Por Rocco Carbone*

(para La Tecl@ Eñe)

Para Pelusa

Italia es uno de los países europeos que está atravesando una de las experiencias más desoladoras a causa de la pandemia en los términos de la puesta en crisis de la vida. En días pasados hubo asaltos a supermercados, sobre todo en el sur del país, donde prima una economía en negro, porque hay muchas personas sin dinero y con trabajos precarios. Estamos hablando de unas cuatro millones de personas en estado (latente) de necesidad. Frente a esas situaciones un temor generalizado es la escalada de la criminalidad organizada que emerge cada vez que se manifiestan oportunidades de ganar dinero rápido que luego tienden a consolidar poder de hecho. La racionalidad mafiosa opera siempre sobre la base de la violencia, herramienta nuclear de su funcionamiento. Es un medio para obtener beneficios. Otro punto sobre el cual se apoyan las mafias es la corrupción, que de todos modos es un fenómeno cultural inherente al capitalismo. Al respecto, podemos suponer que hasta tanto haya capitalismo habrá corrupción. Quiero decir que es un fenómeno que existe independientemente de la presencia mafiosa en tal o cual territorio. Pero dado que la mafia es un catalizador del capitalismo, cuando se cruza con la corrupción a nivel estatal logra usarla para su provecho pues le abre la puerta para su penetración en el tejido institucional. Pero aquí no quiero reflexionar sobre la corrupción sino sobre la violencia empresarial argentina que demuestra la emergencia de una racionalidad mafiosa presente en nuestra sociedad.

Un Estado que no se da cuenta o que omite que el mercado debe ser gobernado favorece a las mafias. Éstas ofrecen fundamentalmente el servicio de gestión de la competencia y el gobierno de ciertos mercados, que son legales e ilegales al mismo tiempo. La competencia entre empresas no es un fenómeno natural. Si volvemos a Adam Smith vemos que esa competencia hay que fomentarla y defenderla. Ahí está una de las grandes enseñanzas de La riqueza de las naciones, un libro de 1776 que es considerado como el primer tratado moderno sobre economía. Pero la competencia en la Argentina de estos días se ha quebrado. Daniel Arroyo, responsable del Ministerio de Desarrollo Social, fue denunciado ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas por Silvina Martínez –abogada penalista, especialista en derecho societario, ex directora de la Inspección General de Justicia (IGJ), asesora de la ex diputada Margarita Stolbizer– por comprar alimentos de primera necesidad con “sobreprecios escandalosos” (https://www.youtube.com/watch?v=H5oTdfUgc2Y, 6 de abril). El ministro Arroyo explicó por medio de su cuenta de Twitter con un hilo de ese mismo 6 de abril que convocó a una “licitación para una compra extraordinaria de alimentos ante el aumento de personas que asisten a comedores y merenderos, donde la asistencia pasó de 8 a 11 millones de personas. En dos rubros (aceite por 1,5 litro; y azúcar por 1 kg) la oferta superó los precios testigos. Ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica, se decidió realizar la compra. Todas las compras fueron realizadas bajo la supervisión de la SIGEN, el Instituto Nacional de Alimentación y de acuerdo a las normativas realizadas por el decreto 260/2020 COVID-19” (@LicDanielArroyo).

Arroyo decidió pagar sobreprecios –de alimentos básicos como fideos, azúcar, lentejas, aceites, harina y leche en polvo– para no dejar a comedores y merenderos sin alimentos básicos en el medio de una pandemia feroz. Pues bien, optó por pagarle a ciertos proveedores más de lo debido. Sobre este hecho pueden aventurarse tres lecturas distintas. 1. Lo hizo sobre la base de la intervención de uno de sus funcionarios: Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de la Política Social, a quien el ministro le solicitó la renuncia luego de los hechos (también renunciaron lxs funcionarixs que dependían de su secretaría). 2. Las compras en grandes cantidades y la velocidad de aprovisionamiento tienen su costo. No es lo mismo comprar un litro de aceite que mil litros de aceite. Pues un litro cada cual va a comprarlo al comercio de cercanía, pero para mil litros se necesita una logística más compleja, así como también un lugar de acopio. 3. Pero la decisión de pagar más de lo debido puede interpretarse también de otro modo: como un acto defensivo de la vida, en línea con las políticas generales explicitadas por el propio gobierno nacional.

Pero hay más y sobre los puntos que siguen quiero detenerme un poco porque nos demuestran la emergencia de una racionalidad mafiosa presente en nuestra sociedad. Arroyo explicó que las empresas productoras de alimentos de primera necesidad y lácteos, 11 en total, “se le plantaron”. Dicho de otro modo: apelaron a una forma de la violencia (creyendo además que el poder es de ellos). Sofisticada, por cierto. Sobre esa acción de “plantarse” quiero reflexionar. “Plantarse” tiene el sentido y la forma de la violencia que emerge a la hora de no estar dispuestos a negociar –que finalmente quiere decir flexibilizar la propia posición sobre el tal o cual asunto en tratamiento– de parte de los proveedores de alimentos. Esa forma de violencia nada encubierta apuntó a aprovecharse de una crisis humanitario-sanitaria de la cual nadie está a salvo; tampoco los productores de alimentos, por más que lo ignoren. Se trata de una forma de violencia inherente a la lógica mafiosa (que se solapa con la capitalista) de la cartelización. Lo que pasó con el Ministerio de Desarrollo Social nos habla de la cartelización del mercado alimentario pero en términos más generales concierne a la cartelización de la economía y la promoción de los monopolios. Estamos en presencia de una cartelización cuando distintas empresas –nacionales o internacionales– acuerdan un precio para tal o cual mercadería y a partir de ese acuerdo apuntan a obtener un beneficio mayor respecto de aquel que habrían logrado compitiendo entre ellas. Se trata de una forma de coalición de empresas del mismo ramo y por medio de ese acuerdo deciden suspender la competencia recíproca por un tiempo (que en este caso no es cualquier tiempo, sino el tiempo pandémico). Todo acto humano implica una moral. Es decir, todo acto humano –a través de ciertas mediaciones– presupone una visión del mundo y una ideología o en todo caso ciertas lógicas, que redundan en ciertas formas de pensar y actuar. Las 11 empresas han develado las propias, que quisieron imponer con la lógica de la violencia: la negativa a negociar aprovechando un momento en el que vieron la posibilidad de explotar un rédito máximo. El sector de la producción de alimentos –sobre todo si está integrado por un número limitado de firmas– es un sector relativamente fácil para monopolizar. Desde el punto de vista teórico, se podría abrir el mercado para que hubiera competencia real entre empresas y garantizar el pluralismo de los actores comprometidos y entonces asegurar la correcta adjudicación a tal o cual empresa para la adquisición de tal o cual producto de parte del Estado. Es la solución capitalista por la cual se ha inclinado el gobierno nacional, pues luego del tema de los sobreprecios el Ministerio de Desarrollo Social abrirá un nuevo proceso licitatorio. La cuestión de los (sobre)precios es una calamidad y para soslayarla también es posible apelar a otra solución: menos capitalista que estatalista. Esto es: crear una única empresa del Estado que se ocupe de compra, venta, distribución y comercialización de productos alimentarios. Hay más: como indica Ricardo Aronskind, el Estado “tendrá que ocuparse de la producción. Para que haya empleo para todxs, tendrá que pensar en grandes planes productivos de bienes y servicios, sin esperar ningún liderazgo privado” (https://www.elcohetealaluna.com/autoridad-y-autoritarismo/, 5/4).

Por estos días, conversando con Esteban De Gori sobre estas cuestiones, vía Whatsapp, él aportó la metáfora de la sangre para expresar una relación con el Estado. Y dijo: “Todos deben donar sangre al Estado. Nosotrxs (lxs que estamos encerradxs, por más que sea perturbador) donamos nuestra libertad de circulación, los empresarios que donen rentabilidad”. Un Estado que interviene ahí –para que algunxs renuncien a un tajito de su rentabilidad– repone un sentido amplio de la lucha de clases; también repone la idea de que el mercado debe ser gobernado y que de no hacerlo favorecería lógicas que pueden ser calificadas de mafiosas (por más que los sujetos que las expliciten no lo sean stricto sensu). Con eso o algo de eso se cuidan y se salvan vidas. Después de eso se ubica la reflexión por el sentido de la acumulación, del individualismo, de la meritocracia. Que confluyen en el enriquecimiento desorbitado a nivel global de unxs pocxs a expensas de la explotación de muchxs. Estoy hablando del sistema que articula la mayor radicalización de la desigualdad: que mientras por un lado concentra, por el otro, excluye, humilla e indignifica. Eso concentra el sentido de obligar a una renuncia momentánea. Después de eso tendremos imperiosamente que redefinir los modos de acción política que den vuelta los (des)equilibros en la Argentina –y si lo logramos, será nuestro gran legado a América Latina y el mundo. Lo que hay después de eso para algunxs se llama socialismo, para otrxs, nuevo humanismo, en otros casos se llama democracia radical. Las categorías que usamos para decir son menos importantes que la lucha –que es lo que hemos hecho siempre– en defensa de lo común para que ahí se sitúe una nueva chispa que produzca los despojos definitivos de un sistema económico y financiero internacional incapaz de ofrecer nada y que además demuestra su enorme fragilidad puesto que es sacudido por un otro invisible pero muy concreto. Esa lucha tiene un punto de apoyo acaso minúsculo pero sobre el que podemos empezar a amasar el futuro. Alberto Fernández no se exime de mencionarlo con la fuerza de una obsesión: solidaridad.

Con un Estado que funciona bajo los preceptos culturales y económicos del capitalismo, este llamado a la solidaridad –que el presidente relaciona con la matriz de pensamiento cristiano-católico pero que también tiene un profundo anclaje en las tradiciones de las izquierdas revolucionarias– es un eslogan esperanzador, pero chirriante, hasta tanto se haga pie en el beneficio (soportando los negocios de las minorías) en vez de luchar por una transformación de la sociedad en dirección de la igualdad de todxs lxs ciudadanxs sobre el plano económico, social, jurídico y cultural.

Buenos Aires, 9 de abril de 2020

*Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET

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Por Rocco Carbone*

(para La Tecl@ Eñe)

Inteligencia remite al conjunto de actividades informativas con el objetivo de adquirir los conocimientos necesarios para tomar decisiones de naturaleza compleja. Es una categoría conceptual que acaso sintetice la necesidad de conocer y la gestión de las informaciones, elementos esenciales para la vida política y para la definición de elecciones estratégicas en distintos ámbitos de la vida pública. Su campo de aplicación primigenio es el ámbito militar. Sobre el tema existe una bibliografía de ficción literaria y una producción cinematográfica profusas, que marcan la ampliación del espionaje del sector bélico a otros ámbitos: económico, científico, político, diplomático, criminal, industrial, comunicacional, informático, religioso. Los servicios de información y seguridad, más comúnmente servicios secretos, son organismos militares o civiles que desarrollan actividades de espionaje, contraespionaje, recolección de informaciones con vistas a tutelar la seguridad del Estado. Uno de los personajes emblemáticos de este submundo es James Bond, perteneciente al MI6 (Secret intelligence) británico, protagonista de las novelas de Fleming. Otros tantos personajes surgieron de la confrontación entre el occidente liberal y occidente/oriente comunista en ese arco de tiempo suspendido entre el final de la Segunda Guerra y la caída del muro del Berlín: Bridge of Spies de Spielberg o Das Leben der Anderen de Henckel von Donnersmarck. De esa industria cultural se desprende una “teoría de la inteligencia y el espionaje” integrada por la búsqueda de informaciones para conjeturar los designios del antagonista y evitar también crisis internas con ramificaciones internacionales; tareas de propaganda y contrapropaganda; manipulaciones de informaciones; penetración ideológica en el campo del adversario, etc.

Acaso las primeras huellas de la inteligencia/espionaje se encuentren en el segundo libro de la Biblia. Moisés, antes de guiar el éxodo de los hebreos del antiguo Egipto a la Tierra prometida envía a 12 hombres a explorar Canaán para saber qué tipo de pueblo la habita, si es poderoso o débil, numeroso o acotado, para averiguar si sus ciudades están fortificadas o si se organizan en campamentos abiertos, sin la protección de murallas. Algo muy parecido sucede en los capítulos de Il Milione de Marco Polo. Este veneciano que vivió en la corte de Kublai Kan cuenta cómo empezó a viajar hacia oriente por orden del Kan para registrar qué comían las poblaciones que encontraba, qué animales tenían, cómo conservaban los alimentos, cuáles eran sus costumbres, armas, caballos, tipo de organizaciones. Hoy leemos este libro como una novela, si bien su escritura se acerca más al protocolo de la práctica de la información preventiva. Otro libro, que hoy se vende casi como si fuera un texto de autoayuda, Sobre el arte de la guerra, atribuido a un general que vivió en el VI siglo a. C. –Sun-Tsu–, le dedica un capítulo a los espías e indica que son sujetos a quienes hay que pagarles dos veces, para evitar su traición. Propone una tipología de cinco agentes secretos, que con su trabajo coordinado constituyen una especie de tesoro, de “red divina”. Sobre las reflexiones vertidas en ese libro se creó en Japón una organización dedicada al espionaje: los Ninjas. En la guerra de Troya, las actividades de espionaje las llevó a cabo el hombre de los mil nombres: Ulises. Los speculatores en Roma eran soldados que operaban en las legiones, guardias del cuerpo del comandante y espías. Es el despreciable personaje de Quintus en Gladiator, de Ridley Scott. Ariel, en The Tempest de Shakespeare es un espíritu mágico y todopoderoso, y espía de Próspero. Alejandro III instituyó la Ojrana (protección) en Rusia: una policía secreta que tenía el objetivo de reprimir cualquier tipo de subversión y que ejercía su control sobre escuelas, universidad, prensa, justicia. Victor Serge le dedica un capítulo en Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión (Madreselva, 2010).

Cuando la inteligencia es practicada por los Estados se engarza con otro concepto: el de seguridad nacional. Ahí la categoría concierne a la recolección de información y análisis de datos que inciden en la toma de decisión del poder político para la salvaguarda de un país de potenciales amenazas internas y/o externas. Seguridad nacional es prevención estratégica para evitar eventos non gratos relativos a la emergencia de tal o cual amenaza. En el ámbito de los Estados hay estructuras que se dedican expresamente a esa “teoría política de la información” y para llevar a cabo su trabajo adquieren rasgos de secretismo (y en algunos casos hasta de clandestinidad). El carácter secreto de los servicios atañe a al menos tres aspectos: la sensibilidad de las informaciones, las formas y los procederes de las investigación, y la preservación de las fuentes. El secretismo tiene que ver con la eficacia del servicio y su capacidad de evitar las distintas dimensiones de la amenaza. Además de los propios Estados la inteligencia es practicada también por sujetos y agencias privadas con objetivos que son a su vez privados. Ahí tenemos las novelas de Paco Ignacio Taibo II con Belascoarán Shayne y más acá, la serie Killing Eve y el contrapunto entre Villanelle y Eve Polastri. No estaría bien terminar este veloz contrapunto sin mencionar algo consabido en la cultura de las izquierdas revolucionarias y literarias: el caso de Rodolfo Walsh. Tomó partido por la Revolución Cubana, trabajó en Prensa Latina y se desempeñó como “criptógrafo”. Ayudó a dectectar mensajes cablegráficos, a desencriptar sus claves secretas y contribuyó a localizar a los mercenarios que en 1961 desembarcaron en Playa Girón con el objetivo de invadir la isla.

La inteligencia es una suerte de espejo del país en el que se recoge. Implica un proceso de recolección de información que luego comporta momentos descriptivos, situacionales y especulativos que están repletos de innumerables inferencias. Su valor reside en la capacidad de proveer informaciones y datos acompañados de un juicio acerca de su confiabilidad. Se trata de una contribución de conocimientos puestos a disposición del decisor público acerca de alguna amenaza latente o concreta para el interés nacional y que puede provocar riesgos de naturaleza política, militar, económica, financiera, energética, sanitaria, etc. Si esa cadena lógica articulada por las legalidades propias del Estado de derecho se quiebra, porque en sus tejidos se manifiesta alguna forma de la ilegalidad, entonces aparece (por ejemplo) el espionaje macrista, que por estos días alcanzó estado público. Sorpresivamente, lxs espiadxs en la Era Macri no figuran en la agenda informativa de los medios ideológicos de este país (los diarios con distribución nacional). ¿Sorpresivamente? Por medio de la denuncia de Cristina Caamaño –interventora de la Agencia Federal de Inteligencia– descubrimos que una parte de los servicios de inteligencia con el macrismo se “reperfilaron” para dedicarse al espionaje interno de personalidades vinculadas a la actividad política, a la actividad intelectual, periodistas, dirigentes, sindicalistas, dependencias de fuerzas policiales y un gobernador, espiadxs sin orden judicial. El listado de direcciones de mails apareció en una computadora dentro de la AFI. Para la propia interventora de la AFI hubo un “proceso sistémico de inteligencia ilegal”. Pero ese procedimiento muestra más bien formas integradas de (i)legalidad. En esas maniobras espurias no hay errores sino mensajes. Estamos frente a otra madeja mafiosa que debe ser desenredada. Las mafias son sistemas de poder. Y la relación con el poder es un elemento constitutivo de la ‘Ndrangheta. La externalidad de la ‘Ndrangheta, su ilegalidad digamos, va permeando progresivamente el poder, la legalidad, hasta teñirlos y hacerlos funcionar con su propia lógica. Si estuviéramos frente a una manifestación estética podríamos hablar de grotesco, dado que es un hallazgo que tematiza elementos de índole distinta y contradictoria que se mezclan. Pero aquí estamos frente a un fenómeno social y político en el que legalidad e ilegalidad conviven. Para entender el fenómeno ‘ndranghetista hay que imaginar un espacio tripartito. En el primer sector operan los sujetos que producen bienes y servicios ilegales. En el segundo, los sujetos que los comercializan. En el tercero, los que gobiernan el territorio en el que esos bienes y servicios circulan. Este último es determinante para controlar los flujos electorales (condicionar los resultados), resolver disputas (ejercitar la justicia), condicionar la economía (alterar las reglas).

Luego de la denuncia de la titular de la AFI empezó a hablarse de “espionaje ilegal”, “proceso sistémico de inteligencia ilegal”, “producción de inteligencia ilegal”, “aparato de ilegalidad total”. Desde ya, estamos frente a un hecho de extrema gravedad institucional –que el macrismo había implementado incluso a nivel de CABA cuando en 2009 espió a funcionarios, empresarios, legisladores opositores, dirigentes gremiales, integrantes de la AMIA y de la colectividad judía, y hasta a un familiar del propio Macri– pero es un error conceptual y metodológico destacar sólo el aspecto ilegal de esas prácticas. Poner en foco la ilegalidad reduce la comprensión del fenómeno denunciado y que ahora será investigado. No estamos ni frente a la ilegalidad total ni a formas de inteligencia ilegal. Si desde junio de 2016 la AFI llevó a cabo prácticas de espionaje desde una computadora de ese organismo y si esas tareas no fueron ordenadas por un magistrado (es decir, se llevaron adelante sin una orden judicial), sino que fueron dispuestas por alguna autoridad de la propia estructura de inteligencia, entonces se trata de inteligencia (i)legal. Con “(i)legal” quiero expresar el sentido de la manifestación de una cosa que se da en otra que es (o debería ser) su opuesto. También en este caso estamos frente a un emergente más de una práctica mafiosa propia de la cultura macrista. Mafia es la permanente manifestación de un principio estructurante: el de ilegalidad ubicado dentro de todos los tejidos (in)imaginables de la legalidad.

Buenos Aires, 2 de junio de 2020

*Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET

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Por Rocco Carbone*

(para La Tecl@  Eñe)

Vicentín

Vicentín es una Sociedad Nacional radicada en Avellaneda, norte de la provincia de Santa Fe. La sociedad familiar se inicia en 1929 y en sus inicios se trata de un comercio modesto de acopio y ramos generales. 1929 es un año clave en términos nacionales y mundiales, muy parecido al 2020, al menos en términos económicos, pues estalla el crack (que como ahora pone en evidencia la fragilidad del capitalismo) y se produce la caída de Wall Street. Su contrafrente mundial es la llamada Great Depression. En ese entonces en la Argentina se asiste a una desvalorización de la producción agrícola y ganadera, el valor de las exportaciones cae vertiginosamente, hay quiebras en masa, reducciones salariales y lxs empleadxs públicxs durante meses no reciben sus haberes. Esa crisis afecta a todos los sectores sociales nacionales. Las vacas de las clases señoriales no tienen salida, pero los sectores más castigados, como siempre, son lxs obrerxs, lxs empleadxs y el proletariado rural. En ese contexto de desastre Vicentín abre sus puertas. Y en esta gran crisis pandémica parecería completar su ciclo. De paso, si la pandemia nos muestra algo ese algo son tres emergentes, al menos: el tamaño de la desigualdad internacional, la extensión de la precariedad laboral, y la existencia de políticxs que voluntariamente presentan la vida de grandes sectores sociales como prescindibles y descartables.

Volviendo a Vicentín, en 1959 se funda la sociedad anónima (S.A.). Algunos años más tarde, activa una planta desmontadora de algodón y una fábrica de aceite, esto es: una molienda de semillas de algodón, lino y maní. En 1966 la firma incorpora en su planta de Santa Fe el proceso de extracción por solventes, y así aumenta exponencialmente su producción. Es en pleno Onganiato que se inserta de lleno en el sector agroindustrial. En 1979, en San Lorenzo, Vicentín pone en marcha una planta de molienda de soja y girasol, y en Ricardone activa nuevas plantas desmontadoras de algodón. En la última dictadura desaparecen 22 trabajadores, señalados por la propia patronal. Esto quiere decir que su fortuna en parte se amasa “sobre la sangre y los derechos de sus obreros, sobre las libertades gremiales de sus delegados, el espionaje y la persecución de sus trabajadores, la corrupción planificada de los representantes sindicales. Por lo menos 22 obreros, entre ellos los 14 delegados de sección, fueron secuestrados entre enero y noviembre de 1976, muchos de adentro mismo de la fábrica, señalados por el jefe de personal, en autos de la patota cuya nafta pagaba la patronal, con telegramas de despido coordinados con el ejército mientras estaban desaparecidos. La empresa Vicentín fue cómplice de la represión de los trabajadores y su complicidad e instigación de delitos de lesa humanidad, para asegurarse obreros dóciles, obedientes y familias aterradas”. Este es un extracto del trabajo de lectura imprescindible de Ana Fiol, “La empresa Vicentín y el terrorismo de Estado”[1]. En 1982 Cavallo estatiza la deuda privada y 2 millones de dólares de deuda de Vicentín pasan a ser del Estado, esto es: empiezan a cargar sobre los hombros de la clase trabajadora argentina. En 1985 Vicentín duplica su capacidad de extracción en la planta de Ricardone e inaugura su propia Terminal de Embarque en San Lorenzo. Empieza a tener puerto propio. Y disponer de un puerto significa implementar formas sistemáticas de evasión fiscal. Este momento es importante porque Vicentín empieza a exportar lo manufacturado de aceites, harinas y pellets (material aglomerado o comprimido de diferentes materiales) desde su propio puerto, ubicado a orillas del Río Paraná. En 1997, activa la tercera planta de molienda de soja en San Lorenzo. Y ya en el siglo XXI, con la Algodonera Avellaneda, incursiona en el rubro textil y arma otra planta, especializada en cuestiones de hilandería y tejeduría. Adquiere también el complejo frigorífico FRIAR, tres plantas industriales que procesan carne para el mercado interno y externo. FRIAR cuenta también con 50 locales de venta al público en 15 provincias (de un total de 23). En 2007, pone en marcha Renova, con OMHSA, sociedad controlada de Grupo Glencore. Con este movimiento inaugura la planta más grande de biodiesel del país. En 2008 compra la marca Estrella y empieza a procesar algodón hidrófilo. En 2010 incorpora Molinos Río de la Plata a Renova y junto con OMHSA arma un nuevo puerto y una planta de crushing para generar energía en Timbués (Santa Fe). En cuanto a Renova, se trata básicamente de una empresa extranjera que sirve para distribuir utilidades hacia Suiza y Paragauay. En 2012, Vicentín pone en marcha una planta de bioetanol a base de maíz o sorgo, también en Avellaneda.

Al 31 de noviembre de 2018 las empresas controladas o vinculadas con Vicentín S.A.I.C. son 20: Río del Norte S.A. (año inicio actividad: 1993; ubicación: Reconquista; actividad: portuaria), Vicentin Paraguay S.A. (2005; Paraguay; comercio de granos), Vicentín Europa S.L. (2005; Madrid; Comercial), Oleginosa San Lorenzo S.A. (2004; Avellaneda; Oleaginosa), Diferol S.A. (s. f; Reconquista; Inversión), Enav S.A. (2006; sin ubicación; elaboración de jugos), Renova S.A. (2006; sin información de ubicación; biocombustible), Tastil S.A. (2008; Montevideo; comercial), Emulgrain S.A. (s. F.; Santa Fe: Comercial: aceites y lecitinas), Algodonera Avellaneda S.A. (s. f.; Avellaneda; Desmontadora), Buyanor S. A. (s. f.; Avellaneda; Desmontadora), FRIAR S. A. (s. f.; Reconquista; Frigorífico), Sir Cotton S. A. (s. f.; Avellaneda; Desmontadora), Juviar S. A. (2017; sin información de ubicación; elaboración de jugos), Playa Puerto S. A. (2017; sin información de ubicación; orden y pesaje de camiones), Vicentín Brasil Comercio e Exportação e Importação de Cerais ME (2017; Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil; comercialización de granos), Sottano S. A. (2017; Mendoza; elaboración de vinos), Biogas Avellaneda S. A. (2018; Avellaneda; comercialización de biogas), Renopack S. A. (2018; sin información de ubicación; fraccionadora de aceite), Teminal Puerto Rosario S. A. (s. f.; Rosario; portuaria).

Algunos datos relevantes del último quinquenio: en 2015 la deuda que Vicentín tenía con el Banco Nación era de 150 millones de dólares. En 2018 exportó el 87,3% de su producción, mientras que la facturación de la empresa había crecido en un 92,4%, superando el 35% de crecimiento del año anterior y el 66,7% de 2016. Para junio de 2019 era la séptima empresa con mayor factutración en la Argentina. A lo largo de 2019 el Banco Nación le otorgó 24 créditos y 39 préstamos. El 2 de diciembre de 2019 Vicentín le vendió casi el 17% (16,67%) de sus acciones a Oleaginosa Moreno e Hijos (Glencore, que es un trader mundial de granos). El 5 de diciembre se declaró en estrés financiero y en situación de cesasión de pagos. A fin del año pasado, la deuda que había acumulado con el Banco Nación era de 300 millones de dólares, cuando en el período 2015-2018 había expandido vertiginosamente su facturación. Según la AFIP, subdeclaró exportaciones. O sea, cometió un delito[2]. Y el total de la deuda financiera local de Vicentín es de 27.623.318.106,98 pesos[3]. De todo esto desciende que la historia política de Vicentín está cruzada con la historia del gran capital.

El caso Vicentín es mucho más relevante que la resolución 125 que –en 2008, a tres meses de arrancar el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner– elevaba la alícuota de retenciones al sector agropecuario. Más relevante y por ende más peligroso en términos de conflicto social y político. Mientras que la 125 modificaba un porcentaje de la captación de la renta agraria, la expropiación de Vicentín pone en tela de juicio la propiedad de un medio de producción del agro. Al respecto, vale la pena leer las importantes consideraciones de José Luis Livolti, referente del Movimiento Campesino de Liberación (MCL) de Santa Fe en “Se tocan estructuras, se afectan intereses”[4]. Pues bien, si Vicentín no llegara a expropiarse en función de la justa iniciativa política del gobierno del Frente de Todxs, el Estado nacional –fragilizado luego de la pauperizción de la vida implementada por la Alianza Cambiemos– quedaría con menos recursos. Si Vicentín no se expropia habrá una miseria creciente en un país en el que vastos sectores sociales padecen miseria y hambre. El conurbano está explotado, hay ollas emergentes autogestionadas. Valga un ejemplo de esas miserias y hambres: el Consejo Superior de la Universidad Nacional de General Sarmiento –institución de educación superior ubicada a menos de 50 km de CABA– creó el Fondo Solidario de Emergencia Social y Sanitaria, destinado a la compra de alimentos para los comedores que funcionan en su área de influencia. Y Vicentín tiene que ver con la cuestión alimentaria (que por cierto está atravesada por vertientes genéricas), con el cambio en el modelo productivo, con la pérdida de la soberanía alimentaria o en todo caso con el derecho humano a una alimentación sana. Si Vicentín no se expropia la redistribución de la riqueza existente también se verá afectada vertiginosamente. Si Vicentín no se expropia se mantienen intactos los privilegios de una minoría explotadora y exportadora, implicada en este caso en delitos de lesa humanidad. La manera de minimizar esos privilegios es la expropiación, que implicaría un movimiento –por mínimo que sea– hacia la igualdad.

Para generar la intervención y posterior expropiación de Vicentín –luego de un necesario debate en el Parlamento nacional–, no basta la iniciativa del gobierno nacional ni de un Presidente en permanente estado pedagógico. Más bien: es imperiosa la unidad política del movimiento popular, un debate público sobre la cuestión de la expropiación y la recreación de la idea de movilización social, en un momento en el que la puesta de cuerpos militantes en la calle es una imprudencia. Se vuelve un imposible en este instante de torbellino pandémico, en el cual una porción mayoritaria del pueblo argentino ha hecho propio el sentido de la defensa de la vida. Y con todo es inevitable pensar cómo movilizarnos en este contexto.

Auscultaciones ilegales-de-Estado

Mientras tanto, la derecha vernácula piensa en la cuestión Vicentín y agita las figuras de “atropellos institucionales” y “retrocesos institucionales”. Presentan la intervención y eventual expropiación de Vicentín como inconstitucional e ilegal y además agitan la idea de que el gobieno del Frente de Todxs pretende quedarse con todos los sectores productivos. ¿La mafia vernácula pone la lupa sobre Vicentín para tapar la cuestión de las escuchas cambiemitas? Pues no, pretende ocultar algo más grave: el emergente más visible, por ahora, del Estado mafioso que el gobierno de la Alianza Cambiemos activó en la Argentina entre 2015 y 2019. Las formas de la auscultación macrista responden a la lógica de la inteligencia interior con fines privados, esto es: en beneficio de una facción política. Y usar bienes comunes, del Estado, en beneficio particular es un delito (como subdeclarar exportaciones) que como tal debe ser perseguido por el Estado de derecho.

Cuando la cadena lógica articulada por las legalidades propias del Estado de derecho se quiebra, porque en sus tejidos se manifiesta alguna forma de la ilegalidad, entonces aparece el espionaje macrista: un espionaje ilegal de Estado. Por medio de la denuncia de Cristina Caamaño –interventora de la Agencia Federal de Inteligencia– descubrimos que una parte de los servicios de inteligencia con el macrismo se “reperfilaron” para dedicarse al espionaje interno de opositorxs políticos, científicxs, académicxs, intelectuales, hombres de la Iglesia, cuadros políticos propios, propagandistas ideológicos encuadrados en las filas cambiemitas, presxs políticxs y familiares del ex presidente de la Nación, sin que mediara orden judicial alguna. El primer listado de direcciones de mails de los personajes espiados apareció en una computadora de la AFI. Para la propia interventora, hubo un “proceso sistémico de inteligencia ilegal”. “En la AFI, la actual interventora, Cristina Caamaño, encontró una computadora donde se había borrado todo, pero se borró mal el hackeo de 88 correos electrónicos: eran cuentas de organizaciones kirchneristas, pero también del radicalismo. Igualmente […] se encontraron investigaciones, más profundas y menos profundas, de los periodistas que cubrirían la cumbre del G-20, clasificándolos de acuerdo a su sintonía con el gobierno de Macri”[5]. Estos tipos de procedimientos más que inteligencia ilegal muestran más bien formas integradas de legalidad e ilegalidad. Estamos frente a otra madeja mafiosa que está siendo desenredada de manera dispersa en 12 causas judiciales distintas. Las mafias son organizaciones criminales secretas que configuran sistemas de poder. Y la relación con el poder constituido es un elemento constitutivo de la ‘Ndrangheta: la mafia calabresa. La externalidad de la ‘Ndrangheta, su ilegalidad digamos, va permeando progresivamente el poder, la legalidad, hasta teñirla y hacerla funcionar con su propia lógica. Si estuviéramos frente a una manifestación estética podríamos hablar de grotesco, dado que es un hallazgo que tematiza elementos de índole distinta y contradictoria, que se mezclan. Pero aquí estamos frente a un fenómeno social y político en el que legalidad e ilegalidad conviven.

Luego de la denuncia de la titular de la AFI empezó a hablarse de “espionaje ilegal”, “proceso sistémico de inteligencia ilegal”, “producción de inteligencia ilegal”, “aparato de ilegalidad total”. Y los medios de comunicación, incluso aquellos progresistas con un sentido ético, empezaron a repetir esta falacia. Desde ya, estamos frente a un hecho de extrema gravedad institucional –que el macrismo había implementado incluso a nivel de CABA cuando en 2009 espió a funcionarixs, empresarixs, legisladorxs opositorxs, dirigentes gremiales, integrantes de la AMIA y de la colectividad judía, y hasta a un familiar del propio Macri– pero es un error conceptual y metodológico destacar sólo el aspecto ilegal de esas prácticas. Poner en foco sólo la ilegalidad reduce la comprensión del fenómeno denunciado. No estamos ni frente a la ilegalidad total ni a formas de inteligencia ilegal. Sino frente a operatorias de una legalidad-ilegal, por más paradójico que parezca. Desde junio de 2016 la AFI llevó a cabo prácticas de espionaje desde una computadora de ese organismo. Y esas tareas no fueron ordenadas por un magistrado (es decir, se llevaron adelante sin una orden judicial), sino que fueron dispuestas por alguna autoridad de la propia estructura de inteligencia. Entonces, se trata de inteligencia ilegal llevada a cabo por servicios legalizados por el Estado conducido por la Alianza Cambiemos. Estamos frente a una manifestación mafiosa, del doble Estado oculto enquistado en las fisuras del Estado de derecho. Cuando hablamos de mafia nombramos tres planos que se intersecan:

1. organización de la estructura represiva +
2. organización de la teoría de la información y la comunicación (telecomunicaciones, medios y servicios de inteligencia) +
3. instauración de la economía criminal (legal e ilegal).

Ese doble Estado oculto es una suerte de realidad secreta que cuando se anuda con los tejidos vivos y activos de la legalidad institucional crea fricción con el poder constituido y genera para-estatalidad, para-economía, para-legalidad. Es el Estado de derecho trenzado con el Estado de excepción. Ese entrelazamiento produce un nuevo código: el Estado mafioso. En este sentido, cuando digo que las escuchas macristas son (i)legales quiero indicar que se balancean sobre el filo sutil que separa la legalidad y la ilegalidad. Articulan un organismo cuya operatoria vuelve opaca e indistinguible la separación de lo legal y lo ilegal. Con (i)legal quiero expresar el sentido de la manifestación de una cosa que se da en otra que es (o debería ser) su opuesto. El concepto de ilegal se usa para hacer referencia a todo aquello contrario a lo establecido por la ley, el Estado. Todo lo que contradice o no respeta la ley, el Estado, es ilegal. O, dicho de otro modo, no es legal. Pero cuando es el propio Estado el que emite una señal que va en contra de la ley –porque ha sido copado por un doble Estado oculto– estamos entonces frente a una ilegalidad de Estado, a una “ilegalidad legal”, a una forma mafiosa de activación política. El caso de las escuchas representa un emergente de una práctica mafiosa propia de la cultura ‘ndranghetista-macrista. Mafia es la permanente manifestación de un principio estructurante: el de ilegalidad ubicado dentro de todos los tejidos (in)imaginables de la legalidad.

Esa trama dialógica y ese equilibrio sutil entre lo legal y lo ilegal se manifiesta en los contactos entre el falso abogado Marcelo D’Alessio –espía oficial y extraoficial, argentino y extranjero, supuestamente vinculado con la Drug Enforcement Administration (DEA), factotum de las posiciones de Cambiemos en temas de seguridad y defensa en los medios de comunicación, conocedor del crimen organizado, operador de la violencia privada– y Carlos Stornelli, el fiscal federal del caso de las fotocopias de los cuadernos. Por otra parte, la banda D’Alessio estaba integrada también por los dos ex comisarios, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk –que mediaban entre D’Alessio y Arribas, el titular de la AFI macrista–, el espía Rolando Hugo Barreiro y el periodista Daniel Santoro, sospechado de llevar a la tapa de Clarín las informaciones proporcionadas por el propio D’Alessio, obtenidas por medio de procedimientos extorsivos. Esa organización no se ocupó sólo de la extorsión a un empresario (Pedro Etchebest), sino de muchas extorsiones a expensas de otros empresarios, coacciones, armados de causas y declaraciones falsas, espionaje comercial de empresas petroleras, hasta llegar al espionaje del ex marido (Jorge Christian Castañón) de la actual esposa de Stornelli. Además de Etchebest extorsionaron a Mario Cifuentes, Pedro Erasmo Barreiro y Víctor Palomino Zitta, al aduanero Gabriel Traficante, llevaron a cabo un acto de coacción en contra del ex gerente de la petrolera PDVSA en la Argentina, Gonzalo Brusa Dovat, con el objetivo de que implicara en actividades irregulares a funcionarixs del último gobierno kirchnerista, prepararon cámaras ocultas contra los abogados Javier Landaburu y José Manuel Ubeira, participaron en el armado de la declaración falsa del empresario y financista Leonardo Fariña, y espiaron al ex gobernador radical de Corrientes, Ricardo Colombi. D’Alessio y compañía se dedicaban también al rubro del lavado de dinero. El falso abogado ofreció sus servicios en operaciones de ingeniería financiera que llevó a cabo con una organización criminal: el grupo “Buenos Aires”, integrado por el propio D’Alessio, su jefe Ricardo Bogoliuk, Pablo Bloise y Marcelo González Carthy de Gorriti. Ese grupo tiene la configuración de una estructura intermedia que facilitaba maniobras financieras trasnacionales por cantidades sorprendentes de dinero. Con esta estructura está vinculado también otro personaje: Aldo Eduardo Sánchez, argentino nacido en Totoras (provincia de Santa Fe), con pasaporte italiano. Esta organizción tenía el objetivo de colocar fondos de origen ilícito en cuentas offshore con la finalidad de reinsertarlas luego en los circuitos legales. Es más, simulaba negocios legales relacionados con inversiones en infraestructura, obra pública y viviendas como pretexto para ocultar actividades financieras ilegales. Este es otro ejemplo de la convivencia de la ilegalidad con la legalidad.

El escurridizo contacto entre lo legal y lo ilegal ha sido identificado también por el Juez de Lomas de Zamora, Federico Villena. El 30 de junio emitió una orden de captura de 22 sospechosxs implicadxs en la cuestión de las escuchas. En la causa 14149/2020, caratulada “Melo Facundo y otros s/asociación ilícita y otros” declara que: “Se investiga […] a una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y/o empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520 […]. En efecto, se destaca que algunas de las maniobras habrían consistido en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, o por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas en cualquier esfera de acción, y/o con el objeto de influir en la situación institucional, política, social, económica, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o asociaciones o agrupaciones legalmente constituidas” (p. 3)[6].

Estas consideraciones remiten a la detención de Jorge “El Turco” Sáez (ex inspector de la Policía de la Ciudad y ex agente del Servicio Penitenciario), Facundo Melo (abogado y ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia), Leandro Araque (ex policía de la Ciudad), María Belén Sáez (hija de Jorge), Diego Dalmau Pereyra (Director de Contrainteligencia de la AFI durante el gobierno cambiemita, sucesor de Stiuso, oficial militar, profesor en la Escuela Nacional de Inteligencia, implicado en los seguimientos de la actual Vicepresidenta), Emilio Matta (agente de la AFI que se ocupaba de las tareas de espionaje en el Instituto Patria y de los seguimientos de Florencia Macri), Andrés Patricio Rodríguez (vínculo entre la organización criminal “Super Mario Bros” y el Servicio Penitenciario), Daiana Romina “Bucky” Baldassarre (agente de la AFI, ahijada de Sáez, implicada en los seguimientos de Nicolás Massot y de Florencia Macri), Denisse Aya Tenorio (ex agente de la AFI que se ocupaba de espiar a los detenidos en la cárcel de Ezeiza, sus abogados, familiares para luego transmitir las informaciones a la AFI) y Susana Martinengo[7]. Ésta última –Coordinadora de Documentación Presidencial en la Era Macri– recibía los informes de inteligencia de los servicios (Melo, Sáez y Araque) directamente en Casa Rosada. Es problable que los entregara directamente a Darío Nieto, el ex secretario personal de Macri. Según la fiscal Cecilia Incardona, Nieto “sería uno de los que habría recibido los resultados de las tareas de inteligencia ilegal que desplegaban los agentes de campo”. Además, Martinengo, trabajaba con Macri desde 2007, cuando éste revistaba como jefe del gobierno porteño. Los nombres señalados, entre otros, integraban el grupo de espías “Super Mario Bros”, una organización delictiva que tenía el objetivo de espiar a dirigentes políticxs opositorxs, dirgentes sindicales, referentxs de movimientos sociales, obispos. Incluida Florencia Macri, hermana del ex presidente, y su pareja, el italiano Salvatore Pica. La información recolectada por la organización llegaba a la Casa Rosada y paralelamente a la AFI, a través de Alan Ruiz, Director de Operaciones Especiales de la central, que respondía al titural del organismo: Gustavo Arribas. Anteriormente, Ruiz había sido funcionario del Ministerio de (in)Seguridad conducido por Patricia Bullrich, quien configuró la estructura represiva del sistema de poder cambiemita. Actualmente, Ruiz está detenido por la causa del espionaje a la actual vicepresidenta y está siendo investigado por el Juez Juan Pablo Augé. Acerca de Ruiz, en una nota interesantísima en El cohete a la luna, Alejandra Dandan dice: “Ruiz introdujo a Patricia Bullrich en el corazón de la investigación de la AFI. Llegó a la Agencia recomendado por la ex Ministra a realizar seguimientos a los opositores políticos y a los integrantes del espacio político del gobierno con los que había diferencias internas. Quienes lo conocieron en la Dirección de Operaciones Especiales dicen que le decía jefa a Bullrich”[8].

Pues bien, los medios al hablar de la operatoria de esta organización suelen emplear la figura de “información ilegal”, “espionaje ilegal”, “espías ilegales” y el propio Juez Villena acudió a la figura de la “asociación ilícita” para perseguir un delito. Pero en realidad nos encontramos frente a una asociación mafiosa dado que lo criminal se manifiesta operando dentro del Estado, pues lxs nombradxs ocupaban cargos públicos y lxs que no ocupaban cargos públicos operaban por igual dentro del Estado, que marca los contornos de la ley. Lamentablemente, no es posible acudir a esa figura (asociación mafiosa), propia del derecho penal, porque el código procesal penal argentino carece de ella. Pese a esa carencia, Villena ha identificado su existencia cuando habla de organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, pero para perseguirla recurre a lo que tiene a mano: la asociación ilícita, útil pero deficitaria. En este sentido, sería más que deseable una reforma de ese código para perseguir operatorias evidentemente activas en la vida pública nacional. Dicho de otro modo, el sistema judicial argentino no está preparado para investigar los delitos que cometió el macrismo o en todo caso tiene herramientas frágiles a las cuales acudir.

Otro ejemplo contudente de que estamos frente a una asociación mafiosa, puesto que se manifiesta el principio estructurante de la legalidad incrustada en la legalidad, nos lo ofrece la relación entre Facundo Melo y el narcotraficante Sergio Cristian “Verdura” Rodríguez. Éste señaló a Melo como el hombre que lo reclutó para poner una bomba en el domicidio de José Luis Vila, un ex funcionario del Ministerio de Defensa. Al respecto en la causa que estuvo instruyendo el Juez Villena se declara que “Las presentes actuaciones reconocen su inicio en la declaración indagatoria y sus ampliaciones prestadas por Sergio Cristian Rodríguez en el marco de la causa nro. FLP 141.377/2018 del registro de este Juzgado. De ellas se extrae que el nombrado manifestó que con motivo de instalarse en Villa Sapito para vender estupefacientes se vinculó con una persona apodada “Jugador”, quien a su vez lo contactó con un abogado de nombre Facundo Melo, quien se identificó como miembro de la Agencia Federal de Inteligencia. Entre otras cosas, declaró que Facundo Melo actuó de intermediario entre el nombrado y un policía de la Brigada de Narcotráfico de Quilmes, a fin de que se cerrara una investigación en su contra, por lo cual en el estudio jurídico del agente se habría realizado dicha operatoria. Por último, describió que en otra oportunidad acudió al mismo estudio sito en la localidad de Lanús, donde Facundo Melo le entregó un artefacto explosivo, para que a modo de “susto” lo colocara en la puerta de un edificio sito en la calle Callao de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (p. 3).

Síntesis. La derecha vernácula (ab)usa de la intervención y expropiación de Vicentín no para tapar la cuestión de las escuchas y los espionajes, sino para velar el emergente más visible, por ahora, del Estado mafioso que el gobierno de la Alianza Cambiemos activó en la Argentina en los años de su gobierno. Esto es: una organización criminal –Super Mario Bros– cuyos integrantes formaban parte de un aparato estatal y paraestatal, que extorsionaban, que llevaban a cabo tareas de inteligencia, que estaban vinculados con el Servicio Penitenciario Federal (particularmente con el penal de Ezeiza, Melchor Romero y posiblemente Marcos Paz) y que tenían vínculos con altas representaciones del Estado: el Ministerio de (in)Seguridad y, acaso (aún está por demostrarse), con la propia Presidencia de la Nación entre 2015 y 2019. La cuestión de las escuchas remite menos a las escuchas que a la existencia de un sistema criminal integrado. La mesa judicial de Macri[9], los espionajes, las persecuciones son parte de una misma operación mafiosa: de ese sistema criminal integrado. En este sentido, no sería irrisorio unificar las causas (existen 12 causas judiciales distintas sobre la cuestión de las escuchas, cosa que indica cierto grado de sistematicidad y responsabilidad política) para que avancen y para que no haya destrucción de pruebas. Y tener presente una reforma del código penal.

Referencias:

^[1]https://www.enredando.org.ar/2016/04/27/la-empresa-vicentin-y-el-terrorismo-de-estado/?fbclid=IwAR3muTKS_mEoHgzOJUQugz4d_BPpZSKkantH37ZqmDrj0IAbY72qIJ732kU (27/4/2016).

[2] Esta recostrucción fue posible gracias a los materiales que me proporcionó el diputado de la Provincia de Santa Fe –por el Frente Social y Popular– Carlos del Frade. Esos materiales fueron elaborados por el propio Del Frade y por la Comisión de Información y seguimiento de la Empresa Vicentín S.A.I.C. de la Cámara de diputados de Santa Fe.

[3] Según el Informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Vicentín S.A.I.C. Auditoría de corte como consecuencia de la Intervención dispuesta por el DNU no. 522/20, junio 2020.

^[4] https://www.pagina12.com.ar/274173-se-tocan-estructuras-se-afectan-intereses (24/6/2020).

[5]Raúl Kollmann e Irina Hauser, “Cómo funcionaba la red de espionaje macrista”, https://www.pagina12.com.ar/275289-como-funcionaba-la-red-de-espionaje-macrista (29/5/2020).

^[6] El 3 de julio el Juez Villena fue apartado de la causa. El camarista federal de La Plata Roberto Lemos Arias dio curso al planteo de varios espías imputados. Estos pusieron en duda la imparcialidad de Villena: “los ex espías […] elaboraron informes, con tareas que habrían sido habilitadas desde el juzgado de Lomas de Zamora. La otra causa es aquella en la que el propio juez Villena había ordenado la intervención de teléfonos públicos del penal de Ezeiza, cuando investigaba al narco Mario Segovia y a una organización que producía explosivos” (Irina Hauser, “El juez Federico Villena fue apartado de la causa por el espionaje ilegal macrista”, https://www.pagina12.com.ar/276241-el-juez-federico-villena-fue-apartado-de-la-causa-por-el-esp, 3/7).

[7] La nómina completa de lxs integrantes de la organización criminal “Super Mario Bros” se pueden encontrar en los excelentes trabajos de Sofia Caram en Página/12, especialmente en “Espionaje ilegal: uno a uno, quiénes son y qué hacían los detenidos”, https://www.pagina12.com.ar/275719-espionaje-ilegal-uno-por-uno-quienes-son-y-que-hacian-los-de (1/7/2020).

[8] “La super María Bros”, https://www.elcohetealaluna.com/la-super-maria-bros/ (28/6).

[9] “las reuniones en un gobierno para determinar las estrategias judiciales no constituyen un delito en sí mismo, pero la cuestión es que aquella mesa parece que fue el puente de mando de operaciones ilegales. En las reuniones se sentaban a veces el propio Macri, siempre Arribas, el titular de la AFI; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahiques; el exjefe de asesores, José Torello; el operador Pepín Rodríguez Simón, a veces el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a veces el amigo presidencial y también operador, Daniel Angelici, casi siempre el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y para las operaciones contra los Moyano, el exministro de Trabajo, Jorge Triacca”, Kollmann/Hauser (29/6/2020).

Buenos Aires, 5 de julio de 2020

*Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET

La entrada Vicentín y las auscultaciones mafiosas – Por Rocco Carbone se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Rocco Carbone*

(para La Tecl@ Eñe)

A los amigxs de Intemperie

En la pelota de Maradona por un instante dramático y fugaz estuvo el movimiento campesino del Sur de Italia. También la bronca histórica y la voluntad de liberación (de revancha) de ese movimiento. O incluso lo digo mal: estuvo concentrada la questione meridionale sobre la cual reflexionó largamente Gramsci.

Desde 1861 -año de la unificación italiana y formación del Reino de Italia-, las regiones del Sur de Italia fueron construidas por el Estado unitario como lugares lejanos, relegados y atrasados, tendencialmente campesinos, mercado colonial para los productos de las industrias septentrionales. Esa es la questione meridionale. Esas dos palabritas indican el conjunto de “problemas” constitutivos del Mezzogiorno. “Problemas” que el propio Estado unitario no supo resolver y que puso bajo el signo del estigma. O incluso lo digo mal: estigmas que esa conspicua franja de tierra que va de Napoli a Palermo arrastra hasta hoy por una insuficiencia de la acción del Estado. “Problemas” sintetizables en un menor desarrollo económico, un sistema de relaciones sociales diverso y “atrasado”, un desarrollo “débil” de distintos aspectos de la vida social, la decadencia de la vida administrativa y de los sistemas de poder locales, la indigencia de las masas populares, hasta una elaboración lingüística y cultural “precaria” (debido al uso difundidísimo de los dialectos por sobre la lengua nacional) respecto de las regiones centro-septentrionales. El Sur de Italia fue y es el otro permanentemente en falta.

Desde 1880, a un Mezzogiorno persistentemente agrícola-comercial se contrapone una Italia septentrional sensiblemente industrializada. Además, entre 1880 y la Primera Guerra Mundial las grandes mayorías minorizadas por el Estado italiano dieron lugar a la más grande emigración de masa que la historia del Sur recuerde. Es por eso mismo que en el Martín Fierro aparece el personaje del papolitano: “Era un gringo tan bozal, / que nada se le entendía, / ¡quién sabe de ande sería! / Tal vez no juera cristiano, / pues lo único que decía / es que era papolitano” (142). En el ámbito del pensamiento meridionalista intelectuales que trataron las distintas velocidades, geográficas, sociales, económicas, culturales y lingüísticas fueron Fortunato, Nitti, De Viti di Marco, Einaudi, Salvemini. Éste sostenía que una lucha en unidad entre obreros del Norte y campesinos del Sur hubiera podido quebrar el bloque político-social conservador y proteccionista constituido por los industriales del Norte y los latifundistas del Sur, que afectaba tanto al Mezzogiorno como a la economía nacional. Luego de la Primera Guerra Mundial, el Partido Comunista Italiano volvió a proponer la estrategia de una lucha en unidad entre los obreros del Norte y los campesinos del Sur. Gramsci retomó las reflexiones de Salvemini, pero reubicándolas en la concepción revolucionaria marxista del PCI. La reforma agraria fue concebida como una herramienta para dar impulso al proceso revolucionario de las estructuras sociales y políticas de la sociedad meridional y nacional. Luego vino el fascismo y el Musso, y la historia de Gramsci es conocida. Esa etapa política infausta de la historia italiana clausuró la questione meridionale y el problema del Sur de Italia fue subsumido en la expansión colonial y en la intensificación de la producción agrícola. Luego de la Segunda Guerra Mundial la reforma agraria pasó a un segundo plano. En la Italia post fascista, el Estado democrático conducido por la Democracia Cristiana optó por una intervención “extraordinaria” sobre el Mezzogiorno a través de leyes especiales e instituciones focalizadas para su aplicación (como la Cassa per il Mezzogiorno). Esas políticas no lograron declinar la brecha entre las dos partes constitutivas del país y la interrupción de esa intervención condenó a las regiones meridionales a un estado de “inferioridad” análogo respecto de lo que había suscitado un siglo antes la emergencia de la cuestión meridional.

A partir de la mitad del siglo XX el flujo migratorio del Mezzogiorno se dirigió allende los Alpes, pero también hacia las regiones septentrionales industrializadas. Esa fuerza de trabajo meridional fue esencial para el desarrollo de la industria del Norte de Italia y de la economía nacional en su totalidad. Pero el río de brazos campesinos-obreros que fluía desde el Sur hacia el Norte siguiendo los rieles del tren y que iban a activar la producción industrial de Milano o Torino, una vez convertidos en ojos en Mirafiori, Falchera, Crocetta, Santa Rita, Vigevano o Trezzano, se chocaban con carteles pegados en las fachadas de los edificios que decían: “No se alquila a meridionales”.

De todo esto desciende que el movimiento campesino del Sur se tuvo que tragar su “inferioridad”, su ser en permanente migración, su estar más allá de la civilización, arrojado en la barbarie. Y hasta naturalizamos esa “inferioridad” ¡gracias! a la escuela, que nos contó una historia aderezada por las clases dominantes y que pretendió imponernos una lengua, el italiano, la lengua de Dante, cómo no te das cuenta, pibe, que es mejor que tu dialecto de mierda. Era lo que te hacía sentir la maestra que vivía a la vuelta de tu casa y que en el recreo se despachaba en dialecto con la docente del aula de al lado. El Estado italiano trató de hacernos naturalizar esa “inferioridad”. El Sur de Italia en ese italiano tan elegante se llama Bassa Italia. “Inferiores” también en términos geográficos… Ese estar permanentemente en falta lo encontramos sintetizado en una de las mayores películas de Visconti: Rocco e i suoi fratelli (1960). En unas de las primerísimas escenas una familia pobre del Sur llega a la Milano industrializada y elegante. Son proletarios, i Parondi: muchos hijos, entre ellos Rocco (Alain Delon) y la madre Rosaria. Llegan a Milano en un tren de las Ferrovie dello Stato luego de un viaje eterno en tercera clase, amontonados como ganado guampudo. Tren que era una forma de la estatalidad y su tercera clase, el lugar que el Estado les reservaba a sus ciudadanos no de segunda, de tercera. Al bajarse del tren i Parondi continúan a pie, arrastrando sus bártulos como cartoneros hacia la periferia milanesa. Es tracción a sangre, pues arrastran cansinamente una carreta de dos ruedas. En un momento pasan frente a dos señoras que hablan en un italiano sin interferencias dialectales, como salidas del De vulgari eloquentia y que cuchichean: “¿Viste? ¡Madre mía! ¡África! ¿De dónde vienen? Lucania. Nombre raro. ¿Dónde está? Abajo, en el Sur. Ajá, la tierra de los haraganes”. Visconti resume así la historia de Italia ¿unida?: la de la ignorancia llena de superioridad del Norte próspero e industrializado respecto del Sur campesino y racializado. Ésa es la questione meridionale. Que se sintetiza en que somos los negros de Italia: mal vestidos, malhablados (por nuestros dialectos), con el pelo enmarañado, pobres, demasiado próximos a las formas feudales de la producción agrícola. Entre la “civilización” y la barbarie, siempre caímos de esta parte de la historia.

Hasta que el 5 de julio de 1984 llegó Maradona a Napoli. La identificación fue mutua y vertiginosa. Las calles de los suburbios de los pueblos y las ciudades del Sur de Italia empezaron a cantar: “Sai perché mi batte il corazó? Ho visto Maradó, ho visto Maradó”. Era un migrante: como nosotros. También tenía el pelo enmarañado de los pibes que pisaban las calles de tierra de Fiorito, Catanzaro, Campana, Siracusa o Moreno. Su piel era parecida a la de esos brazos que bajaban de los vagones de tercera clase en la estación de Milano Centrale en los trenes del Visconti comunista. Su cara era la de el Ninetto de Pasolini. Su lengua precaria le hablaba a nuestro uso precario de un italiano atravesado por vibraciones dialectales. Su estatura también era meridional: todos cebollitas. Su forma de vestir también era la nuestra, con esas camisas kitsch, sus toques manieristas, que le confeccionaba Gianni Versace de Reggio Calabria. Esa identificación mutua y vertiginosa fue la manifestación de una alegría desprolija y también de una conciencia colectiva que de disminuido no tenía nada. Y el Sur de Italia, el movimiento campesino, la questione meridionale se sintetizaron como empujadas por un tren bala en la pelota de Maradona y por primera vez una squadra del Sur entró en la A. Hasta ese entonces, nunca habíamos ganado ni un scudetto ni una coppa UEFA. Y con la sabiduría antigua del fútbol suburbano la questione meridionale -que el Estado nacional misteriosamente no había sabido resolver a lo largo de más de un siglo, con lo que nos había arrojado a una condición de “inferioridad”- fue pateada por Maradona. Sus gambetas eran fintas para el hambre, la tercera clase, la marginación social y cultural. Y los terroni rompimos las cadenas. En esas patadas y en la pelota estaba el orgullo de pertenecer a una condición negada por el Estado nacional. Estaba también la rebeldía de una esperanza: de unos sures insurrectos que desde el equilibrio frágil de una pasión pueden decir algo, resolver cosas, legarle a la humanidad un sueño y otras formas vitalistas de la existencia. El gol en contra de la Roma (1985) le recordó a esa ciudad milenaria y de cientos de capas superpuestas que Italia tiene también otras capitales. El gol al Torino (1985) le recordó a esa ciudad que en las fábricas de la FIAT las cadenas de montaje las hacían girar los campesinos de Cefalù, Sciacca, Canicattì, Figline Vegliaturo, Brindisi y Oristano. Y que los fititos los hacíamos andar nosotros por las calles del país. Los goles a la Juventus (1985, 1989, 1990) le recordaron a la familia Agnelli que no hay empresariado nacional sin obreros de overol que son Luz y Fuerza. El gol de 1986 al Milan fue un terremoto de Napoli a Palermo y también en ese Sur de Italia que estaba en Zürich, Stuttgart, Mónaco, Bruxelles, Liverpool, Toronto o Ituzaingó. En el Mundial de México 1986, cuando Argentina ganó en contra de Bélgica, el Sur de Italia vibró con los 136 mineros que habían quedado sepultados en Marcinelle. El gol al Milan en 1988 fue un desafío del scugnizzo al poder del Norte y al ascenso de Berlusconi que luego, en la década de 1990, significará una de las etapas políticas (menemista) más lúgubres de la historia de Italia. Cuando lo vimos en Forcella gustó menos, pero el mito -y Maradona forma parte de las mitologías mayores de la Argentina y América Latina desde Napoli, Neapolis, la antigua Parthénope, una ciudad de la Magna Grecia fundada sobre el fin de VI siglo a. C.- es eso: niega y afirma, combina vicios y virtudes, mezcla lo más luminoso y el barro y la mafia también está incluida en la questione meridionale.

El mito, que es otra manera de contar la historia, y que combina siempre varias cosas, se escenificaba en su propio cuerpo. Cuántas veces lo vimos con dos relojes, gordo y luego flaco, pasado de  rosca y sobrio. También, en sus formas lingüísticas -desde las delicadezas juveniles en Fiorito filmado en blanco y negro hasta el “Macri gato” de los últimos tiempos-. Argentino y meridionale, como ese otro argentino que tenía tatuado en un brazo, argentino y cubano, y que como aquél, mito y bandera de lucha. Ya apareció en la primera línea de las protestas contra la Ley de Seguridad en Francia. Y ahí se quedará: como lenguaje sagrado, arte popular, rito pagano y poesía.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2020.

*Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET

La entrada MARADONA: MERIDIONE – Por Rocco Carbone se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Rocco Carbone*

(para La Tecl@ Eñe)

En la saga de los golpes de Estado recientes en América Latina, Paraguay cuenta con el oscuro privilegio de haber sido el primer país del Cono Sur en descerrajar un golpe en 2012 en contra de un gobierno popular-reformista. Federico Franco, el Jeanine Áñez paraguayo, asumió la presidencia interina del país con un acto nítido, directamente proporcional al hecho golpista: la represión a la concentración popular que se estaba desarrollando en junio de 2012 en la Plaza de Armas de Asunción. Luego de su interregno, al contrario de lo que pasó hace poco en Bolivia, la hegemonía política fue retomada por el Partido Colorado -con Cartes, el amigo de Macrì primero, y Abdo Benítez después-, que antes de 2008 había gobernado autoritariamente -escamoteando toda inclinación a sostener un sistema pluripartidario- a lo largo de seis décadas, con una dictadura de 35 años metida adentro: el stronato. De esto desciende que en Paraguay la democracia se reconstituyó sobre la base de la violencia que significa un golpe a un gobierno popular y reformista.

Paraguay acaso sea el país más desigual del Cono Sur. El 90 por ciento del territorio cultivable está en manos de 12.000 grandes propietarios. Apenas un ejemplo: Tranquilo Favero, un terrateniente brasiguayo de matriz stronista, es el dueño de un millón de hectáreas de soja y factura unos 1500 millones de dólares al año. Y el 10 por ciento restante se reparte entre 280.000 productores pequeños y medianos. Además, en la medida en que la frontera de la soja avanza, amasa grandes capitales y arroja a la indigencia a las grandes mayorías: se trata de la expulsión de la población campesina. Estos breves ejemplos ponen el dedo sobre una evidencia: una exacerbada presión sobre la tierra. El Estado colorado se organiza sobre un modelo económico concentrador de la riqueza con consecuencias mortíferas en términos de desigualdad económica y social. A lxs desigualadxs el coloradismo les aplica los instrumentos tradicionales del poder político: ejército, policía, poder judicial, burocracia, cárcel y emigración forzada (por eso mismo en Buenos Aires resuenan por la calle las vibraciones del guaraní). El movimiento campesino se resiste a la violencia del Estado colorado y al despojo de tierra por parte de los agroexportadores. Este sistema de cosas en la lengua nacional ha producido una frase socialmente estridente: “campesinado sin tierra”. Tan estridente porque el campesinado vive de la tierra, con la tierra y entonces esas pocas palabras en realidad significan otra cosa: “campesinado sin vida”. Denuncian el poder mortífero sobre un enorme conglomerado social: el movimiento campesino, sujeto para el cual la tierra es un espacio cultural: un espacio de conocimiento del ser humano, un espacio de vida que es espacio ecológico, un espacio social que es político y económico también. El movimiento campesino con la tierra desarrolla técnicas productivas de acuerdo a su forma de ver y entender el mundo. Esa tierra entonces para el movimiento campesino en verdad es un espacio filosófico del cual, en los últimos años, fueron arrancados como yuyos (esto es: desaparecidos), más de 200 militantes sociales campesinos.

El dolor paraguayo es resistido por un ejército revolucionario en pleno siglo XXI: el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Este aparente anacronismo debería ser motivo de una profunda reflexión cultural por parte de las fuerzas populares paraguayas, de parte de las organizaciones de derechos humanos, del sistema de partidos, de parte de una lengua reflexiva nacional y del presidente Abdo Benítez, quien debería escrutar con su gobierno las razones por las cuales en Paraguay existe en la actualidad un ejército revolucionario. La existencia del EPP habla de la violencia sistemática de un Estado sobre el campo popular urbano, campesino e indígena, y de la ineficacia –cuando no inexistencia– del Estado de derecho real en Paraguay. Un ejército revolucionario se organiza cuando un Estado se manifiesta a través de la muerte, de la violación sistemática de los derechos humanos, a través de la violencia y la negación de la vida de los sectores populares. O incluso lo digo mal: emerge cuando el Estado entrena agentes de lucha por la Propiedad contra lxs que no tienen ninguna, ni siquiera la de su propio cuerpo en harapos; cuando a esos sectores se les niega el derecho a un pedazo de tierra, a un hilo de vida digna, cuando se les niega un hilito de educación y de salud, una pizca de ejercicio de los derechos humanos fundamentales que hacen a la vida. El Estado paraguayo cuida los intereses y los privilegios de minorías concentradas: en términos de clase, capitales y negocios. Por eso la emergencia del EPP, que opera en el territorio nacional desde 2006, cuando se manifestó con un ataque a la comisaría de Huguá Ñandú. Y mal seguirían haciendo las fuerzas populares paraguayas, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales, sus emergentes más emancipadores, y el propio Estado colorado en seguir considerando al EPP más un problema securitario que un emergente de una cuestión social acuciante. Sindicar al EPP como una organización criminal-terrorista y perseguirlo con las Fuerzas de Tarea Conjunta de Paraguay -un órgano mixto de militares y policías creado en 2013 para perseguir específicamente a lxs integrantes de esa emergencia revolucionaria- implica activar el signo securitario, que además en siete años no logró articular resultado significativo alguno, excepto el de ajusticiar y desaparecer a menores. Entender al EPP como organización revolucionaria en lucha por el derecho a la vida de un sector abandonado, relegado, denigrado, desaparecido del suelo paraguayo -las grandes mayorías populares, campesinas, urbanas, indígenas- implicaría reconocer una cuestión social de larga data en Paraguay. Es de incumbencia de la más alta reflexión de todas las organizaciones sociales, populares, sindicales, de derechos humanos, políticas, culturales paraguayas, del propio EPP y del Estado colorado (que es responsable de su accionar) considerarla, con vistas a resolverla políticamente.

La consideración del EPP en tanto organización criminal-terrorista a combatir manu militari por medio de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) produjo el 2 de septiembre el muy deshonroso resultado de dos niñas asesinadas. Dos niñas de once años, ciudadanas argentinas: Lilian Mariana y María Carmen Villalba. Los militares tomaron por asalto el campamento de la organización revolucionaria ubicado en Yby Yaú (Concepción) y ajusticiaron a las dos menores, quienes habían viajado a Paraguay para visitar a sus familias junto con Laura Villalba (madre de María Carmen y tía de Lilian) y su prima de 14 años Carmen Elizabeth Oviedo Villalba de 14 años. Posteriormente, las autoridades paraguayas presentaron a Lilian y María Carmen como integrantes del EPP y el propio presidente Abdo Benítez -fiel a su linaje: hijo del secretario privado de Stroessner- encomió al operativo asesino con el calificativo de “exitoso en contra del EPP”. “Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal”, apuntó desde su cuenta oficial de Twitter.

Las dos niñas eran sobrinas de la presa política Carmen Villalba, una de las mayores dirigentes del EPP, a quien en 2010 le asesinaron un hijo de doce años: Néstor Oviedo Villalba. Además de asesinar a las dos menores, hijas de militantes revolucionarios presos, el Estado infanticida paraguayo, hirió a la otra menor, Carmen Elizabeth (conocida cariñosamente como Licha), con una bala en la cadera. Licha quedó aislada junto a su tía Laura en medio de una zona parecida a una montaña maestra, ubicada entre Concepción y Amambay. El 23 de diciembre último, antes de la medianoche, en la zona de Cerro Guasu fue detenida su tía Laura Villalba. El operativo corrió por cuentas de Comando de operaciones de defensa interna (CODI) y la fiscalía la imputó en tanto supuesta integrante del EPP, por terrorismo, asociación terrorista, homicidio doloso en grado de tentativa y violación de la Ley de armas en contra, sin que el Estado paraguayo haya dado prueba a la opinión pública de la supuesta peligrosidad de Laura, quien ahora está encarcelada en un cuartel militar. Según se consignó en una conferencia de prensa convocada en Buenos Aires por Nora Cortiñas hoy a la mañana, Laura está siendo interrogada y hostigada psicológicamente. Pero la pura verdad de este operativo la expresó el capitán de navío Oscar Chamorro, jefe de las FTC en una entrevista de Radio Monumental del 24 de diciembre (https://monumental.com.py/la-lupa/24/12/2020/hermana-de-carmen-villaba-estuvo-en-el-ultimo-enfrentamiento-con-las-ftc/). Ahí el militar sostuvo sin pudor que Laura Villalba es “responsable” de ocuparse de los cuidados de los hijos de la familia Villalba, del “lazo familiar entre el número uno y el número dos de este grupo terrorista” y de “estar saliendo de una zona donde hubo un enfrentamiento”. En Paraguay, como se ve, el Estado puede perseguir a alguien por ser hermana de y a partir del supuesto de pertenecer a una organización revolucionaria, contrabandeada por una lengua desaparecedora como “criminal”.

Con la detención de Laura nos enteramos también de que hace poco menos de un mes unxs campesinxs de Amambay vieron cómo un grupo de la FTC capturó a Licha. Desde entonces se desconoce su paradero. Las palabras de la lengua que usamos tienen el signo de un Estado que además de situarse dentro de la (ir)racionalidad infanticida, nos recuerda las más oscuras prácticas dictatoriales latinoamericanas. Se trata aquí menos del paradigma securitario llevado adelante por el Estado colorado que de una desaparición forzada. Estamos también frente a la lucha de una organización revolucionaria que repone el sentido vitalista de lxs condenadxs de la tierra paraguaya y latinoamericana. El Estado colorado debe ser desteñido a la mayor brevedad por las organizaciones sociales-populares, las organizaciones de derechos humanos, los partidos políticos que defienden el valor indeclinable de la vida, para hacer de Paraguay y de nuestra América un lugar donde la palabra justicia no sea propiedad de unxs pocxs sino la viga maestra de los asuntos comunes de todo un continente. Y mientras tanto una consigna inamovible, propia de una lengua libertaria: aparición con vida de Carmen Elizabeth.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2020.

*Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET

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Por Rocco Carbone*

(para La Tecl@ Eñe)

En 2019 le ganamos al macrismo. A partir del 2020 nos empezó a asediar la pandemia. Además del virus, además del Covid en tanto novedad, la pandemia en términos políticos nos reservó otra tipo de novedad: el movimiento de los libertarios. Ese movimiento está integrado por las magnas figuras cambiemitas. Uno de sus lugares de reuniones es el Obelisco. Uno de los grandes símbolos de la vida política de la ciudad. Es un símbolo fálico pero, quizá, sobre todo, es un símbolo de circulación. No es la Plaza de Mayo donde íbamos para quedarnos. Y luego, cuando nos íbamos dejábamos nuestros signos, nuestros restos: las huellas de la politicidad popular. El Obelisco en cambio es tránsito, movilidad, circulación, implica los cuatro puntos cardinales. Implica la apertura de la Argentina hacia el mundo, como le gustaba decir a Macri, puesto que la calle Corrientes desemboca en el río. Y el río, la mal llamada hidrovía, es una especie de desemboque de la Argentina hacia el mundo. Quiero decir que los libertarios han elegido bien su centro de reunión porque la circulación, el tránsito son la negación de las restricciones. Son la negación a esas restricciones cuyo signo profundo es el cuidado de la vida y sobre todo el cuidado de la vida popular. Y hoy la vida es el principal valor a defender.

Además, los libertarios levantan las banderas de las formas más descarnadas del individualismo capitalista de la vida, se apropian de una de las grandes tradiciones de lucha y emancipación: el anarquismo. Cuando en la Argentina decimos anarquismo decimos Di Giovanni, decimos Radovitzky, decimos la Patagonia rebelde, la semana trágica, decimos Osvaldo Bayer, decimos también el nombre de las facturas de las panaderías. Los libertarios al decirse libertarios mancillan esta tradición y mancillan unos de los grandes signos de las luchas populares.

Y cuando los libertarios se juntan, disputan un sentido común tensando entre las restricciones -el cuidado de la vida- y la libre circulación, las libertades individuales, el “que se mueran los que se tengan que morir”. Y ese movimiento no se verifica solo en la Argentina sino también en el mundo globalizado.

En Madrid no ganó Isabel Díaz Ayuso y el PP. Ganó el sentido común de los libertarios. El sentido común de la apertura contra las restricciones del PSOE en el gobierno nacional. En Madrid ha ganado la crueldad. En Colombia esa misma crueldad está desparramada por las calles.

En Madrid además está la terminación nerviosa central de la Fundación Internacional para la Libertad que preside Vargas Llosa y en la que se referencia Macri. Pues bien. si ese sentido común de la crueldad gana aquí, vamos a perder Buenos Aires, vamos a perder la Argentina. Y si va ganando, vamos a perder la tierra como sentido último de la vida.

El fallo de la Corte Suprema de inJusticia defiende el sentido común libertario. Defiende el “que se mueran los que se tengan que morir”. Ese fallo, más allá de su juridicidad, significa un golpe, como dijo José Massoni. Un golpe al cuidado de la vida popular. Es un desafío al gobierno y a las fuerzas populares que configuran del Frente de Todxs. Ese fallo afecta también la autoridad del gobierno nacional. Es un fallo que abre una fisura, que plantea una pregunta dramática en la Argentina: ¿qué poder tiene las competencias para tomar medidas sanitarias en un momento de total excepcionalidad? Y por extensión, ese fallo, plantea otra pregunta, aún más dramática: ¿qué poder tiene competencia para tomar medidas políticas, económicas, sociales, educativas, tecnológicas en un momento de excepcionalidad extrema? Ese actor es el gobierno nacional y el signo de sus políticas debe ser popular, no el FMI.

¿Qué debemos hacer para crear un antagonismo político que nos permita hacer de la Argentina un país en el que la democracia sea democrática -revolucionaria-, para que la vida sea vivible y para que la justicia sea justa? La competencia para amasar respuestas a esta pregunta le corresponde al conjunto de fuerzas populares que pueden frenar la disgregación del Estado e interrumpir el sentido común de la crueldad.

Buenos Aires, 9 de mayo de 2021.

*Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET

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Por Rocco Carbone*

(para La Tecl@ Eñe)

Sin nosotros, no somos nada.

Horacio

A través de acotados encuentros presenciales, escrituras profusas, reuniones virtuales más o menos conspicuas empezamos a celebrar un ritual antiguo, milenario, una ceremonia que posiblemente tenga más de 2021 años. Los mitos, los rituales, la poesía siempre, las leyendas, la literatura, la política muestran más a través de lo que encubren que a través de lo que declaran. Y desde el martes 22 de junio en los encuentros colectivos virtuales (que capturan a cada cual en una imagen individual) o presenciales, con las escrituras y distintas imaginerías elaboramos un rito colectivo, arrojadxs a un tiempo mítico, cuyo primer chispazo se encendió acaso en la explanada de la Biblioteca Nacional: frente a una foto en la que un Horacio que escribe a máquina se parece a Viñas, una bandera argentina zurcida por las Madres y otra imagen de un acto militante multitudinario de antaño. El poder de los mitos, de las formas de los rituales, de la calidad emotiva de la lengua son dimensiones que Horacio habitaba. Nos enseñó a considerarlas con delicadeza, puesto que nos ponen en contacto con una sensibilidad política, social, crítica, artística: una sensibilidad barrial, popular, amistosa, argentina y latinoamericana.

No existe otro país como la Argentina. ¿Y qué es la Argentina? Acaso un lugar, tal vez una geografía movediza y aún en disputa con un imperialismo tardío. Tengo por mí que la Argentina es una idea: habitada por personas como Horacio. Los mitos, los ritos, la calidad emotiva de la lengua constituyen una actividad que socialmente nos cohesiona (incluso atravesadxs por la virtualidad), que nos pone en estado de comunidad. La celebración ritual intensifica y desborda la experiencia individual. De las escrituras que estamos leyendo, desparramadas por distintos vericuetos -hay uno corto y precioso de la Asociación Taxistas Capital: la recuperó Américo Cristófalo en el último encuentro de la 18 de Mayo-, de fotos a colores y en blanco y negro (hay una de un Horacio veinteañero en un potrero de Fiorito: llegó de la mano de Alexia Massholder) y videos que resurgen de la galera de otras Argentinas, de encuentros presenciales tímidos y un poco esquivos, de otros más o menos masivos en plataformas pergeñadas en Silicon Valley, de todo eso surge una “comunidad de pensamiento” (son palabras de mi amigo Diego Conno). Una comunidad de trabajadorxs, de militantxs, de conversadorxs: de parlanchinxs. Una gran comunidad horaciana, una experiencia colectiva que trata de retener a quien ya no es y que no dejará de seguir siendo.

Los cuerpos, en los actos rituales, en las ceremonias, incluso cuando son mortuorias, se cargan de belleza. Es la experiencia comunitaria de la celebración ritual que nos inviste de belleza. De una belleza horaciana. Belleza dotada de una sonrisa tibia, como dijo Hebe, una belleza que leía la vida política y la vida cultural del presente y las hacía latir en la belleza dramática de una memoria histórica de luchas. Horacio siempre ubicaba esas dos bellezas en una forma emotiva de la lengua: en una lengua mítica. Y el vínculo entre Horacio y el mito ha sido señalado por otro amigo, Eduardo Rinesi, en un texto muy bello que está en la Agencia Paco Urondo.

De Horacio se han dicho muchas cosas. Se lo ha recordado como el último romántico nacional y popular, como el último cookista. Tal vez todo eso sea cierto. Creo otra cosa: que se nos fue un revolucionario. Hace poco, Horacio escribió sobre Alcira Argumedo en La Tecl@ Eñe y recordó a Oscar Masotta. Rememoraba que éste decía que las izquierdas tenían que tomar temas, cuestiones, palabras de las derechas. Aludía al texto “Roberto Arlt, yo mismo”. Masotta ahí habla de la idea de destino. Del uso exclusivo que la derecha hace de la idea de destino. Y sugiere que la izquierda tiene que arrancarle esa idea a la derecha. Ahí desfila Marx elogiando a Balzac, escritor monárquico, y también Trotsky polemizando con un comité literario soviético que consideraba a Dante como un escritor de la etapa mercantilista. El comisionado del pueblo para el Ejército Rojo le recordaba a ese comité que había que observar los valores culturales permanentes de Dante. Pues bien, en la Argentina del siglo XXI es más bien la derecha que se apropia de temas, de palabras, de conceptos, de lugares propios de la izquierda: la calle, la movilización, la libertad, la revolución. Recordemos la tan mentada “revolución de la alegría”. Tenemos que reapropiarnos de la idea de revolución. En la Argentina la revolución ha sido debatida como una idea de pasado. Hemos caído en esa trampa. Horacio, al revés, nos indicaba con su sonrisa tibia que la revolución social es una forma del presente. Una alternativa al neoliberalismo para salir de la pandemia. La revolución como presente y como utopía. Como alternativa al mundo espantoso que vivimos. La revolución como consigna redentora. La revolución como manera de imaginar el curso que seguirá la historia.

En esta “comunidad de pensamiento” hecha de imágenes, textos, recuerdos, encuentros esquivos y masivos, cohesionada míticamente, brindo para que sepamos mantener entre nosotrxs, ritualmente, la figura de Horacio, de su lengua, de sus gestos amistosos; brindo para que sepamos mantener vivo el fuego gonzaliano. Para que esto dure un poco más, también se ha dicho. Un revolucionario ha muerto, nuestro amigo. Viva la revolución.

Buenos Aires, 26 de junio de 2021.

*Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET

La entrada Che González – Por Rocco Carbone se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Rocco Carbone*

(para La Tecl@ Eñe)

… está por encima de todo lo que habíamos hecho cada uno de nosotros: está por encima y es más importante que cada una de las organizaciones que había aquí […] en sí misma es mucho más importante que todo eso.

Fidel

Nos engañaríamos si pensáramos la unidad como ausencia de pluralidad hacia afuera y la coexistencia de placas sin fisuras ni movimiento hacia adentro. Unidad no es lo opuesto de multiplicidad y pluralidad. En toda unidad se escenifican clivajes, sea una unidad de conciencia, unidad lingüística o de cultura, unidad de tradiciones, sea un único dios (que en realidad es una trinidad), la unidad de la norma aristotélica (de tiempo, lugar y acción) o de un frente político en el que participan fuerzas con una orientación democrática y popular. Si se expresa bajo esta última vertiente, y en la Argentina en lo específico, la unidad es la expresión de la voluntad y la resistencia populares frente al descalabro cambiemita que le fue confiada al Frente de Todxs; y es expresión también de la imaginación de esa mujer que es “un exceso y una necesidad” -como escribió Horacio González-: Cristina. Frente que es de Todxs -sin que sea leído con un implícito signo de propiedad-: la configuración de un conjunto que, aunque formado o derivado de varios elementos o componentes, debería saber enfatizar su condición unitaria y solidaria: unitario y plural incluso en medio de la divergencia, incluso luego de un infortunio que, pese a lo precipitado de un instante de comprensible nerviosismo, puede ser desdramatizado tocando las fibras subterráneas de una estructura que pugna por mantenerse inmodificada. Un acontecimiento sería lograr las transformaciones necesarias en su interioridad para que el Gobierno gobierne para todxs -reponer en los ministerios a las diversas representaciones que no fueron expresadas en listas electorales de las PASO con vistas a liberar la acción gubernamental tratando adecuadamente las cuestiones políticas y sociales propias de un momento excepcional de la historia de la humanidad-, para que recorra un sendero que conduzca hacia una escena menos dilemática, en noviembre. La unidad no puede trastabillar ante un traspié y tampoco puede ser renunciada. Que el Frente es de Todxs significa que la unidad es necesaria absolutamente para concertar sagacidades -y otras paciencias- a manera de dique ante la furia violenta de quienes impiden el avance de nuestros pueblos: en Argentina y en América Latina. La labor de sostener el proceso de unidad le corresponde a funcionarixs dispuestxs a funcionar, a las organizaciones políticas y sindicales, a los movimientos sociales, a lxs ciudadanxs, para seguir sosteniendo metas mínimas e indeclinables: unidad reforzada contra un neoliberalismo ahora arropado por un incipiente fascismo, disponerse a desplegar medidas económicas que atiendan las urgencias populares en vez de privilegiar un acuerdo con el FMI (queda pendiente aún una investigación política de la deuda macrista que descubra y pondere responsabilidades), además de la memoria de una condición humana irresuelta: presxs políticxs arrumbadxs en grutas. La derecha no tiene índole proyectiva (proyecto y proyección), no representa ninguna alternativa, niega la historia argentina en tanto complejo civilizatorio y los sedimentos populares y revolucionarios que configuran la nación democrática. Es naufragio y miseria, sacrificio y explotación. No debe pasar: no podemos permitirlo. En el renunciamiento a la unidad late su mayor y oscuro deseo. El renunciamiento a la unidad abriría las compuertas de la historia para una renovada y enérgica pulverización social.

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2021.

*Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET.

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Por Rocco Carbone*

(para La Tecl@ Eñe)

¿Qué implican la deuda y el acuerdo con el FMI? En principio, aceptar el sistema colonial-esclavista practicado por Estados Unidos, hasta en su propia configuración histórica como nación, y arrojar al pueblo argentino a la condición del esclavx: ser cuyo trabajo jamás generará la plusvalía necesaria para pagar la deuda que carga. Estas palabras -deuda y FMI- arrastran consecuencias de distinta índole. No solo de tipo económico; por eso mismo reclaman discusiones rigurosas. Cualquier decisión al respecto afectará la vida en común, la vida popular, la organización de la sociedad -de la salud, la educación, del conocimiento, de los tratos sociales e interpersonales-, la naturaleza del trabajo (que implica el reconocimiento de una profesión, una identidad social, una ética, un salario adecuado) y la producción, el orden ecológico (las interacciones entre el ser y la naturaleza), las comunicaciones públicas, la acumulación de datos por parte de corporaciones tecnológicas multinacionales que, por medio de “empujoncitos”, determinan nuestras conductas socioculturales on y off line (Google, Facebook, Twitter, Microsoft, etc.: en el centro de Buenos Aires, un graffiti de lo más agudo rasguña una pared con “Google es Macri”), la ciudad (hoy tratada como un territorio refeudalizado, de ingenierías financieras aplicadas a la arquitectura, de producción de plusvalía, segmentado e intervenido según artificios que niegan el patrimonio y la memoria urbana).

Las consecuencias de la deuda, el acuerdo con el FMI y las discusiones complementarias que estas reclaman atañen a la ética y a la política. Si aceptamos que las consecuencias son múltiples -y no sólo de tipo económico- entonces deberán requerir la participación de distintos impulsos organizativos, con grupos de acción diversos dispuestos a involucrarse en amplios encuentros de diálogo y debate ético-político. Dicho de otro modo, el acuerdo no debería construirse a partir de la acción y el trabajo de un Ministerio y del debate en el Congreso. El gobierno -esta palabra debe ser precisada: esa porción del gobierno con inclinación a las grandes discusiones nacionales- podría coordinar las conversaciones que se despliegan sobre el territorio entre las distintas organizaciones y que configuran -acaso precariamente aún- la confluencia de un gran espacio crítico-disidente. Esa coordinación es, bien vista, una oportunidad. Su oportunidad: de recrearse, de demostrar que puede alojar las cuestiones más espinosas e inesperadas, que tiene interés en influir sobre ellas y la disposición para que éstas influyan sobre él. Sería un modo de decir “no” a lo hecho hasta ahora -por el gobierno mafioso macrista, por el FMI, que tiene cuota imborrable de responsabilidad, en cuanto a la deuda cambiemita, por el actual Ministerio de Economía-, un impulso vitalista capaz de señalar que siempre es posible imaginar las cosas de otro modo para escamotear un “camino [que se cree] desconocido”.

Esta oportunidad implica rehacer una lengua pública, habilitarla para que sea atravesada por los pensamientos, las convicciones, las memorias y las temporalidades de lucha de una vastísima comunidad de hablantes dispuesta a habitarla para sacarla del achatamiento del presente. Una lengua pública es la propia militancia popular (hoy desmovilizada y disgregada). Es la propia condición militante. Lengua pública hoy a la intemperie. Que debe instituirse -para deshacerlos- sobre el miedo y la desconfianza: de la pandemia (que aún no ha terminado), de la deuda, de la pulsión fascista (afirmación ratificada por la negación de su intelectual más destacado: Más latón) de Avanza Libertad y ahora, también, de la guerra. Que debe instituirse sobre la base del gran acervo cultural nacional para habilitar la reflexión, el desciframiento de cada momento de nuestra conciencia histórica, en la Argentina a manera de legado para el mundo. Esa lengua es el presente y el futuro del país. Una lengua pública capaz de tratar las cuestiones más inesperadas es la herramienta capaz de construir confianza social, que está fuertemente relacionada con la toma colectiva y pacífica de decisiones y con el compromiso cívico y con la idea de una democracia radical. Si no hay lengua pública se deshace la confianza, se descalabra la autoridad de los valores compartidos y las obligaciones mutuas. Sin lengua pública aviene el silencio, la teoría política (que supo configurar adecuadamente el kirchnerismo y cuyos emergentes más destacables consistieron en bajar un cuadro símbolo del holocausto, sacar al FMI de la Argentina, enfrentar a una parte conspicua del capitalismo concentrado con una lucha sintetizada en una resolución, redistribuir para las clases trabajadoras y construir un relato) es sustituida por una teoría de la (in)comunicación (articulada de momento por el Frente de Todxs), y el vacío que queda es una alerta de una vulnerabilidad social palmaria. La falta de lengua pública abre las compuertas a la confusión, la incertidumbre y la desconfianza interpersonal. Todo esto se corresponde con niveles paralelamente bajos de confianza en la autoridad legítima. Sin lengua pública se determina una oquedad social que será llenada por algún poder oscuro, de esos que parecen hablar un idioma conocido pero que no tienen ningún interés por resguardar la condición popular.

Buenos Aires, 28 de febrero de 2022.

*Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET.

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Por Rocco Carbone*

(para La Tecl@ Eñe)

El poder mafioso vigente en la Argentina, en sus distintos órdenes y rangos, se activa con la lógica de la amenaza. En varias ocasiones debatimos sobre esta cuestión, pero puesto que en esta coyuntura electoral se agrega una nueva capa de sentido a esa lógica ancestral que activa el poder mafioso, volvemos sobre esta cuestión.

El poder mafioso despliega sus acciones criminales sobre la lógica de la amenaza, entre otras tantas formas cognitivas. Esa racionalidad dispone un mecanismo sencillo y no por eso menos efectivo: activar una escena de desorden profundo para proponer un orden. Se estimula a propósito “la ley de la selva” -quiero decir que se crea desorden adrede- y ante el pavor que provoca la amenaza en el sujeto amenazado, se despliega una promesa de orden, acompañada por un ofrecimiento de protección. La protección implica imponer y cobrar un tributo (un impuesto) al sujeto que recibe la amenaza. Esta escena tiene una peculiaridad que la vuelve singular: radica en que las distintas acciones corren por cuenta de una misma agencia: la mafiosa. Esta crea desorden a través de un sistema de amenazas, se postula luego como garante del orden, impone un pago al sujeto amenazado a cambio de protección, se lo cobra, y legitima su poder.

La ley de la selva pugna por imponerse entre nosotrxs: la está desplegando el fascismo tecno de Milei (este nombre debe ser entendido como el índice de una situación cultural amplia), quien promete un gobierno de la muerte. Para que esto último se entienda es preciso tirar del hilito sutil de la aniquilación. La muerte está en la propiedad privada desde el momento histórico en que la caza se propone como hecho. “Si mato ese ciervo y lo incorporo pasa a ser mío”. La acción de cazar (apropiarse de un animal) se extiende luego al territorio de caza demarcado como propiedad privada con un discurso o una cerca. Esa primera acción se prolonga luego en la guerra: todo lo que se vence pasa a formar parte de lo propio. Y sobre esta base se crea un tipo de comunidad y un tipo de nación también. La acción primigenia de la caza se amplía también en el latrocinio. Todos estos actos resultan en un plus de propiedad privada que es insertado en el mercado. Este, entonces, es la expresión de la muerte. Y el Estado constituido sobre la comunidad del aniquilamiento también. Ésta, comprimida, es también la historia del Estado argentino: del Estado reaccionario, oligárquico, clasista, en el que se abisma ese arco histórico tensado entre la campaña del desierto y los vuelos de la muerte.

Con la imaginería infernal del mercado de órganos, Milei plantea el cuerpo -o incluso lo digo mal: la vida– como territorio de caza y despliega la promesa del gobierno de la muerte. ¿Quién es el fascista tecno? Un agente de desorden que despliega una amenaza expansiva sobre la sociedad nacional. Pero esa agencia es más difusa: la integra complejamente un segmento conspicuo del poder judicial. Son los sujetos que aceptan ingresar a ese poder por decreto (esto es: ilegalmente), son los que viajan a lagos escondidos pagados por medios y funcionarios opositores, son quienes responden a los intereses del campo antagonista. Esos sujetos no son empleados. Integran el poder mafioso. Solo un tonto podría creer que pueden autodepurarse de su propia condición. Esos sujetos también son agentes de desorden: intervenir, encimándose al momento de los comicios, en dos provincias demuestra su acción desorganizante. En esa agencia del desorden (ADE) revista también la mediaticidad monopólica tóxica. Desordenan con sus tapas: “la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”; “vía crisis” (acompañada por una crucifixión); “ser pasado”; “diagnóstico final”; “el pacto (para que no vuelva nunca más)” y así. Y en la ADE (HADES en castellano) trabaja en pos del mismo desorden un segmento conspicuo del empresariado: ese que se ocupa de “remarcar la canasta básica”, eufemismo que indica la negación del derecho a una alimentación saludable y, en determinadas clases sociales, a la alimentación, esto es, al hambre.

Si tratáramos de comprender a Milei de manera escindida del campo de fuerzas sociales y políticas del que participa, cometeríamos un craso error. Milei integra una especie de triángulo escaleno -“cojo”, como le decían los griegos, pues sus lados tienen longitudes diferentes- junto con Bullrich y Rodríguez Larreta. Estoy tratando de sugerir que trabajan de modo coordinado. El triángulo es la imagen geométrica de la lógica mafiosa que estoy proponiendo aquí. Si se acepta a Milei en tanto agente de desorden, Bullrich deberá ser entendida como una oferta de orden por ultraderecha y Rodríguez Larreta como otra oferta -“de la misma marca”- por derecha-ultra, contrabandeada como “moderada”. La relación entre estos núcleos encarna la dialéctica desorden-orden presente en la problemática política implicada en el poder mafioso vigente en la Argentina.

El poder mafioso despliega un fascismo tecno fascinante y seductor, cuyo designio es desordenar para autopostularse como garante de orden con dos ofertas que son la misma. El “precio de la paz” se impone sobre toda la sociedad nacional. Ese impuesto se cobrará a través de una elección política con viso democrático: lo es porque la figura de la proscripción está ahí, en estado de disponibilidad, lista para ser activada. Aquí está el secreto de la inteligencia criminal: activar el mecanismo violencia/organización o desorden/orden dentro de las formas de la convivencia democrática. La actividad específica de la empresa mafiosa es la venta de protección sobre la base de un conflicto generado dentro del Estado para dominar el Estado. Estamos ante la simpleza de un mecanismo paradójicamente complejo, que transforma la protección en confianza y a sus víctimas (una sociedad entera) en clientela política. Es la industria de la violencia y la amenaza que funciona inyectando en la sociedad y en el mercado -para que oprima también, a su vez, a la sociedad- dosis calculadas de desconfianza (desorden) y venta monopólica de confianza (orden). El precio se conoce como pizzo (de pizzicare: pellizcar, la parte de un todo sobre la que se interviene) que en la Argentina se pretende recaudar como tributo electoral. El designio es obligarnos en la servicialidad respecto de una lógica de sumisión.

Estos modos procedimentales no son nuevos en la Argentina. Fueron escenificados oportunamente con la fórmula de la “pesada herencia”. Ese concepto se impuso a una identidad política para que amplias clases sociales nacionales la aceptaran como si fuera una cueva de ladrones transgresores de las leyes. Fue escenificada, otra vez, con el magnifemicidio contra la vicepresidenta, que creó una atmósfera de desorden nacional. Y la amenaza constituye una latencia que se extiende sobre la sociedad nacional. Un puñado de minutos antes de que la vicepresidenta diera su clase magistral -“La Argentina circular”- en la inauguración de la Escuela Justicialista, el ex presidente Macri publicó una carta en la que sobrevuela la intimidación, lejos de toda metáfora: “[con las elecciones de 2023] No habrá más años de kirchnerismo, más allá de lo que diga el resultado electoral”.

El poder mafioso vigente en la Argentina, en sus distintos órdenes y rangos, se activa con la trampa de la amenaza. Y la amenaza es una trampa para la conducta. Si una trampa se organiza como invitación a ingresar a un lugar del que no se podrá salir, la amenaza tiende a operar sobre la conducta. La amenaza de desorden, de violencia, busca estimular miedo y este tiene un efecto paralizante. La vicepresidenta sea tal vez el único actor político que no acepta esa racionalidad y entonces los sujetos que integran el poder criminal del que estamos hablando se crispan.

El ADE pretende instruirnos en la aceptación del gobierno de la muerte, de una existencia que nos masacra. Pretende también atrapar nuestras conciencias en su lógica del (des)orden. Ante eso, no aceptar y abrir las compuertas humanas a una ciudadanía compleja, dispuesta a la participación social, a la vocación cultural y política, a ser hombres y mujeres plenas de una comunidad de iguales. Esto es: justa.

Buenos Aires, 15 de mayo de 2023.
*CONICET.

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