Por Daniel Cecchini*

(para La Tecl@ Eñe)

Es difícil aceptar que, en una sociedad que hace décadas impuso la consigna “Nunca Más” como un límite infranqueable, medio siglo después del golpe de Estado que inauguró la dictadura más sangrienta y devastadora de la historia se cuestione la existencia de 30.000 desaparecidos y se debata si lo que ocurrió en la Argentina fue una “guerra sucia” y no la instalación de un Estado Terrorista que aplicó un plan sistemático e ilegal para la eliminación de la disidencia política y social para así poder implementar un proyecto económico que apuntaba a destruir la industria, precarizar el trabajo y atar al país, en una situación de total dependencia, al carro del capitalismo financiero internacional.

Sin embargo, la cuestión ha sido instalada intencionalmente desde el poder con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos, que machacan sobre el tema con la participación en sus paneles de variopintos personajes, a muchos de los cuales no es difícil encontrarles un linaje que los emparenta con los actores civiles y militares del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y a quienes acompañan en la tarea lúmpenes de la política a los que la crisis de representatividad de la institucionalidad democrática ha puesto en lugares estratégicos del poder político.

Conviene preguntarse entonces si aquella dictadura, o mejor dicho sus verdaderos artífices y los intereses que representaban, se retiraron realmente derrotados cuando se recuperó la democracia en diciembre de 1983. Para responder a esta pregunta es necesario sincerar una realidad que contradice la supuesta épica que le canta loas a una sociedad que supuestamente resistió y obligó a retirarse a la dictadura. Porque aquel régimen no fue derrotado por una sociedad resistente, sino que implosionó debido a sus propios errores: el desastre económico y la delirante fuga hacia adelante que fue la guerra de Malvinas. Esto no quiere decir que no haya habido resistencias valientes, como la de los organismos de Derechos Humanos que hicieron conocer las atrocidades de los dictadores, o la de algunos sectores del sindicalismo – no todos – que encabezaron las movilizaciones de los trabajadores a partir de 1979. 

Para decirlo claro: no fue la sociedad argentina, esa “mayoría silenciosa” – como se la llamaba en los medios de comunicación de la época – la que derrotó a los dictadores del Estado del que se habían apropiado. Esa mayoría pasó todos esos años mirando hacia otro lado o paralizada por el terror. Fue la que acuñó esas frases terribles con que se aludía, en voz baja, a las desapariciones y justificaban el terror: “Por algo será” y “En algo andaría”.

Es esa misma sociedad – los hijos y nietos de aquella “mayoría silenciosa” – la que hoy está sujeta del mismo imaginario que “justificó” aquel golpe de Estado y ahora avala las políticas y la represión del gobierno mileísta: el descreimiento en la política como herramienta de transformación, la demonización de los partidos políticos tradicionales y de sus dirigentes, la necesidad de una “mano dura” contra el desorden y la criminalización de las protestas sociales, por señalar a solo algunos de sus elementos.

Una posible explicación de este aggiornado retorno al pasado puede buscarse en las que fueron las victorias silenciosas de los poderes que promovieron y perpetraron aquella dictadura, y plantaron como semillas para condicionar la débil democracia recuperada en 1983: la concentración mediática como herramienta de instalación de discursos hegemónicos, la falta de audacia de una corporación política renacida de sus cenizas y que prefirió preservarse a sí misma antes que producir cambios que inquietaran al poder, y la perversión del concepto de militancia, una práctica que pasó de ser un instrumento de cambio social a convertirse en un espacio tibio y “políticamente correcto”. Y no solo eso: dejó de ser un modo de vida en pos del objetivo de transformar la realidad y devino en un medio de vida para sus practicantes. Con las excepciones del caso, que siempre las hay.

La concentración mediática

Para sostener su programa económico y ocultar el plan sistemático de aniquilamiento de la disidencia política y social que necesitaba para aplicarlo, la dictadura implementó también una fuerte política de medios de comunicación, con la que buscó imponer un discurso (des) informativo único. En ese sentido, no solo utilizó una censura de prensa defensiva, sino que se puso a la ofensiva. Para ello contó no sólo con todo el aparato comunicacional del Estado –los medios públicos y las radios y los canales de televisión intervenidos-, sino también con el apoyo, al principio incondicional, de los medios privados más poderosos de la Argentina. 

Con el despojo al Grupo Graiver de las acciones de Papel Prensa para entregarlas a los dueños de Clarín, La Nación y La Razón, los dictadores construyeron una sociedad de conveniencia que les garantizó su complicidad. Para concretarla, los dictadores utilizaron presiones, amenazas, secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos. Paralelamente –y en pleno conocimiento de la utilización de estos instrumentos del terrorismo de Estado–, los propietarios de los tres diarios crearon una empresa fantasma con la única finalidad de quedarse con las acciones de Papel Prensa que los herederos y socios de David Graiver fueron obligados a entregar. Todos los implicados se beneficiaron con la maniobra. Los grupos económicos concentrados necesitaban a los militares para eliminar a la disidencia política y social. Los dictadores requerían medios cómplices de sus políticas y de sus acciones. 

Otros medios no fueron cómplices, pero tampoco se pusieron en la vereda de la oposición. Las amenazas, las desapariciones de trabajadores de prensa y los manejos con la pauta oficial fueron argumentos más que suficientes para callar total o parcialmente sus voces. En los primeros años de la dictadura, sólo The Buenos Aires Herald y La Prensa – desde veredas ideológicas diferentes – se atrevieron a publicar información sobre la desaparición de personas y sufrieron duras represalias. La resistencia informativa sólo podía desarrollarse desde la clandestinidad. En ese sentido, la agencia Ancla, creada por Rodolfo Walsh, fue un verdadero ejemplo.

Con el monopolio de la producción local del papel de diarios, Clarín, La Nación y La Razón no sólo instalaron una suerte de dictadura contra la libertad de expresión, que les permitió asfixiar a sus competidores haciéndolos quebrar o comprando sus empresas a bajo precio. Recuperada la democracia, los dos primeros utilizaron ese poder para extender sus tentáculos sobre emisoras de radio y canales de televisión abierta, como también más tarde pudieron casi monopolizar el naciente universo de las empresas de televisión por cable. Lo hicieron utilizando su poder económico, pero también presionando para eliminar toda legislación que se los impidiera.

Con ese tremendo poder de fuego comunicacional, ya en democracia no sólo impusieron sus propios discursos – que no eran ni son otros que los del poder económico concentrado – a la sociedad, sino que disciplinaron bajo amenaza de destrucción a los tres poderes del Estado. Funcionarios del Ejecutivo, diputados, senadores, jueces y fiscales comenzaron a temer sus operaciones de prensa. Héctor Magnetto sintetizó esas operaciones en una sola frase: “Ningún gobierno resiste cinco tapas en contra del diario Clarín”.

Los poderes disciplinados

No se puede hacer política con miedo si lo que se pretende es desafiar al poder económico para transformar la realidad. Y fue precisamente miedo lo que instalaron los medios concentrados en la corporación política argentina de la democracia recuperada: miedo a sus ataques, miedo a sus denuncias, miedo a un bombardeo de operaciones periodísticas que amenazaba con destruir sus carreras. Como en todos los casos, vale repetirlo, hubo y hay excepciones, pero no son más que eso, excepciones.

Más allá de los discursos encendidos de muchos dirigentes en la campaña electoral de 1983 y en los primeros tiempos de democracia, la mayoría de la corporación política renació tibia y temerosa de sacar los pies del plato. De alguna manera, la dictadura la había domesticado al punto que, como los animales sujetos a experimentos de reflejo condicionado, temiera rozar los límites de lo “políticamente correcto” – esto es: lo permitido por el poder – por el temor a una descarga eléctrica. Para que esto ocurriera, el papel de los medios hegemónicos fue fundamental. A eso se sumó, a partir de 2010 aproximadamente, la irrupción de las redes sociales, mucho mejor manejadas por la derecha política – que entendió de inmediato su poder – que por el progresismo.

Entre los gobiernos que se sucedieron desde diciembre de 1983 hasta hoy, muy pocos se atrevieron a desafiar seriamente a ese poder mediático. La mayoría terminó rindiéndose con armas y bagajes. Alfonsín comenzó denunciando sus operaciones periodísticas y terminó retrocediendo, y ni así pudo terminar su mandato. Carlos Menem se entregó desde el primer momento e implementó el plan económico que le fue impuesto. A Fernando De la Rúa lo ridiculizaron exacerbando su propia ridiculez al punto de destruirlo. Eduardo Duhalde tuvo aire porque le otorgó a Clarín la pesificación asimétrica que le reclamaba. Néstor Kirchner comenzó negociando y al comprobar que cuanto más entregaba era más lo le que pedían, intentó desafiarlo. Mauricio Macri fue blindado mediáticamente porque compartía los mismos intereses y Alberto Fernández practicó el deporte de recular en chancletas cada vez que Clarín lo atacaba, pese a que antes de ser presidente había sido uno de sus servidores más fieles.

En este repaso, los gobiernos kirchneristas fueron los únicos que buscaron romper ese cerco disciplinador que le imponían los medios hegemónicos como instrumentos del poder económico concentrado. Néstor Kirchner intentó la construcción de un conglomerado de medios para hacerles frente con el Grupo 23, que incluyó al diario Tiempo Argentino, el semanario Miradas al Sur, el Canal CN23 y Radio América. Cometió el error de poner al frente de esa construcción al empresario Sergio Szpolski, cuya única aspiración era enriquecerse a costa de la financiación estatal que recibía el grupo, al que terminó vaciando impunemente cuando se aproximaba el final del ciclo kirchnerista. 

Impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, y producto de un debate en todo el país, La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (N° 26.522), más conocida como la “ley de medios”, que apuntaba a acabar con la concentración mediática, fue quizás el mayor intento realizado en democracia para democratizar la comunicación y brindar alternativas informativas a la sociedad. Aprobada por el Congreso Nacional en un momento muy particular, jamás pudo ser implementada debido a los frenos a su aplicación que se impusieron desde el Poder Judicial, abundante en jueces y fiscales disciplinados, ya fuera por temor o por ligazón con los medios a los que afectaban las disposiciones de la ley. Terminó siendo letra muerta.

Cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la concentración mediática que nació de la complicidad de los dictadores con los propietarios de los grandes medios no sólo ha incrementado su poder, sino que crece con la fuerza de un cáncer que afecta a todo el cuerpo social. Desde ella se impone un sentido común a un gran sector de la ciudadanía que lo adopta de manera acrítica, sin siquiera darse cuenta de que va en contra de sus intereses cotidianos. 

Conscientes y temerosos de ese poder, representantes, funcionarios, jueces y fiscales, se someten también a sus mandatos porque entienden que oponerse a ellos pone en peligro su existencia como tales, en el marco de un sistema perverso donde la representación política y la función pública se han convertido en medios de vida y no en instrumentos para transformar la realidad y defender los derechos de los ciudadanos.

Es una de las grandes victorias, todavía vigente, de los socios civiles de la última dictadura, porque mientras subsista este orden de cosas, la institucionalidad seguirá siendo apenas un simulacro que hace inviable la existencia de una democracia real en la Argentina.

*Periodista.

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Por Daniel Cecchini*

(para La Tecl@ Eñe)

En Conspiraciones y tramas, un artículo de 2007 recopilado en “De la estupidez a la locura. Crónicas para el futuro que nos espera”, Umberto Eco escribía: “Consecuencia paradójica: detrás de cada falsa conspiración, quizás se oculte siempre la conspiración de alguien que tiene todo el interés de presentárnosla como verdadera”. Al leer la frase, da la impresión de que el autor de “El nombre de la Rosa” podría estar escribiendo hoy sobre la Argentina de Javier Milei y la banda de lúmpenes y saqueadores que han llegado a la función pública colgados de sus anchos pantalones. También se podría pensar que Eco se quedó corto, porque las falsas conspiraciones que denuncian el presidente y sus acólitos para ocultar la suya verdadera no son una o dos, sino muchas, tantas que es difícil recordarlas y llevar la cuenta.

Están la de los periodistas ensobrados por el kirchnerismo, la del gobierno ruso (peor aún: de la difunta Unión Soviética, al decir de esa caricatura política llamada Lidia Lemoine) que con sus rublos infernales paga campañas de desprestigio, la de los woke dirigidos por homosexuales, siempre pedófilos, y mujeres aborteras que atentan contra la moral y las buenas costumbres de los argentinos de bien, las que pergeña la casta política para preservarse frente a la cruzada purgadora del gobierno, la de los parásitos del Estado, la de los sindicalistas corruptos, la de los empresarios prebendarios, la de los zurdos de mierda, la de los jubilados desestabilizadores (excluyendo a los que le prestan plata a Manuel Adorni) y siguen las firmas.

Todo esto propalado y potenciado por medios y periodistas adictos, que vienen a ser, paradójicamente, a los únicos que el gobierno no denuncia como “ensobrados”. Hay que darles tiempo a Milei y sus muñecos parlantes para que denuncien como criminales a quienes aseguran que la Tierra es redonda o que el sol sale por el Este y se pone en el Oeste.

Como la sociedad no es homogénea, Milei necesita denunciar conspiraciones a medida para convencer a los diferentes sectores de la población. En ese sentido, y para seguir con el bueno de Umberto Eco, su estrategia parece una copia calcada de la que instrumenta el protagonista de “El Cementerio de Praga”, el enigmático y desequilibrado capitán Simonini – y su otro yo, producto de su locura en desarrollo, el abate Dalla Píccola -, un falsificador experto, creador de las más importantes teorías conspirativas del siglo XIX, a quien adjudica la original invención de Los Protocolos de los Sabios del Sión, gestados en una secreta reunión rabínica que sitúa durante una noche oscura en el cementerio que da el nombre a la novela. “De ese modo, poco a poco, (a Simonini) se le fue abriendo camino en la mente una idea que, él no lo sabía, era muy hebrea y cabalística. No tenía que preparar una escena única en el cementerio de Praga y un discurso único del rabino, sino distintos discursos, uno para el cura, el otro para el socialista, uno para los rusos, el otro para los franceses. Y no tenía que prefabricar los discursos: tenía que producir hojas separadas que, mezcladas de modo distinto, darían origen a uno o a otro discurso. Así él podría vender, a diferentes compradores, y según las necesidades de cada cual, el discurso apropiado”, escribe Eco.

Las similitudes no acaban ahí, porque el Simonini de la novela es un hombre tremendamente desequilibrado, aunque eficaz en su tarea. En el caso de Milei, detrás de cada falsa conspiración se esconde un supuesto enemigo y si esas conspiraciones se multiplican, como viene ocurriendo in crescendo, es porque necesita cada día más enemigos para sostenerse. Necesita que se hable de ellos para distraer a la sociedad de los casos de corrupción, como la estafa de $Libra, los injustificables préstamos a funcionarios, el 3% de Karina a costa de la atención de los discapacitados, y de las consecuencias de una política económica que potencia la dependencia del país, multiplica la desocupación, entrega soberanía y hace imposible que millones de argentinos puedan llevar una vida mínimamente digna.

Denunciar conspiraciones y conspiradores no sólo sirve para ocultar – o por lo menos encubrir temporalmente – el plan de destrucción del país, sino para justificar la represión violenta de quienes lo resisten. Porque los conspiradores son enemigos y, se sabe, para los enemigos ni justicia. Criminalización, represión y bombardeo mediático son las patas del trípode. Cada una de ellas refuerza a las otras en un juego de retroalimentación que se traduce en una espiral de violencia estatal.

En este sentido, la estrategia de Milei y los suyos para justificar la violencia, tampoco es original. Sin caer en una extrapolación histórica, el discurso suena repetido. En “Un enemigo para la nación: orden interno, violencia y ´subversión’”, 1973-1976”, la historiadora Marina Franco revisa el proceso de construcción de la figura del “subversivo” durante las presidencias de Raúl Lastiri, Juan Domingo Perón e Isabel Martínez de Perón hasta llegar al golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976. Se trata de gobiernos constitucionales y formalmente democráticos, como el de Javier Milei.

Por un lado, a partir de hechos concretos, documentos reservados y discursos públicos, Franco reconstruye cómo durante esos gobiernos se fue aplicando y justificando una escalada represiva con el objetivo, en primera instancia, de acallar la protesta social y, después, de aniquilar al “enemigo interior”, término difuso que englobaba a opositores políticos, integrantes de organizaciones revolucionarias, estudiantes politizados, comisiones internas antiburocráticas e intelectuales críticos. Por el otro, la historiadora investiga el papel de la prensa para instalar la idea de que la Argentina vive en una situación de caos nacional provocada por ese “enemigo interno”, instrumentado por enemigos externos (en aquellos años, la subversión internacional y, por lo tanto, apátrida ahora, por caso, los gobiernos ruso e iraní), y así inscribir en el imaginario de gran parte de la sociedad la necesidad de reprimir sin reparar en medios ni leyes y, finalmente, lograr apoyo civil para la anulación de cualquier garantía democrática.

No se trata de rememorar una época lejana, sino de situar un mecanismo. En la Argentina mileísta hay presos políticos, procesos judiciales manipulados desde el Ejecutivo (lo corroboró el propio presidente al asegurar que Cristina Fernández de Kirchner seguirá presa), represión callejera y un accionar policial violento y criminal cuyo caso emblemático es el disparo del prefecto Guerrero a la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo.

En este contexto también hay que situar los gestos y discursos negacionistas y hasta reivindicadores de la última dictadura que surgen del seno del propio gobierno. Este año, al video oficial emitido el 24 de marzo al conmemorarse los 50 años del golpe, se sumó por estos días una “parada militar” realizada en la Plaza Malvinas de La Plata, ordenada por el ministro de Defensa, general Carlos Presti. Se la presentó como un acto de homenaje a los caídos del Regimiento en la Guerra de Malvinas, pero fue repudiado por el Cecim, la organización que reúne a los excombatientes platenses. La única lectura posible es que se trata de una provocadora reivindicación del Terrorismo de Estado por parte de este gobierno: esa plaza ocupa los antiguos terrenos del Regimiento 7 de Infantería, donde funcionaba la jefatura Área 113. Desde allí, el padre del ministro, el genocida Roque Carlos Presti, comandó la represión ilegal en los primeros tiempos de la dictadura, y tuvo bajo su órbita a 18 centros clandestinos de detención y tortura. La violencia estatal también necesita de símbolos que la enaltezcan.

Frente a este panorama es difícil calcular por cuánto tiempo más serán eficaces las falsas teorías conspirativas con las que el gobierno y sus medios adictos intoxican todos los días a la sociedad, como tampoco se puede saber hasta dónde llegará el nivel de violencia en la represión de las protestas sociales. En un presente donde las instituciones republicanas se han convertido en cáscaras vacías, y la oposición política está más preocupada por su supervivencia dentro del simulacro de la representatividad en las próximas elecciones que por defender los intereses de sus votantes, la respuesta parece estar en la calle.

Lunes, 13 de abril de 2026.

*Periodista.

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Por Daniel Cecchini*

(para La Tecl@ Eñe)

Por estos días se está desarrollando en el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata el juicio contra tres integrantes de la banda parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU) por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 13 víctimas entre diciembre de 1975 y abril de 1976, un período que se extiende desde antes del derrocamiento del gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón hasta después del golpe que instaló la última dictadura cívico militar en nuestro país. La causa, conocida como CNU 2, tiene como acusados a Carlos Ernesto Castillo (a) “El Indio”, Juan José Pomares (a) “Pipi” y Antonio Agustín Jesús (a) “Tony”, responsables de secuestros, asesinatos, torturas y robos cometidos en sus operaciones como parte del aparato terrorista del Estado.

Los testimonios y otras pruebas que se van conociendo en el desarrollo de este proceso judicial, mayormente ignorado por los grandes medios de comunicación, vuelven a poner en foco el accionar de las bandas paraestatales en el período previo al derrocamiento del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y su continuidad después de consumado el golpe al incorporarse a los grupos de tareas del plan sistemático de represión ilegal del Estado Terrorista instaurado por la dictadura. No solo en el caso de la CNU, sino también en los de la Triple A y el Comando Libertadores de América, por nombrar a las tres bandas paraestatales más notorias de ese período.

Como en juicios anteriores, también vuelve a quedar claro que desde antes del 24 de marzo de 1976 estos grupos venían actuando a las órdenes de las Fuerzas Armadas, lo que echa por tierra el discurso que trataba de mostrar a un país convulsionado por el enfrentamiento de organizaciones de ultraderecha y de ultraizquierda, todas dedicadas a socavar el sistema democrático, en el que los militares debieron intervenir para devolverle la paz a la sociedad argentina.

Breve historia de la CNU

Conviene repasar de manera breve la historia de la CNU para echar luz sobre el papel que cumplió como instrumento de las Fuerzas Armadas antes del golpe. No fue así desde el principio, sino que constituye un caso atípico dentro del abanico de grupos paraestatales que actuaron durante los gobiernos peronistas antes del golpe del 24 de marzo de 1976.

No fue, como la Alianza Anticomunista Argentina – que nació en la jefatura de la Policía Federal y las catacumbas del Ministerio de Bienestar Social lopezrreguista – o el Comando Libertadores de América – que operó desde un principio a las órdenes de la jefatura del Tercer Cuerpo del Ejército en Córdoba-, una banda creada desde el poder, sino que tenía una existencia previa.

Surgió a fines de la década de los 60 en La Plata como una agrupación universitaria de ultraderecha, políticamente alineada con el peronismo y el catolicismo preconciliar, y con un fuerte sesgo antisemita. Si se quisiera hacer una genealogía habría que buscar sus antecedentes en Tacuara y en la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios (UNES), de cuyos militantes se nutrió. La CNU se forjó en el Instituto Cardenal Cisneros, donde su ideólogo, el helenista y latinista Carlos Alberto Disandro, divulgaba su particular concepción del mundo entre los jóvenes universitarios de la clase media platense. Pronto derivó en un grupo de choque de ultraderecha que, bajo la consigna “Delenda est marxisticas universitas”, se dedicó a perseguir e intimidar a militantes de organizaciones revolucionarias y peronistas situadas a su obvia izquierda. Saltó sangrientamente a la fama el 3 de diciembre de 1971, cuando una patota armada atacó a los tiros una asamblea que se estaba realizando en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata y asesinó a uno de sus participantes, la estudiante Silvia Filler, de 19 años.

El 20 de junio de 1973, sus integrantes, comandados por Alejandro Giovenco, Feliz Navazzo y Patricio Fernández Rivero, participaron de la masacre de Ezeiza junto con otros grupos de la ultraderecha peronista apoyados logísticamente por el Ministerio de Bienestar Social de José López Rega y la Policía Federal. En enero de 1974 – después del desplazamiento del gobernador Oscar Bidegain – la CNU se puso a las órdenes del nuevo gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, y comenzó a operar en el territorio provincial con protección de la Policía Bonaerense, que la apoyó con personal, armas y liberación de zonas para sus acciones criminales. Desde entonces y hasta poco después del golpe sus grupos de tareas cometieron atentados, secuestros y asesinatos amparados por el Estado.

A partir de octubre de 1975, coincidentemente con la firma de los decretos de “aniquilamiento de la subversión” del gobierno peronista, también operó bajo las órdenes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. En La Plata – donde hoy se están juzgando unos pocos de sus crímenes – recibía órdenes y realizaba operaciones ilegales conjuntas con hombres del Regimiento 7 de Infantería, a cargo del entonces coronel Roque Carlos Presti – padre del actual ministro de Defensa – y del Batallón de Infantería de Marina 3.

Los grupos de tareas de la CNU platense fueron desactivados en abril de 1976 por orden de Prestí, cuando su accionar, muchas veces indisciplinado, dejó de ser útil para el plan sistemático de exterminio puesto en práctica por la dictadura cívico militar. Para entonces había sembrado de cuerpos acribillados la ciudad de La Plata y sus alrededores con el objetivo de provocar el terror entre la población. Sus víctimas sumaban más de un centenar. Los “blancos” habituales eran estudiantes y docentes secundarios y universitarios, militantes de superficie de las organizaciones de izquierda y de la tendencia revolucionaria del peronismo y sindicalistas combativos de las reparticiones estatales y de las fábricas del cordón industrial platense.

Mentiras e impunidad

Cuando el 24 de marzo pasado, al cumplirse 50 años del golpe, el gobierno de Javier Milei difundió su ya clásico video Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia COMPLETA, omitió por completo – valga la redundancia – el papel cumplido por las Fuerzas Armadas a través de las bandas parapoliciales en el terrorismo de Estado previo al golpe. Para referirse a ese período eligió presentar el testimonio de Arturo Cirilo Larrabure, hijo del mayor Argentino del Valle Larrabure, capturado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y retenido en una “cárcel del pueblo”, donde se suicidó en agosto de 1975, tras 372 días de cautiverio.

La muerte de Larrabure, presentada falsamente como un asesinato, fue utilizada entonces por las Fuerzas Armadas para dar un golpe de efecto propagandístico en la creación del clima que necesitaban para conseguir que el gobierno peronista promulgara los decretos de “aniquilamiento de la subversión” primero y justificar el golpe de Estado después. Para hacer más impactante la historia, se difundió la información nunca comprobada de que el militar había sido torturado y presentaba signos de desnutrición. Fue la versión oficial incluso desde antes de que se realizara la primera autopsia, que dictaminó que la causa de la muerte había sido “por estrangulación”.

La misma falsedad fue repetida, ahora en boca del hijo del militar, en el video del gobierno mileísta. Los hechos fueron muy diferentes. El expediente original de la causa, que incluye la autopsia realizada en el momento del hallazgo del cuerpo, dice con absoluta claridad que no hubo tortura ni asesinato. Otro informe elaborado por los médicos forenses Avelino Do Pico y Guillermo Osman Dick, determinó que “no surgen lesiones producidas por el paso de corriente eléctrica”. Sin embargo – y contra todo dato material – el mismo día de la primera autopsia, 24 de agosto de 1975, los jueces federales Febres y Niclison declararon que se trataba de un homicidio.

En 2008, el periodista Carlos Del Frade realizó una exhaustiva investigación sobre el caso y puso al desnudo la maniobra de hacer pasar un suicidio como homicidio para fines propagandísticos. “La autopsia practicada en el cuerpo de Larrabure jamás ofreció como conclusión la certeza de un homicidio, al contrario, era un cadáver que presentaba indicios de buena alimentación y buen cuidado sin la menor marca de tortura o golpe alguno. Larrabure no estaba siendo castigado ni tampoco mal alimentado. No se lo iba a matar. Eso se desprende de las autopsias practicadas el 24 de agosto y confirmadas hasta fines de setiembre de 1975, según precisan las fuentes consultadas para esta investigación. Es probable que esto figure en el expediente judicial. Fueron aquellos dos jueces porteños, Febres y Niclison, los que impusieron la teoría del homicidio mucho antes de practicarse el primer examen. Larrabure no fue asesinado. El Ejército y la Policía Federal en complicidad con aquellos magistrados inventaron la historia oficial del supuesto homicidio. Sirvió para impulsar el genocidio. Nada más y nada menos”, escribió en sus conclusiones.

De la misma manera que las Fuerzas Armadas utilizaron el suicidio de Larrabure para montar una siniestra operación de propaganda, nunca reconocieron el papel que jugaron en la represión ilegal durante los gobiernos peronistas ni su vinculación con las bandas paraestatales del terrorismo de Estado previo al golpe. Sin embargo, cuando en septiembre de 1983 los dictadores ya en retirada quisieron garantizar la impunidad para sus crímenes de lesa humanidad con el decreto que llamaron de manera obscena “Ley de Pacificación Nacional”, no pusieron el 24 de marzo de 1976, el día que perpetraron el golpe, sino el 25 de mayo de 1973 como la fecha que serviría de punto de partida para “todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas” que no se podrían juzgar una vez recuperada la democracia.

A confesión de parte, relevo de pruebas. Aunque las pruebas sobren, como el juicio CNU 2 vuelve a poner en evidencia, y el gobierno de Javier Milei pretenda volver a imponer un relato mentiroso del pasado para hacerlo funcional a sus siniestros intereses del presente.

Lunes, 4 de mayo de 2026.

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Por Daniel Cecchini*

(para La Tecl@ Eñe)

En “El gran cuaderno”, la primera novela de la trilogía Claus y Lucas de la escritora húngara Agota Kristof, dos gemelos a los que su madre ha dejado en la casa de una abuela que la y los detesta ensayan estrategias de supervivencia. Viven en los bordes de un pueblo fronterizo de un país en guerra donde no conocen a nadie y soportan los maltratos de todo tipo a los que los somete esa abuela que descarga sobre ellos el odio que siente hacia su hija. Atrapados sin salida, los gemelos buscan maneras de soportar cada uno de esos maltratos: se golpean entre ellos hasta dejar de sentir los golpes y así no sufrir cuando la que los castiga es la abuela; hacen ayuno voluntario para no sentir el hambre que no pueden saciar con la escasa comida que se les brinda de mala gana; uno de ellos se cubre los ojos para enceguecerse y no ver lo que le duele mientras el otro se tapa los oídos para no escuchar nada. Se aíslan: no buscan ayuda, no les importa nadie más que ellos que se saben (y se sienten) solos en ese mundo hostil. Se anestesian a fuerza de sufrimientos para, paradójicamente, no sufrir y en esa operación pierden toda empatía. Se encierran en ellos mismos para sobrevivir, tanto que llegan a convertirse casi en un solo ente que vive dentro de sus propios límites y en su propia soledad. La anestesia también los lleva a la indiferencia. Los golpes no paran, el hambre sigue ahí, el mundo hostil continúa rodeándolos, pero los gemelos han decidido – y logrado – dejar de sentirlos. El mundo no les importa. Ellos no lo saben, pero se han propinado voluntariamente una terapia de shock como el único recurso a su alcance para la supervivencia. Hasta aquí, lo que nos importa recortar de la novela de Kristof, que después toma rumbos inesperados y que no tiene gracia spoilear.

Esa terapia de shock es la que hoy el poder – a través del gobierno de Javier Milei – utiliza para anestesiar a buena parte de la sociedad argentina, para volverla indiferente a los otros con los que podría crear lazos, para someterla sin resistencia. A diferencia de los gemelos, aquí nadie ha decidido recibir – y mucho menos propinarse – esos golpes, pero los efectos son los mismos. Es el gobierno el que maltrata, hambrea y castiga real y simbólicamente en una sucesión vertiginosa que no para, que anonada y que termina generando indiferencia.

Los golpes se pueden medir en datos económicos. Según los cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en 30 meses de gobierno libertario la economía argentina perdió entre 240.000 y 300.000 puestos de trabajo asalariados registrados. El poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos más bajos y los empleados estatales han sufrido fuertes caídas y, en particular, el haber mínimo de los jubilados y pensionados acumula una pérdida de poder adquisitivo real cercana al 10,3% frente a la inflación. Según informes económicos de la UBA, la caída del salario mínimo fue de entre un 32% y un 38% real y golpea principalmente a los trabajadores precarizados y no registrados. La canasta de servicios públicos (electricidad, gas, agua y transporte) acumula un aumento promedio que ronda el 600% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que representa una suba que triplica el índice de inflación general acumulado en el mismo período. Los aumentos en los alquileres desregulados, según un informe de la UBA, duplican a la inflación dibujada del INDEC. Hay más, pero no se trata de enumerar todos los desastres.

A todo esto, se suman los “castigos” simbólicos: el desprecio flagrante que manifiestan el propio Milei y muchos de sus voceros por los discapacitados y los jubilados que reclaman por sus derechos, a los que el presidente ha definido como “curros” y “estafas”, y la calificación de “parásitos mentales” a quienes reclaman que el Estado garantice derechos básicos como la salud y la educación, como en los casos del Hospital Garrahan o las universidades públicas, por citar solo dos. En espejo juega la corrupción flagrante – a la vista de todos – del gobierno mileísta: la estafa de $Libra, el 3% de Karina, las casas y los viajes de Adorni y hasta el Tesla del diputado Manuel Quintar estacionado en el Congreso. Si la corrupción menemista era obscena, la libertaria resulta pornográfica, con los efectos que eso produce: es sabido que el abuso de la pornografía termina matando el deseo, genera impotencia.

Podría pensarse que esta continua sucesión de golpes deliberados sobre buena parte de la población no es otra cosa que la aplicación en la Argentina de hoy de lo que Naomi Klein llamó la doctrina del shock, en la que el capitalismo neoliberal de las corporaciones y sus gobiernos gerenciadores producen situaciones de crisis para imponer reformas impopulares aprovechando la desorientación de una sociedad abrumada por el shock que le causan esos golpes.

Pero no es solamente el mecanismo opresor el que produce este efecto de anestesia. La falta de reacción colectiva se debe también, y en buena medida, a la ausencia de instrumentos organizadores, a la crisis de representatividad que existe en casi todos los planos.

En lo político partidario, el simulacro de representación de la democracia burguesa ya no convence a nadie más que a quienes lo utilizan para su propio beneficio. No es un fenómeno nuevo: desde 1983, la política partidaria se ha convertido cada vez más en una vía de movilidad social ascendente para sus partícipes. Ese tipo de política ha dejado de ser un instrumento de transformación social para convertirse en un trabajo en beneficio propio. Para decirlo claro: con las excepciones del caso, que siempre las hay, la inserción en un partido del simulacro es un medio de vida que trasciende a cualquier proyecto político, principio o ideología. Otro tanto ocurre con la supuesta representación sindical, con cúpulas eternas en las que abundan los gremialistas-empresarios, más interesados en cuidar sus quintas de poder y sus negocios que en defender los derechos y los salarios de los trabajadores. Que desmovilizan a sus clientelas cautivas en lugar de organizarlas para la acción.

Ni unos ni otros representan efectivamente a nadie más allá de sí mismos, y frente a ellos y a su accionar impúdico se ha pasado de la indignación a la indiferencia. Millones de argentinos, más allá de la ceremonia del voto, no ven en la institucionalidad vacía donde ellos están enquistados una vía eficaz para resolver los acuciantes problemas reales que hoy los abruman.

Como en el caso de los gemelos de la novela de Agota Kristof, en este contexto buena parte de la población argentina parece haber quedado anestesiada a fuerza de golpes y solo busca, sin encontrarla, la manera de sobrevivir por las suyas, de manera individual, con los lazos sociales cortados, en una suerte de sálvese quien pueda sin ningún sentido de pertenencia ni posibilidad subjetiva de ejercer la solidaridad. Porque, paradójicamente, en ese hiperindividualismo en el que busca supervivencia el ser humano como sujeto de la historia, el hombre de la modernidad se pierde, y con él toda humanidad.

De ahí la apatía social – más allá de las protestas focalizadas y aisladas de algunos sectores, como el de los jubilados -, el rechazo por la política tal como se la vive y se la muestra, y un aislamiento de supervivencia que conlleva la indiferencia frente al padecimiento del otro.

En esta Argentina convertida en laboratorio del neoliberalismo extremo, la estrategia de anestesiar a la sociedad golpe a golpe está mostrando hoy toda su eficacia, y la falta de organización y de una reacción social masiva para resistirla y combatirla lo demuestra.

Bolivia es otro país.

Jueves, 21 de mayo de 2026.

*Periodista.

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La entrada Claus y Lucas: Milei y la estrategia de anestesiar a los golpes – Por Daniel Cecchini se publicó primero en La Tecl@ Eñe Revista.

Por Daniel Cecchini*

(para La Tecl@ Eñe)

Los de mi generación – nací en enero del 56 -, hijos de familias no peronistas, crecimos sin saber nada del bombardeo de Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, como tampoco de los fusilamientos de los militares del levantamiento contra la dictadura de Aramburu y Rojas ni de la matanza clandestina de un grupo de civiles en el basural de José León Suárez un año después.

En la escuela primaria – me tocó ir a la Anexa, que dependía de la Universidad Nacional de La Plata – nunca se habló de eso, mientras crecíamos asistiendo con naturalidad, porque las cosas eran así, a la sucesión de gobiernos democráticos interrumpidos, peleas entre militares de distintos colores como si tuvieran las camisetas de dos equipos de fútbol, los condicionamientos de los generales a los presidentes, los golpes militares y los cuartelazos entre milicos que se iban sucediendo en la Casa Rosada. Era una suerte de orden natural de las cosas.

Así, muchos crecimos en un ambiente de silencio y de naturalización de la injusticia, con clichés como «los milicos también roban, pero hacen», o «hace falta una mano dura» y «pobres hubo siempre».

La primera adolescencia y el inicio del Colegio Nacional me llegaron al mismo tiempo que Mayo del 68 y el Cordobazo, que Almendra, la ejecución de Aramburu y una vieja edición de «Operación Masacre» que descubrí en la ecléctica biblioteca de mi viejo, que me miró raro, pero sin decir nada, cuando vio que tenía el libro en mis manos.

Recuerdo un contraste fuerte frente a la noticia de la ejecución de Aramburu por un grupo guerrillero llamado Montoneros, hasta entonces desconocido. Mi padre no hizo comentarios sobre el asunto y yo tampoco le pregunté nada, aunque leí la noticia con avidez en el diario. Eso también era parte del silencio natural. En cambio, a Delia, una chica joven, oriunda de una provincia del norte, que trabajaba con cama en mi casa, le escuché decir: «¡Qué bien que mataron a ese hijo de puta!». Estábamos solos en la cocina y a ella sí le pregunté: «¿Por qué? ¿Qué hizo?». Y ella me contó de los fusilamientos. Yo tenía 14 años y fue la primera noticia que tuve sobre el asunto.

Poco después encontré el ejemplar de «Operación Masacre» y lo devoré. Tampoco le pregunté nada a mi viejo. Lo leí con la misma pasión que había leído «Los Tres Mosqueteros» o «La isla del tesoro», como una novela de aventuras hasta que, de pronto – no puedo precisar el instante – tomé conciencia de que eso que se contaba se lo habían hecho a personas de carne y hueso. No fue saberlo, que lo sabía cuando empecé a leer el libro, sino sentirlo bien adentro.

Con los años me di cuenta de la importancia de la investigación de Rodolfo Walsh y del impacto que tuvo al sacar a la luz los fusilamientos de José León Suárez. No sólo sacó a la luz un crimen de lesa humanidad, también hizo visibles a sus víctimas, esas personas de carne y hueso, para muchos que las ignoraban, o preferían hacerlo. Si el bombardeo sobre Plaza de Mayo de 1955 hubiese tenido un Walsh que lo contara es muy probable que el manto de silencio que lo cubrió durante casi dos décadas se habría rasgado mucho antes.

Para mí, en lo personal, la bisagra fue Trelew. Otro fusilamiento que se intentó encubrir, esta vez como intento de fuga. Tenía 16 años y me pasó, entonces, lo mismo que a muchos de los hijos de mi generación y clase social: decidimos que a la naturalización de la injusticia había que enfrentarla, aunque no nos hubieran educado para eso. De alguna manera logramos vencer al silencio.

Todo esto viene a cuento porque hace más de dos décadas que hay generaciones de argentinos que vienen creciendo sumergidas en otras operaciones de silencio. Esas que ocultan los intereses económicos que se movieron detrás de la dictadura, cuyos beneficiarios – o los de su linaje – siguen siendo hoy un factor decisivo de poder en el país. Las de los grandes medios de comunicación, generadores de un sentido común domesticado y también funcional a esos intereses.

Porque los discursos del poder no sólo se imponen por lo que expresan sino, sobre todo, por lo que buscan silenciar del pasado para que no se pueda comprender el presente y actuar con eficacia sobre él para transformarlo.

De la misma manera que lo hicieron con aquellos silencios de junio que alguna vez nos impusieron.

Jueves, 18 de junio de 2026.

*Periodista.

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