Por Alejandro Rivas*

(para La Tecl@ Eñe)

Para construir un análisis ético y coherente de la historia contemporánea, es indispensable examinar los procesos de conformación territorial bajo una misma vara moral. Al observar la creación de los Estados-nación modernos, suele surgir una contradicción estructural: se justifican o condenan los desplazamientos de poblaciones nativas mediante discursos que se adaptan a la conveniencia geográfica, política o ideológica del observador.

Para abordar este fenómeno de manera rigurosa, es fundamental separar la dimensión humana de la ingeniería estatal. Las grandes migraciones de la historia, como las oleadas de campesinos y proletarios europeos que cruzaron el Atlántico hacia América, o las familias judías que emigraron a Israel huyendo de los pogromos y del Holocausto, no fueron impulsadas por conquistadores militares, sino por sectores vulnerables que buscaban pan, paz y un horizonte de dignidad. La contradicción ética no reside en estas poblaciones que buscaban sobrevivir, sino en las estructuras de los Estados modernos y en las narrativas nacionalistas que sacralizan el suelo según principios selectivos.

Parte I: La paradoja del nacionalismo en la conformación del Estado americano

El análisis de los conflictos territoriales en Medio Oriente a menudo revela la inconsistencia de los nacionalismos surgidos en el continente americano. Es frecuente encontrar discursos en la sociedad argentina que condenan la expansión del Estado de Israel bajo el argumento de que es un proyecto de ocupación e implante de población sobre una comunidad nativa, mientras se celebra la consolidación soberana de la propia Argentina o Estados Unidos, la cual nació de procesos idénticos.

El primer punto ciego de esa mirada selectiva es el mito del espacio vacío. Así como ciertos relatos fundacionales sionistas negaron la presencia de una sociedad estructurada en el Levante mediante lemas como «una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra», el Estado argentino consolidó su mapa bajo el concepto jurídico y político del «desierto». La campaña militar conocida como la «Conquista del Desierto», entre 1879 y 1885, no se ejecutó sobre un vacío geográfico, sino sobre tierras habitadas por naciones originarias preexistentes, como mapuches, tehuelches y ranqueles, que fueron desplazadas y sometidas por la fuerza militar.

Un segundo eje de esta paradoja es la inmigración masiva como implante demográfico controlado. La crítica nacionalista acusa a Israel de haber alterado la demografía de Palestina mediante oleadas de inmigración judía planificada, las Aliyás, auspiciadas primero por el Imperio Británico y luego por sus propias instituciones, arrinconando a la población local. Sin embargo, el espejo argentino devuelve la misma imagen: la Constitución Argentina de 1853 y los gobiernos de la Generación del ’80 diseñaron una política explícita de inmigración masiva europea con un objetivo estrictamente demográfico y cultural: «gobernar es poblar». Millones de inmigrantes europeos llegaron en pocas décadas, transformando radicalmente la composición étnica y social del país. Esa masa migratoria no se integró a las estructuras de los pueblos originarios preexistentes, sino que los sustituyó en el territorio bajo el paraguas legal y militar de un nuevo Estado-nación que consideraba a los nativos como un «freno al progreso».

El acceso a la tierra y el modelo agroexportador constituyen el tercer eslabón de esta cadena de despojo. El motor de la prosperidad de la Argentina moderna se cimentó sobre la redistribución legal de los territorios confiscados a los indígenas. Millones de hectáreas pasaron a manos de grandes terratenientes o se destinaron a colonias agrícolas para los nuevos inmigrantes europeos. Sobre este despojo legalizado se construyó el modelo agroexportador que integró al país en la economía mundial. El éxito económico de la nación se estructuró impidiendo que los verdaderos nativos poseyeran la tierra, confinándolos a los márgenes sociales o transformándolos en mano de obra precarizada.

A ello se suma la disolución de los vencidos. Tras las campañas militares del siglo XIX, los sobrevivientes de los pueblos originarios sufrieron el confinamiento en centros de detención estatales, como el caso de la Isla Martín García, la separación forzosa de familias, el reparto de mujeres y niños como sirvientes de las élites urbanas y la pérdida programada de sus nombres, lenguas e identidades. Fue una política de asimilación e invisibilización forzosa destinada a consolidar una nueva mayoría demográfica. La «Patria» se forjó sobre segregación, despojos, masacres y genocidio, y sobre la sustitución de población; pilares de los cuales algunos se enorgullecen y otros prefieren negar, dirigiendo su indignación únicamente hacia otros lares.

La diferencia entre estos procesos del siglo XIX en Argentina y los conflictos territoriales de Israel en el siglo XX o XXI no es de naturaleza moral, sino estrictamente cronológica. El Estado argentino cerró sus fronteras, asimiló a sus inmigrantes y estabilizó su economía agroexportadora antes de la creación de la ONU y del derecho internacional moderno, logrando que el mundo aceptara el hecho consumado. Invocar el pragmatismo histórico para validar la soberanía continental del presente, diciendo que «la historia no se puede tirar para atrás», mientras se cuestiona la existencia de otros Estados debido a su origen colonial, expone una profunda asimetría intelectual. Si un nacionalista argentino sostiene que los ciudadanos del Estado argentino tienen derecho inalienable a habitar este suelo porque «ya pasaron 150 años, nacimos acá y la historia no se puede tirar para atrás», está destruyendo su propio argumento contra Israel, donde las generaciones nacidas en ese territorio ya acumulan casi un siglo de arraigo. Exigir la disolución de Israel o negar el derecho a la existencia de sus ciudadanos basándose en el origen colonial de su Estado, mientras se celebra la soberanía de la República Argentina nacida del mismísimo despojo colonial de los pueblos originarios, es una muestra flagrante de deshonestidad intelectual y obsesión antisemita.

Parte II: La paradoja del derecho ancestral frente al arraigo en el caso de Israel

En el extremo opuesto, quienes defienden la legitimidad absoluta del Estado de Israel basándose en un «derecho de retorno ancestral», invocando vínculos históricos o espirituales de hace dos milenios, suelen aplicar un criterio inverso cuando examinan la realidad de los países americanos donde residen. Niegan esos mismos derechos a las poblaciones nativas de América bajo el argumento de que el paso del tiempo extingue cualquier reclamo. Para sostener una postura ética coherente en el ámbito internacional, no es posible validar un principio de justicia histórica en una región del planeta y anularlo por completo en la tierra donde uno vive, construye su patrimonio y ejerce sus derechos civiles. Si se defiende con fervor el derecho del pueblo judío a retornar, ocupar y gobernar la tierra de Israel basándose en un vínculo histórico y espiritual con la tierra de sus antepasados, se está obligado, por pura honestidad intelectual, a reconocer ese mismo derecho exacto a los pueblos originarios de América, como los mapuches, guaraníes, comanches o navajos. Si se argumenta que el reclamo de los pueblos indígenas americanos ya «caducó» porque pasó mucho tiempo, porque la historia avanzó o porque las realidades demográficas actuales son irreversibles, se están destruyendo los cimientos mismos de la legitimidad del proyecto sionista.

Un primer eje de esta contradicción es la escala temporal de la legitimidad. Si se sostiene que dos mil años de exilio no anulan el derecho del pueblo judío a reclamar la soberanía sobre su patria antigua, es jurídicamente insostenible afirmar que el despojo de los pueblos indígenas americanos, ocurrido hace apenas un siglo o siglo y medio, ya ha caducado. El lazo cultural, el arraigo y la memoria viva de las comunidades nativas con su suelo original en Argentina o Estados Unidos son infinitamente más recientes y directos. Si el tiempo no borra los derechos en Oriente, tampoco debería borrarlos en Occidente.

Un segundo eje es el uso del poder estatal para negar la historia. Muchos defensores de Israel justifican la expansión de los asentamientos modernos argumentando que esas tierras formaban parte de los reinos bíblicos de Israel y Judá. Al mismo tiempo, en América, se suele etiquetar de «terroristas», «sediciosos» o «anacrónicos» a los movimientos indígenas que reclaman la restitución de tierras comunales o el reconocimiento de su autonomía. Esa doble vara es una muestra de enorme asimetría moral: se aplaude la «redención de la tierra» en Cisjordania mediante la colonización ideológica, mientras se exige la aplicación de la fuerza del Estado para reprimir los reclamos territoriales de los pueblos nativos en el continente americano. El Estado argentino y el estadounidense se construyeron sobre un genocidio y un despojo colonial muy reciente que permitió la prosperidad de las generaciones actuales de ciudadanos americanos. Negarles a los nativos el derecho a recuperar su soberanía porque «el mapa ya está dibujado» es incompatible con celebrar que Israel haya redibujado el mapa de Medio Oriente invocando la historia antigua.

Un tercer eje, de crucial distinción demográfica, es la inmigración de implante frente a la sociedad nativa. Existe una distinción que a menudo se invisibiliza: los ciudadanos no indígenas de las repúblicas americanas descienden de inmigrantes implantados. Aunque llegaron de manera pacífica como proletarios en busca de un futuro mejor, su instalación masiva fue planificada y amparada por estructuras estatales diseñadas para sustituir demográficamente a las poblaciones nativas. Por el contrario, en el contexto de Palestina, la población árabe histórica, integrada por musulmanes, cristianos y las antiguas comunidades judías presionistas, no arribó mediante una ingeniería migratoria colonial extranjera; constituía la sociedad nativa y originaria del lugar, ligada de forma continua a esa geografía generación tras generación. Hoy, esa sociedad nativa está siendo sometida en Gaza y Cisjordania a la fase más letal y explícita de este conflicto: bombardeos sistemáticos sobre campamentos de refugiados, hospitales y escuelas; bloqueo de alimentos, agua y medicinas; desplazamiento forzado de millones y una matanza indiscriminada de civiles que ya ha sido calificada por juristas y organismos internacionales como genocidio en tiempo real. La misma maquinaria de aniquilación que se usó contra los indígenas en las pampas se reproduce ahora con tecnología de punta, amparada por el silencio de las potencias que dicen defender los derechos humanos.

Finalmente, el cuarto espejo es el de la soberanía exclusiva. Si el principio rector del orden global fuera la restitución de los derechos ancestrales por encima de las realidades humanas del presente, los pueblos originarios de América tendrían la legitimidad moral de disolver las estructuras de la República Argentina para fundar naciones controladas exclusivamente por ellos. El hecho de que este escenario resulte inaceptable para los ciudadanos americanos actuales demuestra que, en su propio entorno, priorizan la realidad actualmente establecida sobre los legítimos reclamos del pasado.

Conclusión: El derecho a la existencia humana por encima del Estado

El análisis comparado de estos procesos históricos demuestra que no se puede vivir bajo el amparo del «olvido pragmático» en Occidente y exigir la aplicación de la «memoria sagrada» en Oriente. Cuando los Estados intentan sacralizar la geografía basándose en identidades étnicas, nacionales o religiosas exclusivas, terminan construyendo sistemas que operan, en última instancia, como formas institucionalizadas de racismo y segregación. Esa lógica supremacista, llevada a su extremo contemporáneo, es la que hoy convierte a la Franja de Gaza en una zona de exterminio: más de cuarenta mil muertos, en su mayoría mujeres y niños, una infraestructura civil reducida a escombros y una población entera empujada a la inanición y al desplazamiento perpetuo, mientras el mundo asiste impávido o legitima el horror bajo el eufemismo de «legítima defensa». Negar esta realidad, o justificarla apelando a la seguridad de un Estado confesional, es repetir exactamente los mismos argumentos que se usaron para borrar a los mapuches y tehuelches del mapa argentino.

Los Estados no poseen un derecho intrínseco a la existencia fundado en la pureza demográfica o en mitologías territoriales. Los únicos sujetos que poseen un derecho inalienable a la existencia son los seres humanos. Por lo tanto, el derecho a la vida y a la dignidad de cada individuo debe situarse siempre por encima de las fronteras étnico-estatales y de las identificaciones dogmáticas de los gobiernos.

La verdadera justicia global no se alcanzará desmantelando mapas para regresar a la antigüedad, sino transformando los territorios en espacios de igualdad absoluta que garanticen cuatro pilares fundamentales e indisociables. El primero es la plenitud de derechos civiles y políticos: todos los habitantes de un territorio, sin importar su origen étnico o religioso, deben gozar de la misma ciudadanía, el mismo peso electoral y el mismo amparo ante la ley, terminando con los sistemas de subordinación jurídica que hoy afectan tanto a los palestinos bajo ocupación como a las comunidades indígenas marginadas en América.

El segundo pilar es la igualdad en el derecho al retorno. Así como se defiende el derecho de las diásporas históricas a regresar a su tierra ancestral, este principio debe aplicarse de manera universal y simétrica. Frente al genocidio y la limpieza étnica que se consuman hoy en Palestina, los millones de refugiados palestinos desplazados de sus hogares tienen el mismo derecho inalienable a retornar a su tierra que el que se le concede a la población judía global.

El tercer pilar exige mecanismos reales de restitución de tierras. La reconciliación histórica exige que los Estados dejen de proteger la concentración de la propiedad nacida del despojo militar. Es indispensable implementar políticas de restitución de tierras comunales y ancestrales para los pueblos originarios, tanto en las pampas y la Patagonia argentina como en las aldeas confiscadas de Cisjordania y Galilea, devolviendo el control de los recursos a las comunidades nativas.

El cuarto pilar, indispensable para no repetir el despojo en clave moderna, es el rechazo frontal a la extranjerización de la tierra como nueva faz del saqueo. La restitución histórica resultará estéril si, al mismo tiempo, se permite que el capital financiero transnacional, a través de fondos de inversión, megaproyectos agroindustriales o extractivistas, absorba grandes extensiones de territorio en nombre de la «eficiencia productiva». Hoy, en América Latina y también en territorios ocupados, la compra masiva de tierras por extranjeros no obedece a la búsqueda de refugio o dignidad de los migrantes, sino a la pura acumulación especulativa. Esta dinámica replica la lógica del «desierto»: expulsa a campesinos y comunidades locales, desmantela economías populares, acelera la crisis ecológica y subordina el derecho a la vivienda y a la alimentación a los intereses de unos pocos conglomerados globales. Por eso, la soberanía territorial no puede ser un privilegio étnico-estatal, pero tampoco puede disolverse en el mercado mundial. La tierra debe ser un bien común administrado democráticamente por quienes la habitan y la trabajan, con mecanismos legales que impidan que el suelo se convierta en un activo financiero desligado de la vida humana y de los derechos de las generaciones futuras.

Mientras el orden internacional continúe subordinando los derechos humanos universales a la preservación de identidades estatales excluyentes y a la codicia del capital concentrado, la geografía del planeta seguirá siendo un escenario de conflicto perpetuo. Las comunidades deben ser herramientas al servicio de los derechos del migrante, del nativo y del ciudadano del presente. La paz duradera solo nacerá cuando la tierra pertenezca a la humanidad que la habita, bajo principios de igualdad democrática, libertad de migrar, reparación histórica, justicia económica y fraternidad universal.

8 de agosto de 2026.

*Dr. en Física. Investigador Independiente CONICET.

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