Ante el resurgimiento del Estado Gendarme impulsado por el  totalitarismo de las ceocracias, Raúl Zaffaroni plantea la reposición del Estado Fraterno, modelo imaginado por Perón. Siete décadas no pasan en vano y el desafío es el de retomar el reto de entonces y reinterpretarlo en el escenario actual de la nación, de la región y del planeta.

Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Se nos quiere construir mediáticamente un mundo con omisiones –no de lagunas sino de océanos-, fake news y lawfare (o law far), en estricta aplicación del 5º principio de Göbbels (Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar).

Pero por desgracia, incluso la malignidad tiene sus genios perversos y, como no cualquiera es Göbbels, sus principios no funcionan en manos torpes. Tampoco puede obviarse que los aplicaba con viento en popa de factores favorables, como el crecimiento económico alemán después de un cataclismo.

A la larga siempre se impone que la única verdad no sea la posverdad construida, sino la realidad vivenciada, que nos va exigiendo con urgencia pensar en el futuro que nos espera a los argentinos.

Recientemente se ha divulgado un mensaje que, si realmente es auténtico, resulta preocupante: según la versión circulante, alguien invita a que la historia no mire tanto hacia atrás y a “rememorar el futuro”.

 Por cierto que esto no es producto de ninguna profunda reflexión sincretizante de Heidegger y Einstein, pero más allá del dislate, si la historia deja de mirar hacia atrás, por definición deja de ser “historia”, y si el futuro debe “conmemorar”, será porque pretende inventar otro pasado. 

Por el contrario, lo que proponemos es mirar el presente y, con la experiencia del pasado, proyectar hasta donde podamos el futuro o, al menos, las tareas más urgentes que nos reclamará la situación presente para ser superada y para prevenir cualquier eventual reincidencia futura.

Más tarde o más temprano, nuestro Pueblo demandará soluciones a un presente demoledor, que sólo podrán surgir de los canales democráticos, o sea, de los partidos políticos.

En consecuencia, el primer imperativo es cuidar la democracia y, para eso, cuidar la política. Esto significa, ante todo, rechazar la antipolítica, como demolición moral de la democracia, que trata de instalar un nuevo “que se vayan todos”, “todos son corruptos”, “son todos iguales” y similares.

La antipolítica pretende instalar un “no quiero saber nada de política” y, más aún, el “no sé nada de política ni me interesa”, para concluir que de la política “se ocupen otros”, que no son otros que los conocidos de siempre, los que demuelen la democracia.

La antipolítica es una invitación al Pueblo para que deje de ser Pueblo, para que renuncia a su condición de “soberano”, sintetizada en las tres letras del “Nos” mayestático, primera palabra de nuestra Constitución Nacional.  

En los momentos difíciles es cuando se muestra la grandeza, y creemos que ha llegado la ocasión de dejar de lado mezquindades, de perdonar agravios, de postergar ambiciones aunque sean muy legítimas e incuestionables, de recordar errores pero sólo para no volver a cometerlos, de tener presente que el insulto político no tiene la misma entidad que el personal, de alzar banderas para demostrar presencia pero no para dividir, de curar rasguños de luchas menores, de no ceder a la tentación de cualquier oportunismo, de no caer en la trampa de las distracciones y, en definitiva, de cerrar filas, sin ceder singularidades, pero sabiendo que por sobre todas ellas debe ondear la azul y blanca, con su sol bien radiante: la soberanía de nuestro Pueblo y de nuestra Nación.

No se trata de salvar la política por la política misma, sino por la democracia, que implica la soberanía del Pueblo y, por ende, la soberanía nacional, como presupuesto ineludible de una coexistencia en paz con un mínimo de dignidad para todos los habitantes, sin violencia, exclusión, explotación ni discriminación alguna, y para defender la vida, la libertad, la salud, la educación y, en general, el camino de desarrollo humano que debe garantizar todo Estado que sea digno del respeto de su población.  

No es sólo cuestión de cerrar filas para ganar una elección, en una coalición coyuntural que ante el desgaste de una gestión sólo tenga en mira un resultado electoral y nada más. Este objetivo sería inobjetablemente legítimo y válido en otras circunstancias, pero no es suficiente en la presente, porque ahora se impone remontar una regresión grave y, para eso, por lo menos, debe haber una idea o un conjunto de ideas motoras y rectoras.

Tratándose de política, esas ideas motoras no podrían referirse a otra cosa que al Estado, que es el escenario de la política, que ahora cruje. No en vano la antipolítica, desde los tiempos de Martínez de Hoz, quiere “achicar el Estado”, con la tradicional mentira de que eso “agranda la Nación”, cuando en verdad, en el mundo actual significa su entrega a la voracidad de los intereses financieros y a la concentración de riqueza.

Muchos aspectos del Estado deben mover a reflexión y, obviamente, la definición de la agenda corresponde a los canales democráticos de la política, o sea, a los partidos. Lo único que pretendemos señalar en estas líneas es la urgencia del tema y quizá lo que consideramos un núcleo temático que no debería soslayarse.

Es de toda evidencia que algo funciona muy mal en el Estado: un poder ejecutivo electo por una mayoría de menos del 2% de los votos, con mandato por cuatro años, compromete con deuda en dólares el futuro de los presupuestos nacionales por décadas, prometiendo entregar en poco más de un año, un país que, de seguir el actual ritmo de endeudamiento, estaría obligado a pagar por muchos años una suma superior a los 200.000 millones de dólares. Recordemos que el crédito de la Baring Brothers, contratado por Rivadavia, se terminó de pagar en la administración de Perón.

Necesariamente esa suma astronómica será de dinero que no se podrá destinar a salud, educación, caminos, infraestructura productiva, desarrollo regional, etc., con el consiguiente costo de vidas humanas por atención selectiva de la salud (especialmente de niños y tercera edad), violencia por incentivación de conflictividad interna, deterioro de la previsión, aumento de delitos contra la propiedad, inseguridad laboral y accidentes viales, entre otras cosas.

Es indiscutible que quien gana una elección debe gobernar, aunque gane por un voto, pero debe hacerlo dentro de los límites que le impone la legalidad. Una democracia que permita que una mayoría coyuntural, por haber ganado una elección, pueda ejercer un poder ilimitado, no es el modelo de democracia que defendemos todos cuando invocamos esa palabra, sino que abusa de la palabra para encubrir un autoritarismo cesarista plebiscitario, modelo que, obviamente, no siempre requiere un César como cabeza.

No nos confundamos: no defendemos cualquier “democracia”, sino la democracia plural, porque también se autoproclamaban democráticos el fascismo y el estalinismo.  

Un constitucionalista escribió hace tiempo que, en la democracia plural, la mayoría debe respetar a la minoría, porque de no hacerlo, no sólo niega los derechos de la minoría, sino también el derecho de la propia mayoría a cambiar de opinión. Este es el sentido de una democracia idónea para una coexistencia pacífica, mínimamente ordenada e igualitaria, capaz de recuperar un elemental sentido de fraternidad humana.

Pero esa democracia es incompatible con un gobierno que compromete el derecho al desarrollo humano progresivo por décadas, encubierto con una poderosa concentración de medios de comunicación que, como parte de la concentración de riqueza, acalla toda voz disidente y obliga a la autocensura. Es de sobra sabido que los discursos y creaciones de realidad únicos siempre fueron propios de regímenes autoritarios o claramente no democráticos.  

Además, en la Argentina de hoy, todo funcionario electo que tenga a su cargo alguna responsabilidad de gobierno, es fácilmente coaccionado por el ejecutivo nacional, merced a un problema que no hemos resuelto desde 1853 y que, como todos sabemos, hizo que la Provincia de Buenos Aires se segregase de la Confederación hasta 1860: el reparto de los recursos recaudados por el Estado nacional.

Tampoco lo resolvimos en 1994 y esta brecha es la que ahora aprovecha el ejecutivo, no sólo para acallar a gobernadores e intendentes, sino para forzarlos a que disciplinen a sus legisladores nacionales para votar sus proyectos de deterioro previsional, de precarización laboral, etc. De este modo va desapareciendo la separación de poderes y, con ella, el sistema de pesos y contrapesos republicano.

Creemos que no es nada sano subestimar la complicada situación y la responsabilidad de quienes tienen el deber de velar por partes considerables de nuestra población y, por eso, justamente, es altamente recomendable abstenerse de repartir etiquetas de “traidor” y similares.

Mucho se está hablando del Lawfare, como combinación del monopolio mediático creador de realidad y segmentos de la justicia. Como método lo único nuevo es el nombre, pero lo demás es reiteración de lo sucedido después de los golpes de Estado de 1955 y 1976. La diferencia no es de método sino de circunstancia: ahora lo emplea un gobierno electo pero que, al igual que los “de facto”, dispone de una altísima concentración de medios de comunicación y casi no tolera voces críticas.

El extremo judicial del ahora llamado Lawfare tampoco es gratuito, sino que resulta de una institucionalización defectuosa del Poder Judicial. No existe ninguna estructura judicial semejante en un país democrático: cinco personas, en nuestra Nación, sin que la Constitución ni ninguna ley los autorice, por mera decisión pretoriana, se han proclamado desde décadas como la última instancia de todos los procesos que se tramitan en nuestro territorio, emitiendo unas 15.000 sentencias por año.     

En estas condiciones, es elemental pensar que las ideas rectoras deben referirse principalmente a un serio replanteo institucional del modelo de Estado que necesitamos para navegar un mundo en que domina el capital financiero transnacional. En particular, salta a la vista la necesidad de replantear y fortalecer sus instituciones republicanas y democráticas.  

No puede ocultarse por más tiempo que hemos llegado a la actual situación como resultado de una institucionalidad defectuosa, que permite a un ejecutivo coyuntural comprometer nuestro destino por décadas, que debilita las bases del federalismo, del régimen municipal, de las mayorías en las Cámaras del Congreso, de la independencia judicial, es decir, que no sólo está debilitando a la democracia, sino al propio sistema republicano de gobierno.

La Constitución manda que nuestro sistema de gobierno sea republicano, representativo y federal. ¿Pero qué nos queda de República si se opaca la separación de los poderes y su sistema de controles? ¿Qué nos queda de “representativo” si el ejecutivo se permite coaccionar a los legisladores a través de los gobernadores? ¿Qué nos queda de federalismo si los gobernadores deben ir al pie del ejecutivo para conseguir los recursos para pagar a sus administraciones?

Es urgente reflexionar sobre nuestro Estado y sus instituciones. El proyecto de Estado plasmado en la Constitución de 1853-1860-1994 ya no funciona, y el de 1949 fue brutalmente cortado por un bando militar.

Prueba clarísima de las falencias de nuestro proyecto de Estado plasmado constitucionalmente, es que éstas han permitido que lleguemos a esta situación de verdadera crisis institucional y de compromiso de nuestro desarrollo futuro por décadas.

Será urgente pensar cómo remontar el presente, pero será difícil hacerlo con un barco que institucionalmente hace agua cuando, al mismo tiempo, apremia acorazar la nave para superar las olas tempestuosas del mundo actual y, lo que no es un detalle menor, también para evitar que el enorme esfuerzo de recuperación que hagamos sea neutralizado nuevamente en el futuro.

Un proyecto de Estado es tarea de toda la ciudadanía, canalizada a través de los vehículos naturales de la democracia plural. No se trata de una tarea de juristas; ningún equipo de sabios encerrados en un laboratorio podrá alumbrar un proyecto de Estado democrático. Será obra de juristas asegurar su forma, su envase por así decir, pero el contenido siempre será responsabilidad de todos y todas.

No es sólo la política lo que está en juego, sino el Estado como palco sobre el que ésta se desarrolla y los pilotes democráticos que lo sostienen. En esta hora se impone el deber ético de aunar esfuerzos, cerrar filas, pero en torno a un nuevo proyecto de Estado que, en algún momento, se debería plasmar en una Constitución acorde a la actual situación del mundo.

Comenzar a pensar hoy en una nueva Constitución futura, en un proyecto de Estado como condición para remontar la actual situación y prevenir su recurrencia, es una urgente tarea política de enorme dimensión, pero no por eso se deben bajar los brazos antes de comenzar. No debe nadie atemorizarse por la magnitud de la tarea. No es posible marchar hacia el futuro con depresión ni dejar que el pesimismo inmovilice. Todo puede fracasar, pero ningún mal es eterno en este mundo, y tampoco es irremediable, porque el Pueblo y la Nación seguirán existiendo.  

Si San Martín hubiese pensado como algunos deprimidos y pesimistas, no hubiese cruzado los Andes; sin embargo, Chile es independiente, pese a Cancha Rayada.  

Buenos Aires, 3 de marzo de 2018

*Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires        

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Por E. Raúl Zaffaroni

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La regla de oro de la democracia es el respeto al principio mayoritario, pero siempre en una sociedad abierta, es decir, que un coyuntural resultado electoral no puede negar los derechos de las opiniones minoritarias, porque se presupone que estamos hablando de una democracia plural y no totalitaria (cfr. Peter Häberle, Europäische Verfassungslehre, Nomos, Baden-Baden, 2006, p.299).

El principio general debe ser, pues, que la mayoría no puede cancelar los derechos de la minoría, puesto que, de hacerlo negaría el de la propia mayoría a cambiar de opinión. Esto sucede cuando el principio mayoritario es entendido en sentido absoluto, dando lugar en su límite extremo a una democracia totalitaria (Cfr. Livio Paladin, Diritto Costituzionale, Padova, 2006, p. 263), como en la vieja constitución soviética, toda vez que esa pretendida democracia no garantiza la posibilidad de alternancia en el poder (cfr. Enrico Spagna Musso, Diritto Costituzionale, Padova, 1992, p. 151).

Por supuesto que no hay democracia cuando se burla directamente el principio mayoritario, como es el caso del fraude electoral, padecido en la Argentina antes de la llamada ley Sáenz Peña, o cuando se proscriben partidos o fuerzas políticas, como al radicalismo en los años treinta o al justicialismo después del golpe de 1955. Pero también se la pone en peligro cuando ardidosamente se manipula la expresión mayoritaria con engaños acerca de la realidad, lo que desde siempre fue objeto de preocupación.

La manipulación de la llamada opinión pública es una cuestión de comunicación y, como tal, está vinculada a la tecnología comunicacional de cada época. Esto preocupó desde el origen mismo de la democracia contemporánea, cuando a fines del siglo XVII, la prensa, es decir, los periódicos, eran la principal fuente de información. Las constituciones y las leyes de la época dan cuenta de la preocupación por preservar su pluralismo.

Pese a las conocidas disposiciones legales que garantizaban la libertad de expresión del pensamiento y de prensa, los periódicos fueron mercantilizándose, es decir, que dejaron de ser las hojas impresas por ciudadanos o pequeños grupos -como El amigo del pueblo de Marat y muchos otros-, para pasar a ser una mercancía producida comercialmente.

Debido a eso, en el curso del siglo XIX, conforme a las reglas del mercado, fueron dejando de ofrecer al público la mejor información, para ofrecerle lo que tiene más demanda, es decir, lo que más vende. Por otra parte, es natural que las empresas comerciales, a medida que acumulaban capital, se abstuviesen de promocionar todo lo que fuese contrario a sus intereses mercantiles y de clase.

La aparición de otros medios de comunicación masiva, como la radiotelefonía, también en principio dio la impresión de ser un instrumento que permitía evadir el cerco de las empresas periodísticas y dirigirse a un público mucho mayor. Se creyó que establecer un contacto auditivo era algo muy positivo para la democracia.

Así fue como Roosevelt la empleó en su momento, para difundir de New Deal. Pero de inmediato también Hitler se valió de ella para hacer llegar su voz a toda Alemania, mientras Göbbels sintetizaba los perversos once principios de esa propaganda, que hasta hoy resumen la estrategia clave para cualquier manipulación mediática que procure una creación de realidad totalmente falsa. En 1938, la broma de los marcianos de Orson Welles, puso en evidencia el potencial creador de realidad de la radiotelefonía.

La televisión generó también nuevas expectativas democráticas, porque se pensó que, al mostrar imágenes reales, era menos manipulable que los meros recursos escritos y auditivos. Al poco tiempo se advirtió que quien poseía la cámara era quien decidía qué mostrar y hasta dónde hacerlo, pero que producía en el espectador la sensación de estar viendo la totalidad del hecho.

La televisión permite una arbitraria segmentación de la realidad, lo que no es más que una creación de realidad, pero con mayor poder de convicción. Uno de los más claros ejemplos de este recurso por parte de nuestra televisión hegemónica fueron las recientes proyecciones de algunas personas violentas en medio de multitudinarias concentraciones pacíficas, pero cuya masividad se ocultaba, de modo que, aunque en la realidad existía esa concentración, se construía una realidad diferente, de grupos de violentos causando desorden y daños.  

Con la revolución tecnológica de fines del siglo XX, comenzó la comunicación electrónica y las redes crearon la expectativa de una alternativa plural. Incluso cuando el gobierno español del momento, en vísperas de una elección, quiso imputar un gravísimo atentado a una organización política violenta, ocultando que había sido perpetrado por una organización terrorista motivada por la política exterior del propio gobierno, fue la comunicación electrónica la que impidió el grosero embuste e hizo perder las elecciones al partido oficialista de entonces.

Pero a poco vimos que se organizaban equipos destinados a meterse en las redes (troll), enviar mensajes simulando ser ciudadanos, asumir identidades falsas, difundir noticias falsas (fakenews), injuriar, estigmatizar y difamar sin límites. De este modo, el poder corporativo se apoderaba del nuevo medio, no sólo para neutralizarlo, sino incluso para usarlo como una nueva tecnología de creación de realidad. 

A poco andar, las supercomputadoras permitieron el manejo de los big data, o sea, de enormes volúmenes de información. Los datos personales de millones de personas se convirtieron en una mercancía buscada afanosamente por la publicidad comercial, a la que posibilita una orientación muy personalizada, dirigida a grupos de destinatarios particularmente susceptibles a la atracción de los productos y cuyas preferencias se detectan mediante ese manejo privilegiado de enormes volúmenes de información personal.

Esta tecnología destinada a las grandes empresas, de inmediato se percibió que era extremadamente útil en campañas electorales, pues permite detectar hacia quiénes deben orientarse los mensajes, al tiempo que sólo puede ser utilizada por quienes disponen de la capacidad económica necesaria para acceder a esa tecnología. Por otra parte, tiende a sepultar toda privacidad.

De este modo se llega hoy a un nivel de creación de realidad mediática que cae en el absurdo, hasta el punto de que, por momentos, parecería psicotizar a la sociedad, alterando en gran medida la sensopercepción de los habitantes. Si fuese cierta la invasión marciana de Welles, es posible que a buena parte de la población se le hiciese creer que son los enanitos de Blancanieves.

Se proclama la bonanza de las cifras económicas, cuando el país se endeuda en cantidades astronómicas y a la velocidad de la luz. Se declara la guerra a la corrupción por cohechos pasivos, preservando la impunidad de los autores de los cohechos activos y, como si esto fuese poco, se muestra al Estado como corrupto (por lo cual sería necesario achicarlo) y al capital financiero como moralmente virginal. Se minimizan las noticias de funcionarios con sociedades offshore y se naturalizan sus fortunas en el exterior, se blanquean los productos de la evasión fiscal, es decir, se trata de que la población ignore el fenómeno de la corrupción sistémica en que estamos inmersos.    

¿Cómo se llegó a esta situación, que permite alucinar una realidad construida y distante del mundo real? En definitiva y más allá de los cambios tecnológicos, se trata de la continuidad de la mercantilización de los medios de comunicación que comenzó en el siglo XIX. Con el proceso de concentración de capital y, en particular, con la hipertrofia del aparato financiero sobre el productivo, los medios se convirtieron en corporaciones, cuyos intereses coinciden con los que representan los chief executive officers del corporativismo totalitario, hasta devenir una parte indispensable de su entramado.

A lo largo de este proceso de dos siglos, es dable observar que cada nueva tecnología de comunicación, al principio sirvió o se creyó que servía a la democracia plural, pero a poco cayó en manos de quienes estaban interesados en distorsionar a esa democracia y ponerla en serio peligro o destruirla.  

No debe sorprender esta dinámica a quien la compare con la que rige en la prevención y represión de la criminalidad, lo que, por cierto, es bastante sugerente. En ese campo, toda nueva tecnología destinada a la prevención y combate al delito, a poco es incorporada por los criminales, que la emplean para delinquir mejor.

El automóvil, la electricidad, las armas de bolsillo, las largas, las de repetición, los explosivos, el teléfono, la radiotelefonía, la telefonía digital y muchos más, en principio, entusiasmaron a la criminalística por su posible capacidad preventiva, pero a poco se  incorporaron a la tecnología criminal y, por ende, sólo sirven para combatir a los criminales más torpes, que tecnológicamente quedan retrasados, al igual que lo que tiene lugar en el mercado, donde son eliminadas las empresas que padecen igual atraso.

No es esto nada diferente de lo que sucede en las democracias con los cambios tecnológicos que, al surgir, entusiasman a los democráticos, pero al poco tiempo son empleadas por quienes corrompen o neutralizan a las democracias.

Desde la perspectiva de los arcos temporales, se trata de un proceso en que los criminales corren tecnológicamente detrás de las policías y, si lo llevamos al plano de las democracias plurales, no podemos ocultar la impresión de que los totalitarismos corren en tecnología detrás de las democracias.

Ante este fenómeno, es bastante claro que las instituciones democráticas no reaccionan con suficiente rapidez frente a los desafíos de los cambios tecnológicos que las amenazan. Es claro que padecemos un atraso institucional democrático frente a los avances tecnológicos. En ese sentido, vivimos una clarísima disparidad o diacronía entre la velocidad con que se incorporan nuevas tecnologías para desvirtuar a las democracias y la reacción institucional de éstas para defenderse.

Buena parte de esta diacronía obedece a que la manipulación no es ahora nacional, sino transnacional, pero el derecho internacional no la ha encarado con seriedad hasta el presente, sin duda debido al juego de intereses corporativos que, obviamente, opera en ese nivel. Esto es grave, porque la idea de democracia plural y de sociedad abierta, en definitiva, es inescindible –como presupuesto- del avance de los Derechos Humanos en el plano de la realidad social.

En el orden interno de los Estados, se sabe que el poder de manipulación mediática no es infinito, o sea, que no puede inventar la realidad sin límites, sino que se limita a la vieja técnica völkisch o populacherista, que consiste en detectar los peores prejuicios sociales discriminatorios, profundizarlos y montarse sobre ellos al estilo del siempre recordado Göbbels. Entre paréntesis y de paso, cabe insistir en que no debe confundirse la insidiosa táctica populachera con nuestros populismos, salvo por una mala traducción. Estos últimos son movimientos de ampliación de la base de ciudadanía real, lo que no tiene nada que ver con aquella, pese a la confusión de los autores del hemisferio norte.

Volviendo a la táctica sucia, es dable observar que, entre sus limitaciones, cuenta la de impactar principalmente sobre ciertos sectores sociales, porque la famosa y reiterada consciencia de clase del marxismo tradicional, en realidad no existe. Las clases más humildes de nuestras sociedades se encuentran sometidas al incremento de conflictividad violenta, que lleva a que criminalizados, victimizados y policizados pertenezcan por igual a ellas. Mientras se maten entre ellos, no tendrán posibilidad de dialogar y coaligarse, y eso es lo que fomentan quienes procuran mantener el actual nivel de alta estratificación y exclusión sociales. 

El impacto de la manipulación tecnológica de la población recae en particular sobre las llamadas clases medias, que siempre requieren de una clase subalterna de la que distinguirse y a la que rechazar y odiar, imputándole todas sus frustraciones. En su afán de pretendida superioridad moral, producto de su soberbia meritocrátrica, que las lleva a imitar los gustos y modas de sus envidiadas clases ricas y a identificarse ambivalentemente con ellas, desarrollan un odio que las hace víctimas favoritas de la manipulación. En este sentido, es necesario convenir que, en nuestras sociedades muy estratificadas, la única que tiene consciencia de clase es la de los que concentran riqueza.

Pero las clases medias no responden hoy a su condición económica, pues en nuestras sociedades sus límites son difusos y, por ende, su composición es heterogénea y bastante fragmentada, de modo que, si bien en ellas hay sectores más vulnerables a la manipulación, hay otros que van abrigando dudas acerca de la realidad construida por los medios y también, aunque minoritarios, tampoco faltan sectores críticos.

Estos sectores críticos se amplían en función de la información y formación que proporciona la educación pública, de modo que los intereses corporativos perciben su crecimiento como un peligro. Por eso, la reducción presupuestaria a las universidades nacionales, el privilegio de la enseñanza privada, el consiguiente descrédito de la enseñanza pública y la continua estigmatización de los docentes, es algo perfectamente armónico con los intereses del totalitarismo corporativo financiero.       

En definitiva, se trata de un cercamiento armónico por parte del poder financiero transnacional: por un lado, se vale de la indefensión institucional de las democracias plurales frente al uso de las nuevas tecnologías de comunicación, pero por otro, busca debilitar y contener el crecimiento de los sectores críticos de las llamadas clases medias en nuestras sociedades. Se trata de una cuestión de mercado: vende un producto podrido, sabiendo que tiene una demanda y, por otro lado, trata de mantener y acrecentar esa demanda, evitando la dispersión de su clientela intoxicada.

Buenos Aires, 10 de abril de 2017

*Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

1 – Todo debe resolverse con una guerra. Hay demasiadas guerras en el mundo, declaradas y no declaradas. Pero además de las guerras con muertos, desplazados, refugiados y náufragos, las hay imaginarias, en función de metáforas bélicas que declaran la guerra a todo lo que perjudica, molesta o no gusta.

Desde que Nixon y sus sucesores comenzaron a declarar la guerra a los entes más inverosímiles, la metáfora bélica la expanden los políticos y los formadores de opinión de los monopolios mediáticos: todos los problemas deben resolverse mediante una guerra.

Lo grave es que en ocasiones la metáfora deja de ser tal y se concreta en guerras reales, aunque localizadas, pero el riesgo de esa desnaturalización se vuelve más general cuando nada menos que el presidente de Estados Unidos bravuconea electrónicamente con otro que también dispone de un botón nuclear.

2 – Alcanza al discurso judicial. En el terreno del uso y abuso de esta metáfora, hace poco el presidente de la Corte Suprema argentina afirmó que nuestros sistemas procesales fueron pensados como defensa, porque había que defenderse de los abusos del Estado, pero como las sociedades fueron cambiando, se necesita ahora un sistema pensado como ataque. Y agregó que no puede haber ataque si se usa la defensa.

El presidente de la Corte no es penalista y quizá no entendió bien el alcance de sus dichos, porque un planteo de ataque y defensa es una clara metáfora bélica. Si se impone atacar es porque hay un enemigo, cuestión que hace pocos años dio lugar a un enorme e intensísimo debate internacional acerca del llamado derecho penal del enemigo (Feindstrafrecht).

3 – ¿La corrupción sistémica no existe? Creo que el magistrado argentino cae en un doble error. Ante todo, parece que confunde al supuesto enemigo, aunque tiene razón en cuanto a que el derecho penal liberal o de garantías fue pensado contra el poder criminal de los Estados y, lo cierto, es que hoy los mayores daños no provienen de los Estados, sino del poder financiero que destruye a los Estados, los endeuda, los corrompe, los quiebra, defrauda a las poblaciones, las empobrece y subdesarrolla a las naciones.

Esta es la corrupción sistémica que empieza a preocupar a más de un penalista, aunque la oculta meticulosamente toda la vocinglería corriente contra la corrupción, montada por los monopolios mediáticos que forman parte del mismo poder financiero corruptor.  

En efecto: según estos monopolios, la única corrupción es la que nace del Estado. Por ende, los únicos corruptos son los políticos de gobiernos populares que agrandan al Estado y, como conclusión, se impone la necesidad de achicar al Estado, porque el Estado siempre es malo y lo no-Estado siempre es bueno. En síntesis: el Estado es corrupto (en razón de coimas argentinas, mordidas mexicanas o gorjetas brasileñas) y el poder financiero es impoluto. De este modo, no sólo se consagra la impunidad de los corruptores sistémicos que desbaratan Estados, sino que incluso se fabrica la falsa imagen de su virginidad moral.  

Aunque no estamos seguros de que el derecho penal sea el instrumento más útil contra el poder financiero no estatal, que corrompe y desbarata Estados, no se deben dejar de lado propuestas como la del profesor de Frankfurt, Wolfgang Naucke, que ensaya una aproximación de delitos económico-políticos, que abarcarían macroestafas como la que determinó la crisis de 2008. Para eso retoma una idea que tendría su origen en los juicios de Nürnberg, donde se condenó a los empresarios cómplices de la Shoá, y que se concretaría en condenas más recientes, como en el caso de gobernantes de Islandia, cuando la propia conducción económica del Estado permite o alienta el vaciamiento y la quiebra de éste (El concepto de delito económico-político, Una aproximación, trad. y estudio preliminar de Eugenio Sarrabayrouse, Madrid, 2015).

4 – El derecho penal de ataque. Además de individualizar mal al supuesto enemigo, lo más grave está en propugnar directamente un derecho penal de ataque. Alguien que no conoce mucho de la materia puede confundirse, pero es indudable que con esa expresión se está apelando a una metáfora bélica y, como bien sabemos los que recorrimos un poco la historia –y una parte la hemos vivido-, cada vez que se usó este discurso de ataque para eliminar a un enemigo peligroso, en realidad acabó encubriendo la eliminación de los molestos para el poder de turno.

Volveremos sobre esto, pero de momento digamos que no creemos que nadie en su sano juicio se atreva hoy a sostener que la inquisición liberó al mundo de Satán, Hitler de la conspiración judía mundial, Mussolini del comunismo, Stalin del capitalismo explotador, nuestras dictaduras de seguridad nacional del oriente del trapo rojo o los racistas de la degeneración, pero todos ellos se manejaron con el derecho penal de ataque y, realmente, en verdad, atacaron y mataron sin piedad, aunque no nos libraron de nada.

No se puede ignorar que, en el siglo pasado, al menos uno de cada cien habitantes de este planeta murió víctima de Estados que legitimaron su poder homicida con la metáfora bélica y el discurso del enemigo, siempre en el marco del derecho penal de ataque, o sea que este discurso sirvió para victimizar mucho más que todos los homicidas privados en el mismo tiempo.

Por eso, la disyuntiva entre un derecho penal de ataque y otro de defensa, es una metáfora bélica muy gastada en la historia. Sus devastadoras consecuencias generaron tal pánico que, hace setenta años, los jefes de nuestras manadas humanas concluyeron que el único derecho penal respetuoso de la dignidad del ser humano es el que habilita poder para penar al culpable y, al mismo tiempo, lo inhabilita para penar al inocente (o incluso al culpable más allá de lo que indica la gravedad de su ilícito).

Nadie ignora que el discurso de Derechos Humanos se positivizó en el plano internacional a partir de 1948, justamente ante la evidencia del desastre legitimado con la vieja metáfora bélica, que hoy vemos renacer y generalizarse.

5- Regresión y degradación. Al amparo de esta metáfora, también se postulan ahora instituciones procesales preiluministas, que se pretenden hacer pasar por posmodernas (testigos de la corona pagos, impunidad para criminales arrepentidos, agentes encubiertos a quienes los jueces mandan cometer delitos, pruebas ilícitas, valor probatorio de simples informes de inteligencia, etc.). Todas estas regresiones lesionan la superioridad ética del Estado democrático, que es la fuente de la legitimidad de su poder.

Como la metáfora bélica abre el camino para que el Estado deje de lado todo límite ético y jurídico, sus agentes comienzan a cometer delitos (matar, torturar, coaccionar, difamar, revelar vida privada, enjuiciar, prisionizar y condenar arbitrariamente, etc.), lo que acaba degradándolo a la condición de Estado delincuente. De este modo se deslegitima el poder del propio Estado: si tanto el Estado como su enemigo son delincuentes, la única razón por la cual debemos respetar al Estado es el miedo, pero no por ningún imperativo ético ni republicano, pues nada nos obliga moralmente a acatar el poder de un delincuente.  

Incluso en la más extrema agresión manifiesta no bélica a un Estado, la proclamada guerra al terrorismo es una trampa fatal, ante todo porque el terrorismo no es un poder, sino una táctica infame y, obviamente, se trata de una guerra imposible, porque no hay guerras contra tácticas, lo que sería tan absurdo como declarar una guerra contra las balas Dum Dum o contra las minas personales.

Pero esa guerra imposible es precisamente el juego que busca el terrorismo brutal y sanguinario, que muchas veces no quiere tomar el poder, sino sólo destruir la legitimidad ética del Estado democrático. Lo provoca para hacerlo caer en su juego, invitándolo a emplear su mismo método, para que el propio Estado se vuelva terrorista. El criminal que emplea la táctica terrorista triunfa cuando el Estado cae en su juego, pues al hacerlo legitima el discurso de su proclamado enemigo, lo que permite a éste ufanarse de su triunfo: vean que ataco a un Estado criminal, que esto es sólo un juego ideológico y de poder, no me enfrento a nadie con valores superiores, sino a un ente detestable, inmoral y asesino.

Las anteriores son las consecuencias extremas de la metáfora bélica que, por suerte o por gracia divina, no corresponden a nuestra realidad actual, aunque siempre es alarmante que se la renueve.  

6- La metáfora bélica en la conducción política de las policías. Creemos que no debemos cargar las tintas en el discurso de un magistrado un poco distraído, pero no es nada insignificante que la metáfora bélica empape las reiteradas manifestaciones públicas de la ministra de seguridad y del presidente de la República, porque en sus manos está nada menos que la conducción de las fuerzas de seguridad.

Los policías son trabajadores, como los de cualquier otra categoría profesional, sólo que con la particularidad de que, a diferencia de Europa, en nuestro país se les niegan los derechos laborales de que gozan los restantes profesionales, argumentando la necesidad de una estructura militarizada, cuando se trata de un servicio de naturaleza puramente civil y de primera necesidad, puesto que ningún Estado puede prescindir de él: hay Estados sin Fuerzas Armadas, pero no hay Estados sin policía.

Lo cierto es que, en nuestro país, el policía es uno de los trabajadores más maltratados por el Estado, que le niega el derecho de sindicalización, de paritarias, etc., y lo somete a un régimen disciplinario autoritario y arbitrario.

En toda sociedad hay personas con diferentes niveles de salud mental y, por lo tanto, no hay categoría profesional (jueces, abogados, docentes, ingenieros, médicos, sacerdotes, economistas, etc.) que no deba reconocer que en su seno hay algunas personas con precaria salud mental, de lo que dan cuenta múltiples casos que huelga mencionar. Por ende, la profesión policial no puede ser una excepción.

En su seno no sucede nada diferente a lo que tiene lugar en cualquier otra categoría profesional, sólo con la particularidad de que la conducción política de la categoría y la dificultad para reforzar la conciencia profesional (producto de la prohibición de sindicalización y de correspondiente discusión horizontal de las condiciones de trabajo), hace que las consignas de las cúpulas prendan, precisamente, en los pocos casos de salud mental precaria y, en razón de la función, se traduzcan en errores de conducta letales. De allí que cuando la metáfora bélica es irresponsablemente esgrimida por la conducción política, termine cobrando víctimas fatales.

El final de la bravuconada bélica de la conducción política de las policías es siempre triste, pues la letalidad policial, si bien por regla recae en personas de las clases subalternas de toda sociedad, un día hace blanco sobre alguien que pertenece a un sector social o clase con voz más potente, provoca reprobación pública y, en esa emergencia, la conducción política procura desentenderse y librar a la justicia penal a los responsables, o sea, a trabajadores policiales de peor salud mental y, por ello, más vulnerables al discurso de metáfora bélica con que previamente la misma conducción los instigó. En síntesis: hay un muerto y un trabajador con precaria salud en la cárcel, o sea, dos vidas destruidas por el uso irresponsable, oportunista y demagógico de una metáfora irracional.

7 – La metáfora bélica es la preferida del totalitarismo comporativo. La guerra a cualquier cosa es la metáfora preferida del actual totalitarismo corporativo financiero que avanza por el planeta, legitimándose ideológicamente con el nombre de neoliberalismo. Si bien este totalitarismo usurpa el nombre de liberal, con la metáfora bélica anula el viejo trípode de libertad, igualdad y fraternidad.

El viejo liberalismo era la ideología de una burguesía europea en ascenso y lucha contra la nobleza en el siglo XVIII y, como tal, ocultaba una cara oscura, que eran la esclavitud y el colonialismo, practicados lejos de Europa, que la proveían de medios de pago y materias primas para su empoderamiento en la Revolución Industrial. No obstante, no puede negarse que este liberalismo político, en su contradicción mantenía activa una importante pulsión liberadora. No en vano, en cuanto esa misma burguesía europea logró la hegemonía, abandonó prestamente al liberalismo y abrazó el más burdo racismo reduccionista biológico.

A la ideología del totalitarismo corporativo actual nada le queda de la pulsión originaria del liberalismo político. En este sentido es quizá correcto que se le anteponga el prefijo neo a su usurpación nominal, porque también permite entenderlo como una enfermedad maligna que postula la más absoluta libertad para competir, atacando sin límites no sólo a los semejantes y a los Estados, sino incluso al planeta mismo. Reduce la igualdad del viejo trípode a un discurso defensivo, esgrimido apenas cuando se ve en dificultades ante las críticas a la demasiada libertad de su ataque, en tanto que de la fraternidad sólo se ocupa el Papa y por eso lo critican.       

8 – ¿Cómo se explica el éxito de la metáfora? No puede negarse que, pese a su simplismo e irracionalidad, la metáfora bélica cunde con facilidad, no siendo suficiente explicación de esta aceptación la anécdota del oportunismo de un presidente y su ministra o de un magistrado distraído.

Tampoco la explica su difusión por los medios monopólicos ni que se erija en la consigna preferida del totalitarismo corporativo (financiero y hegemónico) y de sus monopolios mediáticos, porque la construcción mediática de la realidad no es omnipotente, sólo germina en un terreno fértil, no inventa los prejuicios, sino que los recoge, profundiza y explota (es la táctica völkisch, mal traducida como populismo, lo que ha creado graves confusiones). Como en toda estafa, el estafador no inventa a su víctima, sino que la elige conociendo los aspectos vulnerables de su credulidad. Tampoco la víctima siempre es inocente, porque el que compra la máquina de falsificar dólares, lo hace pretendiendo cometer un delito.

Por consiguiente, en la expansión de esta metáfora juega algo previo a la manipulación misma, pero que permite que la usen abiertamente –por no decir con todo descaro- las cúpulas del Estado que responden al poder financiero, sin que eso les provoque mayor problema.

Sin pretender agotar la respuesta, es posible desdoblarla en dos preguntas: (a) ¿Existen razones culturales que, en nuestra sociedad, por lo menos en buena medida, explican la facilidad con que se acepta la metáfora bélica en el caso particular de la guerra a la corrupción, entendiendo a ésta sólo limitada a las falsas imputaciones mediáticas con complicidad judicial y a algún ratero de menor cuantía de la política? (b) ¿En un plano más general, hay motivaciones o condicionamientos culturales más profundos que operan en el inconsciente, referidos a las guerras reales, pero que facilitan la aceptación de sus invocaciones metafóricas?    

La respuesta a la primera pregunta está vinculada a nuestra historia, condicionada por nuestra posición geopolítica, por lo cual admite una aproximación más precisa. En el caso de la segunda pregunta, sólo podemos destacar algo que nos ha llamado la atención, más como un interrogante dirigido a otros especialistas que como una respuesta. En este sentido nos preguntaremos si la atracción que provoca la invocación de la guerra en sí misma, no esconde una cuestión etaria y, al mismo tiempo, una derivación de la dominación patriarcalista.

9 – La construcción del subhumano social. En cuanto a la primera pregunta, es obvio que la construcción de la realidad por parte de los medios monopólicos, limitada a una supuesta corrupción del ámbito estatal, siempre en gobiernos populistas que ampliaron la base de ciudadanía real, es una táctica muy conocida, que en el siglo pasado fue usada con harta frecuencia, siendo ilustrativos –entre muchos- los casos de Yrigoyen en 1930, de Perón en 1955, de las insólitas versiones de la cuenta suiza de Evita, todo lo cual se repite en la actualidad.

Esta táctica no tendría éxito si no hubiese una parte de la sociedad predispuesta a creer esas imputaciones. Por cierto, la hay, en particular en la clase media que, como sabemos es heterogénea y ni siquiera siempre corresponde a una realidad medida en niveles de riqueza. Por consiguiente, no todo lo que se llama clase media asume la misma actitud crédula, porque hay una parte que duda y otra, si bien menor, pero crítica y más informada, que la rechaza. De toda forma, lo cierto es que un buen sector de ella cree ingenuamente que se llevaron todo, mientras no cae en la cuenta de que se endeuda al país en forma descomunal por obra de una corrupción sistémica de volumen astronómico. ¿Qué es lo que le obstaculiza a esa parte de la clase media percibir la realidad? ¿Qué la lleva a estar dispuesta siempre a creer en la supuesta corrupción escandalosa de los gobiernos populistas, por falta de pruebas y fantasiosa que sea?

Ese sector de la clase media está formado por personas que, aunque de ingresos modestos en su mayoría, sienten la necesidad de considerarse superiores y –también-, al mismo tiempo, deben atribuir la culpa de sus frustraciones a alguien, que no puede ser al rico que ambivalentemente envidian pero tratan de imitar, no en riqueza, pues no la tienen, sino en gustos, opiniones y refinamiento.

10 – La construcción del paria vago, inmoral y delincuente. Tal vez esto suceda en alguna medida en toda sociedad. La explicación parecería venir desde muy lejos, tanto que es posible que se encuentre en la descripción de la sociedad de castas hindú de Max Weber, aunque en otro orden sus trabajos sean cuestionados por investigaciones posteriores. En su estudio (Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, tomo II, Tübingen 1986, p. 1, Hinduismus und Buddhismus) explica que la existencia de una casta de parias permitía que las demás, incluso las más humildes, se considerasen superiores y pudiesen descargar contra los parias todo su odio y resentimiento.

Quizá toda sociedad tienda a tener sus parias, considerados prácticamente como no humanos, para que una clase que ni siquiera en su totalidad es media en razón de su riqueza, pueda considerarse superior, diferenciarse de los parias, rechazarlos, canalizar hacia ellos la supuesta culpa de todas sus frustraciones y, de ese modo, evitar que ese odio se dirija hacia las capas hegemónicas.

Hay sociedades donde esto reconoce una raíz racista y es una secuela de la esclavitud, como lo explica un reciente libro el sociólogo brasileño Jesse Souza (A elite do atraso, 2017), pero también hay otras donde no hubo nunca una economía esclavócrata, como en nuestro país, y en la que tampoco puede detectarse una discriminación racista muy fuerte (los prejuicios racistas se desdibujan en una o dos generaciones) y, en tal caso, debe crearse culturalmente una clase de parias, por no decir, inventarse en alguna medida. También es posible que otras sociedades, como las europeas, deban importar a sus parias, sin perjuicio de reinventar desigualdades (sobre el caso francés es interesante el ensayo de François Dubet, ¿Por qué preferimos la desigualdad? (Aunque digamos lo contrario), Bs. As., 2016).

La construcción de los parias en la sociedad argentina es lo que generó el medio pelo que describió Arturo Jauretche al promediar el siglo pasado, como núcleo duro del gorilismo revanchista, antiperonista visceral, porque todo el que pretende sacar a los parias de su situación lesiona el sentimiento de superioridad de esos sectores.  

El discurso con que en voz a veces discretamente baja, proclaman la legitimidad de sus supuestos privilegios, alcanza ribetes de caricatura, pero desgraciadamente es copia fiel de lo que afirman en su construcción de realidad: ¿Cómo puede ser que estos miserables quieran vivir como uno? ¿Estos populistas corruptos pretenden quitarnos lo que hemos ganado con nuestro esfuerzo individual (meritocrático) y nuestra moral superior, para dárselo a esos vagos, impúdicos, grasas y delincuentes? ¿No ven que abusan de los derechos que les dan? ¿No ven que hacen asado con el parquet? ¡Venga quién sea, militares, financistas corruptos, extranjeros, quien sea, pero echen a estos populistas corruptos, demagogos y sucios! ¡Métanlos en la cárcel!

Civilización y barbarie es la opción inventada por nuestra intelectualidad más o menos oligárquica, desde Sarmiento (que afirmaba que nuestra población era mezcla de una raza medieval con otra paleolítica, lo que la hacía inidónea para la democracia, y aconsejaba no ahorrar sangre de gauchos), pasando por los que legitimaron el genocidio patagónico, hasta llegar en su decadencia de las vulgaridades televisivas.

Esos intelectuales elevaron esa dicotomía a la categoría de un paradigma (del que no se libró nuestra propia izquierda tradicional), como pretendida clave para aproximarnos a la comprensión de todos nuestros problemas nacionales: según ellos, la culpa de todo la tienen los bárbaros y los populistas corruptos, que son votados por esos ignorantes, brutos, inmorales, concupiscentes y delincuentes.

Si bien los civilizados y los bárbaros fueron cambiando de fisonomía a lo largo de nuestra historia, la dicotomía se mantiene hasta el presente, como legado de las luchas fratricidas del siglo XIX y del triunfo del neocolonialismo en nuestra Nación, valido de las oligarquías proconsulares que el populismo combatió.          

11 – ¿Hay algo etario y patiarcalista? En cuanto a la segunda pregunta, podríamos recordar el pesimismo de Freud en su carta a Einstein, o discutir acerca de una posible neurosis civilizatoria que lleva al triunfo de Tánatos sobre Eros, por incapacidad para incorporar la muerte a la vida y, por ende, acabar incorporando la vida a la muerte. Pero estamos extremadamente lejos y fuera de nuestras posibilidades, si pretendiésemos volar a la altura de los genios.

En la cuestión de las motivaciones o condicionamientos culturales inconscientes, pero facilitadores de la aceptación de toda invocación metafórica a la guerra real, sólo nos limitamos a apuntar algo con que hemos topado en el camino, sin ninguna pretensión de exclusividad, sino como señalamiento de un eventual motivo de reflexión para quienes tienen mucha más autoridad en la materia.

Leyendo a un pacifista francés del siglo pasado, Jean Giono, descubrimos unos párrafos en que observa que las guerras siempre explotan la exaltación de la virilidad de los jóvenes, pero en realidad los incorporan a la empresa humana menos necesitada de virilidad, porque requiere la obediencia pasiva absoluta e infinita a las órdenes y contraórdenes de los jefes. Muy sugestivamente, agregaba que las guerras siempre son concebidas, preparadas y desencadenadas por financistas y políticos que, en general, son hombres andropáusicos que añoran su virilidad perdida.

¿A qué clase de virilidad se refería Giono? Resulta claro que es la virilidad patriarcal, o sea, la del macho musculoso, del titán cuadrado de mentón grande, como son los supuestos cadáveres de los soldados muertos en los muchos monumentos a los caídos, idénticos a la estatuaria de los totalitarismos, con su conocida sublimación homoerótica.

¿Será acaso el patriarcado, con su particular idea de la virilidad, que impulsa a veteranos, que sienten que ya no pueden, a mandar a la muerte y a la obediencia a los que pueden? ¿Habrá en las guerras –y en su explotación metafórica- algo de revanchismo etario generado por el marco patriarcal de la sociedad? ¿Será acaso eso sólo o jugará también cierto resentimiento de quienes están cerca del fin, frente a quienes lo tienen más lejano? Estas no son ni siquiera hipótesis, sino sólo preguntas de un criminólogo, pero no podemos negar que nos resulta muy sugestiva la observación del autor de Il ragazzo celeste (Jean le Bleu).

12- Datos objetivos. Sin duda que Giono se basa en datos objetivos: es verdad que siempre las guerras las deciden adultos o adultos mayores que, como tales, no pueden dejar de lado la cercanía de la muerte biológica. Sin duda que objetivamente le adelantan la muerte a los jóvenes que convierten en soldados. También es verdad que antes los mandan a someterse incondicionalmente, o sea, a ceder la virilidad patriarcal que los mandantes perdieron o nunca tuvieron (porque no fueron los modelos para las estatuas de machos musculosos).

Los datos objetivos de la observación de Giono nos resultan más evidentes si reparamos en los hechos distantes en el tiempo a que él se refería, lo que en estos casos siempre es bueno, dado que evita la perturbación emocional que produce la vivencia de lo cercano en el tiempo.

Giono se refería a la primera guerra mundial (1914-1918). Observemos en esta tragedia los rostros de los empenachados líderes uniformados y condecorados, del Káiser del brazo defectuoso, del valetudinario emperador austríaco, del Rey de Serbia, de los otros reyes y emperadores, de sus cancilleres, de los plenipotenciarios reunidos en Versalles al final de la guerra, y comparemos eso con las horribles imágenes exhibidas en las muestras fotográficas organizadas con motivo del centenario de esa guerra: montañas de brazos y piernas amputados a soldados casi adolescentes y de trincheras inmundas y enlodadas, en las que dormían, comían, orinaban y defecaban. Esos jóvenes habían partido exultantes de virilidad patriarcal y de sentimiento bélico, despedidos con flores en las estaciones ferroviarias, firmemente decididos a matar a otros jóvenes.

Alguien podría pensar que ese entusiasmo de virilidad patriarcal que se explota en los jóvenes es contradictorio con la imagen también patriarcal del padre en la familia autoritaria que, según algunos se transfiere al Estado, lo que les llevó a imaginar que de la familia autoritaria sale el hijo anarquista. No opinaba así Horkheimer y nadie está muy seguro al respecto, aunque pareciera que también suele resultar un hijo autoritario, pero bastante traumado y que, de alcanzar el poder, lo ejerce aún más autoritariamente que el padre: ahora yo tengo el poder y lo ejerzo mejor que tú, te muestro que soy mejor que tú, que ya no puedes, por viejo o por muerto.

13- La metáfora bélica y el poder punitivo. Todo lo anterior es discutible por quienes están en condiciones de profundizar mucho más en estos temas, pero lo cierto es que la metáfora bélica trasladada al poder punitivo, muestra hoy dos caras: por un lado, la del discurso de los responsables de la conducción de las policías, con sus consecuencias de gatillo fácil, que banalizan las muerte de jóvenes, incluso de niños y por la espalda, desencadenadas por consignas metafóricas emitidas también por personas que bordean o pasaron los sesenta años de edad; pero por otro lado, se ejerce poder punitivo procesando o prisionizando a las cabezas visibles de la oposición. Dicho de modo más claro: el poder punitivo se orienta sobre los parias y sobre los populistas que pretendieron tenderles la mano y que pueden poner en riesgo al gobierno.

Nade de esto puede extrañar, porque como dijimos antes, la metáfora bélica en el derecho penal no es ninguna novedad enunciada en el discurso de un magistrado un poco distraído o en la irresponsabilidad de una ministra y un presidente siempre balbuceante, sino que el famoso derecho penal de ataque o de enemigo es el infaltable partner de todos los desbordes letales del poder punitivo, por lo menos en los últimos mil años.

En efecto: en cada época, el autoritarismo o el totalitarismo de turno desató un ataque contra algún enemigo y prometió salvarnos de los peligros universales más dispares: las brujas, los herejes, la degeneración, la sífilis, el comunismo internacional, el capitalismo explotador, la droga, el alcohol, la corrupción, la criminalidad organizada e incluso del propio totalitarismo.  

Lo cierto es que nunca nos salvó de nada: algunos de esos peligros no eran tales (no somos mejores porque dejamos de quemar mujeres, pues no lo hacemos sólo porque ya no tememos a las brujas), otros que lo eran, se resolvieron por otras vías (el comunismo internacional implosionó, la sífilis la curó la penicilina) y otros hasta hoy no los resolvió nadie (el alcoholismo, la droga, etc.). Desgraciadamente, otros como la corrupción, se volvieron sistémicos y manipulan ahora el poder punitivo.  

Pero en este milenario y trágico camino quedaron millones de cadáveres, cuyas muertes legitimó la recurrente metáfora bélica en todas sus variables culturalmente adaptadas a cada tiempo, siempre con su derecho penal del enemigo y de ataque. Algunas veces las víctimas no eran jóvenes, como en la inquisición, pero eran mujeres, como clarísima reafirmación del patriarcalismo. En otros pocos respondió a la eliminación de una clase, como la inquisición española, manejada por la nobleza contra la incipiente burguesía judía. En todo caso, siempre se trata de la mayor, letal, masiva y más prolongada estafa a la humanidad entera.    

14 – ¿Podemos hablar de un derecho penal de defensa en un Estado democrático? En rigor, como no existe un derecho penal de ataque, tampoco es admisible pretender la existencia de otro de defensa frente al Estado, porque la palabra es impropia, pues no es defensa la preservación de la dignidad de la persona, sino que es el presupuesto mismo de todo Estado democrático y de derecho. Si se quiere abusar de esa palabra, usándola también metafóricamente, lo que en verdad se defendería sería al Estado democrático mismo, pues éste deja de existir cuando se lesiona la dignidad y la vida de las personas, aunque la hegemonía gobernante sea resultado de un acto electoral.

Es ampliamente sabido y recalcado que, si bien el principio mayoritario es la base de la democracia, no debe ser entendido en sentido absoluto, puesto que tal entendimiento, en su límite extremo, daría lugar a una democracia totalitaria, toda vez que no garantizaría la posibilidad de alternancia en el poder. Así lo entiende todo el constitucionalismo de los Estados democráticos (por ejemplo, Peter Häberle, Europäische Verfassungslehre, Nomos, Baden-Baden, 2006, p. 299; del mismo, El Estado Constitucional, Bs. As., 2007, p. 258; Livio Paladin, Diritto Costituzionale, Padova, 2006, p. 263; Enrico Spagna Musso, Diritto Costituzionale, Padova, 1992, p. 151). El principio general es que la mayoría no puede negar los derechos de la minoría, puesto que, de hacerlo, negaría el de la propia mayoría a cambiar de opinión.

Lo cierto es que un Estado que pretende legitimar su poder punitivo apelando desde su cúpula a la metáfora bélica, que encarcela al candidato a vicepresidente opositor, a ex-ministros, que le dificulta a uno de ellos tratar su gravísima dolencia, que somete a procesos múltiples a la ex–presidenta, al ex–vicepresidente, que llama a indagatoria al candidato a presidente opositor, que somete a opositores a la picota televisiva, que excluye a periodistas y artistas críticos, que intenta manipular la composición de tribunales, que desoye los mandatos jurisdiccionales internacionales y nacionales, que mantiene detenida a una diputada por pura discriminación múltiple, que desata campañas de estigmatización ante cualquier crítica, que permanece indiferente frente a las denuncias de corrupción sistémica, pero que, sobre todo, lesiona masivamente el derecho al desarrollo acumulando a la velocidad de la luz un monto de deuda sin precedentes en toda la historia, que de ese modo compromete el presupuesto por décadas, cuando el mandato de su gobierno termina en poco más de un año, ese Estado, aunque sea indiscutible el origen electoral de sus gobernantes, por cierto que está marchando a contramano del camino de la democracia plural, enmarcada en un Estado de derecho y conforme al modelo de sociedad abierta. 

Buenos Aires, 24 de abril de 2018

*Profesor Emérito de la UBA

La entrada La metáfora bélica en la Argentina – Por E. Raúl Zaffaroni se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por E. Raúl Zaffaroni

(para La Tecl@ Eñe)

1- Depredación financiera y ambiental. Avanza por el mundo una pulsión de totalitarismo financiero que, encubierta bajo el falso nombre de neoliberalismo, pretende imponer su poder mediante la corrupción y demolición de las estructuras políticas e institucionales de los Estados. Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente[1]. Es buena para el mundo, pero también para nuestra Patria en los actuales momentos, la siguiente pregunta: ¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo? [2]

No basta con contraer en dos años la mayor deuda de nuestra historia, pervertir el sistema de pesos y contrapesos de la República, incrementar el desempleo y reducir salarios y jubilaciones, descontrolar la inflación, reducir el gasto público en todo menos en seguridad, mentir con la creación de realidad única de sus medios monopólicos y, finalmente, mendigar un crédito al FMI, para prolongar la agonía de una pesadilla hasta que el capital golondrina se lleve esas divisas.

Los personajes locales de esa visión irresponsable del mundo, no se conforman con poner en crisis a la sociedad, sino que también quieren hacerlo con el medio ambiente, lo que no es de extrañar, porque no se trata de dos crisis, sino de una única crisis socio-ambiental [3].

La actual administración argentina, desde el comienzo, manifestó su total desprecio por el tema ambiental, al ponerlo a cargo de un funcionario que, por respetable que sea en otros aspectos, no tiene el menor antecedente que lo habilite como experto o conocedor del tema, lo que guarda perfecta sintonía con un gobierno en que parecen sólo valer los intereses crematísticos de los diversos poderes reales que lo sostienen, cuya desordenada satisfacción da lugar al caos en que está sumergiendo a la Nación.

2- La historia reciente de los bosques salteños. Un caso de notoria coherencia con esta triste realidad lo constituye lo que sucede con la explotación de bosques naturales en la Provincia de Salta y que, como episodio menor dentro del complejo panorama nacional, pasa desapercibido ante la opinión publicada.

La historia no es nueva ni mucho menos, puesto que entre 2002 y 2006 se desmontaron en esa provincia casi medio millón de hectáreas, lo que motivó que la Corte Suprema en diciembre de 2008 dispusiese la suspensión de esas tareas en cuatro departamentos salteños. Los departamentos más afectados eran los de mayor presencia indígena, o sea, en los que el bosque natural opera como una suerte de supermercado de esa población, indispensable a su subsistencia.

Pese a esto –y aunque en menor medida- los desmontes ilegales continuaron ante la vista gorda del gobierno local, que intentó obtener el levantamiento de la medida cautelar de la Corte Suprema, invocando como argumento que dejaba sin trabajo a los hacheros. Posiblemente creyó que los jueces eran tan tontos, que podían confundir a una persona con un hacha con una monstruosa topadora amarilla con pala gigante. Lejos de caer en este engaño, en marzo de 2009 la Corte Suprema afirmó que los desmontes configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible.

Cabe aclarar que el embuste de los hacheros se ensayó el mismo mes en que un aluvión de agua, barro y troncos, inundó y arrasó las viviendas de un tercio de la población de Tartagal, como resultado de la indefensión del suelo por efecto de los desmontes, lo que las autoridades locales –y algún despistado nacional- se obstinaron en negar, contra la opinión científica más calificada.

A partir de esos años, la cuestión tomó otro carácter, pues se vienen realizando continuos esfuerzos para legalizar lo ilegal, en violación de la Ley Nacional de Bosques (26.331). Hecha la ley, hecha la trampa, dice el dicho, pero por burdas que fuesen, las trampas tuvieron relativa eficacia en favor de los poderes fácticos que se mueven detrás del desmonte y, ahora, corren el riesgo de imponerse con beneplácito del ejecutivo nacional.  

La citada ley nacional de bosques establece la categorización de éstos, según su alto valor de conservación (categoría 1, rojo), mediano valor de conservación (categoría 2, amarillo) y bajo valor de conservación (categoría 3, verde). La cuestión clave a resolver en cada caso es, por supuesto, la determinación de la categoría del bosque, pues según esa categorización se habilitará o no su explotación.

Para obviar este obstáculo legal, la provincia había sancionado los decretos 2211/10 y 3136/11 que permitían al gobierno de Salta modificar, a simple solicitud del titular de la finca, la zonificación establecida en su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, o sea, categorizar y recategorizar prácticamente a su gusto, mecanismo que le permitió desmontar nada menos que 130.000 hectáreas de bosques protegidos. Dicho de manera clara: la provincia se atribuyó la competencia para determinar qué bosques podían ser deforestados.

3- Unitarismo financiero y Federalismo depredador. En una República abollada, en que el Ejecutivo nacional decide si manda o no recursos a las provincias, si los gobernadores empobrecidos por los sucesivos ajustes nacionales fuesen los encargados de decidir cuáles son los recursos naturales que dejan de ser protegidos, en poco tiempo gran parte de nuestro territorio se convertiría en un enorme campo de soja envenenado por agrotóxicos y sin pájaros ni especies, pero también sin los pueblos originarios que sobrevivieron a los sucesivos genocidios colonialistas, cuyo hábitat y medios de subsistencia desaparecerían con los bosques.

No deja esta de ser una curiosa forma de reivindicar al federalismo: la respuesta al unitarismo financiero sería el federalismo depredador.  No creo que nuestros caudillos lo hayan entendido de esta manera –y menos Güemes-, aunque tal vez le hubiese encantado a Rivadavia que, por cierto, no trajo los restos de San Martín, sino que, aplicando el ajuste, le cortó los fondos necesarios para continuar su gesta libertadora.  

Por suerte, algunas cosas no se han derrumbado del todo, pese a los denodados esfuerzos demoledores de la actual administración nacional. La Auditoría General de la Nación es el organismo que asiste al Congreso de la Nación y que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada (art. 85 de la Constitución Nacional).

Este organismo, en su informe de 2017 sobre la implementación de la Ley de Bosques, advirtió que la provincia de Salta estaba violando la ley nacional y exigió la anulación de 32 permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.

La Auditoría advirtió que en Salta se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60%, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas.

En vigencia de los decretos provinciales que autorizaron las 32 explotaciones a que se refiere el informe de la Auditoría, hubo episodios lamentables, como el desalojo policial del campamento de Greenpeace en 2014, pese a la orden contraria de la Jueza de Garantías de Tartagal. Finalmente, esos decretos de 2010 y 2011 fueron derogados por el gobierno de Salta, pero apenas en diciembre de 2017.

Ante el contundente informe de la Auditoría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente nacional procedió correctamente y, por resolución 56/2018, publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero, declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y a reforestar los desmontes ya realizados. No obstante esta prohibición, organizaciones no gubernamentales denunciaron haber verificado -por sobrevuelos e imágenes satelitales- que al menos en tres fincas se la violaba, aunque, dada la ilegalidad, esta destrucción era necesariamente mucho menor que la autorizada en vigencia de los decretos derogados.

4- El principio de no regresión y el federalismo. El informe de la Auditoría General y la decisión del Ministerio nacional, responden al llamado principio de no regresión en materia ambiental[4], derivado del principio de progresividad, aplicable a los Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, establecidos en el sistema universal de Derechos Humanos por el Pacto Internacional homónimo de 1966 (ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional), que lo consagra en el párrafo 1º de su artículo 2º [5]. El mismo principio constitucional rige en función de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que lo enuncia en su articulo 26º [6].

La extensión del principio de no regresión a la materia ambiental fue desarrollándose en los últimos años, siendo crecientemente reconocida por la jurisprudencia nacional, como también por las Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012 (A/66/L.56, 66/288, El futuro que queremos) [7].

Independientemente de los textos internacionales, que son parte de la Constitución Nacional (inc. 22º del art. 75) con igual jerarquía normativa, el artículo 41º  de ésta establece claramente que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

En cuanto a la competencia, en el mismo artículo se establece: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

En nuestro ordenamiento jurídico, toda norma debe interpretarse conforme al principio republicano (artículo 1º de la Constitución), que exige la racionalidad, es decir, la adecuación a un fin deducido de la razón misma de ser del Estado que, en primer lugar, debe asegurar la vida y la salud de sus habitantes.

Es sabido que la deforestación implica riesgos para la salud, siendo en los últimos años señalada por la Organización Mundial de la Salud como causa de la propagación de enfermedades infecciosas. En cuanto a la afectación a pueblos originarios, sus efectos resultan violatorios del derecho internacional y del propio reconocimiento de estos pueblos en la Constitución Nacional (inc. 17º del artículo 75º)[8].

Ante la importancia de los bienes jurídicos comprometidos por la deforestación de bosques protegidos y, considerando además que su destrucción es a veces irreversible, puesto que su restablecimiento requiere muchos años y quizá siglos, el principio republicano de gobierno (la racionalidad) impone que de modo alguno se pueda entender el párrafo del artículo constitucional referido a las jurisdicciones como derogatorio de todo el texto, lo que sucedería en los hechos si se pretendiese que las provincias fuesen en definitiva las encargadas de categorizar.

Obsérvese, además, que la Constitución se refiere a las jurisdicciones locales y, como es sabido, jurisdicción significa decir el derecho, o sea, que se trata de respetar la competencia de los jueces locales y no de los poderes ejecutivos, lo que no es un detalle menor a la hora de interpretar el texto, puesto que no se puede confundir con la competencia legislativa de las provincias en la materia. Si se lo quisiese entender como jurisdicción administrativa –expresión por demás confusa, porque se confunde con competencia– el texto estaría negando su propio contenido, porque obviamente, en las actuales circunstancias, dejaría al zorro al cuidado del gallinero.

5- Los pasos recientes. Hace pocos días el gobierno provincial y el Ministerios de Ambiente nacional firmaron un conveniomarco de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de Salta, cuyo objetivo es abordar tres lineamientos de gestión colaborativa: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta, promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en bosques nativos ubicados en categoría amarilla (de mediano valor de conservación, categoría 2 según la Ley Nacional de Bosques, 26.331) e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.

Con la participación de los representantes de los poderes fácticos interesados en los desmontes, se firmó un acta complementaria en el marco del acuerdo, que tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si los 32 proyectos autorizados antes en función de los decretos provinciales derogados, que habían sido declarados ilícitos y suspendidos por pedido del propio Ministerio de Medio ambiente nacional (en razón de lo dictaminado por la Auditoría General de la Nación), son adecuados a la legislación vigente. Es decir, que los 32 proyectos serán nuevamente evaluados, con lo cual el Ministerio nacional da marcha atrás respecto de la medida dispuesta en los primeros días del año, dejando abierta la posibilidad de su explotación.

En otras palabras, con buenos modales, pero sin la participación de los pueblos originarios ni de la población de Tartagal –que no hace muchos años sufrió la referida catástrofe aluvional-, pero en mesa con los poderes fácticos interesados en el desmonte, se corre el riesgo (que para algunos académicos salteños es certeza), de que ahora, con beneplácito del gobierno nacional, se entronice al zorro, cono como cuidador, sino como dueño del gallinero.

De materializarse este riesgo y si aún quedan en pie restos de la institucionalidad perdida, es de esperar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación recupere su jurisprudencia de hace una década y la sostenga, en previsión de la depredación irrecuperable en una generación de los bosques salteños, de la vida de los habitantes de sus pueblos originarios y en previsión de nuevas catástrofes locales.

Será cuestión de ver quién tiene más fuerza en esta pugna entre los poderes fácticos y lo que aún queda de vigencia de la Constitución. De momento, vale la pena apostar a que no se haya perdido del todo la dignidad, el sentimiento humano y, sobre todo, la pulsión de supervivencia de la especie.

De toda forma, no debemos olvidar nunca que el derecho no es un conjunto de reglas lógicas en un topos uranos normativo ubicado encima del cielo de los mortales, sino que, en este mundo de los mortales, es un campo de lucha permanente y continuo.    

Buenos Aires, de junio de 2018      

*Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires

Referencias:

[1] Carta Encíclica Laudato si, 56.

[2] Idem, 57.

[3] Idem, 139.

[4] V. Peña Chacón, Mario, director “El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano”, PNUD, 2013.

[5] Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

[6] Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

[7] Reconocemos que, desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular de los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás en nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. También reconocemos que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día.

[8] Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecte. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.  

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Heráclito tenía razón: todo pasa. El tiempo-espacio se curva dicen los físicos, lo que parece depender de la ley de la termodinámica, conforme a la cual el calor siempre pasa a lo frio y nunca a la inversa. Pero lo que es verdad en física no lo es en la dinámica del poder: allí no rigen las leyes de la termodinámica.

Por eso, que mucho se habla en el mundo de una justicia transicional para caracterizar procesos de cambio o transición de dictadura a democracia o de violencia a paz, es cuestión de reflexionar un poco.

No estoy seguro de que exista una justicia transicional, aunque no dudo de que hay políticas transicionales condicionadas por varios factores, según las circunstancias. Pero en general, el término se usa como si rigieran en la política las mismas leyes de la termodinámica, o sea, que toda transición sería del calor al frío.

Lamentablemente no es así, pues hay transiciones en sentido contrario y, por ende, existen políticas transicionales regresivas, que transitan de la democracia a la dictadura o de la paz a la violencia.

Son varias las naciones de nuestra región que viven esa política transicional regresiva y, por supuesto, también nuestro país. No es necesario mirar la casa vecina, porque entre nosotros se repite la misma regresión hasta en sus detalles, pues sólo nos diferencian algunos datos más o menos folklóricos o coyunturales. Basta mirarnos el ombligo para verificar que tenemos presos políticos -empezando por el escandaloso caso de Milagro Sala-,  jueces perseguidos por sus sentencias, censura de medios de comunicación, discurso único mediático, represión y letalidad policial, jueces dóciles, etc.

La economía argentina, agotó a increíble velocidad la nafta del tanque y ahora está consumiendo la reserva a cien millones de dólares por día. Mientras la banda toca a toda orquesta, ya se siente el roce del iceberg en el casco del Titanic, que sigue impertérrito rumbo al desastre.

Pero Heráclito tenía razón: todo pasa. El diluvio también pasó. Es hora de pensar qué hacer después del diluvio. La vida seguirá, el Pueblo Argentino también, quizá en una parte con la bronca propia del estafado, del que compró la máquina de hacer dólares que otros se están llevando y que, por desgracia, pagaremos todos.

Los males que dejará el diluvio son muchos, tanto materiales como inmateriales. Entre los últimos no será menor el desencanto con la llamada justicia, protagonista importante y clave de esta política transicional regresiva.

El método de repartir estiércol y otras inmundicias a través de los medios de comunicación monopolizados, para luego manipular a los jueces propios –como descaradamente reclamó el presidente- y obtener prisiones preventivas y condenas arbitrarias, es clave en esa transición regresiva.

Pero no podremos pensar qué hacer después del diluvio si no comprendemos qué es esta pesadilla que vivimos, esta especie de dictadura sin dictador y con uniforme escolar de democracia con trencitas y expresión infantil de globitos amarillos.    

Lo que la tradicional política transicional no ha visto antes es, precisamente, que en política no rigen las leyes de la termodinámica, porque si la única transición fuese hacia la democracia y la paz, llegaríamos a la conclusión de que todos estamos más o menos camino del Paraíso.

Las cosas no son así, en política hay transiciones hacia adelante y hacia atrás, porque el Estado de derecho es un modelo ideal nunca del todo realizado. Es útil como modelo orientador, pero a condición de saber que los Estados de derecho reales que hay en el mundo son corsés institucionales que contienen los esfuerzos de quienes buscan hegemonizar el poder, porque en toda sociedad hay quienes quieren hacerse del poder para manejarlo arbitrariamente en beneficio propio y de su minoría.

Justo es señalar que pocas veces esta hegemonización para la arbitrariedad enriquecedora, propia y de grupo, se ha visto tan clara como en el actual momento de nuestra pobre Nación.

Tienen todo el poder: los medios monopólicos creando realidades ilusorias, repartiendo inmundicias, los votos del Congreso mediante la extorsión a los gobernadores, los carpetazos amenazantes contra cualquiera, los jueces propios dispuestos a cualquier antojo, los jueces impropios amenazados; tienen todo menos un programa económico sustentable, porque su ciega voracidad los ha llevado a destripar a la gallina de los huevos de oro. Sólo por eso el diluvio llegará y también pasará.

¿Cómo se llegó a esto? Muchos se lo preguntan y no tienen una respuesta clara, porque no han caído en la cuenta de que el corsé institucional de nuestro Estado de derecho era demasiado débil, diría que completamente vulnerable. Y los gerentes de transnacionales y sus empleados supieron aprovechar hasta el último resquicio de institucionalidad defectuosa para hacerlo estallar. Ya no tenemos Estado de derecho, sino la voluntad arbitraria del grupo de chief executive officers y sus empleados y amanuenses que se hicieron del poder engañando con globitos y repartiendo estiercol.

¿Gobierno representativo, republicano y federal? El artículo 1º constitucional parece una ironía, una manifestación de buena voluntad, lirismo constitucional para escolares, de cuya irrealidad hasta los niños se dan cuenta. Después del diluvio nos espera la durísima tarea de tratar de hacer de esa ironía una realidad. No será tarea fácil.

Entre otras dificultades, no será menor la urgencia de curar la herida profunda que este poder arbitrario infirió a la democracia misma y, por supuesto, al Estado de derecho, porque debilita directamente nuestra cultura jurídica y cívica, de tan paciente y compleja formación. Para volver al Estado de derecho será necesario pensar una institucionalidad fuerte, inventar el nuevo corsé a la altura de las agresiones actuales, y eso importará poner nuevos límites institucionales al poder.

Pero la bronca de estafados y damnificados será grande. Muchos se rebelarán ante la propuesta de nuevos límites al poder: ¿Por qué limitar el poder? ¿Acaso no nos pasó esto por no ejercer suficiente poder? ¿No nos ha pasado por respetar demasiado los límites? ¿Acaso los otros respetan límites? ¿Siempre nosotros debemos ser los tontos? ¿Volveremos a ser tan idiotas y a respetarlos, cuando ellos nos ensucian, nos encarcelan y nos largan las policías de gatillo fácil?

Este es el daño inmaterial que está provocando la pesadilla que vivimos, porque mina la base misma de la democracia en el sentir popular. La verdadera brecha es la que están abriendo en la convicción democrática de nuestro Pueblo; es la herida que nos dejará esta reverberación repugnante de 1955.

Pero lo difícil no es lo imposible: lo superaremos. Cuando este vómito histórico colonialista de gorilismo tardío y vendepatria haya pasado, con esfuerzo y paciencia curaremos la herida. Nuestro Pueblo no es suicida ni violento por esencia, difícil pero no imposible es la tarea de restablecer la confianza en los límites institucionales, superando la bronca emocional con la prudencia de la razón.

Para eso es de vital importancia mostrar que la prudencia de la razón no es ingenuidad. A las preguntas del ciudadano indignado se debe responder que no queremos volver a respetar límites que otros no respetan y nos juegan sucio, sino establecer nuevos límites que debamos respetar todos, lo que importa una tarea bien diferente y nueva.

No se trata de reponer un corsé que no ajusta, que falla por todos lados, sino que nos urge pensar un nuevo corsé institucional, firme, realmente republicano, representativo y federal en serio.

La actual Constitución Nacional es poco menos que un papel que se usa cuando conviene a la riqueza concentrada y a los intereses colonialistas, pero que después se cuelga en lugar poco conveniente. Es indispensable un nuevo proyecto de Estado, adecuado a una sociedad más justa y a una Nación más soberana, institucionalmente sólido como para evitar que lo burlen los voraces de poder y dinero.

Debemos comenzar a pensar en la enorme tarea que habrá que llevar a cabo después del diluvio. Temas centrales de nuestro Estado y que debemos debatir y resolver son, por ejemplo: control del poder presidencial, gabinete de ministros, coparticipación federal, pluralidad de medios de comunicación, control legislativo del endeudamiento, titularidad de las bancas legislativas, financiación de partidos políticos, servicios de inteligencia, función de las Fuerzas Armadas, control de los cuerpos de seguridad, tribunal constitucional, casación nacional, consejo de la magistratura, defensa del medio ambiente, pueblos originarios, presupuestos participativos, consejo económico-social y un largo etcétera.

La bronca emocional no se puede contener con ingenuidad, sino con la prudencia racional activa, no pasiva ni mucho menos ingenua, que sólo puede estar dada por la firme decisión de una institucionalidad nueva y mucho más sólida, por un corsé con las menores fallas posibles, que impida el reflujo de una política transicional regresiva como la que sufrimos. 

Aunque la demolición sea muy fuerte, aunque los límites republicanos se hayan pisoteado como nunca en los últimos treinta y cinco años, en lo institucional debemos comprender que esta pesadilla no ha hecho más que derrumbar ruinas institucionales que ya no servían para contener a quienes había contenido, y el abuso descontrolado del poder arbitrario por parte de los oportunistas de turno, no es más que la mejor verificación de la inutilidad de las ruinas demolidas por la barbarie plutocrática.

Después del diluvio no será cuestión de reconstruir lo institucionalmente demolido, porque no sirve, sino de construir una nueva institucionalidad que, hasta donde sea humanamente posible, sea capaz de impedir que cualquier nuevo grupo de advenedizos oportunistas la pueda abatir en el futuro.

Buenos Aires, 15 de julio de 2018

*Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Por cierto, pasan cosas en el mundo, algunas insólitas, como que un arzobispo quiere darle un golpe de estado al Papa. Busco en internet datos del tal Viganò, original cura que parece volver a los tiempos de los Medici, pero para mi sorpresa no es florentino, sino lombardo de Varese y de rica familia. Leo más y parece que, peleando por la herencia, denunció a su hermana por “circunvención de incapaces” (un delito muy italiano que es aprovecharse de un loco), en este caso su hermana sería el incapaz que tuvo que ir en silla de ruedas a decirle al juez de Milán que estaba mal de las piernas, pero no de la cabeza y que el curita hermano se quería quedar con su cuota hereditaria.

Busco más y encuentro que se trata de un sujeto dedicado a la diplomacia, fue embajador en los Estados Unidos, fino él, delicado tratando con los poderosos. Disgustados por sus intrigas en busca de poder en el Vaticano, ni Benedicto ni Francisco lo hicieron cardenal y, para colmo, el primero lo alejó del Vaticano mandándolo como embajador y el segundo lo removió de esta función.  

Me lo imagino masticando rabia. Seguramente el púrpura le hubiese quedado bien, aunque quizá también le hubiese otorgado más semblante de vieja distinguida de barrio alto que de dignatario respetable. Pensará que esos egoístas le frustraron sus altos destinos como canciller, quizá como Papa. ¿Por qué no? Me lo imagino cargado de desprecio peninsular del norte contra los “terroni” del sur, afirmando que la culpa de todo la tuvo Garibaldi al unificar Italia. ¿Y qué decir lo que sentirá por este “sudaca” de mucho más al sur? Se hizo llamar Francisco y tuvo la osadía de emitir una encíclica en la que afirma que “este sistema no se sostiene” y va camino de hacer pelota el planeta. Se disculpará y avergonzará por estos exabruptos de cura sudamericano ante sus fieles amigos norteamericanos con los que tan a gusto se codeaba.  

Y para colmo, lo acusa por no haber condenado sin más pruebas que sus alcahueterías y, en lugar, haber esperado a que se prueben los hechos para después condenar. ¿Quién se cree este “sudaca” que exige pruebas antes de penar? ¿No le bastaba con su palabra de cura fino del norte? No haber creído en su palabra y no haber condenado sin más prueba, es para el cura fino un encubrimiento.

Sin duda que el perfil de este curita tortuoso indica graves errores de conducta, su actuación de intrigante resentido es manifiesta, demasiado notoria, especialmente cuando la completa con su histérica teatralización histriónica de víctima, cuya vida supuestamente corre peligro.

Cierro internet y pienso si habrá organizaciones con tendencia corporativa que generan errores de conducta de esta naturaleza. Sin duda que ciertos medios corporativos y burocráticos muy fuertes condicionan conductas, porque nadie se forma en una incubadora. No sé lo que pasa en la Iglesia, no conozco sus vericuetos internos, pero tengo experiencia de otra organización fuerte aunque mucho menos importante, que es el llamado “poder” judicial.

Por algún tiempo me dediqué a investigar qué pasaba con los juristas alemanes en tiempos del nazismo. Me interesaron sus peligrosas elucubraciones perversas y la posibilidad de supervivencia o renacimiento de sus tortuosas racionalizaciones de lo incalificable. Me perdí en algunas bibliotecas leyendo libros y artículos en gótico, hasta que finalmente publiqué un ensayo el año pasado.

Ahora observo con seria preocupación lo que sucede en la justicia federal argentina y en alguna provincial y, por cierto, no es lo mismo. Los nazis eran aberrantes, con finos bisturíes trataban de descuartizar las garantías penales y procesales más tradicionales, apelaban a metodologías diferentes y en cada una exploraban lo que les era útil para su perversa argumentación. Pero lo que observo en la justicia federal argentina es algo muy diferente: no se argumenta, simplemente se dice cualquier cosa, que poco o nada tiene que ver con el derecho.

No voy a pasar revista a las decisiones desopilantes: se pretende procesar por “traición a la Nación” (cuando nunca hubo guerra), se declaran imprescriptibles delitos de “corrupción” (serían más graves que los parricidios), se toman declaraciones a “arrepentidos” que si no se arrepienten quedan presos (a las brujas no se las torturaba para que confesasen, sino para que diesen algún nombre), se ordenan prisiones preventivas efectivas sin riesgo de fuga ni de interferencias (hay vínculos residuales), se hace lo mismo sin sentencia firme (total se sabe que se va a confirmar), se prohíbe a médicos atender pacientes cuando no tienen matrícula provincial (la nacional no sirve en Jujuy), y podría seguir largamente, pero no vale la pena.   

Nada de esto se racionaliza finamente, como hacían los nazis, sino que se ordena y basta. La consigna parece ser “lo hago porque tengo el poder de hacerlo”. No me ocupo aquí de motivaciones políticas de nivel manifiesto, sino que me pregunto por el proceso psicológico que lleva a estas decisiones.

No admito que alguien lo quiera explicar por corrupción o por amenaza de “carpetazo”. Me consta en muchos casos que nada hay de corrupción y en otros no conozco, pero presumo que tampoco. No creo que haya “carpetazos” amenazantes en tal cantidad y tampoco que haya tantos vulnerables a ese infame procedimiento. Es muy simplista y falsa esta explicación.

Este “lo hago porque tengo poder” es una conducta errónea que, cuando se reitera en una institución, hace algo más que sospechar un condicionamiento o, por lo menos, en el efecto que la cultura institucional o burocrática tiene sobre algunas personalidades predispuestas.

Es innegable que esos comportamientos no presentan la característica de racionalización perversa de los nazis ni tampoco la neutralización de valores (descripta por Sykes y Matza) propia –entre otros- de los genocidas, sino que el error de conducta se manifiesta con signos bastante inequívocos: quien procede de esa forma se considera invulnerable, está seguro de que no le pasará nada, no se imagina correr ningún riesgo, no toma consciencia de la transitoriedad y dinámica temporal, de la accidentalidad de la existencia, no está exento de una dosis de narcisismo, piensa en blanco y negro, a los “malos” nada, no se imagina el dolor del otro, no admite grises ni matices, en buena medida opera con pensamiento mágico. En síntesis, todo eso permite señalar que el carácter más saliente de esas conductas es la omnipotencia.

La omnipotencia es normal en la adolescencia, pero no en las personas adultas, donde no indica un buen nivel de salud mental o, al menos, señala un grado de inmadurez preocupante. Si esos comportamientos se reiteran en el “poder” judicial, cabe preguntarse si la institución no condiciona –al menos en algunas personalidades no muy maduras emocionalmente- una regresión a etapas superadas por la vida adulta (regresión adolescente) y, con pocas dudas, la respuesta parece que debe ser afirmativa, lo que no deja de ser preocupante.

Sabemos que la prisión –y en general todas las instituciones totales- provocan regresiones situacionales por efecto de condicionamientos externos (disciplina, horarios, vigilancia), pero en el caso judicial parece que la institución lo hace por condicionamientos internos, o sea, que neurotiza o, por lo menos, tiende a aumentar una previa base de inmadurez fijada en la adolescencia.

No es para nada insignificante desde el punto de vista político-institucional verificar que una institución como la “justicia” genera estos errores de conducta, sino que, por el contrario, resulta preocupante.

Más allá del lawfare, de la manipulación mediática y de todos los accidentes del poder de un gobierno que se debate en una más que previsible agonía por efecto de su manejo económico colonialista, subyace un fondo de omnipotencia en el comportamiento que nada tiene que ver con la coyuntura, sino que muestra errores de conducta individuales que se concretan en una clara patología institucional.

Será cuestión de reflexionar en miras al futuro, para estudiar las posibles formas de neutralización de esos condicionamientos. Será necesario plantear hipótesis a investigar. Quizá haya un estereotipo de “juez”, con demandas de rol que el sujeto internaliza y asume en forma omnipotente. Tal vez predomine el fomento de un desprecio por la política pasajera y una convicción de superioridad por la permanencia. Quizá algunos se miren al espejo a la mañana y no vean más a Juan, Pedro o Pablo, sino a Su Señoría. No cabe descartar que en la afirmación de “soy juez” se esconda un “ser” que ya no es más el estudiante, el novio o la novia, el abogado, sino alguien que “es” su trabajo, su función, su “personaje”. ¿Será que la institución –al menos en algunos casos- se traga la personalidad y la deteriora?

Son hipótesis, meras preguntas, pero se las tendría que formular y responder quien responsablemente reflexione y proyecte en el futuro alguna reorganización racional de nuestro “poder” judicial, que tan triste papel está jugando en estos tiempos.             

Septiembre 11 de 2018

*Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires

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Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Es innegable que todos los días nos bombardean noticias poco confortantes y tratamos de no leer el diario temprano para no comenzar mal el día. Es verdad que es muy desagradable saber que tenemos presos políticos –con Milagro a la cabeza-, se entrega el país a la voracidad financiera con una creciente deuda, se suscriben acuerdos que nos someten a organismos internacionales y cuyo contenido desconocemos (y lo desconocen también todos los legisladores), hay jueces que criminalizan opositores, se aprueba un presupuesto con cálculos falaces y que no promete otra cosa que miseria, que la policía infiltra anarquistas para provocar desórdenes y desarmar nuestra capacidad de movilización popular, el ejecutivo felicita y asciende a los autores de ejecuciones sin proceso, el presidente mueve jueces a su antojo en su tablero de ajedrez judicial cuyas cúpulas se lo consienten, se  persigue a jueces por el contenido de sus sentencias, los gobernadores son presionados con amenazas de recorte o retraso en la remisión de partidas, los medios monopólicos estigmatizan para preparar la criminalización judicial (lawfare  o los once principios de Göbbels actualizados), y no sería del caso seguir enunciando lo que todos vivenciamos cotidianamente, mientras esquivamos la mampostería demolida de lo que otrora fue un Estado de Derecho más o menos aceptable, con un mercado interno de consumo considerable y cierta distribución de riqueza menos inequitativa.

Ahora, para detener la inflación, será necesario no tener dinero para consumir, o sea, que los seres humanos estamos al servicio de la economía y no ésta a nuestro servicio. Parece que el ideal es la inflación cero aún a costa de la vida cero.  

En síntesis, todo esto es resultado de la decisión de entregar nuestra Nación al poder de las transnacionales que hoy quieren vaciar todas las democracias del mundo, sin que importe si los pueblos votan por socialdemócratas, conservadores, liberales o quien sea, puesto que, cualesquiera fuesen los electos, no deberán obedecer lo que quieren quienes les votaron, sino lo que les manden acreedores autócratas de transnacionales, que gobiernan ficciones de dinero de las que no son propietarios y que en los propios países sede han privado de soberanía a sus pueblos.

Desde hace quinientos años la polarización básica en nuestra región está dada entre independencia y colonialismo. Es posible llamar izquierda a cierta distribución de la riqueza y derecha a la mayor concentración, pues una sociedad colonizada trabaja para otros y nunca puede tener una discreta distribución. Pero esa denominación es inofensiva a condición de no confundirnos, es decir, siempre que seamos conscientes de que todo lo que decide nuestra distribución de riqueza se juega conforme a la polarización básica, porque nuestra posición geopolítica siempre hizo que nuestro capitalismo haya sido derivado y, por ende, sería absurdo razonar como si viviésemos los tiempos europeos de la acumulación originaria en la Revolución Industrial. 

Si apartamos la máscara del neoliberalismo como ideología encubridora que coopta hoy las academias, veremos que esconde el rostro de un Pennywise o de un Chuk: se trata del totalitarismo financiero mundial, en manos de los chief executives officers (autócratas neuróticos bajo estress continuo) de corporaciones transnacionales, que mantienen como rehenes y lobistas a los gobernantes de sus países sede (cuyos gobernantes otrora decidían en el marco del antiguo imperialismo neocolonial).

En nuestra región practican una etapa avanzada del colonialismo, valiéndose de sustituibles títeres locales, que descartarán cuando, una vez cumplida la misión de endeudar, por su voracidad e incapacidad de gestión pierdan funcionalidad para garantizar el pago de los intereses de las deudas siderales.    

Al describir esto, se producen diferentes reacciones, sin perjuicio de los rasgos de personalidad como explicación psicológica, desde la interacción se ponen de manifiesto claros condicionamientos sociales.

La reacción más extrema es el negacionismo frente al colonialismo que sufrimos, lo que no se explica simplistamente alegando que hay muchos fascistas. Esto último no es cierto, ante todo porque los que pululan entre nosotros no son fascistas, sino algo peor si lo hay, o sea, personalidades autoritarias propias de sujetos frustrados dispuestas a impulsar cualquier atrocidad represiva. Por suerte, no son demasiados y nunca dejarán de ser como son.

El negacionismo más difundido consiste en una defensa frente a la perspectiva de una depresión, que es la que sufre toda víctima de estafa, cuya primera reacción consiste en negar su victimización y luego, cuando ante la evidencia ya no puede hacerlo, cae en depresión, porque todos nos deprimimos cuando nos damos cuenta de haber jugado el papel de tontos, crédulos o ingenuos y que otros más hábiles nos han usado.

Pero hay otras reacciones a veces más preocupantes, que corresponden a quienes caen en depresión por supuesta impotencia. Nos hemos ocupado antes de estas reacciones, pero queremos ahora hacerlo con un poco más de detalle. Las reacciones depresivas son de dos tipos: (a) una es la que atribuye todo a una suerte de destino manifiesto, por llamarlo de alguna manera (los argentinos somos así, siempre nos pasa, pasamos una etapa buena y después viene esto); (b) la otra, más corriente, es la reacción de impotencia total frente al poder verticalizador (no podemos hacer nada, lo tienen todo, medios, dinero, justicia, policía, y no hay reacción, la gente sigue igual).

La primera de este tipo de respuestas ignora que tenemos a nuestras espaldas quinientos años de tradición de resistencia al colonialismo, empezando por el Padre Las Casas y la resistencia de los indios, de los quilombos de esclavos fugitivos, de movimientos de liberación, de gobiernos populares, de luchas sindicales, y todo lo que sería largo enumerar y respecto de lo que no cabe menos que recomendar que revisen un poco la historia de nuestro continente y de nuestro país.

¿Y de qué han servido, si estamos como estamos? Sería la objeción del deprimido. La respuesta es obvia: para que estemos como estamos. Pero de esa obviedad no es consciente quien responde sin darse cuenta de que sin todo eso no sólo no estaría como está y tal vez, ni siquiera estaría, porque lo hubieran abortado por miseria, hubiera muerto de enfermedad infantil, le hubieran faltado proteínas en la infancia y no tendría suficientes neuronas en su cerebro, no hubiera aprendido a leer y escribir y, si es el caso, nunca hubiera pisado la universidad.

Sencillamente, está aquí y ahora y puede hablar porque otrora por aquí pasó nuestro pueblo, con sus próceres a la cabeza, esos que ahora reemplazan por animalitos en los billetes (dejo de lado a Roca y Mitre, claro, y faltaron Yrigoyen y Perón, aunque por suerte estuvo Evita), porque los animalitos son la vida y los próceres están muertos, según el inefable vocero del actual gobierno (o régimen si gustan). Lo que calla el creativo vocero es que el totalitarismo (del que él es agente local colonialista) es tanático, no tiene en mira la vida, sino la muerte, pues de seguir adelante hará desaparecer también a los animalitos, dado que no genera dos crisis, una ambiental y otra social, sino una única crisis socioambiental (perdón por citar al Papa, que según los bien pensantes hace bien en ocuparse de los pobres, pero hace mal en destapar la olla y explicar por qué hay pobres).  

La segunda de las reacciones arriba referidas, la de la depresión por impotencia, es frecuente entre los que nunca se engañaron y tienen las cosas claras, por lo que debe preocupar incluso más. Se trata de quienes dan la razón a la descripción cruda de la realidad, la tienen incluso incorporada, pero reaccionan con un no podemos hacer nada y no pasa nada.

Aunque parezca mentira, estos también son víctimas del totalitarismo financiero, porque como todo totalitarismo, éste se esfuerza por desarmar cualquier resistencia mediante la depresión y, por supuesto, sabe muy bien que la sensación de impotencia (o su omnipotencia propia) genera depresión. 

Sin perjuicio de todas las espectaculares demostraciones de fuerza de cualquier totalitarismo (paradas, desfiles, muestras de fuerza, represión policial abierta, fanfarronadas autoritarias, etc.), en nuestra Patria, en Latinoamérica y en el mundo, gran parte de la población es víctima fácil de una doble ilusión, que la lleva a creer que las transformaciones sociales sólo se pueden producir desde el poder y con fuertes conducciones, o bien que, por el contrario, surgen como explosiones espontáneas sin historia ni preparación previa, algo así como movimientos que aparecen porque Dios quiere y sólo podemos rezar para que ocurran.

Si bien ambas percepciones son erróneas, todos los totalitarismos las explotan, estimulan y fortalecen, precisamente porque saben que son las que provocan depresión, que es el mayor antídoto para la resistencia. Quede claro que todo totalitarismo es consciente de que no es posible resistir con depresión.

Pero en la realidad, los fenómenos de transformación social responden a una dinámica del todo diferente: ninguna cúpula podría cambiar nada sin un previo debilitamiento del verticalismo social (descorporativización social), generado lenta y casi en silencio por la crítica y resistencia producida en cada punto de interacción o encuentro social (fábrica, escuela, sindicato, barrio, hospital, lugar de culto, asociaciones, clubes, ONGs, cooperadoras, sociedades vecinales, carnicería, panadería, farmacia, etc.).

Aunque parezca extraño, toda transformación comienza desde lo microsocial y el conjunto de esas microcríticas sociales es el que va resquebrajando la base de la verticalización corporativa inherente a toda estructura de poder totalitaria y, a su vez, es el presupuesto necesario que prepara el momento en que se produce una convocatoria convergente de la que emergen los grandes movimientos de transformación.

Sólo que la espectacularidad del momento en que se manifiesta el movimiento convergente, con demasiada frecuencia encandila y deja oculta la miríada de críticas microsociales que lo preceden y lo impulsan, y eso es lo que facilita alguna de las ilusiones de impotencia. No hay ninguna cúpula ni fragmento de ella que pueda hacer nada transformador sin esto, ni tampoco ninguna transformación que surja de la nada, pero el totalitarismo, para deprimir y debilitar toda resistencia, alimenta estas ilusiones.     

Aunque parezcan insignificantes, locales, de pequeño contorno, son todas las microcríticas sociales que surgen en nuestros círculos reducidos de interacción, las que lentamente se van enlazando para desembocar en un momento en el movimiento convergente de transformación.

De allí la importancia de insistir en ellas y de pensar desde esos encuentros -que parecen menores- cómo haremos para que, superada la emergencia colonialista que padecemos, surja un nuevo Estado, un nuevo nunca más al endeudamiento colonizador, una valla institucional sostenida por nuestro Pueblo, para interrumpir el círculo viciado de irrupciones colonialistas que hacen regresar etapas de soberanía, en particular desde 1955 hasta la fecha.

Los sesenta años que el presidente considera perdidos, porque durante ese tiempo las minorías colonialistas no lograron entregar por completo a la Nación y consolidar definitivamente nuestro sometimiento al colonialismo, deben invertirse de una vez por todas con un fuerte basta que consolide hacia el futuro la soberanía nacional. Nadie debe ignorar que esta dinámica no se detiene y vacunarse contra la depresión que quiere provocarle este totalitarismo financiero.

Buenos Aires, 30 de octubre de 2018

*Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires

La entrada Resistencia vs. Depresión – Por E. Raúl Zaffaroni se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Según el nuevo teórico de la historia contemporánea argentina, nos hallamos con una teoría que considera que toda elevación del nivel de vida de la población fue una fiesta irresponsable. El nuevo teórico se atribuye todo el mérito del avance colonialista sin precedentes que lleva a cabo, pero oculta que ese esfuerzo es favorecido por la eclosión plena del totalitarismo financiero mundial.

Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

La historia es una ciencia a la que muchas personas dedican su vida. Cuando el investigador se dedica a la historia contemporánea, uno de los problemas de difícil solución es el de los límites temporales. Entre nosotros se acaba de exponer una teoría de la historia contemporánea argentina bastante original, especialmente porque ningún otro teórico mostró mayor capacidad de síntesis.

Según esta teoría, nuestra historia contemporánea tendría 73 años, de los cuales los primeros setenta habrían consistido en una fiesta, que terminó hace tres años, lo que según el historiador que la enuncia sería un plazo muy breve para colocar en su lugar lo que la fiesta desacomodó.

La extraordinaria capacidad de síntesis del teórico le lleva a evitar mayores desarrollos, por lo que su enunciado debe ser casi entendido como una premisa, de la cual deducir los criterios a que responde su particular teoría. Esto suele suceder con todos los grandes teóricos, razón por la cual deben ser interpretados.   

Si bien no todos los argentinos actuales han vivido en totalidad esos años (faltan unos cuantos sin aviso), todos conocen la historia, al menos por tradición oral. De toda forma, esta teoría motivará muchas reflexiones tanto en los sobrevivientes de toda la supuesta fiesta como en los que sólo estuvieron en parte de ella.

El criterio delimitador de lo contemporáneo debe deducirse con método matemático: 2018 menos tres es igual a 2015; 2015 menos setenta, es igual a 1945. Nos atrevemos a decir que para esta teoría lo contemporáneo comenzó el 17 de octubre de 1945.

Cabe advertir que este teórico de la historia no se refiere a una fiesta en la forma positiva de festejo, celebración, alegría, sino que emplea la expresión en sentido negativo, como derroche, desorden, falta de seriedad, irresponsabilidad, borrachera.

Hasta aquí la nueva teoría de la historia contemporánea de los argentinos no sería muy novedosa, porque se inscribe como una más dentro de la categoría de historias gorilas de la Argentina.

Otro de los problemas difíciles de superar en la historia contemporánea es que siempre se halla muy influida por la subjetividad del investigador. Tratándose de una historia gorila, como es lógico, la subjetividad gorila del teórico es posible que le haya hecho vivenciar esos setenta años –o la parte que vivió- como una fiesta en sentido negativo, pero no todos los argentinos hemos tenido la misma vivencia ni mucho menos.

Hace setenta años quien escribe estaba comenzando a aprender a leer y escribir en la escuela pública del barrio, junto a los hijos de los trabajadores de la zona y a algunos de los hijos de inmigrantes que habían huido de la Europa devastada. Hay muchos recuerdos festivos de ese tiempo, pero no en el sentido negativo del novel teorizador de la historia nacional, sino en el positivo de verdadera vivencia de alegría.

Pero del corte histórico de esta teoría de la historia contemporánea argentina se debe deducir también que antes de 1945 no había fiesta en sentido negativo, sino que todo sería lo contrario de una fiesta, es decir, que todo habría sido serio.

Por ende, tendríamos que considerar que lo serio era el gobierno de Castillo, que había tratado por todos los medios de evitar que Ortíz pudiese reasumir la presidencia. Ortiz había intervenido la provincia de Buenos Aires por negarse a encubrir el escandaloso fraude electoral conservador y, por las dudas, prohibieron que lo atendiese un famoso oftalmólogo español, ante el temor de que le devolviera la visión. También habrá sido seria la imposición de la candidatura presidencial de Patrón Costas, pues ni siquiera toleraron la de Rodolfo Moreno (h). Toda esa seriedad provocó el golpe de 1943.

Habrían sido serios también los años treinta, la prisión de Yrigoyen en Martín García, la proscripción del radicalismo, los relegados radicales en Ushuaia, la anulación de la elección de Pueyrredón-Guido, el asesinato de Bardabehre, el tratado Roca-Runciman, el suicidio de Lisandro de la Torre, la acordada de la Corte Suprema en 1930, etc.

Pero si antes todo fue serio, también habría que poner en la cuenta de la seriedad que la Argentina supuestamente se proyectaba como potencia al mundo en el primer centenario, tal como suele hacerlo La Nación, incluyendo a sus jefes de policía asesinando trabajadores y al fraude electoral anterior a la ley Sáenz Peña, la Liga Patriótica, etc., aunque habría habido cierto antecedente festivo que, sin duda sería don Hipólito, al que le puso fin Uriburu con sus ideas corporativistas y su ley marcial. 

Pero la verdadera fiesta, para nuestro nuevo teorizador, habría comenzado cuando a un coronel se le ocurrió dialogar con los sindicatos, quisieron eliminarlo del mapa político, lo llevaron también a Martín García y pasaron masivamente el Riachuelo quienes lo rescataron. Ese día se produciría el corte gorila de nuestra contemporaneidad histórica. 

Sin duda que, de inmediato, la seriedad argentina reaccionó y se juntó toda en la Unión Democrática, desde la derecha hasta la izquierda, todos alucinando ser los aliados en lucha contra el eje y, aunque estaban en el extremo sur del mundo, creían desembarcar en Normandía encabezados por el embajador norteamericano. Desde esta teoría gorila de nuestra historia, con Braden a la cabeza, estos alucinados eran los serios y Perón el iniciador de la fiesta.

Esa fiesta parece haber tenido de todo: viva el cáncer debe haber sido una mera consigna ocasional, los fuegos artificiales en la Plaza de Mayo con algunos centenares de muertos, serían fruto de un simple accidente pirotécnico, casi llegan a volar la destilería de La Plata en el entusiasmo celebratorio. Y también, como parte de la fiesta, fusilaron por delitos políticos en 1956, derogaron una Constitución por bando militar, hubo miles de presos y exiliados, el partido mayoritario fue proscripto, expidieron el inaudito decreto 4161, convocaron a una constituyente sin Congreso, asediaron con tentativas de golpes de Estado a Frondizi, anularon las elecciones de 1962, mandaron al presidente a Martín García (desde entonces es la isla YPF), convocaron a otra elección con el partido mayoritario proscripto, derrocaron al nuevo presidente (Illia), se instaló la llamada Revolución Argentina con aires franquistas, y así siguió la fiesta con la alternativa del período peronista hasta la dictadura cívico-militar de 1976-1983, cuyas atrocidades hicieron empalidecer a todas las anteriores.

Todo esto es parte de la fiesta según la vivencia un tanto demasiado cargada de subjetividad gorila por parte del novísimo teórico. Pero como éste piensa en grande, pasa por alto esas nimiedades o detalles menores y, justamente eso hace que su teorización resulte original en comparación con las otras historiografías gorilas. Realmente, supera a La Nación en mucho.

La originalidad consiste en que no salva a nadie de esa fiesta, ni siquiera a la gente que debiera considerar seria, como Prebisch, Alzogaray, Krieger Vasena, Rodrigo, Martínez de Hoz y Cavallo. Según la nueva teoría, ellos fueron parte de la fiesta.

Debemos prestar especial atención a esta característica de la nueva teoría de nuestra historia contemporánea: los serios de ese período, también deben ser considerados parte de la fiesta.

Veamos la importancia de esta inclusión, porque es la primera vez que en una historia confesamente gorila, se coloca a sus predecesores serios en el mismo festival del peronismo, al afirmar que la fiesta recién termina en 2015.

Cabe pensar que para nuestro nuevo teórico, esos personajes no estuvieron a la altura de las circunstancias, por lo que deben ser considerados parte de la fiesta, dado que no se animaron a hacer todo lo necesario para pararla. Sólo en los últimos tres años, con el teórico historiador a la cabeza, se vuelve a la seriedad sin vueltas. Lo que esos personajes no se animaron a hacer, lo está haciendo en realidad nuestro teórico que también se considera protagonista de la historia y no sólo historiador: no se limita a hablarnos de la historia, sino que también la hace.

Su ministro completa esta versión al afirmar que nadie antes se había animado a hacer semejante ajuste sin que lo echen, únicamente ellos son los que llegaron para parar en serio la fiesta e impedir que vuelva a reiniciarse.

El teórico se ufana con cierta razón, porque en los setenta años que abarca su valoración científica de nuestra historia (1945-2015) hubo momentos en que se amplió la base de ciudadanía real, el pueblo vivió mejor, hubo empleo, producción, salud, vivienda, seguridad social, etc., aunque no toda la deseada, pero la hubo y, desde su punto de vista, todo eso fue fiesta. Pero también hubo etapas de retroceso que, para nuestro teórico fueron insuficientes: no alcanzó con el Plan Prebisch y sus sucesores, todos ellos, desde su actual perspectiva teórica, fueron ineficaces, pese a los miles de muertos que quedaron por el camino. Por eso los humilla en su teoría, considerándolos parte de la fiesta.

En algún sentido es verdad que la Argentina perdió durante setenta años la oportunidad de ser una colonia y ahora, es al actual régimen al que le incumbe llevar a cabo por completo esa tarea, que no puede concretar del todo en tres años, porque es muy poco tiempo para volvernos plenamente una colonia. Para eso es necesario llegar al fondo, borrar hasta la memoria de los próceres, razón por la que empieza a cambiarlos por animalitos en peligro de extinción, justamente como parte del desastre que impulsa.  

También es verdad que nadie hizo en tan poco tiempo un esfuerzo tan grande como esta administración, producto de un abrupto cambio de régimen, para dejarnos en posición subordinada en el mundo. Nadie en tan poco tiempo nos comprometió el futuro con una deuda sideral y, cuando se le agotó el mercado, acudió al FMI. Menos de tres años para empobrecernos y comprometernos con una deuda de más de 230.000 millones de dólares, es una tarea bien intensa en favor del totalitarismo financiero tardocolonial que estamos sufriendo.

Pero nuestro flamante teórico de nuestra historia contemporánea exagera bastante sus propios méritos, porque oculta que lo ayuda el marco de poder mundial. Cuando le tocó actuar a los predecesores que ahora humilla, dejándolos reducidos a partícipes de la fiesta en sentido negativo, el poder de las transnacionales aún no había cooptado del todo la política en los países del hemisferio norte; el capitalismo financiero no había sometido del todo al productivo; algo mandaban aún los políticos, no habían cedido todavía todo su poder a los gerentes de transnacionales, la riqueza no se había concentrado tanto como ahora, el totalitarismo financiero de nuestros días no había llegado al apogeo en que lo encuentra el teórico, que surfea sobre su ola.

En síntesis: nos hallamos con una teoría gorila de nuestra historia que, al igual que otras, considera que toda elevación del nivel de vida de la población fue una fiesta irresponsable; pero a diferencia de las otras, subestima sus predecesores por incapaces y, por ende, los humilla dejándolos inmersos en la fiesta. Se atribuye todo el mérito del avance colonialista sin precedentes que lleva a cabo; pero oculta que ese esfuerzo es favorecido por la eclosión plena del totalitarismo financiero mundial.

No sabemos si los actuales repetidores de Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman y la rusa Ayn Rand (partidaria entusiasta de Joseph McCarthy), estarán impulsando un premio universal al colonialismo, pero lo sospechamos, porque la marcada subjetividad de esta teoría parece responder al  afán del teorizador por ser el primer galardonado y, con sinceridad, creemos que lo merecería.   

Buenos Aires, 11 de enero de 2019

*Profesor Emérito de la UBA

La entrada La Fiesta y la historia – Por E. Raúl Zaffaroni se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

 Por E. Raúl Zaffaroni*

(para La Tecl@ Eñe)

Leo con asombro las noticias sobre el caso Stornelli. Se trata de una denuncia que involucra al representante del Ministerio Público que actúa en uno de los procesos más controvertidos y discutibles del momento. No sólo trasciende una extraña compulsión a prisiones preventivas selectivas respecto de los imputados que no se autoincriminan como arrepentidos, sino que sus consecuencias son inimaginables para el futuro de nuestra Nación.

Más allá del intenso tufo a persecución política judicial que envuelve el caso de los curiosos cuadernos fotocopiados, que procederían de un no menos curioso grafómano y que, de por sí, pone en duda la existencia del Estado de derecho en nuestro país, este proceso puede tener consecuencias mucho más destructivas en miras al futuro.

En efecto: se están involucrando en el proceso a empresarios argentinos, o sea, a los titulares de las empresas de capital nacional, lo que los marxistas llamarían la burguesía nacional. Más allá de las ideologías, la agresión a nuestros empresarios implica el riesgo de destrucción de sus empresas, o de su venta a trasnacionales a precios viles.

El capitalismo puro y sano no ha existido nunca, más que como una fábula resultante de una mala interpretación de Max Weber, que se refería al origen del capitalismo, a sus primeros pasos puritanos y sobrios, pero que no pretendía extenderse a todo el ulterior fenómeno capitalista del mundo.

Todo capitalismo, en alguna medida, tiene aspectos de la hoy mentada corrupción, quizá atribuibles a su propia esencia competitiva, que hace que el diablo, que siempre habla a la oreja, despierte la tentación de trampear al otro o primerearlo.

El nuestro supongo que no es ninguna excepción, porque no somos la mosca blanca del planeta. Pero quienes creemos en los ahora pretendidamente descalificados populismos, en especial porque pensamos que sin ellos en nuestra historia es casi seguro que hoy no estaríamos escribiendo estas líneas, dado que nunca habríamos llegado a las universidades y quizá incluso fuésemos analfabetos, sabemos de sobra que debemos arreglárnoslas con el capital y con sus defectos esenciales.

Desde esta perspectiva, también sabemos que con nuestros empresarios -convenientemente vigilados- el valor agregado (el trabajo) por lo menos quedará en el país y eso permitirá que luego discutamos si se reparte más o menos. En esta discusión, siempre dirán algunos que los que pretenden más reparto son izquierdistas, calificativo claramente eurocéntrico mal trasplantado, por cierto. Cabe precisar que esta discusión por el reparto la adelantaba en su tiempo nada menos que el propio Adam Smith, tan deformado por sus lectores de hoy que, por cierto, se aprovechan de que el pobre escocés esté muerto desde hace más de dos siglos.  

Pero por ahora –y aunque parezca mentira- eso no importa mucho, porque lo que está en riesgo es nada menos que la tentativa misma de que el valor agregado por manos argentinas quede aquí, porque si se malvenden nuestras empresas (que se devalúan con las denuncias y prisiones preventivas de sus dueños) no vendrá el socialismo ni la igualdad, como pretenden algunos ingenuos e ilusos, sino que el valor agregado se lo llevarán las empresas trasnacionales que las reemplacen o compren y que forman parte del totalitarismo financiero que en (y desde) el hemisferio norte vacía soberanías y democracias.

Se trata, como siempre, de la eterna y básica polarización histórica latinoamericana entre soberanía y colonialismo, entre autonomía y desarrollo o sometimiento y subdesarrollo de nuestras naciones, con todas las consecuencias letales que le conocemos al subdesarrollo, que se traducen, por decirlo sintéticamente, en un verdadero genocidio por goteo.

El caso Stornelli se plantea, pues, nada menos que en el proceso en que se juegan estos astronómicos intereses. Es obvio que no por eso se debe condenar anticipadamente a nadie, cualquiera sea la persona involucrada y graves las circunstancias concretas del caso, y aunque nos resulte simpática o antipática la persona y su actuación.

Todos sabemos las consecuencias desgraciadas de manejos mediáticos de desgaste y pulimiento y, quienes tratamos de mantenernos más o menos serenos en medio de un carnaval en que no se manejan lanzaperfumes sino que se distribuye estiércol maloliente a diestra y siniestra, no podemos permitirnos caer en los mismos procedimientos.

Tampoco podemos admitir lo que lamentablemente alguna vez dijo un político de nuestro país: en política hay mala suerte y en tales casos se debe dar un paso al costado. No, nadie debe dar un paso al costado si tiene la conciencia tranquila. De lo contrario, estamos a merced de cualquier manipulación mediática y eso es injustificable, porque acabaría con nuestra democracia, ya de suyo bastante precaria. Aunque la mujer del César no sólo sea casta sino incluso virgen, aquí se la hace prostituta mediante la creación mediática de medios monopólicos (o se la hace virgen aunque se acueste con toda la soldadesca).

Cuando el totalitarismo financiero se apodera de la política –como sucede hoy en el mundo- y sus monopolios mediáticos se convierten en árbitros de quiénes se quedan o salen del ring, afirmaciones tan estúpidas como que quien es acosado por la difamación deba dar un paso al costado son inaceptables, porque implican la muerte definitiva de la política.

Quienes hemos pasado décadas en los tribunales sabemos lo que en la jerga se llama girar el nombre. Se trata de estafadores que venden humo, falsas influencias para obtener dinero de algún incauto con el pretexto de que es para el juez. Sabemos que la creatividad de los estafadores es enorme. A quien no lo crea, le recomendamos leer el estudio criminológico sobre la estafa de Hans von Hentig, que tiene más de sesenta años de antigüedad, al que habría que sumarle todos los ejemplos de esas décadas.

Por lo general, estos estafadores no tienen ningún vínculo con el funcionario para quien pretenden que destinan el dinero del supuesto cohecho. En otros casos pueden ganarse la confianza de éste, pero son casos menos comunes y más dudosos, lo que no excluye su posibilidad.

En el caso Stornelli el vínculo existe y no parece superficial, por lo menos a partir de las noticias periodísticas y de las comunicaciones que se han dado a publicidad. Esto no es ninguna prueba concluyente e insistimos en que nadie debe ser condenado anticipadamente, pero es claro que merece ser investigado a fondo por la justicia. ¿El propio Stornelli fue estafado? ¿No tuvo la sagacidad de reconocer el carácter de estafador del supuesto interpuesto?

El personaje que interviene en este episodio proporciona explicaciones que no son ni lejanamente verosímiles, porque a quien paga en una extorsión no se le pregunta de dónde sacó el dinero y, si se le preguntase, tampoco tendría sentido que se lo explique al extorsionador o bien podría mentirle con total impunidad. Ese argumento resulta infantil y, por cierto, no contribuye a esclarecer lo sucedido sino a oscurecerlo aún más.

Lo único cierto hasta el momento es que el hecho resulta escandaloso, dadas las circunstancias y las personas involucradas, y que requiere una investigación judicial urgente.

Poco contribuyen a esto las descalificaciones ideológicas del juez competente o la pretensión de inventar maniobras o encubrir mediáticamente el hecho. Sea cual fuere la ideología de un funcionario judicial, y dado que no lo hay sin una ideología o una concepción del mundo que lo haga simpatizar más con el oficialismo o con la oposición, no puede ponerse en duda nada de lo que investigue en función de atribuirle una ideología. Precisamente, la imparcialidad judicial no es otra cosa que el producto del pluralismo ideológico entre los jueces.

Además, nadie en su sano juicio condena o absuelve arbitrariamente en función de ideologías o simpatías, porque hay límites jurídicos, hay conciencia en los hombres y mujeres y hay revisiones de segunda instancia, casatorias y extraordinarias.

Si bien puede haber quien no esté en su sano juicio –y al parecer algunos no faltan-, esto sólo puede verse a partir de su actuación y no mediante una descalificación ideológica previa que tienda a sacar del juez natural una investigación, más en circunstancias tan delicadas como las del mentado caso.

Debemos ser extremadamente cuidadosos en esta situación, que es prácticamente donde se juega el poco prestigio que le resta a nuestra justicia, por efecto de una cadena de decisiones insólitas, como el desopilante invento de los vínculos residuales, las prisiones preventivas extorsivas, el reclamo de jueces propios del ejecutivo, la persecución de jueces laborales históricos del fuero, la omisión de asistencia médica al ex-canciller, la clonación de procesamientos contra la ex-presidenta, por no mencionar a los pseudojueces de Jujuy contra Milagro Sala y sus compañeros.

Somos conscientes de que hay miles de jueces en la República y que la inmensa mayoría es ajena a estos episodios, pero todos deben tener sumo cuidado, poner la debida distancia de estas desviaciones del poder, no sólo expresarlo en privado sino hacer pública su disidencia con ellas. No se trata de asumir ninguna posición en el complicado panorama político actual, sino de salvaguardar la dignidad de la inmensa mayoría de los jueces.

De lo contrario, cuando el diluvio pase, como siempre pasa, y la paloma llegue, nuestro pueblo (despectivamente llamado la gente) no distinguirá y, en el fondo, tampoco le faltará razón, porque nos reclamará a todos para qué sirve lo que enseñamos en las universidades, para qué diablos sirven nuestros libros y tratados, si al final quedamos inmóviles frente a unos pocos que proceden al margen del derecho.

De momento, si no somos capaces de garantizar que este caso se esclarezca como corresponde, la responsabilidad por el silencio será aún más fuerte el día que el diluvio pase.

Buenos Aires, 13 de febrero de 2019

*Profesor Emérito de la UBA

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