El filósofo y jurista francés Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, aun en plena conciencia de la manifiesta (aunque, quizá, difícilmente previsible 274 años atrás) imperfección con la que postuló la división de poderes, jamás hubiera imaginado esta deriva.

Para Montesquieu era preciso confiar la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos, ya que cada uno vigila, controla y detiene los excesos de los otros para impedir, por propia ambición, que alguno de ellos predomine sobre los demás. El Poder Judicial, para el señor de la Brède, debía controlar “los excesos de la democracia”.

Ese poder es hoy, en la Argentina, ninguna otra cosa que la más grande, la más fuerte y la más extendida organización criminal realmente existente. Y eso no solo y no tanto porque efectivamente es el papel que desempeña —en plena e indubitable conciencia de sus actos— sino porque lo hace en nombre de la República (esa palabrita), es decir en nombre de la “cosa oficial”, de la “cosa pública”, de “lo público”.

El crimen es brutal, cruel, artero, impiadoso, porque lo perpetra una organización creada para protegernos, precisamente, del delito. No tener conciencia de ello nos torna tanto más indefensos/as, tanto más vulnerables, tanto más blancos móviles para que acierten el tiro con el que nunca dejan de soñar: quebrar el espinazo de la patria que es su tradición nacional-popular, eso que nos gusta llamar peronismo.

Y es que en algo siguen al pie de la letra al jurista francés: en este sur del mundo no hay mayor exceso de la democracia que el peronismo.

Así están las cosas.

En un breve texto titulado «Noticia», que precede a la primera novela de esa pentalogía insuperable que dio en llamar La Guerra Silenciosa, Manuel Scorza escribió:

«Ciertos hechos y su ubicación cronológica, ciertos nombres, han sido excepcionalmente modificados para proteger a los justos de la justicia».

Pues bien, para eso debemos ganar la calle, una vez más: para proteger a los justos de la justicia