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La ofensiva de Cambiemos contra los derechos humanos – Por Rodolfo Yanzón

El intento de Cambiemos de remover a Eugenio Raúl Zaffaroni de su cargo de juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es parte del ataque a opositores sostenido en el relato oficial de cambio por el que se quiere ocultar la transformación económica del país y el debilitamiento de derechos esenciales.

Por Rodolfo Yanzón*
(para La Tecl@ Eñe)

El oficialismo hace alarde permanente de su desprecio por la ley, sobre todo, la que protege derechos humanos. Los diputados del interbloque Cambiemos, el inefable Fernando Iglesias, el radical Mario Negri, el presidente del bloque PRO Nicolás Massot, y Pablo Tonelli, piden que el Poder Ejecutivo intente todas las vías a su alcance para remover a Eugenio Raúl Zaffaroni de su cargo de juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por haber dicho que esperaba que el gobierno se fuera cuanto antes. Mencionan cierta inhabilidad moral y una reiterada desvalorización de los principios democráticos. Aluden equivocadamente a la Comisión Interamericana durante la dictadura –no a la Corte- y  a su actuación en relación al genocidio en la Argentina, que Massot pretende dejar en el olvido. Entre el raconto sobre la trayectoria de Zaffaroni, mencionan sus declaraciones sobre Santiago Maldonado, de quien afirman que se ahogó solito. También aluden a interferencias de Zaffaroni sobre el sistema judicial.

Estas líneas no tienen como objetivo defender a Zaffaroni, sino analizar las acciones del oficialismo. Si bien quienes reclaman la remoción del juez aluden a actos y declaraciones del pasado, el disparador de la presentación fueron sus declaraciones sobre el gobierno de Macri. Zaffaroni fue muy crítico con la política económica y aclaró que se trataba de un deseo personal, que se fuera cuanto antes para que hiciera el menor daño posible. Tales declaraciones son pasto para las fieras pero de ningún modo expresiones antidemocráticas –sin dejar de lado la inconveniencia de haber sido proferidas por un juez- ni un llamado a la interrupción del mandato. Sucede que los diputados oficialistas equiparan a Macri con la democracia. Hasta ahí tales expresiones podrían ser tenidas como devolución de favores a quien les dio empleo y exposición pública al menos por unos años. Sin embargo, la presentación -suscripta por representantes de las fuerzas mayoritarias que integran el oficialismo- es parte del ataque a opositores (partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos) para aportar al relato de cambio por el que se quiere ocultar una vuelta a las primeras décadas del siglo XX, tanto en lo económico como en debilitar derechos esenciales.

El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, recordó en una nota publicada en Infobae, el aniversario 73 de la liberación de Auschwitz por parte de los soviéticos. No menciona ni a Auschwitz ni a los soviéticos, pero sí a Fernando De la Rúa y a Mauricio Macri, a quienes considera que hicieron aportes para concientizar sobre la gravedad de esos crímenes. El aporte de Macri fue haber recibido al Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu, uno de los principales responsables de los crímenes contra el pueblo palestino. Avruj menciona a las víctimas del Holocausto – palabra cuyo significado alude a sacrificio religioso-, pero no se hace justicia a las víctimas ni se les rinde completo homenaje si no se dice que el nazismo y el fascismo comenzaron a perseguir a opositores políticos, que los campos de concentración fueron utilizados para encerrar a esos opositores y que luego la persecución se dirigió hacia otros grupos, entre ellos a los judíos. Sin embargo para Avruj esas otras víctimas carecen de importancia, porque la persecución política forma parte del gobierno macrista, pero no para luchar contra ella.

 

 

El mismo día en que se cumplían seis meses de la desaparición de Santiago Maldonado, Avruj tuiteó “El cambio que llevamos adelante necesita de nuevos paradigmas. Tenemos que apoyar a los policías que luchan por cuidar la vida de todos”. Se refería a Luis Chocobar, el policía procesado por matar por la espalda a una persona y que fue recibido, felicitado y apoyado por Mauricio Macri en la casa de gobierno. A seis meses de lo de Maldonado, Macri reivindica la represión ilegal y la muerte y se  entromete en la labor judicial al exigir del juez una decisión favorable al homicida. Patricia Bullrich dijo que ni siquiera se había tratado de una legítima defensa, porque actuó cumpliendo su deber. La actitud del gobierno de Macri no sorprende, es la misma que tuvo con los gendarmes que persiguieron a Maldonado y con los prefectos que mataron a Rafael Nahuel. Para acompañar activamente al gatillo fácil, Macri cuenta con la colaboración de buena parte de medios y periodistas que hablan de un pobre policía embargado por haber salvado a un turista.

A seis meses de Maldonado, el Gobierno decidió no acusar a encubridores del atentado de la AMIA, a pesar de la opinión de los abogados, a quienes se les quitó el poder para que pudiera alegar un hombre de Daniel Angellici, operador del macrismo ante los jueces. Todo sucede con poca difusión de los mismos medios que machacan con el pacto con Irán y las inexistentes responsabilidades penales de funcionarios del gobierno anterior, varios de ellos presos.

Al relato autoritario, la represión ilegal y el aval al gatillo fácil, se le agrega la persecución política sobre opositores, sindicalistas, abogados, jueces y organizaciones sociales y de derechos humanos; la existencia de presos políticos y la campaña antimapuche, que el gobierno impulsa con acuerdo de autoridades chilenas para estigmatizar a sus integrantes como terroristas sin ningún derecho. La noticia de que la Fiscalía Nacional de Chile imputara a Carabineros de haber adulterado prueba para acusar a mapuches, no hizo mella en la Ministra Patricia Bullrich y Mauricio Macri en su afán persecutorio.

Especial atención merece el caso de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de Chile, sobreviviente de la dictadura de Pinochet, refugiado en nuestro país desde 2010 bajo la protección de la Convención Internacional de Refugiados. En diciembre de 2015 el gobierno de Macri inició conversaciones con la pinochetista Unión Democrática Independiente (UDI) de Chile –el segundo de Claudio Avruj, Hernán Schapira, es uno de los principales actores del acuerdo-, para hacer cesar el status de refugiado de Apablaza Guerra, lo que se produjo en diciembre pasado con el argumento de haberse presentado ante las autoridades consulares chilenas para prestar su testimonio como víctima de prisión política y tortura en su país. El gobierno de Macri –a instancias del pinochetismo- entiende que esa circunstancia sugiere que el mismo Apablaza Guerra se acogió voluntariamente a la protección de su país de origen y, en consecuencia, no necesita la protección internacional. La defensa interpuso recurso que tratará un juez en lo contencioso administrativo. Pero aún sin estar firme la decisión, el 2 de febrero de 2018 el Gobierno notificó a Apablaza Guerra que lo expulsaba de la Argentina por tener antecedentes en su país –se lo acusa sin pruebas de haber matado a Jaime Guzmán, senador pinochetista, por el solo hecho de haber pertenecido al FPMR- y por actividades terroristas -que no detalló-. El día anterior el diario El Cronista difundió que la decisión de expulsarlo era un favor de Macri al Presidente electo Sebastián Piñera. Apablaza Guerra recibió el apoyo de los organismos de derechos humanos, sobre todo porque la acción del gobierno lesiona gravemente principios esenciales de la Convención de Refugiados. Sin embargo, Macri decidió no sólo quitarle protección, sino también dejar de lado cualquier planteo de extradición –que es la forma legal para que un país reclame a otro para juzgar a una persona- echando mano a la expulsión, cuyo trámite es violatorio del derecho de defensa, a partir de la modificación por decreto de Macri, conculcando derechos de los migrantes. El Cronista termina su nota diciendo que este favor a Piñera es un anuncio de lo que sucederá con Facundo Jones Huala, quien sería enviado a Chile, aún si la extradición fuera rechazada.

Estos son los nuevos paradigmas de los que habla Claudio Avruj y con los que se pisotean cotidianamente derechos esenciales, y por los cuales diputados oficialistas no quieren que Zaffaroni continúe siendo juez de la Corte Interamericana. Convengamos que decir que cuanto antes se vaya este gobierno es, cuanto menos, un deseo en defensa propia, en defensa de la democracia y los derechos humanos.

Buenos Aires, 2 de febrero de 2018
*Abogado. DD.HH

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