Por Daniel Cecchini*

(para La Tecl@ Eñe)

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin efecto la absolución del exjefe del Ejército César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani por el encubrimiento de la privación ilegal de la libertad del conscripto Alberto Agapito Ledo, tiene dos caras insoslayables: una de ellas es la del oportunismo político de los cortesanos, la otra es la de una nueva oportunidad de obtener justicia para un crimen perpetrado como parte del plan sistemático de represión ilegal de la última dictadura.

El dictamen, que implica que el expediente deberá volver a la Cámara de Casación Penal para una revisión de esa absolución, lleva la firma de los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci. Con un voto concurrente, firmó el conjuez Luis Rabbi Baldi Cabanillas, mientras que el juez de la Corte Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

De un lado, el oportunismo de la decisión de los cortesanos es evidente: Milani fue jefe del Ejército durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, lo que lleva a leerlo como una jugada más de un tribunal supremo al servicio del poder para limar la imagen de la responsable de su designación y, por extensión, del peronismo. Del otro, el fallo reabre la posibilidad de no dejar impune un caso de violación de derechos humanos en un contexto de terrorismo de Estado: la acumulación de pruebas existentes sobre la responsabilidad de Milani en la desaparición de Ledo -que fue posteriormente asesinado en el Batallón de Ingenieros de Construcciones de La Rioja – es abrumadora.

En el momento de los hechos, Milani tenía el grado de subteniente y firmó, por orden del capitán Esteban Sanguinetti, un acta de deserción para encubrir la desaparición de Ledo. Disfrazar la desaparición forzada de conscriptos bajo esa figura fue un mecanismo habitual durante la última dictadura, de acuerdo con las investigaciones judiciales. Según el excapitán José Luis D’Andrea Mohr, cuanto menos 129 jóvenes soldados desaparecieron entre 1975 y 1983. Al menos 12 fueron vistos por última vez en Tucumán. Con el correr de los años, Milani logró ascender a coronel, general de brigada y general de división en su meteórica carrera militar sin que en su legajo apareciera el acta de deserción que había firmado en junio de 1976.

La desaparición de Ledo

Conviene repasar los hechos paso a paso. Alberto Agapito Ledo, nacido en La Rioja, fue incorporado en febrero de 1976 al servicio militar y destinado al Batallón de Ingenieros 141 de esa provincia. Estudiaba Historia en la Universidad de La Rioja y era militante popular, ligado al Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). En esa unidad militar también revistaba como soldado conscripto Álvaro Illanes, oriundo de la localidad de Chilecito y militante del peronismo revolucionario. Alberto y Álvaro compartieron el batallón hasta fines de marzo. Álvaro fue licenciado y volvió a su pueblo. En la noche del 23 de marzo, cuando el golpe cívico militar se ponía en marcha en todo el país, un grupo de tareas fue a detenerlo. Álvaro salió a la plaza del pueblo para que todos vieran lo que pasaba y lo apresaron. Estuvo preso en Chilecito y luego lo trasladaron a la cárcel de La Rioja capital. Esa cárcel se iba poblando de muchas personas que militaban y seguían al obispo Enrique Angelleli. Entre los que iban tras las rejas estaban Plutarco Schaller y Alipio Paoletti, también detenidos en la noche del 23 de marzo. Ellos eran parte de la redacción del comprometido diario El Independiente, que fue rápidamente ocupado por fuerzas militares.

El 20 de mayo, el conscripto Ledo fue trasladado al sur de Tucumán para participar de las tareas que el Batallón de Ingenieros realizaba en esa provincia en el marco de llamado Operativo Independencia, cuyo objetivo no era sólo combatir la ya diezmada guerrilla del ERP en el monte, sino sembrar el terror y aniquilar a toda disidencia política y social en el territorio provincial. Lo hizo en calidad de asistente del entonces subteniente César Milani.  En el libro ya mencionado, el excapitán D’Andrea Mohr consigna que el 17 de junio de 1976, el capitán Esteban Sanguinetti sacó a Ledo en tres oportunidades a “hacer una recorrida por la zona” y que, de la última, Sanguinetti regresó solo.

El 4 de julio, ante la falta de noticias de su hijo, Marcela Brizuela de Ledo – madre de Alberto y luego presidente de Madres de Plaza de Mayo de La Rioja – viajó a Monteros. Allí le dijeron que su hijo “había desertado”, como constaba en el acta elaborada y firmada por Milani. Sin embargo, en reserva completa y venciendo el temor, algunos soldados le contaron que Sanguinetti lo había llevado en una salida y que nunca había vuelto. También le dijeron que si su hijo hubiera desertado nunca habría dejado abandonados sus anteojos – que le eran imprescindibles – entre las pertenencias dejadas en el cuartel.

El acta que pretendía fraguar el verdadero destino de Ledo estuvo “desaparecida” durante décadas, hasta que finalmente apareció a mediados de 2013 en el juzgado federal número 1 de Tucumán a cargo del juez Daniel Bejas. Pese a haber tomado estado público ese documento que comprometía a Milani con la desaparición del conscripto, el gobierno anterior decidió avanzar con el pliego del por entonces ya jefe de Estado Mayor del Ejército para promover su ascenso al cargo más alto en el escalafón de esa institución: teniente general.

Por esos días, en un descargo presentado ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Milani intentó minimizar su relación con el tema. En una nota publicada en Página/12, el presidente de ese organismo, el periodista Horacio Verbitsky, escribió que Milani había asegurado que “el acta de deserción del soldado Alberto Agapito Ledo fue un procedimiento administrativo formal que le encargaron por ser el oficial de menor graduación en una subunidad distinta a la del conscripto. Sólo debía contener una sintética y clara descripción de la forma y circunstancia en la que se produjo el hecho”.

Sin embargo, Verbitsky señala que “según el Código de Justicia Militar y el reglamento que regían entonces, (Milani) debía practicar todas aquellas diligencias que ‘mejor convengan al esclarecimiento de los hechos que se investigan y de sus circunstancias’. Esto incluía, por ejemplo, entrevistar a otros conscriptos, comunicarse con la familia de Ledo, o, al menos, dar cuenta de las posibles razones de la deserción. Lo confirmó el procesado oficial Esteban Sanguinetti en su declaración indagatoria, cuando dijo que había encargado a Milani ‘la investigación profunda del caso’”. Milani no hizo nada de lo que indicaba el Código de Justicia Militar.

Milani y la represión ilegal

En julio de 2013, Milani se presentó espontáneamente en los tribunales federales tucumanos, donde sostuvo que entre el 75 y el 76 estuvo 40 días en la provincia Tucumán, en dos oportunidades, con la unidad a la que pertenecía. Dijo también que por entonces tenía 21 años y era subteniente. “Estuvimos en una escuela en Monteros y reparábamos y limpiábamos caminos. No tuvimos que ver con la parte de inteligencia, de operativa ni con nada”, dijo. Sin embargo, una serie de testimonios de víctimas de la represión ilegal en La Rioja y Tucumán no sólo lo desmienten, sino que señalan que las “tareas” que cumplía Milani de otro tenor.

El conscripto Álvaro Illanes, tras ser detenido en Chilecito, fue trasladado a la U9 de La Plata donde pasó por los pabellones 16 y 1. En 2013 relató en una entrevista publicada por Miradas al Sur que al ver la imagen de Milani en los medios, reconoció al joven subteniente del Batallón donde había estado como soldado antes de ser licenciado y luego apresado. Es más, Illanes afirmó haber visto a Milani en la cárcel de La Rioja mientras estaba detenido. Aseguró también que Ledo había sido elegido como “asistente” por Milani. Además, dijo que años después, al recuperar la libertad, pudo hablar con otros ex conscriptos del batallón y que le refirieron que Milani habría sido quien llevó a Ledo a Tucumán.

Mucho más comprometedor para el ex jefe del Ejército es el testimonio brindado, en 2013 en sede judicial, por Ramón Alfredo Olivera, un simpatizante riojano del PRT.  “El 12 de marzo de 1977, Milani allanó de forma violenta mi casa y se llevó detenido a mi padre. Él comandaba un operativo que fue tremendo, rompieron todo. Pero parece que se equivocaron, porque al que buscaban era a mí, que me detuvieron a los dos días. A mi viejo lo largaron, pero ya lo habían torturado salvajemente”, dijo.  Y agregó: “Yo lo vi a Milani a los diez días cuando me llevó a mí de la cárcel al juzgado. Milani ingresó a la sala donde yo iba a declarar y ahí me estuvo hostigando todo el tiempo; me acusaba de ser guerrillero y me preguntaba qué era el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). En plena declaración mía, el secretario del juzgado le pidió a este teniente que le diera su nombre y apellido y se identificó como César Milani. Ahí tomé en cuenta que era el mismo oficial que había ido a detener a mi viejo”.

A las denuncias de Olivera y de los familiares del soldado Alberto Ledo, se sumó en marzo de 2014 la del ex directivo del diario cooperativo El Independiente de La Rioja, Plutarco Schaller, que fue secuestrado por la dictadura en marzo de 1976 y permaneció detenido desaparecido antes de ser pasado a disposición del Poder Ejecutivo. Schaller testimonió que cuando estaba internado en el hospital Vera Barros de La Rioja, a raíz de las torturas recibidas, Milani fue a insultarlo. “Una noche, tipo once, sentí unos tiros en el patio y corridas. Al ratito entraron dos personas donde yo estaba en la cama, con un custodio policial. Uno entró corriendo, me pega un tirón en la colcha y dice: ‘no, este hijo de puta está acá’ y se fueron (…) Esa noche (los militares) fueron a mi casa y lo llevaron preso a mi hijo Oscar, de 18 años, culpándolo de haber querido liberarme desde el hospital. Una cosa ridícula y totalmente insólita”, agregó. “A la guardia siguiente, cuando volvió el cabo que me cuidaba aquella noche, -siguió relatando Schaller en Tribunales- se me ocurrió preguntarle quién era ése que me destapó e insultó y él me contestó textualmente: ‘Ese es el tenientito Milani’”.

El testimonio de Plutarco Schaller fue complementado por el de su hijo Oscar, que fue detenido y torturado poco después. Dijo que estuvo detenido durante un mes de manera ilegal en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja, donde lo sometieron a tres interrogatorios diferentes y las tres veces lo torturaron hasta hacerle sentir un dolor insoportable y traumático que tuvo consecuencias posteriores. En 2015, ante la Justicia de San Martín declaró que después de que lo torturaran y poco antes de que lo liberaran, un teniente se acercó a él y le preguntó si lo habían tratado bien y si le habían hecho algo durante los días de su cautiverio. Enseguida, le anunció que en pocos minutos se iría a su casa. Oscar Schaller lo identificó como Milani y dijo que se movía como si fuera el que tomaba las decisiones.

La suma de declaraciones judiciales deja en claro que las actuaciones del entonces subteniente Milani en sus destinos de La Rioja y Tucumán distaban mucho de “limpiar y reparar caminos”, como aseguró en su defensa, sino que estaban directamente relacionadas con la represión ilegal.

En el juicio oral llevado a cabo en el año 2019 por el Tribunal Oral Federal de Tucumán, el excapitán Esteban Sanguinetti fue condenado a 14 años de prisión al ser hallado culpable por la privación ilegítima de la libertad y el homicidio del soldado. En el mismo juicio, el tribunal absolvió a Milani por el beneficio de la duda y esa absolución fue confirmada en 2021 por la Cámara Federal de Casación Penal.

Por todo esto, más allá de la intencionalidad política de los cortesanos, un aspecto que no puede ignorarse, el fallo que revoca la absolución del exjefe del Ejército brinda una nueva posibilidad para terminar con la impunidad en el caso de la desaparición y posterior asesinato de Alberto Agapito Ledo, y eso tampoco puede ser ignorado. “Es una esperanza que se nos abre a una familia que hace cincuenta años que lucha”, dijo Graciela Ledo, la hermana de Alberto. Su madre, Marcela Brizuela de Ledo, tiene 96 años y sigue reclamando justicia.

2 de octubre de2026.

*Periodista.

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