Por Hernán Herrera*

(para La Tecl@ Eñe)

El gobierno de Javier Milei lleva casi un año y medio en el poder, y su plan económico, basado en un ajuste fiscal muy duro y en evitar a toda costa una devaluación del peso, está mostrando grietas profundas. Aunque logró bajar la inflación –su único éxito claro hasta ahora–, la economía argentina está en un punto crítico. Según el Instituto Argentina Grande (IAG), el país enfrenta reservas del Banco Central (BCRA) al límite, una economía que no crece y un frente externo en crisis. Milei necesita desesperadamente al Fondo Monetario Internacional (FMI) para no caer en un colapso total, pero su modelo choca con lo que el FMI pide. Es una contradicción que pone en jaque todo: sin el Fondo, el plan no cierra; con el Fondo, Milei tendría que cambiar su estrategia, algo que se niega a hacer.

Un modelo que depende del FMI, pero no lo convence

El plan de Milei no puede sobrevivir sin la ayuda del FMI, y eso es un problema. Las reservas del BCRA están en un nivel muy bajo: esta semana cayeron a 25.775 millones de dólares, después de que el viernes pasado se gastaran 192 millones en un solo día para controlar el dólar. Hace apenas una semana, el 21 de marzo, estaban en 26.626 millones, lo que significa que en pocos días se perdieron 1.000 millones tratando de evitar que el dólar paralelo se dispare. Desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2025, el BCRA entre blend e intervención directa ya gastó 26.567 millones de dólares, incluyendo 487 millones solo en febrero de este año, para sostener la brecha. Es un esfuerzo enorme para evitar una corrida cambiaria que parece cada vez más cerca. 

Milei apuesta a conseguir 20.000 millones de dólares del acuerdo número 23 con el FMI, pero el Fondo no está convencido. Con un dólar MEP a 1.306 pesos (una brecha del 20%) y un ajuste del tipo de cambio oficial (el llamado crawling peg) de solo el 1% mensual, el FMI exige devaluar o unificar el tipo de cambio. Milei se niega rotundamente, y ahí está el conflicto: necesita el dinero del FMI para seguir adelante, pero no quiere aceptar sus condiciones. El ajuste fiscal, que es la bandera de su gobierno, tuvo un costo altísimo: la construcción cayó un 52% desde noviembre de 2023, tras un recorte del 80% en obra pública, y la industria bajó un 9,3% en 2024. Sin crecimiento económico, Argentina no genera dólares por su cuenta y depende cada vez más del FMI. Pero la postura inflexible de Milei lo aleja de una solución real. 

Fuente: elaboración propia en base a BCRA

Un análisis del balance cambiario del BCRA, que mide cómo entra y sale el dinero del país, muestra lo complicada que está la situación. Desde octubre de 2023 hasta febrero de 2025, el sector externo tuvo altibajos importantes. Para mayo de 2024, el saldo de la cuenta corriente (que incluye el comercio y los pagos al exterior) volvió a ser negativo, con un déficit de 1.114 millones de dólares. En febrero de 2025, el déficit fue de 1.231 millones, mientras que el saldo financiero (que incluye movimientos de capital) mostró un superávit de 974 millones, insuficiente para compensar. Además, las reservas internacionales se muestran goteando todos los días. Esto refleja un modelo que no logra estabilizarse y que depende de maniobras temporales para no colapsar. 

Una economía en problemas y un FMI que duda

Los números de febrero de 2025 son alarmantes: el balance cambiario del BCRA cerró con un déficit de 1.231 millones de dólares en la cuenta corriente. Esto incluye, por ejemplo, 593 millones pagados al FMI en intereses y 169 millones por servicios. Aunque hubo un superávit financiero de 974 millones, no alcanzó para equilibrar las cuentas. Peor aún, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, 1.922 millones de dólares de inversión extranjera se fueron del país. Esto es un golpe directo para un gobierno que prometía atraer capitales con su modelo libertario. En lugar de ser un imán para inversores, Argentina los está espantando, lo que aumenta su dependencia del FMI. 

El Fondo insiste en que Argentina unifique el tipo de cambio y elimine los controles cambiarios, pero Milei no cede. Defiende el crawling peg –un ajuste lento del dólar oficial–, aunque ni siquiera su ministro de Economía, Luis Caputo, parece estar de acuerdo. Sin los fondos del FMI, el riesgo de un colapso es real; pero si los acepta, Milei tendría que devaluar, algo que va contra su discurso. La brecha cambiaria, el Riesgo País en 788 puntos y una inflación que empieza a subir de nuevo muestran una economía al límite. El IAG advierte que, sin resolver el problema cambiario, el FMI podría retener los fondos, forzando una devaluación que Milei quiere evitar a toda costa. 

El costo para la gente y un modelo que no funciona

El ajuste de Milei está teniendo un impacto muy duro en la vida de los argentinos. Los salarios reales cayeron un 10,6% en enero de 2025 comparado con el promedio de 2023, lo que significa que cada trabajador perdió 1.904.403 pesos desde que Milei asumió, según el IAG. El consumo se derrumbó: las ventas en supermercados bajaron un 10,5%. El PBI cayó un 1,7% en 2024, con sectores clave como la construcción (-24%), la industria (-6,7%) y el comercio (-7,3%) en picada. Se perdieron 118.019 empleos formales, incluyendo 64.400 en la construcción, y el trabajo doméstico cayó un 20%. Además, el 23 de marzo se cortó la moratoria previsional, dejando a miles de personas sin acceso a una jubilación digna. 

Este sacrificio no está dando resultados. La fuga de 1.922 millones de dólares en inversión extranjera va en contra de las promesas de Milei. Sin el FMI, el dólar podría dispararse; con el FMI, Milei tendría que ceder en su postura. El ajuste no genera confianza: la brecha cambiaria sigue alta, el Riesgo País no baja y la inflación amenaza con volver a subir. Mientras los esfuerzos del gobierno por reforzar la confianza son insuficientes. El modelo de Milei parece un castillo de naipes que castiga a la mayoría de los argentinos mientras el FMI duda, atrapado en una lógica que no se sostiene.

Buenos Aires, 31 de marzo de 2025.

*Investigador del Instituto Argentina Grande (IAG)

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Por Hernán Herrera*

(para La Tecl@ Eñe)

El 11 de abril de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo acuerdo de Facilidad Extendida (EFF) para Argentina por US$20 mil millones, con un desembolso inicial de US$12 mil millones y revisiones periódicas, como la de junio 2025 que liberará US$2 mil millones adicionales. Este programa de 48 meses, el número 23 en la historia del país con el organismo, busca estabilizar la macroeconomía, fortalecer la sostenibilidad externa y fomentar un crecimiento que el FMI proyecta en un optimista 5.5% para 2025 y 4.5% para 2026, cifras que parecen más un ejercicio de fe que un reflejo de la realidad económica (FMI, página 15). Este acuerdo marca un paso que Javier Milei no quería dar, contradiciendo su discurso inicial de soberanía económica.

En su discurso en el Foro de Davos de 2024, Milei afirmó: “Occidente está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que conduce al socialismo, en consecuencia a la pobreza”. Sin embargo, apenas 16 meses después, su gobierno se ve forzado a aceptar las condiciones del FMI, evidenciando que su modelo económico, basado en ajustes drásticos, devaluaciones salvajes y desregulación caótica, no solo está crujiendo, sino que se encuentra al borde de un colapso estructural. Las reservas internacionales netas cayeron a US$7 mil millones negativas en marzo de 2025, y el consumo sigue deprimido, mostrando un panorama alarmante que este informe analiza con un enfoque crítico y técnico.

El acuerdo con el FMI: Un cambio estructural que expone fragilidades

El nuevo acuerdo introduce cambios estructurales que reflejan la necesidad desesperada de corregir el rumbo económico tras las turbulencias de la gestión de Milei. El FMI (página 134) detalla la salida parcial del cepo cambiario, aunque no completa: se eliminan restricciones como los límites a importaciones y dividendos, pero las deudas previas quedan en espera, generando incertidumbre. Se abandona el crawling peg por un régimen de banda cambiaria (ARS/USD 1,000-1,400 inicialmente), buscando mayor flexibilidad cambiaria y acumulación de reservas.

Este lunes, entonces, el tipo de cambio arrancó en ARS 1,200, lo que implica una devaluación implícita del 10% respecto al dólar exportador blend previo de ARS 1,150, con riesgos de escalar al 25% si el régimen no funciona. El FMI (página 134) señala que “FX sales within the band are not envisaged” (“No se prevén ventas de divisas dentro de la banda”), pero el BCRA se reserva flexibilidad al decir que “podrá considerar la venta de dólares para morigerar volatilidad inusual”, lo que refleja una tensión entre las expectativas del FMI y la realidad argentina: el FMI prioriza acumular reservas, mientras el BCRA sabe que la volatilidad cambiaria podría forzar intervenciones dentro de la banda.

El programa reemplaza el techo de base monetaria amplia por un marco de metas monetarias tradicionales (M2), con límites estrictos a los activos domésticos netos del BCRA, una medida técnica que el FMI presenta como un avance, pero que en realidad busca cubrir los agujeros que la propia política de Milei creó al desangrar las reservas. Un aspecto clave, que el FMI destaca con un tono triunfalista (página 10), es que los fondos de este acuerdo no financiarán déficits fiscales, como en los programas de 2018 y 2022, sino que se destinarán exclusivamente a fortalecer el balance del BCRA y acumular reservas, con el objetivo de reducir la exposición al organismo a largo plazo mediante repagos anticipados si se accede a mercados internacionales. El FMI lo expresa así: “A diferencia de programas anteriores, los recursos del Fondo no se utilizarán para financiar déficits presupuestarios. […] El nuevo EFF de cuatro años (por el 479% de la cuota) proporcionará apoyo a la balanza de pagos para fortalecer las reservas, al mismo tiempo que catalizará financiamiento de otros acreedores oficiales, facilitando un acceso oportuno a los mercados internacionales de capital que resultaría en una reducción gradual de la exposición de Argentina al Fondo después del período del programa.”. Este cambio, aunque suena razonable en teoría, es una ilusión en la práctica: la capacidad de Argentina para volver a los mercados globales depende de una credibilidad que el gobierno de Milei ha dilapidado, y el FMI lo sabe, pero prefiere ignorarlo en su narrativa optimista.

La exigencia de un superávit fiscal primario de 1.3% del PBI en 2025, subiendo a 2.5% a mediano plazo, implica recortes en subsidios, pensiones y transferencias provinciales, medidas que avivarán tensiones sociales en un país donde la pobreza estructural, estancada en un 38% desde hace siete años, sigue siendo una herida abierta (FMI, página 11). Además, el FMI empuja reformas estructurales como la laboral, previsional y nuevas privatizaciones, apostando por sectores como energía y minería, pero ignorando los riesgos globales, como las tensiones comerciales generadas por EE.UU., que afectan nuestras exportaciones y las de todo el mundo. Este enfoque del FMI, lejos de ser una solución, parece una receta para profundizar la crisis social y económica.

Hoy, 14 de abril de 2025, el dólar se estabilizó en ARS 1,200, según el Instituto Argentina Grande (IAG), ubicándose entre el blend previo de ARS 1,150 y el MEP de ARS 1,350 del viernes anterior. Esto refleja una reacción inicial aceptable para el gobierno de los mercados a los cambios anunciados, con el Merval subiendo más de 2%, lo que sugiere cierta confianza en el nuevo esquema. El desembolso del FMI de US$12,000 millones, que ingresará este martes, busca apuntalar las reservas, pero no resuelve el problema estructural: los depósitos en dólares del sector privado cayeron US$5,000 millones este año, de US$34,390 millones en noviembre de 2024 a US$29,274 millones en abril de 2025, tras un pico inicial por el blanqueo de capitales, según los informes semanales del IAG.

El pass-through inflacionario de esta devaluación del 10% no será menor a 3 puntos adicionales sobre la inflación, calcula el IAG, que estima que al menos un cuarto de la devaluación se trasladará a precios en el primer mes. Esto agrava la inflación, que en marzo alcanzó un 3.7% (núcleo 3.2%), el peor dato desde que Milei asumió, impulsada por alimentos y educación. La inflación núcleo, que sube por segundo mes consecutivo, y la inestabilidad del esquema cambiario atentan contra una desaceleración de los precios, que siguen al dólar dependiendo del nivel de actividad económica (IAG, página 9).

Al final fue un experimento fallido que podría agravar la crisis con la que inició.

El modelo de Milei, iniciado en diciembre de 2023, se basó en una devaluación inicial del 54% (un salto del dólar del 118%), un ajuste fiscal agresivo y una desregulación masiva que prometía libertad económica, pero que entregó caos. Logró desinflación (de 211% en 2023 a 67% en febrero de 2025) y un superávit primario de 1.8% del PBI en 2024, pero a un costo devastador. Las reservas internacionales brutas cayeron de US$32.800 millones en diciembre de 2024 a US$24.800 millones en abril de 2025, una pérdida de US$8 mil millones, exacerbada por una gestión ineficiente: exageramos la devaluación inicial y regalamos reservas en lugar de ajustar el tipo de cambio a tiempo, lo que ahora fuerza un acuerdo con el FMI que Milei quería evitar. El blanqueo de capitales benefició a sectores privilegiados, mientras el cepo se mantuvo rígido, perdiendo recursos clave que podrían haber evitado la necesidad de usar fondos del FMI para apuntalar el BCRA. Si hubiéramos modificado el cepo y las bandas antes, habríamos evitado esta sangría, pero el plan nunca fue una macro ordenada, sino apropiarse de recursos, como lo demuestra la historia de políticas similares en Argentina desde los años 70 hasta hoy.

La realidad es que el modelo de Milei no solo ha fracasado en estabilizar la macroeconomía, sino que ha profundizado las desigualdades y la fragilidad social. El ajuste fiscal golpeó el consumo de manera brutal. Según La Nación (13 de abril de 2025), las ventas en supermercados cayeron un 13,9% en 2024, la mayor contracción desde 2016, y en 2025 apenas podrían volver a niveles de 2020, muy por debajo de los años 2015-2017. Guillermo Oliveto señaló que “la torta del consumo es 21% más chica que en 2011, con una macro que va bien, pero el micro no tanto”, mientras Federico Moiguer destacó que “la clase media se siente empobrecida”, un sentimiento que el gobierno de Milei ha ignorado sistemáticamente.

El impacto del modelo de Milei en la economía real es devastador, especialmente en el consumo, un pilar clave para el crecimiento. Los datos del INDEC, citados por el IAG (página 14), muestran que la actividad industrial creció un tímido 0,5% y la construcción un 2% en marzo de 2025, pero ambas siguen por debajo de los niveles de noviembre de 2023, con caídas del 1,2% y 20,7% respectivamente. Las ventas en supermercados en 2024 están casi 20% por debajo de 2023, y la recuperación en 2025 será insuficiente para alcanzar niveles pre-crisis. Los trabajadores públicos y jubilados que cobran la mínima son los más golpeados: sus ingresos reales cayeron un 20% entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, según el IPC tradicional. El FMI (página 11) reconoce que la situación social “sigue siendo delicada”, con un 38% de pobreza y más del 50% de la fuerza laboral en la informalidad, pero su enfoque en reformas estructurales y ajustes fiscales ignora el impacto humano de estas políticas, priorizando indicadores macroeconómicos sobre el bienestar de la población.

La inflación persistente y la devaluación agravan este panorama. Los precios regulados, en un contexto de desregulación, podrían disparar una nueva espiral inflacionaria, y los argentinos siguen obsesionados con el dólar: las búsquedas de “dólar” en Google en Argentina han crecido desde la crisis cambiaria de 2018 y el regreso del FMI, un reflejo de la dolarización estructural del país (según dice el IAG).

Un modelo al borde del abismo

El modelo de Milei está crujiendo porque no logró sostener sus promesas iniciales. La devaluación y el blanqueo dieron orden en el primer año, pero en el segundo necesitábamos buenos precios de cosecha y petróleo, además del “apoyo” del FMI, y no cerró. La caída de reservas, combinada con la inflación, lleva a un cambio de régimen cambiario que significará una nueva devaluación, lo que podría llevar a una caída del PBI este año, rompiendo el arrastre estadístico positivo de 2024. Wall Street ve con buenos ojos el cambio de régimen, pero la apuesta es riesgosa: si no funciona, la devaluación podría ser del 25%, disparando la inflación y afectando la gobernabilidad de Milei. El escenario luce complicado: el reingreso del FMI es determinante para los próximos meses, pero implica una nueva transferencia de la economía real a la financiera, un ajuste que estabiliza las finanzas a costa de los ingresos de los hogares.

A nivel global, las tensiones comerciales complican el panorama. Los aranceles impuestos por la administración Trump (10% general, 145% a China, exceptuando smartphones) afectan las exportaciones argentinas, como soja y carne. La visita de Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU., el 14 de abril, busca negociar aranceles y supervisar el acuerdo con el FMI, dejando la expectativa en el mercado a la propuesta de nuevos fondos. Localmente, el ciclo electoral de 2025 y la fragilidad social (38% de pobreza) añaden incertidumbre. Lula, en Brasil, destacó la importancia de reservas: “Brasil está seguro porque tenemos un colchón de US$350,000 millones que nos dan cierta tranquilidad.” Argentina, con reservas negativas, está lejos de esa estabilidad, lo que pone en duda las proyecciones del FMI.

El modelo de Milei, al priorizar ajustes para “los de afuera”, perpetúa un loop histórico: gobernar para intereses externos mientras la economía real sufre. La discusión de precios relativos, con un dólar MEP que busca el valor oficial sin cepo, anticipa más complicaciones. El FMI ofrece un salvavidas, pero sus condiciones, presentadas con un optimismo técnico que ignora la realidad social (FMI, página 3), podrían agravar la recesión y el malestar, dejando claro que el modelo de Milei no solo cruje, sino que está al borde de un nuevo fracaso estructural, uno más en la larga lista de experimentos económicos fallidos en Argentina.

Buenos Aires, 14 de abril de 2025.

*Flacso, UBA. Investigador del Instituto Argentina Grande (IAG)
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Por Hernán P. Herrera*

(para La Tecl@ Eñe)

Cuando Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa en 2013, el mundo no terminó de entender lo que venía. Su formación jesuita, con su tradición de pensamiento crítico y acción directa, ya marcaba una diferencia respecto a sus antecesores. Francisco asumió un rol que desbordó el clásico límite espiritual: decidió intervenir en el orden económico y social de manera explícita, algo que resultó desconcertante para muchos. «La iglesia no puede ni debe permanecer al margen de la lucha por la justicia social», dijo en una de sus entrevistas.

La Iglesia como institución tiene una mala imagen para varios sectores defensores de lo popular en la Argentina, porque no se le reconocen acciones para evitar la sangre que derramó la dictadura entre 1976 y 1983, con el terrorismo de Estado. Sin embargo, Francisco logró desmarcarse eso, en lo que configura un hecho político no menor.

Su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, publicada el 24 de noviembre de 2013, contiene varios pasajes que cuestionan el modelo económico vigente. Francisco denuncia distintos aspectos críticos del sistema actual, que se pueden explicar en base a sus propias palabras.

Primero, advierte contra una «economía de la exclusión» (§53). Señala que vivimos en un mundo donde «los excluidos no son ‘explotados’ sino desechos, ‘sobrantes'». La vida de quienes no participan del sistema económico no parece tener valor alguno. Francisco grafica esta realidad diciendo que «esta economía mata», llamando a considerar los dramas humanos más allá de los indicadores financieros. «Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive.» En este sentido también dice que “no puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa”.

Segundo, denuncia el «fetichismo del dinero» (§55). Según Francisco, el dinero deja de ser un medio y se convierte en un fin en sí mismo. «Se instaura la dictadura de una economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano.» La autonomía absoluta de los mercados financieros genera una nueva forma de idolatría que degrada la dignidad humana. «El afán de poder y de tener no conoce límites.»

Tercero, critica un «dinero que gobierna en lugar de servir» (§56). Plantea que la primacía de la rentabilidad sobre el trabajo humano conduce a una cultura de consumo efímero, donde las personas quedan subordinadas a la lógica del lucro. «No podemos seguir confiando en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado», advierte Francisco. Esta subordinación de la economía a intereses especulativos debilita los vínculos sociales y profundiza las inequidades.

Cuarto, alerta sobre «la inequidad que genera violencia» (§59). Francisco sostiene que la creciente desigualdad social es «la raíz de los males sociales», y que una paz social estable no puede construirse sobre un modelo que excluye sistemáticamente a grandes mayorías. «Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera, no se resolverán los problemas del mundo.»

La intervención de Francisco en cuestiones políticas y económicas se reflejó en hechos concretos. En 2016, criticó las políticas antimigratorias de Donald Trump, diciendo que «una persona que solo piensa en construir muros no es cristiana». Trump respondió de forma agria, y la tensión entre ambos se hizo evidente. «No juzgo a las personas, pero digo: ese no es el Evangelio», agregó Francisco en esa ocasión.

En 2019, Francisco lanzó la «Economía de Francisco», un movimiento global que convocó a jóvenes para diseñar un sistema económico «que traiga vida y no muerte». No se trató de un simple encuentro simbólico. Fue un intento de poner en discusión el modelo capitalista dominante, en un contexto mundial atravesado por crisis financieras, desigualdad creciente y emergencia climática. «Necesitamos una economía que ponga en el centro a las personas y no el lucro», dijo ante los asistentes. Allí cuestionó abiertamente la teoría del derrame (de la corriente liberal/ neoliberal/ libertaria), diciendo que «jamás ha sido confirmada por los hechos».

También hizo observaciones críticas sobre la concentración de la riqueza. En 2020, destacó que 50 personas acumulaban una riqueza suficiente para garantizar educación y salud a todos los niños pobres del mundo. «Esa riqueza clama al cielo», denunció. Señaló que cada año morían cinco millones de niños por pobreza, una cifra que contrasta brutalmente con los patrimonios crecientes de una minoría.

En Argentina, Francisco fue objeto de ataques por parte de Javier Milei, quien lo calificó de «zurdo asqueroso» y «representante del maligno». Una locura. Las tensiones también fueron evidentes antes con Mauricio Macri, marcando distancia de sus políticas promercado. «La política, tan denigrada, es una de las formas más preciosas de la caridad», señaló en ese contexto, dejando en claro su visión de la necesidad de un Estado activo.

Su participación en temas financieros globales incluyó una presión directa sobre el FMI en 2024 para reducir sobrecargos a países endeudados, lo que benefició particularmente a Argentina. También cuestionó la especulación financiera y el rol de los paraísos fiscales, a los que acusó de «robar a la sociedad». «La deuda no puede convertirse en una condena para los pueblos.»

La dimensión ecológica de su pensamiento tuvo su mayor expresión en Laudato Si’ (2015), donde criticó la explotación salvaje de los recursos naturales, y propuso la idea de considerar la agresión sobre «la casa común» como un pecado. «No puede ser que quien contamina pague y continúe contaminando como si nada.»

Un capítulo aparte merece su discurso en Bolivia en 2015, durante el II Encuentro Mundial de Movimientos Populares en Santa Cruz. Allí denunció a los monopolios mediáticos por su rol en la uniformización del pensamiento y la promoción del consumismo. Francisco advirtió que «los monopolios comunicacionales buscan poner a todos en el mismo molde», alertando sobre los riesgos de una cultura global dominada por los intereses de unos pocos. «Cuando los medios concentran el poder, se anula la diversidad de pensamientos y se debilita la democracia», afirmó.

Con su partida, queda abierta una pregunta inevitable: ¿qué rumbo tomará la Iglesia en materia económica y social con el nuevo Papa, cuyo nombre y perfil aún desconocemos?

Buenos Aires, 30 de abril de 2025.

*Investigador del Instituto Argentina Grande (IAG)

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Por Hernán P. Herrera*

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La estrategia argentina de fijación de precios de los combustibles, basada en el criterio de paridad de exportación (export parity), se presenta como un gesto de apertura al mundo: una supuesta modernización que alinea al país con las reglas del mercado global. Pero detrás de esa retórica de eficiencia, lo que se esconde es un mecanismo de transferencia regresiva de ingresos que, en lugar de apuntalar el crecimiento interno, debilita el poder adquisitivo y limita las capacidades del Estado.

Desde mayo de 2024, el precio internacional del crudo (medido por la canasta OPEP) se redujo un 26,6%. En línea con esa baja, el precio de la gasolina en Estados Unidos descendió un 12,6%. En contraste, en la Argentina el litro de nafta —medido en dólares oficiales según datos del IAG— aumentó un 6%, aun considerando la reciente reducción del 4% ordenada por el Ministerio de Economía. En otras palabras: mientras el mundo ajusta a la baja, Argentina incrementa sus precios. En lugar de converger hacia estándares globales de eficiencia u objetivos nacionales de crecimiento, se construye una “paridad” artificial que recae sobre el bolsillo de los consumidores. Recordemos, para poder seguir el hilo de este artículo, que en las últimas décadas, a pesar de todos los problemas que tuvo la Argentina, nunca desancló el precio de los combustibles al dólar oficial.

La paradoja de fondo es evidente: Desde 2023 la Argentina es exportadora neta de petróleo. Sin embargo, actúa como si fuera un país dependiente del crudo importado. El precio interno se fija replicando el valor de exportación, ignorando por completo los menores costos locales de producción y refinación. Ni los fletes, ni los impuestos diferenciales, ni los costos internos, ni la capacidad de pago de la población, forman parte del cálculo. Se impone así una lógica diseñada para maximizar utilidades externas, aplicada directamente sobre el surtidor local.

El resultado roza el absurdo: En un país donde producir un barril cuesta entre 35 y 45 dólares (según datos del propio sector, recordar también los precios de barril criollo) y donde la refinación nacional es más barata que la media internacional, los consumidores pagan precios similares —e incluso superiores— a los que se abonan en economías con ingresos mucho más altos. Según el relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), llenar un tanque de 50 litros cuesta hoy USD 51 en Argentina, frente a USD 41 en Estados Unidos. Es decir, con ingresos considerablemente más bajos, los argentinos abonan un 19% más por cada litro de nafta.

Y esto no ocurre en un entorno de libre competencia. Aunque el discurso oficial invoca al mercado, lo cierto es que el sistema de comercialización de combustibles en Argentina está altamente concentrado. No hay competencia efectiva, sino una cartelización de hecho donde los precios internacionales funcionan como piso, no como techo. En este contexto, los márgenes empresariales se tornan opacos y el Estado se repliega de su función reguladora. No hay política energética: Hay captura del regulador.

Este esquema opera en paralelo a un ajuste fiscal que recorta subsidios, pero no fortalece los ingresos de la población. El Ejecutivo justifica las subas de precios como parte del esfuerzo por reducir transferencias al sector energético. Pero lo hace sin diseñar mecanismos compensatorios que resguarden la capacidad de compra de los hogares. El impacto es claro y regresivo: Se encarece la movilidad —tanto pública como privada—, se elevan los costos logísticos y se presiona la estructura de precios en toda la economía. Los efectos inflacionarios de segunda ronda afectan más intensamente a los sectores de menores ingresos.

Además, se genera una paradoja fiscal: Precios más altos reducen el volumen de ventas, y esa caída en las cantidades vendidas implica también una baja en la recaudación por impuestos específicos. El Estado pierde recursos, los hogares pierden poder adquisitivo, y las empresas ven incrementados sus costos operativos. La supuesta “competitividad” que se busca queda ahogada en una estructura de costos artificialmente inflada.

Y esto sucede incluso cuando el frente externo energético da señales positivas. La balanza energética de Argentina muestra saldos superavitarios sostenidos gracias al crecimiento de las exportaciones de gas, petróleo y electricidad. Pero los dólares que ingresan por esa vía no se traducen en mayor disponibilidad neta: el tipo de cambio mantenido regulatoriamente bajo estimula las salidas de divisas por turismo y consumo externo. Así, los ingresos por Vaca Muerta terminan neutralizados por gastos en el exterior. Lo muestra con claridad el balance sectorial cambiario del BCRA: buena parte de lo exportado en energía se pierde en viajes y tarjetas, según los últimos informes del IAG. El problema no es el yacimiento: es el diseño del modelo macroeconómico.

Este escenario deja una enseñanza clave: Exportar más no garantiza desarrollo si los dólares no se reinvierten localmente. Una economía que logra excedentes energéticos, pero no puede canalizarlos hacia la producción y la infraestructura, está destinada a repetir ciclos de restricción externa. Ni siquiera Vaca Muerta podrá compensar esa fuga estructural si no hay una redefinición profunda de las reglas de juego.

Y sobre esto pesa una omisión aún más estructural: la ausencia de una estrategia de transición energética. Mientras el mundo avanza hacia la descarbonización y discute cómo reconvertir su matriz productiva, la Argentina sigue atada a la exportación de crudo sin agregado de valor, sin diversificación y sin política industrial asociada. El mismo esquema se replica en minería con los minerales críticos. Una transición energética orientada al desarrollo no puede limitarse a vender más gas: debe ser el motor de una reindustrialización con empleo, innovación y tecnología. Y para eso, hace falta política, no liberalización ciega.

En nombre de la eficiencia, se ha impuesto un régimen de precios que traslada renta desde los consumidores a los grupos más concentrados del sector. Incluso en firmas de mayoría estatal, como YPF, prevalece hoy una lógica empresarial pura, sin criterios de política pública. Se gestiona con mentalidad privada, no con vocación de desarrollo nacional.

Es momento de repensar esta arquitectura. No para volver a subsidios descontrolados ni para volver a esquemas alta regulación sobre el comercio exterior, sino para recuperar la energía como herramienta de transformación. Un país con petróleo propio no puede darse el lujo de condenar a su población a precios internacionales sin considerar sus ingresos. Estado y mercado no son excluyentes: sólo producen desarrollo cuando interactúan con racionalidad y propósito compartido.

Fuente: elaboración de IAG en base a Surtidores.com.ar, BCRA y precios promedio de EEUU.

Buenos Aires, 21 de mayo de 2025

*Instituto Argentina Grande (IAG)

IG: @hernanpherrera

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Por Hernán Herrera*

(para La Tecl@ Eñe)

La salida del cepo cambiario realizada por el gobierno de Javier Milei implicó una fuerte unificación del mercado cambiario para las personas humanas, dejando atrás las múltiples cotizaciones y restricciones que caracterizaron a la economía argentina durante más de una década. Esta medida logró eliminar distorsiones en algunos mercados, pero introdujo una nueva dinámica que hoy define el modelo económico vigente: precios domésticos elevados en dólares oficiales como herramienta principal para contener la inflación.

Es cierto que la inflación mostró una desaceleración importante desde fines de 2024 y a lo largo de 2025. Sin embargo, un análisis riguroso de los datos revela que esta «victoria» contra la inflación se sostiene sobre bases precarias y socialmente regresivas.

En primer lugar, el deterioro industrial ha sido una víctima central del ajuste cambiario. Según datos concretos del Índice de Producción Industrial (IPI), elaborado por INDEC, el promedio de caída en las ramas industriales entre 2023 y mayo de 2025 muestra retrocesos notables en rubros críticos: Productos de metal (-25,01%), productos minerales no metálicos (-18,99%), productos textiles (-14,71%), maquinaria y equipo (-12,92%) y refinación del petróleo (-6,75%), entre otras actividades manufactureras esenciales para el desarrollo productivo. El promedio general de caída industrial según el IPI manufacturero fue del -5,6% respecto al año 2023.

Paralelamente, el desplome de la obra pública supera el 80% en términos reales según cifras oficiales del Ministerio de Economía, afectando directamente el empleo, la inversión en infraestructura y profundizando desequilibrios territoriales. Este ajuste drástico, orientado exclusivamente a reducir el gasto fiscal, ignora la función multiplicadora que la inversión pública tiene sobre la economía real, aspecto clave señalado en múltiples estudios económicos.

Julio H. Olivera advirtió claramente sobre esta cuestión estructural: «aún cuando las posibilidades de los métodos usuales de estabilización se aprovechen al máximo, en la plenitud de sus variados recursos, no podrá conseguirse, sin embargo, una estabilización completa y durable si no se logra acelerar el progreso tecnológico en la explotación del suelo”, dando una señal inequívoca de que la solución es estructural (Olivera, J.H.G., 1961, «Inflación estructural y política financiera»). Cosa que no entiende el actual gobierno.

Fuente: elaboración IAG en base a Indec, BCRA, Ámbito y SIPA.

Otro costo oculto, pero quizás más profundo, del ajuste vía precios caros en dólares, es la fragmentación social. Esta fragmentación aún no se visualiza con total nitidez en las estadísticas oficiales debido a la estabilización coyuntural de precios. Sin embargo, múltiples informes técnicos (Instituto Argentina Grande, Observatorio Social de la UCA, CIFRA-CTA, entre otros) advierten sobre el deterioro acelerado en calidad del empleo, caída real de los ingresos salariales privados (que, según datos de SIPA, no acompañaron la dinámica de precios dolarizados), y un aumento latente de las brechas socioeconómicas regionales. Esta fragmentación productiva, con ramas industriales que caen fuertemente mientras otras mantienen su desempeño, es espejo de una fragmentación social profunda: sectores de la sociedad que no llegan a fin de mes por precios elevados conviven con una minoría que accede a viajes al exterior y consumos sofisticados gracias al dólar relativamente barato.

Mario Rapoport señala con precisión que los procesos inflacionarios “provocan transferencias de recursos de unos sectores a otros”, subrayando cómo ciertas políticas económicas pueden actuar como mecanismos deliberados de redistribución regresiva (Rapoport, M., «Una revisión histórica de la inflación argentina y de sus causas»).

En definitiva, la estabilización que el gobierno presenta como logro no es sino un espejismo peligroso. La economía argentina enfrenta hoy precios domésticos artificialmente altos en dólares oficiales, una industria en retroceso, infraestructura paralizada, y un tejido social cada vez más fragmentado. Este horizonte, lejos de ofrecer una perspectiva sólida para el desarrollo federal, productivo y social, presenta riesgos de largo plazo evidentes.

El modelo implementado por el gobierno de Milei y Caputo no parece equivocado en sus propios términos, sino que refleja claramente una estrategia deliberada de transferencia de recursos desde sectores productivos y amplios de la sociedad hacia sectores especulativos, globalizados y altamente concentrados del capital financiero.

La historia económica argentina ha demostrado reiteradamente que estas recetas, aunque logren momentáneamente mostrar resultados nominales positivos, terminan produciendo un efecto búmeran sobre el tejido productivo y social del país. La experiencia actual no parece ser la excepción.

Lunes 21 de julio de 2025.

*Investigador del Instituto Argentina Grande (IAG), IG @hernanpherrera

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Hernán P. Herrera*

(para La Tecl@ Eñe)

El INDEC informó que los precios al consumidor subieron 1,9% en septiembre en el total del país, con una inflación núcleo de 1,7%. En nueve meses el índice acumula 23,6%, más que el 22% de igual período de 2025, y la variación interanual pasó de 31,5% en diciembre a 33,4%. Con la canasta de gastos de 2017/18, que el Gobierno postergó, el dato del mes se acerca a 2,1% según el cálculo del Instituto Argentina Grande.

Tres días después, los precios mayoristas mostraron dónde está el fuego. El índice de precios internos al por mayor subió 3,2% en septiembre y cerca de la mitad de esa suba la explicaron el petróleo crudo y el gas, que aumentaron 15% en el mes y 67,7% en un año. La energía eléctrica mayorista acumula una suba interanual de 54,2% y los combustibles refinados, de 51,1%. Sin embargo, la mayor carga del índice mayorista (la inflación de los productores) cae sobre los productos locales, antes que en los importados.

Es la traducción local de un mundo en llamas por la energía: la guerra en Irán y las interrupciones en el estrecho de Ormuz devolvieron el Brent por encima de los 100 dólares en septiembre, y el gas europeo llegó a más que duplicar su precio en el año.

Lo llamativo del índice mayorista es lo que subió poco: los productos manufacturados nacionales aumentaron 26% en un año y los importados apenas 11,8%, con un dólar mayorista que pasó de $1.455 al cierre de 2025 a $1.518 a mediados de octubre (una suba de 4,3%). La industria paga una energía que sube al ritmo del mercado internacional y de la quita de subsidios, y vende a precios que el dólar quieto y una demanda sin pulso mantienen abajo. La diferencia sale de los márgenes.

En el consumidor se repite el patrón: los bienes subieron 29,2% en un año y los servicios 41,9%, con los regulados en 43,3%. La energía llega a los hogares por las tarifas, mientras los precios de los bienes quedan contenidos por una demanda que no convalida aumentos.

La inflación mensual bajó de 3,4% en marzo a 1,7% en agosto en los mismos meses en que la economía se acercaba a la recesión técnica. El PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre frente al primero (serie desestacionalizada), con el consumo privado en baja de 2,4%; en julio, el estimador mensual de actividad del INDEC se hundió 2,9% frente a junio, la peor caída mensual desde abril de 2020, y en agosto la industria usó 58,5% de su capacidad instalada. Caputo lo atribuyó a “shocks transitorios”.

El freno tuvo un diseño deliberado: para contener el dólar antes de las elecciones de 2025, el Banco Central llevó los encajes bancarios a máximos en más de tres décadas; todavía a mitad de 2026 un préstamo personal costaba entre 65% y 70% anual con una inflación anualizada de 25% a 30%, y la mora de las familias en el sistema financiero llegó en julio a 12,9% de la cartera, la más alta en más de veinte años.

Ese crédito caro cayó sobre ingresos atrasados: en julio, el salario privado registrado subía 29,7% interanual contra una inflación de 33,8%, una pérdida real de 3,1% según el índice de salarios del INDEC, y el salario mínimo acumulaba una caída de alrededor de 40% en su poder de compra desde noviembre de 2023.

La misma recesión sostiene el dólar. Con el consumo y la inversión en baja, las importaciones cayeron 3,5% en el segundo trimestre (serie desestacionalizada), y la energía cara aporta divisas: el superávit comercial energético superó los 6.900 millones de dólares en el primer semestre, un récord para ese período. En ese contexto, el Banco Central compró 15.482 millones de dólares en el año y el mayorista cotiza 27% por debajo del techo de la banda.

Es la paradoja energética exportadora: la guerra que encarece la energía en el mundo suma dólares a la calma cambiaria, y la producción local paga esa energía cada vez más cara.

En agosto, en el Council of the Americas, el Presidente negó el costo social de este esquema: “El desempleo no aumentó, tampoco cayeron los salarios”, afirmó. Un mes después, el INDEC informó una desocupación de 7,9% de la población económicamente activa en los 31 aglomerados urbanos durante el segundo trimestre, igual al registro más alto de su gestión. (El organismo aclara que la suba interanual del total no es estadísticamente significativa; en el interior, donde la tasa llegó a 7,6%, sí lo es.)

Lo que avanza es la sustitución de empleo. Entre junio de 2025 y junio de 2026, el SIPA registró en todo el país 121 mil personas asalariadas privadas menos (una caída de 1,9%) y 40,5 mil monotributistas más (una suba de 1,9%), y desde noviembre de 2023 la pérdida de asalariados privados registrados ronda los 270 mil.

La informalidad llegó al 45% de las personas ocupadas en los aglomerados urbanos y la tasa de actividad subió 0,8 puntos porcentuales en un año: más integrantes de cada hogar salen a buscar ingresos. Los 500 mil empleos que repite el oficialismo surgen de una cuenta del INDEC que suma puestos de todas las modalidades, informales incluidos, y que arranca un año antes de su asunción.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo contaba en julio 480.067 empleadores en todo el país, contados por CUIT y con al menos una persona asalariada registrada: 32.290 menos que en diciembre de 2023, una caída de 6,3% tras dieciocho meses seguidos de baja. (La SRT advierte que la reducción puede reflejar también reorganizaciones o cambios de CUIT; año y medio de retroceso sin pausa describe un fenómeno económico.) Comercio e industria están entre las ramas más afectadas, las que pagan la energía cada vez más cara y venden en un mercado interno sin demanda.

Ahí está la trampa. Los precios y el dólar quedaron anclados en una brecha de producto negativa en los sectores que viven del mercado interno (el PBI agregado se sostiene en actividades primarias que generan poco empleo). Cerrar esa brecha con la misma estructura reabre dos presiones al mismo tiempo.

En los márgenes, lo esperable es que las empresas que hoy absorben la distancia entre una energía que en los precios mayoristas subió entre 51% y 68% en un año y sus precios de venta, que subieron 26%, busquen recomponerlos apenas aparezca la demanda; la suba que hoy se contiene en la puerta de cada fábrica o comercio, pasará entonces a las góndolas. Es la puja distributiva concreta, que la recesión inclinó en contra de los trabajadores.

Por el lado externo, cuando la economía argentina crece, las importaciones crecen varias veces más: pero en el caso argentino esa relación se rompió. A pesar de la caída industrial de 11% sobre 2023, o de la construcción en 23% desde el mismo año, las importaciones aumentaron 27% a precios constantes. Esto es por la apertura, y es parte del problema que atraviesa la oferta: pinzas entre la baja demanda y el aumento de la competencia importada. A eso se suma la demanda de dólares para ahorro, que superó los 15 mil millones en el primer semestre. Bajar tasas y soltar crédito, lo que el Gobierno prepara con su paquete para reactivar los préstamos en pesos, abarata el paso al dólar, y el traslado a precios que hoy frena la falta de ventas vuelve con la demanda. El colchón energético ayuda, aunque una parte depende de una guerra y de un precio que nadie controla.

Entre 1999 y 2001, bajo la convertibilidad, la Argentina conoció la versión extrema de esta lógica: los precios al consumidor bajaron tres años seguidos mientras la desocupación urbana trepaba de 14,5% a 18,3%, y la salida llegó por la vía más costosa.

El año próximo la economía crecerá 4%, dice el gobierno en el Presupuesto 2027. Para que esa expansión conviva con precios estables hacen falta herramientas que el programa descarta: una coordinación de precios y salarios que ordene la recuperación de ingresos y márgenes, y una estrategia productiva que baje el contenido importado del crecimiento y use la renta energética para algo más que sostener el tipo de cambio. Es una discusión que una sociedad de 47 millones de personas necesita dar. Mientras tanto, la estabilidad se sigue pagando con empleadores que desaparecen y familias que no llegan a cubrir sus cuotas.

25 de octubre de 2026.

coordinador del Área de Economía del Instituto Argentina Grande.

IG @hernanpherrera

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