Por Carlos Rozanski*

(para La Tecl@ Eñe)

El abuso sexual contra las infancias es una escena criminal límite. Es el delito más impune de la tierra y a la vez el que más daño psíquico genera. Acompaña la vida entera de las víctimas y el contexto más frecuente de su ocurrencia es dentro del grupo familiar o conviviente, y en segundo lugar, en el interior de diversas instituciones.

En ese sentido, el develamiento de un abuso opera como un detonante atronador dentro del sistema donde se manifiesta. En el ámbito familiar, en particular, interpela nada menos que la primera regla social en la historia de la humanidad que es la prohibición del incesto. A partir de ese momento, la explosión se irradia como círculos concéntricos a los espacios que rodean a la central relación “victimario-víctima”.

Así, a partir del develamiento en cada caso de abuso, familiares no abusadores, instituciones educativas, servicios sociales y por supuesto el poder judicial, se verán sometidos a un desafío que deberán enfrentar. Y lo harán de acuerdo con los recursos emocionales, intelectuales y materiales con que cuenten.

Del resultado de cada intervención, dependerá la supervivencia misma de la niña, niño o adolescente agredido así como la calidad de esa perduración.

A través del tiempo

Si bien los abusos contra las niñeces tuvieron lugar a lo largo de la historia, nunca fueron problemáticos para los agresores. Así, si algún niñx relataba esa clase de hechos, rápidamente se cerraba el tema con la universal afirmación: “los chicos mienten”. En las últimas décadas, a raíz de los avances notables, fundamentalmente de parte de la psicología, el trabajo social y el derecho, esa perversa muletilla dejó de tener mayor efecto. Ello por cuanto si bien las características de los abusos se reiteraban en cada uno de los casos así como las principales consecuencias, ya  no alcanzaba con atribuirle mendacidad a las/os agredidas/os.

Se desencadenó entonces una violenta reacción (backlash) por parte de los abusadores y sus mercenarios asesores, desplazando la responsabilidad ya no a los niños mentirosos, sino a las madres que les lavan el cerebro para que crean que fueron abusados (inexistente síndrome de alienación parental – SAP-).  De ese modo, con las denominaciones más variadas a partir del descrédito del argumentado SAP, se comenzaron a identificar como “co-construcción” o “implantación de memoria” o cualquier otra ocurrencia que sirviera para descalificar a las madres que denunciaban.

Nace así en nuestro país el mito de las falsas denuncias mediante el cual, y mendazmente, se atribuye a madres acusar maliciosamente a los progenitores de abusar de sus hijas/os. Con frecuencia, consiste en atribuirle a esas mujeres la intención de dañar a los hombres o también de querer obtener dinero de manera extorsiva.

Cuando algunos buenos fallos judiciales comenzaron a rechazar esos abyectos argumentos, ya desenmascarados por organizaciones internacionales como la propia Naciones Unidas, las agresiones se direccionaron a las profesionales de la psicología y la salud en general que osaran informar la posibilidad de abuso. Entonces, ya no se argumentará la mentira del niño o su madre, sino la de profesionales -mayormente psicólogas-, que en su afán de enriquecerse elaboran “informes falsos” para que las madres denuncien y los progenitores sean castigados por hechos que no cometieron.

La situación hoy

Como se sabe, nuestro país atraviesa hoy una situación sociopolítica muy grave originada en el accionar de un gobierno de extrema derecha. El poder ejecutivo está en manos de Javier Milei, quien sostiene ser el bíblico Aarón, intérprete de la sabiduría de su hermana Karina a quien atribuye ser Moisés, enviada de Dios. Milei es un personaje que además se autodefine públicamente como “rubio, de ojos celestes y con pene” (SIC) (1). Es fácil deducir que estamos ante un escenario muy proclive a la instalación de los más delirantes mitos.

A su vez, y con vinculación a la pedofilia, es el mismo presidente que envió a Nueva York a su ministro de justicia (Mariano Cuneo Libarona) a ofrecer negocios a un depredador sexual (Timothy Ballard) con causas en Argentina. Entre otros servicios le ofreció “reuniones con jueces” para favorecer su situación judicial en nuestro país.  

Así, el ahora exministro, además le ofreció a Ballard la sanción de leyes relacionadas con la trata de personas y abusos sexuales contra las infancias. Esa oferta no se puede desvincular de los proyectos de Carolina Losada y Lilia Lemoine presentados por cada una de ellas en el Congreso” (2) .

Sucede que hay una sintonía, muy visible hoy, entre el régimen del presidente Milei y aquellos graves delitos sexuales de la más variada factura. La maniobra abarca la pedofilia, la trata de personas con fines sexuales, la difusión y comercio de materiales de representación sexual de niñas, niños y adolescentes y la explotación sexual infantil.

En ese sentido, desde el primer día del gobierno de LLA, se comenzó a difundir una inédita exaltación de la masculinidad como sinónimo de “lo bueno” y la femineidad como sinónimo de “lo malo”. Así, se disolvió el Ministerio de la Mujer con el argumento de que no sólo que no era necesario, sino que las verdaderas víctimas de violencia son los hombres.

Surgieron incluso organizaciones como “Varones Unidos” liderada por Pablo  Laurta, quien hoy se encuentra preso por los femicidios de su esposa y suegra y el secuestro de su pequeño hijo. Además, está imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI). Al respecto, no es un dato menor que el nombrado Laurta tenga vinculación con altos personajes del gobierno de Milei y muy cercanos a él, como Nicolás Márquez, denunciado en 2008 por abuso sexual contra su hija de tres años y medio, y Agustin Laje, Director de la Fundación Faro vinculada a Javier Milei. 

En ese contexto, se conocieron distintas iniciativas elaboradas para perseguir y sancionar severamente a madres protectoras y profesionales que auxilien a niñes víctimas de distintos crímenes y abusos sexuales. La finalidad es aterrorizar y disuadir tanto a quienes detectan agresiones sexuales a sus hijas e hijos como a psicólogas, médicas, abogadas y demás profesionales, y también a las entidades defensoras de los derechos de los niños que asistan o intenten dar protección a las víctimas.

Para ello utilizan como engañoso argumento que los proyectos se refieren a “falsas denuncias” (SIC) cuando es universalmente conocido que en esta temática (agresiones sexuales contra las infancias), esas llamadas “falsas denuncias” en el exterior son estadísticamente insignificantes y no se registra ni una sola en nuestro país. (3). Al respecto, es útil recordar que en España, por ejemplo, sobre 1.055.912 de denuncias investigadas por la Fiscalía General del Estado de ese país, el porcentaje de falsas denuncias fue de 0,008 y se refiere a violencia de género. Sobre abuso sexual contra las infancias, al igual que en Argentina, no hay. 

Proyecto Losada

Si bien Lilia Bolukalo Lemoine presentó un proyecto similar en la cámara de diputados, el de mayor repercusión es el que por tercera vez intenta imponer la senadora nacional Carolina Losada.

Para promocionar su proyecto, Losada llevó a cabo un nuevo evento en el Senado de la Nación (tercer acto) en el cual dio exposición pública a violadores de sus hijas/os que la justicia no llegó a condenar por el “beneficio de la duda” (SIC). En un intento similar del año 2024, había llevado a una joven brutalmente abusada por su padre para que se “retracte” públicamente arrepintiéndose, en llanto, de haberlo denunciado.

Meses después de ese incalificable espectáculo, la sentencia a 15 años de prisión por esos horribles crímenes contra la joven, cuando tenía entre 6 y 10 años, fue confirmada por un tribunal superior en doble conforme. El pedófilo está preso y la senadora, que finge desmemoria, sigue exhibiendo obscenamente otros casos de pedofilia por ahora impunes.

Lo reseñado obliga a reflexionar acerca del significado de que en nuestro Congreso Nacional se pretenda sancionar una ley sobre un fenómeno que no existe y que fue generado para beneficiar a los autores de los crímenes más graves que pueden sufrir nuestras niñeces.

En síntesis, estamos ante una conjunción de dos universos de criminales. Por un lado, los perversos abusadores de infancias, y por el otro, quienes se enriquecen con las defensas de los imputados, así como con el asesoramiento a los delincuentes que comercian con esos incalificables abusos.

De esa confluencia, nace el mito de las falsas denuncias como disparador para la demonización de madres protectoras y profesionales respetuosos y para beneficios económicos incalculables, todo en época de retroceso civilizatorio como el que vivimos con Milei en el país.

También resulta ilustrativo recordar que para la instalación de ese mito -en una porción de la sociedad-, se llegaron a crear organizaciones de “padres separados de sus hijos” y otras denominaciones para aquellos que, por beneficio de raras dudas, continúan en libertad.

Ese universo ficticio en el que los violadores son héroes y a la vez víctimas del “hembrismo” que los persigue, como suele decir la legisladora Losada, es parte del distópico funcionamiento institucional que generó Javier Milei en el país.

Frenarlo es una necesidad imperiosa de la gran mayoría de los integrantes de nuestra sociedad.

Después, siempre es tarde.

Referencias:

(1)14/5/2022 Feria del Libro de CABA.

(2) Página 12, 6 de agosto de 2025. Carlos Rozanski, “Un ministro suelto en Nueva York”.

(3) Ídem Página 12 6/8/2025.

Martes, 15 de abril de 2026.

*Ex Juez de Cámara Federal y ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de La Plata.

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