En este sentido las noticias no son buenas. El INDEC también dio a conocer ahora la evolución del índice de salario: Entre septiembre 2019 y septiembre 2020 los salarios crecieron 31,8% en promedio, formales e informales, pero la inflación en ese mismo lapso creció 36 puntos, y alimentos y bebidas 42%.

O sea que por este camino de pérdida del poder adquisitivo del salario real con respecto a la inflación, es inexorable tener cada vez más pobreza por ingreso. 

Para tener una idea del nivel de penuria salarial existente, hoy, la línea de pobreza está valuada en 52 mil pesos para un hogar de cuatro miembros y el salario que más se repite en la economía argentina o «moda» es de 45 mil pesos, por debajo de lo que requiere para no ser pobre, mientras el salario promedio es de $55.000 mensuales.

El promedio de ingreso de los hogares pobres es hoy de 25 mil pesos, la mitad de lo que debieran tener para superar la línea de pobreza, por lo que la brecha de pobreza asciende aproximadamente al 50%, esto es que los hogares debieran recibir extra el equivalente al 50% del valor de la Canasta Ampliada de Pobreza para dejar de ser pobres. Es la mayor brecha de pobreza desde el año 2002. Una calamidad.

Estamos, como señalamos, en una muy situación compleja por esta doble condición: bajos salarios, jubilaciones y pensiones y planes sin actualizar respecto a la inflación, en especial alimentos y bebidas, y pérdida de perceptores de ingreso en los hogares por impacto del desempleo abierto. 

En efecto tanto las jubilaciones y pensiones mínimas – que afectan al 60% de la base previsional- como el salario Mínimo Vital y Móvil se ubican – aún actualizados – por debajo de la línea de indigencia o hambre para un hogar tipo metropolitano fijada en $23.000 mensuales hoy. Un verdadero disparate que debe corregirse.

Y debe corregirse esta circunstancia de penuria salarial y previsional no solo por un hecho de elemental justicia social en un gobierno peronista, sino porque el 80% de las familias argentinas recibe su ingreso bajo forma de salario, jubilación o pensión, y este ingreso familiar es el motor central del consumo doméstico que a su vez explica el 75% del crecimiento económico.

Sin embargo, y a pesar de lo números actuales tanto de pobreza como de ingresos familiares, pareciera que de cara al año 2021 el gobierno nacional puede llegar a las elecciones de medio mandato con un rebote importante de la economía, y que aún ante las dificultades de un cuadro social crítico, el apoyo que obtuvo el gobierno en las elecciones del año 2019 se renovará.

Incluso, como se ponen en juego las bancas obtenidas en el año 2017 donde a Juntos por el Cambio le fue relativamente bien, es probable que el gobierno sume bancas y hasta pueda tener mayoría en las dos Cámaras, en particular, mejorar su posición en diputados.

Complementariamente, la oposición tiene el volumen electoral que tuvo, y al igual que el oficialismo lo mantiene. No hay muchas chances de que en un período de salida de la recesión el oficialismo pierda votos ni la oposición gane demasiado.

Con respecto al funcionamiento de la coalición gobernante, todos los actores coaligados saben que electoralmente el volumen central lo tiene Cristina Fernández. Es poseedora del 80% de los votos del FdT, donde obviamente cada liderazgo tiene miradas diversas: negociadora, progresista, socialdemócrata, popular-democrática, pero en esta coalición con un liderazgo electoral dominante, esos matices conviven perfectamente y en unidad. 

O sea, que nadie saca «los pies del plato» siendo fieles al tantas veces incumplido «Todos Unidos Triunfaremos», que de manera vehemente se advierte en el jingle peronista partidario, más conocido como “La Marchita”.

La estructura de unidad con dominante, sostenida en la asimetría de liderazgos, amplía los márgenes de juego interno dentro de la coalición oficialista y no parece que el hecho de que cada actor se defina o sea definido de una manera u otra, importe demasiado a nadie, en especial a Cristina Fernández y su liderazgo asimétrico ordenador.

Finalmente, si hubiera que sintetizar un análisis de lo más positivo y lo más negativo de este primer año de gobierno:

Lo más positivo fue la renegociación de la deuda, por el volumen que implicó – 37.000 millones de ahorro efectivo – con los acreedores privados, el cambio de la fórmula de cálculo previsional para restituir la que regía en el año 2008 con actualizaciones trimestrales junto a la aprobación legislativa de la IVE.

Lo más negativo fue la política judicial del gobierno que, en líneas generales, consistió en acompañar sin más las arbitrariedades de la justicia federal  – sólo comentando sus decisiones de manera crítica – y el poco músculo en la política de ingresos familiares. 

Falta mucho camino por recorrer, hay que dar un mayor impulso a los ingresos familiares, tomar decisiones más contundentes con respecto a mejoras salariales, permitir paritarias y efectivamente ir a fondo con la mejora de jubilaciones y pensiones. El gran déficit sigue siendo los ingresos de las familias argentinas que continúan estando muy bajos, en eso se está muy mal.

Y esa realidad de deterioro de ingresos no se resuelve discutiendo derechos de tercera, cuarta o quinta generación.

Si queremos abandonar el ya casi lustro de recesión, el gobierno nacional debe impulsar la recomposición de los ingresos familiares para lo cual la agenda que plantó Cristina Kirchner en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata, es estratégica e imprescindible:

Alinear tarifas, salarios, jubilaciones y precios resulta imprescindible para desandar la herencia macrista, distribuir el ingreso con un patrón progresivo, poner el país a crecer y de paso, ya que estamos, como quien no quiere la cosa, enfrentar con chances de éxito las elecciones de medio mandato fijadas para octubre.

Hay entonces que generar empleo genuino – la obra pública que el gobierno desplegará en este año entrante es condición necesaria pero no suficiente – y distribuir el ingreso de manera más enérgica y progresiva para resolver las carencias socioeconómicas tan extendidas, porque como señalaba Néstor Kirchner: “No podemos ser el ala progresista de un partido conservador”.

Buenos Aires, 11 de enero de 2020.

*Director Consultora Equis

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Por Artemio López*

(para La Tecl@ Eñe)

La tasa de desempleo se ubicó en el 11%, al cierre del último trimestre de 2020 y en el conurbano bonaerense se acerca al 15%.

La tasa de desempleo nacional respecto del cuarto trimestre de 2019, se incrementó en 2,1 puntos porcentuales.

Por otra parte, se conocieron datos oficiales de valorización de canasta de pobreza e indigencia alcanzando para un hogar tipo metropolitano de cuatro miembros, los $60 mil y $25 mil mensuales respectivamente.

En este sentido, los números preocupan puesto que el salario medio de la economía no alcanza los $60 mil mensuales, el salario que más se repite es de $45 mil mensuales, todos por debajo de lo que requiere un hogar tipo para no ser pobre.

Peor aún el salario mínimo vital y móvil, así como las jubilaciones y pensiones mínimas, rondan los $20 mil mensuales y se ubican por debajo de los ingresos necesarios para que un hogar de cuatro miembros supere la línea de indigencia.

Llegamos al extremo de carencia en que en un hogar tipo en que se perciben dos salarios mínimos y dos AUH, tampoco logra superar la línea de pobreza. Una calamidad por donde se lo mire.

La inflación no se detiene. Traccionada por el aumento de alimentos y bebidas, la canasta de pobreza aumentó un 47% interanual en febrero de 2020 versus febrero de 2021, mientras el IPC general lo hizo en un 41%.

El panorama social resulta entonces muy complejo, con un piso de 40% de pobreza cuando a fines de marzo el Indec suministre el dato oficial.

Los datos de distribución del ingreso son también de terror. El 80% más pobre de la población se queda con el 50% del ingreso total, mientras el 20% más rico con el 50% restante y el 10% de la cúspide de la pirámide se apropia del 33% del ingreso total.

Son niveles de desigualdad escandalosos, sólo superados por los observados en la crisis de salida del experimento convertible en el año 2002.

Todo este rodeo inicial largo pero necesario, es imprescindible para justificar una pregunta: ¿Puede un país estragado socialmente, como lo es la Argentina después de Macri, tener como bandera conseguir el “equilibrio fiscal”? ¿Son metas prioritarias alcanzar los superávits gemelos? ¿Puede insistirse en ese camino después de tantos fracasos históricos de los modelos “Déficit cero”?

Seguramente no. La economía argentina necesita salarios, ingresos familiares crecientes y superar la lógica del ajuste perpetuo a que fue sometida ya durante un lustro, más aún tras la experiencia exitosa de “desajuste” desplegada por el peronismo kirchnerista durante casi trece años de gestión.

¿Por qué volver a las viejas recetas diseñadas por la ortodoxia económica y avaladas por el Fondo Monetario Internacional, que nos condujeron una y otra vez a ser una sociedad más desigual y más pobre?

                                   Ilustración Pablo Temes para Perfil

El rediseño de política económica debe tener como eje recuperar ingresos familiares, y eso supone satisfacer tres demandas muy específicas.

Salarios, jubilaciones y planes de transferencia de ingresos actualizados por sobre la inflación realmente existente para los sectores populares, que es la que señala la canasta de pobreza e insistimos alcanza al 47% anual.

Todas las paritarias conocidas están por debajo de este nivel de inflación y oscilan en la franja que va del 29% al 35%, lo que las ubica muy debajo de los niveles de actualización requeridos.

Lo mismo sucede con jubilaciones y pensiones mínimas (las que más alto se ajustaron), que sólo se actualizaron un 35,5% perdiendo 11,5 puntos respecto al valor de incremento de la canasta ampliada de pobreza.

Insistir con este ajuste es la mejor receta para fracasar y lo es doblemente en el caso del oficialismo. Porque su contrato electoral supone mejorar las condiciones de vida de la población en general, los ingresos familiares al alza y una mejor distribución del ingreso, y porque sería un error conceptual inmenso frente a las próximas elecciones.

En efecto, el 60% de los hogares que constituyen el electorado del FdT son pobres o vulnerables por ingresos (superan la línea de pobreza por menos del 50% de su valor), hogares pobres o de clase media baja.

Así las cosas, persistir en el camino del ajuste pondrá severas restricciones para insistir con el voto oficialista, al menos para una porción significativa del electorado vulnerable, allá donde las fronteras ideológicas son líquidas y la orientación del voto la define la evaluación de la gestión.

Se configuraría entonces una coyuntura electoral que de consumarse, y dada la coalición conservadora que enfrenta al FdT – francamente pre civilizatoria -, sería de un gran costo económico, social e institucional, ya no sólo para los sectores vulnerables, sino para la sociedad en su conjunto.

Esperemos se corrija el rumbo, aún es posible, pero se sabe, el tiempo pasa.

Buenos Aires, 29 de marzo de 2021

*Director de Consultora Equis.

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Buenos Aires, 10 de septiembre de 2021.

*Sociólogo. Director Consultora Equis.

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Por Artemio López*

(para La Tecl@ Eñe)

Recientemente, el flamante Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti se mostró partidarios de los acuerdos de precios.

En esta columna vamos a señalar los tres acuerdos de precios peronistas exitosos y a rememorar, a vuelo de pájaro, la derrota por goleada de los “curtidores” de la teoría neoliberal y la supuesta superioridad del libre mercado en la fijación de precios.

1. Viajemos, entonces, al año 1952, cuando Juan Domingo Perón crea la Comisión Nacional de Precios y Salarios que tenía la función de vincular aumentos salariales con los niveles de productividad y evitar aumentos de precios no justificados. Las medidas de control o acuerdo de precios que generó el “Pocho” lograron revertir la situación, y la inflación pasó del 38% en 1952 al 4% en 1953 y cayó al 3,8% en el año 1954. Por otra parte, en términos generales, puede decirse que el nivel de actividad económica, en su conjunto, se reactivó y pasó de una caída de 6% del PBI en 1952 a un crecimiento del 5,4% en 1953.

«La serie estadística histórica sobre la distribución funcional del ingreso muestra dos años clave: 1954 y 1974. En ambos se alcanzó la máxima participación de los asalariados en el Producto. «Hacia 1954 el Producto Bruto Interno se ubicaba un 10% por sobre el del año 1952, mientras que el incremento de precios había sido tan solo del 8% acumulado bianual, los salarios reales mantenían los niveles de principios de la década y la participación de los trabajadores sobre la renta fue la máxima en la historia nacional.

En este sentido, la serie estadística histórica sobre la distribución funcional del ingreso muestra dos años clave: 1954 y 1974. En ambos se alcanzó la máxima participación de los asalariados en el Producto. En 1954, el registro fue de 50,1%, alcanzándose así el deseado fifty-fifty.

Frente a esto, como sabemos, la reacción conservadora apeló al golpe de Estado para derrocar al gobierno peronista y desarticular el proceso socioeconómico que permitió conquistar la Justicia Social, conquista que siempre supuso en el país transitar etapas de acuerdos de precios.

2. En el año 1973, con el regreso definitivo del General Perón, el Pacto Social, que impulsara como principal medida de política económica supuso también acuerdo de precios, y fue tan exitoso que logró bajar la inflación drásticamente del 100% existente, cuando iniciara el gobierno el “Tío” Cámpora, al 30% en solo un año.

Luego, acontecimientos políticos, trágicos unos y muy desestabilizantes otros, como el asesinato de Rucci, la muerte del General Perón y la ausencia de poder político que supuso, impulsaron el sabotaje permanente al “Plan Gelbard” por parte del poder económico transnacional, la izquierda mágica y la derecha esotérica.

«En el año 1973, con el regreso definitivo del General Perón, el Pacto Social, que impulsara como principal medida de política económica supuso también acuerdo de precios, y fue tan exitoso que logró bajar la inflación drásticamente del 100% existente. «Este proceso desestabilizador hizo trepar el IPC al 76% en pocos meses y forzó la renuncia del ministro elegido por Perón, “maldito” para la derecha, que se opuso a la política de distribución del ingreso, y para la izquierda, que nunca entendió la apuesta peronista a un capitalismo con equidad. Gelbard fue perseguido ferozmente por la dictadura de Videla-Martínez de Hoz en 1976, que le quitó su nacionalidad argentina. Se exilió en los Estados Unidos y murió, apátrida, en octubre de 1977. Sus restos reposan en un cementerio de California.

Muerto Perón, la ofensiva contra el plan Gelbard finalmente culminó con el llamado «Plan de los Tres Chiflados», en referencia a López Rega, Celestino Rodrigo, autor del “Rodrigazo”, y el siniestro Caballo de Troya neoliberal Ricardo Zinn, integrantes todos ellos de la, en esos días, nutrida orden esotérica «Los caballeros de Fuego», que sostenía, entre otras lindezas y así lo expresaba López Rega en reuniones de gabinete, que Perón era la reencarnación de un Faraón Egipcio.

Zinn, liberal y antiperonista furioso, reconoció explícitamente que su plan tenía como objetivo de fondo la destrucción del modelo político social implementado a partir de 1946 y que tuvo su recomienzo a mediados del año 1973 con la llegada al gobierno de Héctor Cámpora y Juan Perón, a punto de que ya en el año 1974, y también como efecto del control de precios, la participación de los trabajadores en el Producto alcanzó el 47,0%, ¡segundo récord histórico!

Así las cosas, vemos que el plan de acuerdo de precios implementado por Gelbard y sostenido políticamente por Perón, no fracasó como consecuencia de asépticas “inconsistencias de teoría económica”, como pretenden hacernos creer los gurúes neoliberales -incluido el ex ministro Lavagna , otro prócer al que ya le haremos pelo y barba-, sino que fue fracasado por la ofensiva política de los sectores conservadores que no culminaron su tarea sino hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y las consecuencias por todos conocidas.

3. Por último, llegamos al año 2006, durante la etapa más reciente de acuerdos de precios que fue desplegada exitosamente por otro gran patriota peronista, Néstor Kirchner, que supuso la muy oportuna eyección del Ministerio de Economía de Roberto Lavagna, quien, según Kirchner, en lugar de establecer compromisos efectivos con los formadores de precios «éste tomaba cafecito».

En efecto, en los inicios del año 2006, con el sistema de controles de precios funcionando, la inversión de la curva histórica de impacto de la inflación desagregada por quintiles de población (cada una de las cinco partes en que se divide la sociedad) resultó una nota destacada de la política económica tras la partida de Lavagna.

Las consecuencias casi inmediatas del acuerdo de precios del año 2006 fueron inmejorables. Veamos esto más de cerca.

En el quintil poblacional más bajo -el 20% más pobre de la sociedad-, el 46,6% del ingreso del hogar se destina a alimentos y bebidas, por lo que moderar la inflación de la canasta básica alimentaria resulta central para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población más vulnerable.

En el lapso comprendido entre los meses de enero de 2002 y mayo de 2003, la inflación de la canasta básica de alimentos duplicaba el Índice de Precios al Consumidor general (IPC). Esta relación IPC/Canasta alimentaria se alteró drásticamente durante la gestión de gobierno de Néstor Kirchner, y hasta el ante último trimestre de gestión del ex ministro Lavagna, los alimentos aumentaban mucho menos que el IPC general.

Esta relación virtuosa para un país en crisis socioeconómica de la profundidad que tuvo la Argentina -que supone el aumento de la canasta alimentaria por debajo el IPC general- cambió sustancialmente en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2005, cuando se proyectaba una inflación anualizada de canasta de alimentos del 24,7% lo que hubiera supuesto, por el lado del gasto de los hogares, 1,2 millones de indigentes más -no existía la Asignación Universal por Hijo como mecanismo compensador.

Este enorme fracaso de Lavagna en el control inflacionario que de persistir hubiera generado un gran deterioro social, tras la implantación de los acuerdos de precios se detuvo, y los sectores más vulnerables recibieron a partir de enero de 2006 mucho menor impacto inflacionario.

El alza del índice de precios en alimentos y bebidas de 2006 para el 20% más pobre fue del 3,3%, para el segundo quintil, 20% mayoritariamente clase media baja, fue del 3,8%, y para el tercer quintil, clase media plena, ascendió apenas al 3,8%, valores inferiores al 4,9% del aumento general de alimentos y bebidas, y muy por debajo del 25% de canasta básica que dejara como pesada herencia Lavagna.

De esta forma, mediante el control en el año 2006 Néstor Kirchner, mediante el acuerdo de precios, logró que el índice inflacionario de 2006 bajara al 9,8% anual, 2,5 puntos por debajo del nivel del año anterior, cuando había trepado a 12,3% y, muy especialmente, se detuvo drásticamente el aumento de la canasta básica de alimentos que cayó 20 puntos en un año.

Buenos Aires, 15 de octubre de 2021.

*Sociólogo. Director Consultora Equis.

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En esta nota el sociólogo Artemio López aborda un tema que cualquier iniciativa en políticas de salud pública tendría que considerar de primer orden: El  estado de la salud mental de los argentinos y argentinas, y las discapacidades permanentes o transitorias que ello supone, más aún cuando se desconocen los efectos que la pandemia todavía no resuelta, con su secuencia de encierro, ansiedad, depresión, abuso de sustancias y fobias, tuvo y tiene sobre la salud mental.

Por Artemio López*

(para La Tecl@Eñe)

¿En cuánta conducta social que indigna al “buen ciudadano” se solapa un trastorno de salud mental desatendido? ¿Cuánto de pobreza y cuánto de “locura” librada a su suerte, existe en medio de una sociedad que vive discriminando, como mecanismo elemental para no ver-se? ¿Cuántas familias miran al techo al hablar de discapacidad, estimados lectores?

Según el CENSO del año 2010 realizado por el INDEC en el capítulo sobre discapacidad, la prevalencia obtenida para el total del país a nivel población es de 12,9%, lo que representa 5.114.190 personas que declaran tener alguna dificultad o limitación permanente. A nivel hogar es de 30,6%.

En relación con la estructura por sexo de la población con dificultad o limitación permanente (a partir de ahora PDLP), las mujeres presentan una prevalencia superior a los varones, con una diferencia de 2,3 puntos porcentuales. Se trata de dificultades físicas o mentales de carácter permanente. Sin embargo, el capítulo de discapacidades no se cierra con la condición de permanente y se abren otros interrogantes. Uno es sin duda el estado de la salud mental de los argentinos y argentinas, sea o no permanente. 

Se trata de aproximarnos a un tema postergado, cuando no invisibilizado del estado sanitario de la población reflejado con gran detalle en el Estudio epidemiológico de salud mental en población general de la República Argentina. Considérese que los datos de este estudio datan del año 2010 y fueron publicados por la Revista Argentina de Psiquiatría en el año 2018, todo antes del impacto de la pandemia que sin duda ha empeorado estos registros. El estudio corresponde, entre otros, al Dr. Juan Carlos Stagnaro, E-mail: jcstagnaro@gmail.com.

La primera gran conclusión del relevamiento es que la prevalencia de vida de cualquier trastorno mental en la población general de la Argentina en mayores de 18 años de edad fue de 29,1% y el riesgo proyectado de vida hasta los 75 años de edad fue de 37,1%. 

Los trastornos con prevalencia de vida más elevada fueron el Trastorno depresivo mayor (8,7%), el Trastorno por abuso de alcohol (8,1%) y la Fobia específica (6,8%). Los Trastornos de ansiedad fueron el grupo de mayor prevalencia (16,4%), seguidos por los Trastornos del estado de ánimo (12,3%), los Trastornos por sustancias (10,4%), y los Trastornos del control de impulsos (2,5%). 

Las mujeres manifestaron mayores chances de padecer trastornos de ansiedad, mientras que los hombres de padecer trastornos por sustancias.

De todos ellos, el 78,36% recibió un tratamiento mínimamente adecuado, utilizando una amplia definición, y sólo el 43,68% si se aplica una definición más estricta.

Las personas más jóvenes, con bajo nivel de educación y bajo nivel de ingresos fueron menos propensas a recibir tratamiento.

Con respecto a las personas que estaban en tratamiento, éste fue menos adecuado para los más jóvenes y para aquellos con bajo nivel de educación y de ingresos. 

La mayoría de los individuos en la Argentina, con Trastornos del estado de ánimo (100%) o con Trastornos de ansiedad (72,5%), con el tiempo acceden al tratamiento, mientras que aquellos que padecen algún Trastorno por abuso de sustancias no lo hacen (41,6%).

Es muy poco frecuente el tratamiento temprano (2,6% para Trastorno por abuso de sustancias, 14,6% para Trastornos de ansiedad y 31,3% para Trastornos del estado de ánimo), lo que significa una demora de entre 8 años, para el caso de Trastornos del estado de ánimo y 21 años para el caso de Trastornos de ansiedad. 

Los resultados obtenidos sugieren un tratamiento insuficiente generalizado de los Trastornos psiquiátricos y particularmente de los Trastornos por abuso de sustancias, con una pronunciada necesidad no atendida de individuos jóvenes, sin educación y de bajos recursos. 

Así las cosas, imaginando esta situación de base y el impacto que sobre ella tuvo y tiene la pandemia aún no resuelta con su secuencia de encierro, ansiedad, depresión, abuso de sustancias, fobias, el estado de la salud mental de los argentinos y las discapacidades permanentes o transitorias que ello supone, resulta ya un tema inocultable y de primer orden a considerar en cualquier iniciativa de salud pública.

 Sin embargo, existen recortes presupuestarios graves.

Según la Ley de Salud Mental, el Estado nacional debe destinar el 10% del gasto total de salud a salud mental. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deben adoptar el mismo criterio. Sin embargo, en el año 2021 solo el 1,47% del gasto total en salud a nivel nacional se destinó a salud mental, desoyendo la alta y creciente incidencia de estos trastornos en nuestra población.

Gráfico complementario:

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2021.

*Sociólogo. Director Consultora Equis.

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Por Artemio López*

(para La Tecl@ Eñe)

El movimiento de mujeres en general y mujeres jóvenes en particular que tantos análisis han motorizado por su novedad y volumen parece haber tenido en Chile su bautismo electoral más nítido.

En efecto a los grandes cambios culturales que está motorizando el colectivo bajo análisis, debe agregarse ahora el impacto electoral de su práctica y en particular el fuerte contenido anti – neoliberal con que se manifiesta electoralmente en forma mayoritaria.

Al respecto el analista Sebastián Rivas (1) afirma que: “El punto más interesante – como se ve en el gráfico -, es cuando se llega a la intención de voto. Decide Chile estima que el 68% de las mujeres de menos de 30 años que fueron a sufragar respaldó a Boric, y el 32% a Kast, una diferencia de más del doble, y que combinado con su alta participación convierte a este grupo en uno de los bastiones indiscutidos de la ventaja, dado que además lo más probable es que sea acá donde se concentró una parte relevante de los más de 1.200.000 votos nuevos que se incorporaron entre ambas vueltas. En el caso de los hombres del mismo bloque etario, la diferencia igualmente es amplia, pero menor: 64% a 36%.”

Aún más. Como puede observarse en el gráfico, en la región metropolitana que se divide en 6 provincias con 52 comunas y donde se radica el 38% de la población total del país – según el Censo 2017 la población metropolitana alcanzaba los 7.112.808 habitantes -, las preferencias de las mujeres sub 30 por Boric ascendieron al 75% contra apenas el 25% de Kast.

Ninguna experiencia es extrapolable de un país a otro, pero la vitalidad del movimiento de mujeres en la Argentina propicia sacar conclusiones de cara a las futuras elecciones del año 2023 y sucesivas.

Argentina es el único país de la región donde anualmente y desde hace más de 35 años se celebra un Encuentro Nacional de Mujeres. Se trata de un espacio histórico de discusión donde se reúnen mujeres autoconvocadas –cada vez son más– para discutir en formato asambleario sobre sus problemáticas: trabajo doméstico, violencia, relaciones de pareja, sexualidad, maternidad, aborto.

Es imposible describir siquiera la amplitud de la agenda de mujeres pero  a pesar de conquistas como la sanción de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, acompañada de la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, más conocida como el Plan de los Mil Días, la agenda para garantizar derechos básicos como la vida o el acceso a la salud y la justicia de mujeres y disidencias tiene por delante un camino de reformas y reparaciones históricas.

Indagar sobre esa agenda y concretar sus demandas parece ser de primer orden también ahora en el terreno electoral.

Sucede, como sostiene la licenciada Ivana Salemi (2), que: “los Encuentros Nacionales de Mujeres –devenidos en Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binaries– tienen una altísima convocatoria desde su primera versión, allá por el año 2005. Sin embargo, a partir de las movilizaciones masivas a raíz de los femicidios que impulsaron la consigna #NiUnaMenos en el año 2015 o las convocatorias en los alrededores del Congreso Nacional cada vez que se debatió algún proyecto vinculado a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, develaron la potencia de un sujeto político nuevo para el tablero de la política tradicional.”

Y este sujeto político nuevo, ya tuvo en Chile su debut electoral concentrado en el voto de mujeres sub 30.

Acabó con la vieja sociedad patriarcal pinochetista dando el triunfo a Gabriel Boric, el presidente progresista chileno más votado de la historia, que prometió dejar atrás el tradicional bipartidismo que tanto daño causó a la sociedad, en particular a los multitudinarios sectores vulnerables del país trasandino, uno de los más desiguales de la región.

Qué sucederá en nuestro país con este colectivo decisivo en las elecciones trasandinas, aún no lo sabemos, pero ya tomamos nota de su existencia y contundencia electoral profundamente anti – neoliberal.

Se abre un panorama muy interesante de cara a las futuras elecciones nacionales del que hasta hoy no teníamos datos fehacientes ni experiencia comparada sino tan solo vagas referencias y groseras aproximaciones.

Notas

1. Revista Sin Permiso, Diciembre 2021.
2. Revista Movimiento, Marzo 2021.  

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2021.

*Sociólogo. Director Consultora Equis.

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